La Contraloría General de la República ordenó visitas fiscales a 6 entidades territoriales que, de acuerdo con información del Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, aún no han reportado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego de haberse surtido los tiempos establecidos.

Con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya iniciaron calendario académico, 90 han reportado inicio de operación del PAE, quedando pendiente 6 ETC (Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo) por reportar fecha de inicio de atención.

Según el reporte del sistema integrado de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación del año 2020, el programa debería beneficiar 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.378.833. Es decir que 313.901 estudiantes aún no estarían beneficiándose del PAE.

Desde el pasado 25 de marzo la Contraloría realizó requerimientos oficiales, con los que se solicitaba dar a conocer las razones del por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se había reportado inicio del programa y por ende no se estaría beneficiando la totalidad de beneficiarios del PAE.

“La Contraloría General, en primera medida y desde el carácter preventivo, ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pero casos como los de Pitalito, Cauca y Popayán preocupan al estar en riesgo la alimentación de 210.350 estudiantes. Por ello, tomamos la decisión de que nuestros funcionarios en las regiones correspondientes realicen visitas a las ETC y recauden todos los elementos que permitan adelantar las acciones fiscales que sean necesarias. Los recursos públicos y en este caso los de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Los casos de Putumayo, Girardot y Pitalito 

De las 6 entidades que aún no estarían ejecutando el PAE, 4 dieron respuesta y se realizará seguimiento a los compromisos manifestados.

De acuerdo con las respuestas dadas, se pudo evidenciar que en el caso de Putumayo se adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. Sin embargo, el mismo se declaró desierto mediante resolución No 0127 de fecha 22 de febrero del 2021 al haberse contado con un solo proponente, por lo que la entidad está adelantando las acciones para definir la mejor manera para desarrollar la contratación, aunque se aseguró que ya se dio la orden para iniciar la etapa precontractual a través de la modalidad de selección abreviada.

En cuanto a Girardot (Cundinamarca) explicaron que se publicó el proceso para conocimiento de los interesados desde el 9 de febrero del 2021, pero mediante resolución No 105 se declaró desierto el proceso y ya se publicó uno nuevo de selección abreviada de menor cuantía (004-2021), que se encuentra en espera de presentación de ofertas por parte de los oferentes y audiencia de cierre, para el día 30 de marzo del 2021. Aclaran que se prevé adjudicar el proceso entre los días 9 al 12 de abril.

El municipio de Pitalito (Huila) es una de las entidades que, en el año 2020, atendieron a los estudiantes a través del PAE 114 días por debajo de los 180 días esperados o del promedio nacional. Por lo tanto, debía tener excedentes monetarios por $666.957.780 para iniciar el programa.

Por otra parte, en el reporte del CHIP, se evidencia que el aporte de Pitalito para el programa en la vigencia 2019 fue de $435 millones y en el 2020 bajó a $272 millones.

Para el año 2020, el Ministerio de Educación aportó un total de $2.544 millones, y para la actual vigencia inicialmente $2.361 millones, faltando el aporte adicional, por lo que, para el Delegado de Participación Ciudadana, no se entiende cómo no se ha iniciado el programa: se tenían excedentes, se redujo el número de beneficiarios y además se ha retrasado el proceso.

Aun así, en su respuesta del 29 de marzo a la Contraloría, la administración de Pitalito asegura que desde diciembre de 2020 ha venido estructurando el proyecto de pliego de condiciones.  Sostiene que “debido a la disminución de recursos asignados al municipio por parte del Ministerio de Educación para financiar el PAE y del SGP, se debió realizar un ajuste al presupuesto del proyecto y una disminución de cupos a atender en las diferentes sedes educativas del municipio, bajando la cobertura de 11.158 titular de derecho a solo 11.000”, algo que preocupa aún más, pues se estaría dejando de atender a estudiantes a través de la alimentación escolar.

Además. aseguraron que se radicó solicitud de inicio del proceso de contratación el 5 de febrero, la cual fue devuelta solicitando que su contratación se realice por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMB), la cual les manifestó que fue seleccionado el comisionista para que se adelante el proceso y en el cronograma para elección de operador se resalta que máximo el 6 de abril debería estar el vendedor seleccionado.

“Eso algo que esperamos como Contraloría se cumpla y a lo que haremos seguimiento de acuerdo al próximo informe del Ministerio de Educación”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

El caso del Cauca 

En cuanto al Cauca, la ETC respondió que el operador a quien se les adjudicó la licitación para la atención de la zona sur, macizo y centro, no había subido las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio, manifestando que la semana en curso adelantarían el alistamiento para iniciar con las entregas. En el caso del operador para la zona costa, están pendientes las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio.

Los operadores indígenas ya se encuentran ejecutando los contratos y están realizando la segunda entrega de las raciones para preparar en casa -RPC. Y está pendiente iniciar proceso contractual con el operador Ozbesca, que atendería a los estudiantes indígenas de López de Micay y Timbiquí, por cuanto la representación legal venció el 3 de febrero del 2021 sin que a la fecha se haya efectuado la elección de la nueva junta directiva.

La Procuraduría General de la Nación exhortó a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME) para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.

Las acciones investigativas definidas por la Fiscalía General de la Nación para actuar contra la corrupción también buscan garantizar transparencia y legalidad en el desempeño de los funcionarios de la entidad. En ese sentido, fue obtenido material de prueba contra dos servidores señalados de presuntamente cobrar dádivas para interceder en diferentes actuaciones judiciales, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa.

Se trata de un fiscal especializado y un investigador del CTI, adscritos a la Seccional Santander, capturados en situación de flagrancia. Al parecer, acababan de recibir 110’000.000 de pesos que habrían exigido para favorecer a un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.

“Sabemos que en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de estas actividades y vamos por ellos”, precisó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

Los dos funcionarios, supuestamente, conseguían información de personas investigadas por diferentes conductas ilícitas en Bucaramanga y las contactaban con el fin de ofrecerles aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que les imputará el delito de concusión.

“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas. La Fiscalía no cesará en su objetivo priorizado de combatir la corrupción en todos los frentes”, concluyó el Fiscal General, Francisco Barbosa.