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Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató al dejar por fuera de vacuna a Ecopetrol

Talento humano de la Policlínica de Ecopetrol no fue incluido en el Plan de Vacunación que Santander estableció para contrarrestar la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave – IRAG – causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) procedente de Wuhan, China.

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La propia Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató.

El pecado fue dejar por fuera del Plan de Vacunación a los profesionales de la salud y su entorno laboral de la Policlínica de Ecopetrol, pese a que están en la primera línea de atención a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave – IRAG – causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan, China.

Alertada, demasiado tarde, la Gobernación de Santander rezó e hizo circular un vídeo en donde el hombre de la camisa blanca con logo de la Gobernación de Santander dice: “Luis Felipe Tarazona Velásquez, Director de Desarrollo y Sección Vigilancia y Control, Secretaría de Salud de Santander. En la mañana de hoy nos encontramos en Barrancabermeja. La Secretaría de Salud del departamento de Santander hace presencia, por parte de nuestro señor gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, nos encontramos entregando las primeras vacunas para este talento humano que hace parte del marco de la pandemia Covid-19 en las instalaciones de Ecopetrol”.

La Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató, porque en la Procuraduría General de la Nación, y en Ecopetrol, el asunto de dejar por fuera del Plan de Vacunación de Santander contra el Covid-19 a la Policlínica de Ecopetrol y su equipo de trabajo no fue tomado como un asunto de “deje así”, que a nosotros se nos olvida.

Como el pecado es de marca mayor, porque Ecopetrol es una empresa que le ha dado alguna importancia a Santander recurrimos a los documentos, en particular al más importante, a la Resolución Número 01824 de 2021 (con fecha en sello 26 de febrero de 2021).

La Resolución de diez páginas y con todos los protocolos está firmada por Javier Alonso Villamizar Suárez, Secretario de Salud del Departamento de Santander. Según la misma Resolución, en su pie al final, el documento fue proyectado y revisado por el staff más importante de la Secretaría de Salud o por lo menos funcionarios de la Gobernación de Santander, en total siete, cuatro hombres y tres mujeres. Además del Secretario de Salud, Villamizar Suárez, que es obvio que leyó, revisó y firmó.

Encabeza la Resolución el texto siguiente: “Resolución Número 01824 de 2021 por medio de la cual se realiza la asignación de las dosis de vacunas del fabricante Sinovac Life Sciences Co. LTD contra el Covid-19 entregadas al Departamento de Santander, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 000195 de 22 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

A continuación se escribe que: “El Secretario de Salud de Santander, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial en la Resolución 000195 de 22 de febrero de 2021, y, considerando…”

Estos dos párrafos anteriores para referirnos a que es un documento redactado en la Gobernación de Santander por parte del equipo de Trabajo de la Secretaría de Salud de Santander, basado en una Resolución emitida por el Ministerio de Salud de y Protección Social. Es decir, todo es oficial.

Es bueno aclarar que la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social señala que por medio de la Ley 2064 de 2020 se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la covid-19. Estableciendo entre otras la gratuidad del proceso de vacunación y la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social de establecer la priorización de acceso a la vacuna.

Señala además que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 2064 de 2020, el Ministerio de Salud expide el Decreto Nacional 109 del 29 de enero de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 y se establece la población objeto, los criterios de priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna.

Varios párrafos más al respecto, que los incluye la Resolución firmada por el Secretario de Salud de Santander, pero en ninguna parte el Ministerio de Salud decreta u ordena a qué instituciones o personas dejar por fuera o incluir en la vacunación, porque las bases están definidas de quiénes son prioridad para: 1) Reducir la mortalidad por covid-19. 2) Reducir la incidencia de casos graves por covid-19. 3)Proteger al talento humano. Y en la segunda fase: Reducir el contagio iniciando con la protección de quienes realizan ocupaciones que incrementen el riesgo de transmisión y prevención de brotes en contexto de hacinamiento con el propósito de reducir la incidencia general de casos.

En la segunda fase están los mayores xde 80 años que están en los centros vida por un tiempo o por larga estancia, también hablan de los internos de las penitenciarías y personal de guardia, lugares en donde el hacinamiento es evidente pero difícil de evacuar en un corto plazo.

Así podríamos seguir por varias hojas más, pero lo que queda en evidencia es que el Ministerio de Salud no ordena en su Resolución a quién vacunar o a quién no. Da unas directrices y son muy claras para entender, por ejemplo, que personal de la Policlínica de Ecopetrol está implícito en la frase “proteger al talento humano” que señalan más arriba como el punto tres.

Resolución de la Secretaría de Salud de Santander en su primer punto del resuelve señala: Asignar a los prestadores de servicios de salud ubicados en los municipios diferentes a la capital del departamento de Santander… el número de 740 dosis de vacuna CoronaVac, para inmunizar al talento humano en salud, perteneciente a la Etapa I del Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 que labora o hace prácticas en estas instituciones y distribuir de la siguiente manera lo asignado:

Barrancabermeja:

Clínica La Magdalena, Profesionales Área Covid 90, Apoyo Área Covid 81, total, 171.

Hospital Regional Magdalena Medio, PAC 38, AAC 0, total 38.

Puesto Fluvial Avanzado N° 31, PAC 7, AAC 0, total 7.

Alcaldía de Barrancabermeja, PAC 1, AAC 0, total 1.

Salud Vital, PAC 53, AAC 16, total 69.

Clínica San José, PAC 18, AAC 0, total 18.

Clínica San Nicolás, PAC 71, AAC 51, total 122.

Dosis a entregar en Barrancabermeja el total fueron 426.

Sigue el listado de los otros municipios de Santander, pero en las vacunas a aplicar contra covid-19 en Barrancabermeja no se incluyó por ninguna parte en la Resolución oficial y firmada por el Secretario de Salud de Santander, y revisada por sus siete asesores, a la Policlínica de Ecopetrol. ¿Perdón y olvido? ¿O Ecopetrol ya no es tan importante para esta administración departamental? ¿Delito? Es posible que no, pero en esta ocasión y pese a que Luis Felipe Tarazona Velásquez, Director de Desarrollo y Sección Vigilancia y Control, Secretaría de Salud de Santander, mostró la cara en el vídeo para empatar, el pecado ya estaba cometido, y en esta ocasión la Gobernación de Santander, desde la Secretaría de Salud de Santander, peca y reza, pero no empata con Ecopetrol.

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Ordenan visitas fiscales a seis entes territoriales que no reportan inicio del PAE

Después de haber requerido oficialmente a las entidades territoriales, por la falta de oportunidad en la ejecución del PAE, la Contraloría General de la República ordenó estas visitas fiscales a fin de recaudar insumos, que se trasladarán para adelantar las respectivas acciones fiscales que haya lugar. Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo, son las 6 ETC que serán visitadas.

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La Contraloría General de la República ordenó visitas fiscales a 6 entidades territoriales que, de acuerdo con información del Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, aún no han reportado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego de haberse surtido los tiempos establecidos.

Con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya iniciaron calendario académico, 90 han reportado inicio de operación del PAE, quedando pendiente 6 ETC (Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo) por reportar fecha de inicio de atención.

Según el reporte del sistema integrado de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación del año 2020, el programa debería beneficiar 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.378.833. Es decir que 313.901 estudiantes aún no estarían beneficiándose del PAE.

Desde el pasado 25 de marzo la Contraloría realizó requerimientos oficiales, con los que se solicitaba dar a conocer las razones del por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se había reportado inicio del programa y por ende no se estaría beneficiando la totalidad de beneficiarios del PAE.

“La Contraloría General, en primera medida y desde el carácter preventivo, ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pero casos como los de Pitalito, Cauca y Popayán preocupan al estar en riesgo la alimentación de 210.350 estudiantes. Por ello, tomamos la decisión de que nuestros funcionarios en las regiones correspondientes realicen visitas a las ETC y recauden todos los elementos que permitan adelantar las acciones fiscales que sean necesarias. Los recursos públicos y en este caso los de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Los casos de Putumayo, Girardot y Pitalito 

De las 6 entidades que aún no estarían ejecutando el PAE, 4 dieron respuesta y se realizará seguimiento a los compromisos manifestados.

De acuerdo con las respuestas dadas, se pudo evidenciar que en el caso de Putumayo se adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. Sin embargo, el mismo se declaró desierto mediante resolución No 0127 de fecha 22 de febrero del 2021 al haberse contado con un solo proponente, por lo que la entidad está adelantando las acciones para definir la mejor manera para desarrollar la contratación, aunque se aseguró que ya se dio la orden para iniciar la etapa precontractual a través de la modalidad de selección abreviada.

En cuanto a Girardot (Cundinamarca) explicaron que se publicó el proceso para conocimiento de los interesados desde el 9 de febrero del 2021, pero mediante resolución No 105 se declaró desierto el proceso y ya se publicó uno nuevo de selección abreviada de menor cuantía (004-2021), que se encuentra en espera de presentación de ofertas por parte de los oferentes y audiencia de cierre, para el día 30 de marzo del 2021. Aclaran que se prevé adjudicar el proceso entre los días 9 al 12 de abril.

El municipio de Pitalito (Huila) es una de las entidades que, en el año 2020, atendieron a los estudiantes a través del PAE 114 días por debajo de los 180 días esperados o del promedio nacional. Por lo tanto, debía tener excedentes monetarios por $666.957.780 para iniciar el programa.

Por otra parte, en el reporte del CHIP, se evidencia que el aporte de Pitalito para el programa en la vigencia 2019 fue de $435 millones y en el 2020 bajó a $272 millones.

Para el año 2020, el Ministerio de Educación aportó un total de $2.544 millones, y para la actual vigencia inicialmente $2.361 millones, faltando el aporte adicional, por lo que, para el Delegado de Participación Ciudadana, no se entiende cómo no se ha iniciado el programa: se tenían excedentes, se redujo el número de beneficiarios y además se ha retrasado el proceso.

Aun así, en su respuesta del 29 de marzo a la Contraloría, la administración de Pitalito asegura que desde diciembre de 2020 ha venido estructurando el proyecto de pliego de condiciones.  Sostiene que “debido a la disminución de recursos asignados al municipio por parte del Ministerio de Educación para financiar el PAE y del SGP, se debió realizar un ajuste al presupuesto del proyecto y una disminución de cupos a atender en las diferentes sedes educativas del municipio, bajando la cobertura de 11.158 titular de derecho a solo 11.000”, algo que preocupa aún más, pues se estaría dejando de atender a estudiantes a través de la alimentación escolar.

Además. aseguraron que se radicó solicitud de inicio del proceso de contratación el 5 de febrero, la cual fue devuelta solicitando que su contratación se realice por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMB), la cual les manifestó que fue seleccionado el comisionista para que se adelante el proceso y en el cronograma para elección de operador se resalta que máximo el 6 de abril debería estar el vendedor seleccionado.

“Eso algo que esperamos como Contraloría se cumpla y a lo que haremos seguimiento de acuerdo al próximo informe del Ministerio de Educación”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

El caso del Cauca 

En cuanto al Cauca, la ETC respondió que el operador a quien se les adjudicó la licitación para la atención de la zona sur, macizo y centro, no había subido las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio, manifestando que la semana en curso adelantarían el alistamiento para iniciar con las entregas. En el caso del operador para la zona costa, están pendientes las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio.

Los operadores indígenas ya se encuentran ejecutando los contratos y están realizando la segunda entrega de las raciones para preparar en casa -RPC. Y está pendiente iniciar proceso contractual con el operador Ozbesca, que atendería a los estudiantes indígenas de López de Micay y Timbiquí, por cuanto la representación legal venció el 3 de febrero del 2021 sin que a la fecha se haya efectuado la elección de la nueva junta directiva.

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Llamado de atención a cinco gobernadores y 18 alcaldes por plan de alternancia

En el requerimiento enviado por la Procuraduría a 23 Entidades Territoriales Certificadas, solicitó informar las razones por las cuales no se han incorporado los recursos destinados a la Financiación de los Planes de Alternancia 2020 – 2021, pese a que fueron asignados por Ministerio de Educación Nacional desde el pasado mes de diciembre. 

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La Procuraduría General de la Nación exhortó a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME) para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.

El Ministerio Público advirtió demoras en la incorporación y ejecución de los recursos por parte de los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Amazonas y Magdalena, y de los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó (Antioquia); Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá); Facatativá, Funza y Chía (Cundinamarca); Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Yopal (Casanare), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).
En el requerimiento enviado a las 23 Entidades Territoriales Certificadas, el órgano de control solicitó informar las razones por las cuales no se han incorporado los recursos destinados a la Financiación de los Planes de Alternancia 2020 – 2021, pese a que fueron asignados por Ministerio de Educación Nacional desde el pasado mes de diciembre.
La Procuraduría continuará adelantando estricta vigilancia a la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del país y al retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia.

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Ofrecerían aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero

Capturados Fiscal Especializado de Santander e Investigador del CTI que habrían exigido dinero para interceder en un proceso de lavado de activos y extinción de dominio.

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Las acciones investigativas definidas por la Fiscalía General de la Nación para actuar contra la corrupción también buscan garantizar transparencia y legalidad en el desempeño de los funcionarios de la entidad. En ese sentido, fue obtenido material de prueba contra dos servidores señalados de presuntamente cobrar dádivas para interceder en diferentes actuaciones judiciales, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa.

Se trata de un fiscal especializado y un investigador del CTI, adscritos a la Seccional Santander, capturados en situación de flagrancia. Al parecer, acababan de recibir 110’000.000 de pesos que habrían exigido para favorecer a un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.

“Sabemos que en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de estas actividades y vamos por ellos”, precisó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

Los dos funcionarios, supuestamente, conseguían información de personas investigadas por diferentes conductas ilícitas en Bucaramanga y las contactaban con el fin de ofrecerles aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que les imputará el delito de concusión.

“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas. La Fiscalía no cesará en su objetivo priorizado de combatir la corrupción en todos los frentes”, concluyó el Fiscal General, Francisco Barbosa.

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