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Derecho a la ciudad o, una ciudad sin derechos

La palabra ciudad se usa de manera común e indistinta en el imaginario ciudadano, se califica bajo eufemismos: la Ciudad de la Eterna Primavera (Medellín), la Ciudad de las Puertas Abiertas (Manizales), la Ciudad Milagro (Armenia), la Ciudad Bonita (Bucaramanga), la ciudad amurallada (Cartagena). 

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Por: Jairo Vargas León/ Los registros históricos dan cuenta que el año 753 antes de la era cristiana en su nomenclatura, se nominaba la expresión “Ab urbe condita”, cuya expresión significa “desde que se fundó la ciudad”, de ello da cuenta Tito Livio en su obra que lleva por título la expresión latina en referencia y en el cual relata la fundación de Roma.  Es coherente señalar que la urbe, derivada del latín “urbis”, era el nombre con el que se conocía la civitas o ciudad de Roma de ello se deriva el termino urbano relativo a la ciudad.

Desde esos tiempos se ha hablado de la ciudad en sus distintas connotaciones para referirse a diferentes formas y expresiones de la ciudad, Weber en su texto economía y sociedad observa la ciudad como un lugar o espacio del mercado “Toda ciudad…es una localidad de mercado, cuenta como centro económico del asentamiento con un mercado local …como es natural, los habitantes de la ciudad intercambian los productos especiales de sus economías respectivas y satisfacen de este modo sus necesidades[1].”

Después de la posguerra la ciudad fue adquiriendo un mayor protagonismo y tuvo en los tiempos más recientes como precursor al sacerdote Francés Henri Lefebvre, quien en su obra el derecho a la ciudad, publicada en 1968 interpreta la ciudad como uno de los derechos fundamentales del ser humano y de la ciudadanía, un derecho que implica el ejercicio de la sociedad civil para concebir la ciudad como parte de una razón de ser común y colectiva.

Jordi Borja (2004), reconocido urbanista mundial por su experiencia en el ayuntamiento de Barcelona, y quien oficia como consultor internacional en planeación urbana de numerosas ciudades del mundo considera el derecho a la ciudad como posibilidad de ciudad, este derecho lo estructura en tres facetas: (a) la física, que hace referencia al derecho al lugar, a permanecer, a la movilidad, es el  derecho a la seguridad y a la convivencia pacífica; (b) la faceta individual, hace referencia al derecho a definir el proyecto de vida libremente, el derecho a no vivir alejado, en espacios invisibles y sin calidad; y finalmente, (c) la faceta colectiva, que se refiere al derecho a la participación en los ámbitos reales de la decisión y la gestión.

La ciudad como Derecho

El primer foro social mundial celebrado en el 2001 en Porto Alegre-Brasil consagró la carta mundial por el derecho a la ciudad, en este documento el concepto de ciudad tiene dos acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general.

En esta carta se contempla la protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, se consideran vulnerables las personas y grupos en situación de pobreza, los amenazados por desastres naturales, las víctimas de violencia, las personas con discapacidad, y los migrantes forzados.

las ciudades deben abrir espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática de los ciudadanos en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Al igual que en los planes de desarrollo urbano.

Las ciudades, en el marco de sus competencias, deben adoptar medidas para garantizar a todos los ciudadanos que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a sus ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan, Las ciudades deben facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos urbanos y establecer programas de subsidio y financiamiento para la adquisición de tierras e inmuebles, de regularización de la tenencia del suelo y de mejoramiento de barrios precarios y ocupaciones informales. Qué tanto de ese catálogo de derechos se aplica en el ordenamiento institucional y  en las políticas públicas para materializar un derecho a la ciudad en Colombia?

Derecho a la ciudad en Colombia

En Colombia la ciudad no existe, imperativamente es ausente del ordenamiento constitucional. En diferentes normas del texto legal de las cuales se pensaría correlacionar la ciudad como el escenario para que se cumplan los derechos, en algunos de los más pertinentes se evidencia tal desconocimiento. El artículo 51 consagra el derecho a vivienda digna, de la cual es entendible que es el nicho a través del cual se proyecta la ciudad, sin embargo no aparece mentada. Otros tantos artículos confirman la tendencia ausente de la ciudad, el artículo 286 define como entidades territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ciudad sigue inexistente como entidad territorial, a pesar de que la realidad del censo de población y vivienda realizado por el departamento nacional de estadística-DANE, del 2018 determinó una prevalencia urbana en la cual la población está distribuida un 77,1% en las cabeceras municipales, un 7,1% en los centros poblados y el 15,8% en la población rural, estos datos reafirman la tendencia ascendente que ha tenido el proceso de urbanización en Colombia.

El artículo 311 preceptúa “al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio”, pero nada dice de la ciudad, no la concibe, no la describe, mucho menos la define institucionalmente, cuando la urbe está presente en un 80% del territorio nacional.

Lacónicamente se registra en un solo evento la palabra ciudad en el artículo 322 de la carta magna: “a las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio”, no hay otro registro legal que indique que es la ciudad, ¿cuál es su función pública?, cuales son los derechos y deberes que de este ente se desprenden?

No obstante, lo anterior la palabra ciudad se usa de manera común e indistinta en el imaginario ciudadano, se califica bajo eufemismos: la Ciudad de la Eterna Primavera (Medellín), la Ciudad de las Puertas Abiertas (Manizales), la Ciudad Milagro (Armenia), la Ciudad Bonita (Bucaramanga), la ciudad amurallada (Cartagena).

En otras latitudes la noción de ciudad aparece tanto como un hecho físico-espacial (las ciudades más grandes), como un hecho económico (una ciudad muy turística), como un hecho social (una ciudad muy insegura), como un hecho religioso (la ciudad levitica), o como una combinación de varios hechos. Pese a todo esta realidad la ley ha decidido que la ciudad no existe, si ello es así, Como la ciudad puede garantizar derechos, ¿acaso existe un Derecho a la ciudad?

*Abogado-Economista, Magister en filosofía, Doctorando en Derecho, Docente Universitario 

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

[1] Weber Max, Economía y sociedad, fondo de cultura económica, pág. 939.

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Empresas B

Afortunadamente, aunque no con la intensidad que quisiéramos, actualmente se vienen dando cambios en la filosofía corporativa de algunas empresas, en las que más allá de los objetivos económicos, plasmados en sus estados financieros, se está dando auge especial al sentido de corresponsabilidad corporativa con la sociedad y el medio ambiente.

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Por: Álvaro Ruiz Rodríguez/ La pandemia ha desnudado las falencias de nuestra sociedad. Definitivamente ha sido la situación más disruptiva que tenga memoria en los últimos cincuenta años.

El efecto devastador que viene teniendo en la economía es muy angustioso porque viene mellando los bolsillos de todas las familias que ha hecho crecer la pobreza y la desesperanza de la mayoría de la población.

El catalizador de esta situación de desesperanza son la eminente Reforma tributaria en las que anuncian nuevos impuestos entre otros para productos de la canasta familiar, así como impuestos para las pensiones, lo cual en el fondo es inconstitucional, pero para quienes están gestionando la Reforma poco les importa.

En la práctica a los pensionados nos han llevado a la vergonzosa y humillante situación de tener que mendigar los derechos ya obtenidos, ganados durante toda la vida laboral.

Y lo más grave es que no hay quien defienda al ciudadano de a pie. La aplanadora del gobierno hace lo que le plazca porque no hay quien lo impida, dado que el nivel de corrupción ha llegado a los niveles históricos más altos en los que ha logrado alinear a su favor todos los entes de control, hasta las Defensorías del Pueblo, así como el inverecundo periodismo de principal circulación nacional, tanto radio como televisión, incluyendo periódicos diarios y revistas de emisión semanal.

La crisis es muy aguda y generalizada, especialmente en salud, en empleos, en la justicia, en la economía, en ética, en moral.

Ante la gravedad de la situación lo único que queda es invocar a todos para que saquemos la mejor versión de cada uno de nosotros para aguantar y esperar que la experiencia que estamos viviendo permita tomar correctivos reales a la hora de elegir a nuestros próximos gobernantes. Insistimos en el papel protagónico que le corresponde a la juventud actual para que no permitan que les roben el futuro y la esperanza de tener una vida digna.

De hecho, a lo largo de esta pandemia hemos demostrado resiliencia, aprendido a ser más solidarios, tolerantes y generosos.

En esta situación coyuntural es fundamental el rol que puede jugar la empresa privada.

La empresa privada genera más del 90% del empleo en Colombia. Los trabajos del sector público representan menos del 10% del empleo (de los más bajos aportes del sector público en Latinoamérica).

En el artículo anterior hicimos mención que existe una herramienta en Colombia que puede ser usada por la empresa privada que al mismo tiempo ayuda a evitar la corrupción y es la ejecución de Obras por Impuestos.

Con esta herramienta, la empresa privada puede ejecutar obras en zonas especiales ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto), aplicando hasta el 50% de los impuestos de renta y complementarios.

Esto genera un círculo virtuoso de gana-gana, en el que gana la empresa que financia y ejecuta la obra, por cuanto mejora su reputación e imagen del entorno por recibir el reconocimiento de los usuarios de la obra; ganan los propios usuarios por cuanto resuelven un problema, generalmente de un servicio público; también gana el país entero por cuanto las obras se ejecutan en un tiempo muy breve eliminando procesos de adjudicación fuente principal de la vergonzosa corrupción que nos agobia.

Afortunadamente, aunque no con la intensidad que quisiéramos, actualmente se vienen dando cambios en la filosofía corporativa de algunas empresas, en las que más allá de los objetivos económicos, plasmados en sus estados financieros, se está dando auge especial al sentido de corresponsabilidad corporativa con la sociedad y el medio ambiente.

Después de tantos años de capitalismo salvaje en el que ha sido una carrera desenfrenada de depredación del medio ambiente y de la fisiología humana, llegando con mucha frecuencia hasta quebrantar la salud de sus trabajadores; ahora están surgiendo promotores de construir un nuevo modelo económico en el que se requiere que las empresas equilibren las ganancias con propósitos sociales y medioambientales.

Especialmente en el aspecto medioambiental se ha venido revisando el concepto de “Sostenibilidad”. Porque estaríamos propugnando por “sostener” una situación ambiental totalmente adversa que nos está llevando a la autodestrucción del planeta. Es necesario entonces que la operación corporativa se reoriente en el aspecto ambiental hacia la regeneración.

De esta nueva filosofía corporativa quiero mencionar en el presente artículo. Las Empresas B.

Las Empresas B están trabajando para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta.

Esto representa un cambio en el paradigma empresarial sin dejar de generar el crecimiento, las utilidades y el empleo que aportan las empresas tradicionales, pero equilibrando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Por esto se denominan empresas con objetivos de “triple impacto”.

Dar respuesta a problemas sociales y ambientales es un compromiso que las empresas asumen voluntariamente, adicionándolos a los objetivos económicos. Por esta razón estos objetivos son incorporados en los estatutos de la empresa y los asumen legalmente.

En el mundo ya hay más de 3.250 Empresas B certificadas. En Latinoamérica hay alrededor de 540; Chile es el país que lidera con más de 130 empresas certificadas. Colombia inició en el 2018 y ya cuenta con 53 Empresas B certificadas, 41 han sido constituidas en Colombia y 12 son filiales extranjeras con presencia en el país. Compañías como Crepes & Wafles, Biogar, Servióptica, y Natura entre otras, son la Certificadas como Empresas B en Colombia.

El concepto de Empresas B implica la redefinición del sentido del éxito, para que no solamente consideremos los objetivos económicos, sino que también sean los sociales y ambientales.

Es el espacio y la oportunidad para los empresarios que tiene la motivación y el propósito genuino de aportar a la sociedad desde su campo de acción. Utilizar el poder y saber de la empresa privada para el beneficio del bien común, convirtiéndose en agente de cambio en el mundo, teniendo la oportunidad de guiar, influir y aportar.

Es posible que la decisión de certificarse Empresa B implique a la empresa sacrificios económicos para lograr los objetivos sociales y ambientales, pero se verán compensados con creces por el impacto que se materializa en la percepción social que generan. El sector financiero también tiene tratamiento preferencial de menor costo en préstamos para Empresas B. Pero fundamentalmente es la satisfacción de lograr el objetivo de triple impacto. Esto en el largo plazo terminará en un círculo virtuoso de gana-gana que hará crecer ventas y utilidades.

Las empresas B certificadas asumen un compromiso con la mejora continua y sitúan el objetivo empresarial en el centro de su modelo empresarial. Así, se comprometen con un plan de desarrollo continuo, que pasa de la lógica de mitigar los impactos negativos a una nueva lógica de generar impactos positivos.

En esencia las Empresas B son empresas que buscan ser mejores para el mundo y no solo las mejores del mundo”.

Y este cambio en la economía no viene solo desde las empresas, sino que, también trabajando de la mano con la academia, con las políticas públicas, con los líderes de opinión, con los inversionistas para tener cada vez más inversiones de impacto, con los grandes actores del mercado y claramente también con todos los ciudadanos, quienes podemos hacer la diferencia en nuestros distintos roles como consumidores, trabajadores y ciudadanos.

*Ingeniero Mecánico (UIS) y Máster en Administración de Empresas (USTA).

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Reparación a las víctimas: Mucho discurso y pocas acciones

El Estado aplica el principio de que “las penas con hambre duelen más” y por ello la reparación se hace económicamente, no puedo imaginar como una madre dormirá en una cama confortable sin conocer noticas del paradero de su hijo desaparecido por varios años.

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Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ El pasado 9 de abril, como ya es costumbre desde el año 2012, diferentes Instituciones públicas y no gubernamentales  conmemoraron el ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado’, luego de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en el año 2011 y prorrogada a través de la ley 2078 del 2021.

Este día fue elegido por el Congreso de la República para esta conmemoración, teniendo en cuenta  que el 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder político Jorge Eliécer Gaitán, hecho que es considerado por los historiadores como aquel que detonó la violencia política en nuestro país y con la que se recrudecieron las desigualdades sociales internas.

El propósito fundamental de esta ley, complementada con lo acordado en la habana en el punto quinto del acuerdo de paz, es la  reparación integral a las víctimas, lo cual implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

Colombia tiene en este momento más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, por cuenta del accionar de grupos guerrilleros y paramilitares, quienes  han  asesinado, torturado, secuestrado y desplazado a miles de personas y de igual forma en esta triste estadística hay que incluir las victimas por cuenta del Estado que en actuaciones extrajudiciales, exceso de fuerza y autoridad, errores militares y en una vergonzosa y oscura relación con los grupos paramilitares han aportado para incrementar el número de familias con luto en nuestro país.

A Colombia la reparación de las víctimas se le ha ido en discurso y en leyes incumplidas, pues aunque no hay cifras concretas, 10 años después de instituida la ley de reparación de víctimas, tan solo el 20% aproximadamente han sido “reparadas” a medias, pues aunque el Estado aplica el principio de que “las penas con hambre duelen más” y por ello la reparación se hace económicamente, no puedo imaginar como una madre dormirá en una cama confortable sin conocer noticas del paradero de su hijo desaparecido por varios años.

Reparar las victimas implica presupuesto, eso es claro, pero también amerita una enorme voluntad política para apoyar las instituciones que trabajan en esa reparación y que buscan la verdad de lo ocurrido. Es necesario encontrar a los muertos, sepultaros de acuerdo a su fe, es necesario dignificar sus memorias, es necesario devolverles su buen nombre, es necesario conocer quien los mató y quien dio la orden.

Desafortunadamente en Colombia todo lo politizamos y por ello la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas  en razón del conflicto armado y la Jurisdicción especial para la paz, constantemente son atacadas mediáticamente y por diferencias con el gobierno en que fueron instituidas, no reciben el apoyo político y económico que requieren para hacer su trabajo y conocer la verdad en torno a las masacres, secuestros, desplazamientos y torturas a los que la población civil ha sido sometida durante los años del conflicto interno.

Creo que es hora de dejar los discursos y de expedir leyes que no se cumplen, es claro que se requieren acciones concretas, devolver las tierras a los campesinos, levantar hasta la última mina antipersonal sembrada en nuestros campos, remediar el dolor de las víctimas con estímulos económicos, pero acompañados de una acción integral, que dignifique, que permita sanar heridas, que permita conocer la verdad, que conceda justicia, pero sobre todo que garantice que nunca más estos hechos de barbarie promovidos por la guerrilla, los paramilitares y el estado se vuelvan a repetir.

*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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¡El presupuesto de la cultura es nuestro!

Los ingresos del presupuesto distrital que tengan como finalidad la cultura, no pertenecen a los actores o gestores de la cultura. Sin embargo, si son interesados legítimos, igual que los beneficiarios culturales (comunidad), que el Alcalde Distrital cumpla lo prometido en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo, para evitar un daño cultural por omisión o comisión por omisión (Deuda Cultural).

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Por: Hugo Hernando Bernal Vallejo/ El otro día me invitaron a una reunión para tratar temas culturales, específicamente musicales. Existe una problemática en todo el país, y Barrancabermeja no escapa a ella. El efecto de la pandemia en los artistas. El problema es mundial. A todo hay que darle su justa medida.

En esa reunión uno de los asistentes furibundo dijo: “Es que los recursos del municipio para la cultura son nuestros y no lo pueden gastar en otras cosas como lo están haciendo”.

Yo me dije que craso error, ¡la ignorancia es atrevida! Por eso estamos como estamos. Y luego reflexioné. Aguanta el burro. De donde tanta vehemencia de este sujeto, porque lo dice con tanto convencimiento, esa es su verdad. Mejor peguémosle una estudiada al tema y eso hice.

El artículo 311 de la Constitución Política regula la figura del municipio. En forma esquemática, un municipio o distrito es un territorio ocupado por una comunidad o pueblo y gobernado por quienes la comunidad elige. La comunidad aporta un recurso económico (impuestos y otros) para que los gobernantes retornen ese aporte en la satisfacción de las necesidades del pueblo o comunidad. Un pueblo tiene muchas necesidades y una de tantas son las necesidades culturales, por ello existen las política publicas culturales[1].

En el distrito de Barrancabermeja, para saber qué tanto de verdad tiene el asistente aquel de la reunión. Conozcamos el presupuesto del 2021.

El proyecto de acuerdo del presupuesto de Barrancabermeja fue presentado al Concejo Distrital, el 9 de octubre y aprobado el pasado 26 de noviembre de 2020 por medio del acuerdo 008 de 2020, con una inversión aproximada de $383.539’953.509 millones, priorizando en los sectores educación, salud, vivienda, deporte y recreación, trabajo, tecnologías de la información, medio ambiente, cultura, agricultura, comercio, gobierno territorial e información estadística, todo ello para cumplir con el Plan de Desarrollo.

El presupuesto como acto administrativo computa anticipadamente los ingresos y se asignan las partidas para los gastos dentro de un período fiscal. Los ingresos corrientes lo componen: ingresos tributarios (predial, industria y comercio y otros); los ingresos no tributarios, transferencia (Nivel nacional y otros). Los gastos totales: Gastos corrientes (funcionamiento, servicios personales, gastos generales, transferencia pagada.), intereses deuda pública y otros gastos corrientes.

La pregunta obligada: ¿La cultura como aparece en el presupuesto?

Los ingresos corrientes, serian:

Estampilla Pro-cultura: Ingresos provenientes por concepto de Renta ordinaria del distrito (Ley 666 de 2001, artículo 38 de la ley 397 de 1997), pero la misma ley determina directamente que se deben gastar esos ingresos: 1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, 3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural.4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística.

La reglamentación municipal en Barrancabermeja de la estampilla Procultura se encuentra en el acuerdo municipal de Barrancabermeja 003 de 2019, de fecha mayo 18 de 2019.

Sistema General de Participaciones: El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357.

Impuesto al consumo de la telefonía móvil: En el 2002 la Ley 788 incrementa el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a la telefonía móvil.

Fuentes del Ministerio de Cultura: Cada una de las direcciones misionales y dependencias que integran el Ministerio de Cultura desarrolla planes, programas y proyectos con extensión a los departamentos y municipios, acciones que se ejecutan a través de convenios donde se aúnan esfuerzos y recursos.

Los Gastos son Corrientes y se podría decir que son la ejecución de las políticas culturales que se encuentran establecida en el Plan de Desarrollo. En el caso de Distrito de Barrancabermeja, por medio del acuerdo 004 del 15 de julio de 2020 se adoptó el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2320-2023, distrito muy especial.

En el sector cultural del Plan de Desarrollo, Programa 9 referente a la promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos, establecieron como objetivo:

Fortalecer la oferta artística y cultural del Distrito a través de la ampliación de ofertas y el fortalecimiento de artistas, creadores y gestores culturales, para atraer a más personas a expresar y sentir el arte y la cultura del Distrito y el fortalecimiento de identidad de la población y el amor por su territorio”.

Las acciones a ejecutar

-Implementar estrategias para promover el diálogo cultural y el posicionamiento en la opinión pública de la situación que guardan los derechos específicos de la comunidad afro.

-Garantizar la contratación de gestores culturales con conocimientos de música, danza y demás manifestaciones de la cultura afrocolombiana en las escuelas de formación cultural existentes, para la atención de población de las comunidades NARP, con el objeto de preservar su identidad y cultura en general.

-Escuelas de formación artística y cultural; Plan de lectura y bibliotecas; Muestra itinerante; Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos; Gran pacto cultural y social y Centros piloto de formación cultural.

En conclusión, debe quedar claro: Los ingresos del presupuesto distrital que tenga como finalidad la cultura, no pertenecen a los actores o gestores de la cultura. Sin embargo, si son interesados legítimos, igual que los beneficiarios culturales[2] (comunidad), que el Alcalde Distrital cumpla lo prometido en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo, para evitar un daño cultural por omisión o comisión por omisión[3] (Deuda Cultural).

El alcalde distrital le corresponde velar por el desarrollo económico y social, del distrito durante su gestión, coordinando el Presupuesto desde la programación, aprobación, ejecución y su control, garantizando la coherencia de la ejecución presupuestal con las prioridades del Plan de Desarrollo, de lo contrario podría asumir responsabilidades disciplinarias o penales o ser objeto acción de cumplimiento frente a la omisión de cumplir el presupuesto y plan de desarrollo que son actos administrativos.

*Abogado, poeta e investigador cultural.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

[1] La primera definición de las políticas culturales es realizada durante las reuniones auspiciadas por la Unesco en Mónaco, en diciembre de 1967. Allí son definidas como aquellas prácticas y conocimientos de gestión administrativa o financiera, de intervención o de no intervención, que sirven como base para la acción del Estado con el fin de satisfacer necesidades culturales de la comunidad (Cf. Mena y Herrera, 1994, p.49). Link.

[2] Los derechos culturales: Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

[3] Son dolosos, existe la intención de hacer algo. La comisión por omisión los cometen las personas que por una situación particular tienen el deber especial de realizar una conducta determinada para evitar un daño previsible, por lo que son garantes de que el siniestro no ocurra.

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