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Yo Opino

Las escaladas de un imputado bajo la sombra Duque

En medio de un panorama que oscila entre impunidad y justicia, sorprende que el pasado 2 de febrero de 2021, se dé a conocer la designación del abogado, Juan Gabriel Álvarez como director de Gestión Contractual de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (nombramiento nacional), quien hasta hace unos meses fungió como director de la CAS y quien fue denunciado por la Corporación San Silvestre Green por graves delitos.

Por: Leonardo Granados/ En Colombia es común que desde el gobierno nacional se haga apología a la cultura de la impunidad, escenario dantesco donde se cultiva, se reproduce y se preserva un modelo sin control de acciones punibles que refleja la historia laboral de algunos funcionarios públicos en cargos de alto nivel en diversas partes del país.

Es que a la fecha para nadie es desconocido que de manera sistemática se vienen conociendo a través de diversos medios de comunicación, que en el gobierno actual, surgen nombramientos de alto nivel de personajes con una trayectoria de actuaciones non sanctas con base en preacuerdos, embelecos e intereses políticos, sin importarles la necesidad que el país exige a gritos, que en los altos cargos las personas designadas reivindiquen y resalten la importancia de rehacer las instituciones estatales con integridad ética y calidad moral.

Para el caso de Santander es demostrable que, en diversos cargos de alto nivel regional en los últimos siete años, en las distintas instituciones departamentales, parte de algunos funcionarios han sido señalados, denunciados, imputados, procesados y condenados por acciones punibles en su desempeño laboral y que a través de ese equivoco pensar y hacer indebido, han terminado en procesos jurídicos de relevancia histórica en la región.

Esto nos lleva a entender que nuestro sistema jurídico regional nos permite a un pequeño margen poblacional, mantener la confianza en la aplicación de la ley y la justicia, como lo contempla una sociedad democrática y moderna.

Sin embargo, en medio de este panorama que oscila entre impunidad y justicia, sorprende que, desde el gobierno de Iván Duque, el pasado 2 de febrero de 2021, se dé a conocer la designación del abogado, Juan Gabriel Álvarez como director de Gestión Contractual de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (nombramiento nacional), quien hasta hace unos meses fungió como director de la CAS (2017 – 2019).

Juan Gabriel Álvarez, para más señas, fue denunciado por la Corporación San Silvestre Green en el año 2019 -que representa y lidera el suscrito- investigación penal que adelanta la Fiscalía 8 especializada en delitos ambientales, por la comisión del delito de daño a los recursos naturales por omisión en el caso Rediba y permitir el daño al DRMI San Silvestre. En esa lista de irregulares que hemos denunciado está un presunto prevaricato en el caso Terpel.

Estas denuncias fueron realizadas en derecho, por hechos que afectaron y se mantienen en el área protegida de la Ciénaga San Silvestre que abastece el acueducto de 300.000 mil barranqueños.

Las pruebas, testimonios y todo lo que respalda las querellas, dejan en evidencia que este funcionario fue negligente e indiferente a lo que exige la ley ambiental, motivo por el cual un juez de control de garantías en Barrancabermeja, el pasado 28 de febrero de 2020, decidió imputarlo por el delito de daño a los recursos naturales por omisión y esperamos que sea condenado en el proceso que se encuentra en la fase de acusación para juicio.

Con lo anterior y con un criterio moral sensato, la reflexión que nos debe surgir a todos los santandereanos es: Si este funcionario le torció el cuello a la ley y le dio la espalda a los barranqueños con lo cual afectaron su calidad de vida, fue complaciente al beneficiar indebidamente a la empresa Terpel al reducirle ilegalmente a solo $741 millones la multa en un proceso sancionatorio ambiental proyectada en $6.740 millones, por daño a los recursos naturales; nos debemos preguntar, si siendo director de la CAS antepuso sus intereses para actuar en contra de la moral, la ética y la ley en el desempeño de sus funciones, ahora como directivo de la Uspec, ¿qué no podrá llegar a hacer con su ya conocido mal estilo administrativo centrado en conflicto de interés en el desempeño de sus funciones?

Ahora bien, sustentando lo antepuesto, le comparto al lector la serie de hechos sobre los cuales se procedió desde la Corporación San Silvestre Green a elevar la denuncia por el actuar irresponsable, negligente y de conflicto de interés, del señor Álvarez como director de la CAS.

Caso Rediba

Al director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, la ley le impone varias obligaciones que omitió de cabo a rabo y las relaciono detalladamente para comprensión de los lectores:

La Ley 1333 de 2009, establece que la autoridad ambiental debe imponer sanciones por cada infracción ambiental realizada por el beneficiario de la licencia, sin embargo, bajo la dirección de Álvarez estas empresas tienen licencia para destruir el ambiente.

Es así que a Rediba le debió imponer cinco sanciones que superarían más de $6.000 millones, por cuanto la empresa de aseo en igual número de delitos ambientales que le fueron imputados a la entonces gerente Liliana Forero Cala. Esas conductas tienen un agravante porque son reincidentes y en áreas protegidas por tal motivo las sanciones incluían multas millonarias y desde luego, la revocatoria de la licencia.

No se sabe que desvió la mirada del director, pues solo se impuso una irrisoria sanción de $400 millones, cuando debía haber impuesto una multa por más de $6.000 millones y haber revocado la licencia, delitos ambientales que fueron ratificados por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, Álvarez incurre presuntamente en prevaricato por acción, daño a recursos naturales por omisión, entre otros, al no dar cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-227 de 2017.

Conforme lo ordenado por la Corte Constitucional, el hoy flamante directivo de Uspec, debió evaluar la comisión de los delitos ambientales de Rediba, pero el exdirector de la CAS actuó como el disco de Shakira, ‘ciego, sordo y mudo’, y no cumplió con lo ordenado por el alto tribunal. Y no lo hizo.

Álvarez sabía bien que el Decreto 1076 de 2015 establece que cuando el beneficiario de una licencia ambiental incurre en infracciones graves debe revocarse la licencia ambiental, motivo por el cual la Fiscalía le imputo el delito de daño a los recursos naturales por omisión.

Caso Terpel

En la vía que de Barrancabermeja conduce a Bucaramanga se encuentra ubicada la Planta La Fortuna de propiedad de la multinacional Terpel, empresa que desde 1995 construyó una infraestructura para vertimientos de aguas hidrocarburadas y aguas residuales, la cual discurre al Caño Zarzal y de allí a la Quebrada El Zarzal que desemboca en la ciénaga San Silvestre de donde se capta el agua para el acueducto de Barrancabermeja (Esto sin permiso de vertimientos).

Dentro de la denuncia formulada por la Corporación San Silvestre Green, se probó Terpel realizó vertimientos de 18.000 mil galones de ACPM, otra por 5.000 mil galones de ACPM y grave contaminación con grasas, aceites e hidrocarburos al Caño El Zarzal.

Ante este nuevo evento se realizó una nueva visita a las instalaciones de la planta La Fortuna por parte de la ingeniera ambiental de la CAS, Jeniffer Jasive Aux Suarez, quien para el día 02 de junio de 2017, rinde el concepto técnico RMS N°00011 – 17, de donde se extrajo las siguientes consideraciones:

“(…) 3.2. Que revisado el expediente 68081-0270-2011, se observa que desde la denuncia que abrió el proceso, se han realizado requerimientos a la Organización Terpel S.A., con el fin de minimizar el impacto causado por sus actividades, además de corregir las afectaciones causadas por los incidentes presentados, pero a la fecha no se pueden declarar cumplidas las mismas toda vez que los incidentes siguen presentándose…3.3…

Para dicha fecha presentamos denuncia penal en contra de la empresa Terpel y los directores de la CAS, mediante noticia criminal Nº110016099034201500001 en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

El 3 de octubre de 2017, mediante acción de tutela de la Corporación San Silvestre Green, se realiza inspección por la CAS a la planta de Terpel. El coordinador de la CAS, Belmer Josué Carvajal, al verificar que Terpel no tenía permiso de vertimientos ni plan de contingencias, procede a cerrar la planta mediante resolución 073 del 3 de octubre de 2017 ejerciendo funciones como una verdadera autoridad ambiental.

Pero más demoró Carvajal en cerrar la planta que el director general Juan Gabriel Álvarez -mediante resolución 074 del 4 de octubre de 2017- ordenar a Terpel a que abriera la planta y solo lo conminó a aportar los documentos requeridos para expedir el plan de contingencias, es decir, sin los requisitos previos que otorga el plan de contingencias.

Y si esto fuera poco, con estos delitos, el director de la CAS, decide en un solo proceso sancionatorio, reunir más de 10 infracciones para homogenizar las conductas. Y la ingeniera encargada de tazar las multas determina que la sanción de 6 mil 393 millones 321 mil 309 pesos para Terpel, por las conductas agravadas, información que nos fue suministrada tras solicitud de petición formulada a la CAS. Pero de forma curiosa e ilegal, el director Álvarez cambio la sanción, para favorecer a Terpel y mediante la Resolución N°000482 del 15 de julio de 2019, le impone a Terpel una sanción de $741.789.027 millones, es decir $5.500 millones de pesos menos, lo que constituye un daño fiscal, pues el cálculo real reúne los elementos normativos para tasar la sanción.

Por todo lo anterior, se evidencia que el abogado Juan Gabriel Álvarez ha escalado con impunidad para ser designado por el presidente Duque en un cargo del cual no es merecedor por la ausencia de la moral y la ética, virtudes inexistentes en algunos funcionarios y que tanto daño le han hecho al país.

Ese nombramiento es un mensaje negativo para las nuevas generaciones y reafirma que la impunidad en Colombia impera como cultura del mal. Esperamos que se reivindiquen los méritos y se haga justicia.

*Abogado

Correo: ralegc@yahoo.com

Facebook: Leonardo Granados Cardenas

Twitter: @Leonard74621446 

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Aunque excepcionales y competentes, aún invisibles

El trabajo es un claro indicativo de participación y equidad y para nadie es un secreto que cuando eres mujer, el desafío es mayor, lo cual me resulta bastante contradictorio cuando, hoy por hoy, nos hemos empoderado para superar muchas barreras, educándonos incluso más que los hombres y reforzando nuestras capacidades para empezar a cobrar mayor protagonismo social.

Por: María Isabel Ballesteros/ Se acerca el día que conmemora las luchas de la mujer, por su participación dentro de la sociedad, y si bien es cierto que nos encantan los detalles, el mejor presente que podríamos recibir en el mundo, sería compartir el mismo nivel de oportunidades, con nuestros pares masculinos, y que las estadísticas no evidencien más las diferencias abismales que existen entre nosotros.

El trabajo es un claro indicativo de participación y equidad y para nadie es un secreto que cuando eres mujer, el desafío es mayor, lo cual me resulta bastante contradictorio cuando, hoy por hoy, nos hemos empoderado para superar muchas barreras, educándonos incluso más que los hombres y reforzando nuestras capacidades para empezar a cobrar mayor protagonismo social. No solamente batallamos para conquistar un espacio en mercados con predominio masculino, sino que también necesitamos concertar la vida profesional y personal, pues el salir de casa no nos desliga, a la mayoría, de nuestro rol de madres o esposas.

Por ello, el que se diga que las latinas trabajamos más no es una afirmación injustificada o una simple posición sexista. De hecho y según el DANE, el 56% de las mujeres colombianas son cabeza de familia y en el 2010 se comenzó a reconocer la llamada “economía del cuidado” que corresponde al trabajo no remunerado que desempeñamos las mujeres, relacionado con la atención de la familia, los niños y los adultos mayores. Fue así como surgió la Ley 1413, que ese mismo año llevó al gobierno a medir esas actividades que perfectamente podrían estar en manos de terceros.

Para mí, ese fue un gran paso en el avance de las políticas gubernamentales que reconocen el valor agregado del trabajo femenino al país. Complementariamente, en el año 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga el proyecto de la Fundación Mujer y Futuro, que nos dio una idea más amplia al cuantificar, a través de un modelo sistematizado, el trabajo no remunerado. La actividad contó con 100 participantes y de acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que las mujeres llegaron a destinar semanalmente, en promedio, 42 horas y 32 minutos en el cuidado del hogar, 11 horas y 13 minutos apoyando en sus labores a los integrantes de su familia, y 8 horas y 49 minutos realizando actividades para el beneficio comunitario.

Esta muestra nos permitió vislumbrar que estamos frente a verdaderas “súper mujeres”, que si permanecen en casa invierten allí hasta 110 horas semanales y cuando trabajan afuera, el cálculo promedio es de 25,7 horas adicionales a su jornada laboral de la semana. Tan importante es el aporte del trabajo de la mujer al hogar, que dentro de las variables de la macroeconomía se ha determinado su equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Sorprendente para muchos, ¿verdad?… Pero bueno, mi argumento no termina allí, pues en términos organizacionales también se ha llegado a medir el rol de ama de casa, que en nuestro imaginario pareciera solo requerir de educación básica cuando, según un informe del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, implica como mínimo manejar estas 8 competencias:

  1. Orientación y servicio al cliente, al pensar y actuar en función de las necesidades de la familia.
  2. Liderazgo organizacional, por su trabajo en el hogar al ser un referente a seguir por parte de los miembros de la familia.
  3. Integridad y lealtad, al ganarse la confianza de los hijos y el esposo, gracias a la coherencia entre lo que piensa, dice y hace.
  4. Eficiencia laboral, al atender las necesidades de toda la familia, en especial la alta demanda que exigen los recién nacidos o niños pequeños en cuestión de tiempo, esfuerzo y dedicación.
  5. Trabajo en equipo, al organizar la colaboración de los hijos y el esposo, según las capacidades de cada uno.
  6. Comunicación asertiva, al aprender a escuchar y tener empatía.
  7. Visión de negocio, al potenciar las necesidades de su familia y ver oportunidades en los demás, que quizá nadie más ve.
  8. Mejora personal continua, al ser expertas en autoconocimiento, autocrítica y tener voluntad de aprender.

Definitivamente, las mujeres tenemos tal nivel de compromiso y capacidad que deberíamos convertirnos en el primer grupo de apoyo para las que brillan afuera, las que se mueven en ambos campos o las que se han quedado en casa, solo para iluminar su hogar. El trabajo doméstico no es nada sencillo, pero es una forma de educar con acciones y sin caer en la retórica actual, es evidente la multiplicidad de tareas simultáneas que nos han ocupado, sumadas a la carga física y emocional que trajo el confinamiento.

Si bien es cierto que en la organización de la vida social cada quien aporta de diferente manera a esa construcción, también debemos reconocer que los cambios culturales y las más recientes formas de pensar, a veces se quedan cortas al interpretar las nuevas responsabilidades que tomamos o que dejamos de asumir.

Nuestro mundo moderno se ha decantado por procurar los derechos de las personas, pero en la misma medida ha impuesto, en primeros lugares, conceptos que dan mayor valor al poder económico y a lo superficial, ocasionando de manera injusta una subvaloración de los roles tradicionales y relegando a un papel secundario, por no decir que invisible, a las personas que aparentemente “no monetizan”.

Y aquí es donde surgen vacíos, pues quienes criamos hijos estamos haciendo un trabajo de formación primaria aparentemente intangible, pero irremplazable y tan trascendente que hoy marca, en buena medida, lo que somos como sociedad.

¿Estamos conformes con la realidad?… Yo no, y tampoco creo que se trate de limitarnos por nuestro rol de mujeres, pues hemos demostrado lo adaptables y competentes que podemos ser, pero eso no significa que dejen de incentivarse políticas públicas que favorezcan un balance para el desarrollo de todo nuestro potencial, a la vez que consideren la crianza no solo como parte fundamental de la sostenibilidad de la especie humana, sino un factor clave para el progreso y la utopía social, pues cuando partimos todo se queda, pero los hijos son nuestra huella y los instrumentos que definen la permanencia del bien y del mal.

*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad

Twitter: @Maisaballestero

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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Apoyo a la JEP, porque exijo la verdad

Ya se comprobó, por ejemplo, que la fiscalía general de la nación le ocultó material probatorio a la JEP en el proceso contra un jefe guerrillero y está claro que al Gobierno no le interesa que se conozca el aporte de sus militares y de sus funcionarios al conflicto interno que ya cumple más de medio siglo.

Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Lo de los mal llamados “Falsos positivos” debería representar la vergüenza más grande para el Estado Colombiano, pues como consecuencia de este episodio de horror en el que se vieron involucrados más de 100 batallones del Ejército Nacional, existen cerca de 6000 familias colombianas que aún claman justicia y lloran sus hijos injustamente acribillados.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entre el 2002 y 2008 se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales (como las denomina el derecho internacional humanitario) a manos del Ejército de Colombia y no 2248 como lo quiso hacer ver la Fiscalía General de la nación, minimizando el hecho.

6402 jóvenes colombianos de escasos recursos, sin empleo e incluso con discapacidades físicas, que fueron reclutados por efectivos del ejército en diferentes partes del país, con la promesa de brindarles un trabajo estable y digno, para después aparecer fusilados con tiros de gracia, en fosas comunes, con botas de caucho nuevas y fusiles oxidados, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Estos asesinatos tenían como objeto, aparentar resultados exitosos en contra de la guerrilla colombiana, para que los miembros del ejército accedieran a ascensos, condecoraciones, premios, viajes e incentivos económicos, dentro de un programa de estímulos del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, que se había reglamentado mediante el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. El que más bajas presentara, más estímulos recibía.

Hoy cerca de 15 años después de tan vergonzantes hechos y luego de que en el proceso de paz con las Farc se instituyera la JEP, se avivan las esperanzas que para estos 6402 jóvenes fusilados exista algo de justicia, el mismo hecho de reconocerlos, ya dignifica su nombre póstumamente. La JEP como parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, busca defender los derechos de las víctimas del conflicto y teniendo como base la verdad de lo ocurrido procura por una justicia restaurativa del daño causado.

Pero el trabajo de esta Jurisdicción especial para la paz, no ha sido ni será fácil, personas muy influyentes en el Gobierno Nacional tienen cuentas pendientes con los colombianos, y harán todo lo posible por no saldarlas y porque las evidencias duerman el sueño de los justos en los anaqueles de las Instituciones que deberían investigarles, colocando palos a la rueda para que la verdad nunca salga a flote.

Ya se comprobó, por ejemplo, que la fiscalía general de la nación le ocultó material probatorio a la JEP en el proceso contra un jefe guerrillero y está claro que al Gobierno no le interesa que se conozca el aporte de sus militares y de sus funcionarios al conflicto interno que ya cumple más de medio siglo.

Prueba de ello, es que cuando la JEP imputó al secretariado de las extintas Farc delitos de lesa humanidad, el Gobierno airoso en cabeza del presidente, dando credibilidad a lo imputado solicitó la cabeza de quienes están en el congreso en representación del grupo guerrillero, pero cuando la misma JEP público el número real de personas asesinadas en los falsos positivos el gobierno insiste en desprestigiar y enlodar el nombre de la Jurisdicción especial.

El comandante del ejército, ante la publicación del número real de jóvenes asesinados, comparó a la JEP con víboras venenosas, el mismo comandante del ejército que ofreció condolencias por la muerte de alias “Popeye”, se conduele por la muerte del gatillero de un narcotraficante, pero se muestra odioso, prepotente e indolente cuando se trata de la muerte de más de 6 mil jóvenes pobres. Le vendría bien algo de nobleza señor comandante, algo de vergüenza.

Queda claro, que no quieren contar la verdad sobre lo ocurrido y en esta guerra de tantos años, duelen igual y reprochamos igual las muertes causadas por la guerrilla, como las muertes ocasionadas por el actuar delictivo del Estado y si queremos realmente cerrar este episodio de guerra es claro conocer de parte y parte la verdad sobre los hechos.

Respaldo a la JEP, pero respaldo más la idea de que se conozca la verdad, las Madres de los jóvenes de los falsos positivos, así como las Madres de tantos soldados y policías asesinados,  merecen que les pidan perdón, que les “reparen” por el daño causado, por ello, como ciudadano exijo al Gobierno nacional garantías para la JEP, pero le exijo también a esta, que con el mismo racero esculque el actuar de todas las partes, para que quien tenga cuentas pendientes con las paz de nuestro país, responda por lo que hizo, repare sus víctimas o de lo contrario pague por ello.

*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Lo que esconden las EPS

No es aceptable crear políticas públicas sin el más mínimo asomo de humanidad, pero si con un afán mercantilista y desencadenar en tal nivel de tragedia, pues con el mayor cinismo unos pocos se lucran a cantaros.

Por: Fredy Chinchilla/ Es necesario que todos los colombianos se hagan una pregunta, ¿cuáles han sido las consecuencias de la privatización de la salud en Colombia? Cosa que no es muy comunque la mayoría de los colombianos lo hagan pues con todo respeto lo digo, parecieran zombis y esto lo expreso que viendo una realidad tan compleja en materia de atención en salud no despiertan, ni tomas conciencia en algo tan fundamental para la vida de todos y paso seguido a esto presentaré algunas cifras que espero los lleve a despertar y reflexionar.

Entre 1998 y 2010 según cifras de oficiales del instituto nacional de salud, INS. En Colombia ha habido 1´400.000 muertes totalmente evitables, si mi apreciado lector, pudieron haberse evitado. Por tanto es sin duda la mortandad más grande en la historia del país, estas muertes se hubieran podido evitar por una gestión decidida y determinada en pro de la vida y la salud de los colombianos, es realmente espeluznantes y de una gravedad gigantesca, esto equivale a 3 veces el número de muertos por el conflicto armado en Colombia durante 60 años, estas cifras son verificables y pueden ser buscadas en las paginas oficiales del instituta nacional de salud en su apéndice de mortalidad evitable.

Sin duda a muchos pueda ser que deja asombrado y por qué no estupefacto o de piedra tan aterrador panorama.

Ahora hay otro dramático apéndice que es el peor de los fantasmas del país y como para variar la corrupción hace su entrada triunfal y no desconocida actuación, se han robado Billones de la salud y un caso emblemático de esto fue el ya muy sonado caso de Saludcoop, donde se robaron 1,5 billones de pesos, dinero que fue destina para todo menos para la atención en salud, incluso para compras de sedes sociales y que no es nada nuevo esta noticia.

Pero más grave aún es la presunta comisión de delitos como lavado de activos a través de EPS aclarando que no todas incurrieron en este delito, en Colombia existieron  hasta hace unos años 72 EPS de las cuales solo  subsisten aproximadamente alrededor de 48, de todas estas se investigó una, si mis apreciados lectores una sola de esas 72 y lo que se encontró fue muy revelador y el caso que ya comentaba de Saludcoop es impresionante, ahora bien a través del tiempo son muchos más los hallazgos de robo descarado de los recursos de la salud y los directos responsables de esto, si muy bien ahí te mandan saludos, es decir impunidad con los peces gordos, La ley 100 de 1994 que mercantilizó la salud, de paso la deshumanizó  y no se requiere documentar en este texto los millones casos pues esa historia se cuenta sola.

Al final quien responde por tan aberrante genocidio y con cifras tan contundentes, como ya se manifestaba, es criminal haber convertido en negocio la salud, bajo el argumento de ampliar cobertura, si bien la cobertura aumentó, pero la deshumanización fue consecuente con el aumento de esa ampliación de cobertura, ya que 1´500.000 muertos no es cualquier cosa, es mediante realmente aberrante, aterrador y hasta el cansancio decirse que desencadenan perversamente en lo criminal. Muchos médicos y profesionales de la salud son presionados y coaccionados mediante las auditorias medicas que finalmente debe someterse so pena de ser despedidos y eso es una realidad que ya no se puede ocultar, esto demuestra que los sacrificados son los profesionales de la salud y los pacientes

No es aceptable crear políticas públicas sin el más mínimo asomo de humanidad, pero si con un afán mercantilista y desencadenar en tal nivel de tragedia, pues con el mayor cinismo unos pocos se lucran a cantaros. Esto no significa que la iniciativa privada no incursione en el campo de la salud, pues las empresas hay que cuidarlas, pero muy distinto que prevalezca lo económico sobre la vida y la dignidad humana a través de la salud.

Finalmente es el congreso de la republica el llamado a cambiar esta horrible realidad de muerte y que están respaldadas por cifras oficiales de las que ya se hizo mención en el presente artículo. Solo espero que estas líneas de opinión sirvan así sea en lo más mínimo a crear conciencia y reflexión, para que el venidero proceso electoral donde se escogerá el próximo congreso de la republica elijan los ciudadanos, congresistas garantes de sus derechos y no sus propios verdugos y hay que estar muy atentos pues se avecina en el actual periodo legislativo una posible reforma a la salud que arrasaría muchos más derechos en materia de salud y la invitación es a hacer sentir nuestra voz de protesta e indignación en paz y sana convivencia.

*Ingeniero de Mercados

Twitter: @fredy_asesor

Celular: 311 274 1960

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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