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Yo Opino

La verdad sobre los falsos positivos

Ciertamente, es importante precisar que, un grupo reducido de militares inescrupulosos abusaron de su función pública al acribillar a campesinos para hacerlos pasar por terroristas de alta peligrosidad; sin duda, ello ha sido una actuación degradante.

Por: Juan David Escobar Cubides/ Falsos Positivos fueron las bajas de los civiles- no beligerantes- cometidos por algunos miembros del Ejército de Colombia, abusando de la potestad de ejercer, legítimamente, la acción contundente del Estado. Específicamente, estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados militares-operacionales exitosos contra la banda narco mafiosa Farc- cuando era lo contrario- con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y atractivos reconocimientos.

El tema, desde la Responsabilidad Extracontractual del Estado, ha constituido una falla del servicio, pues la fuerza pública en ninguna circunstancia puede atentar contra la vida de personas no beligerantes, ni mucho menos en eventos de inferioridad. El daño antijurídico a los sujetos fue notorio, dado que no tenían el deber jurídico de soportarlo. De allí las condenas resarcitorias en contra del Estado colombiano.

Luego, desde la Responsabilidad Política, resulta un despropósito enorme acusar a las autoridades administrativas del momento, así como al Gobierno de turno, por tan deplorables hechos. ¿A quién medianamente inteligente se le ocurre pensar que estos crímenes de Estado fueron ordenados por el presidente de la república o sus subalternos? ¿Acaso creen que se trataba de una empresa criminal? Y quienes así lo consideran: ¿Cuál es el fundamento para sustentar semejante exabrupto? ¿Tendrán cómo probarlo?

Ciertamente, es importante precisar que, un grupo reducido de militares inescrupulosos abusaron de su función pública al acribillar a campesinos para hacerlos pasar por terroristas de alta peligrosidad; sin duda, ello ha sido una actuación degradante. Todos despreciamos con verticalidad dichas conductas, y sobre ello no hay discusión alguna. No obstante, lo que no podemos permitir es que la barbarie de unos pocos comprometa la dignidad de la institucionalidad, es decir, del Ejército Nacional y del Gobierno de turno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Al pan, pan, y, al vino, vino. Así de sencillo.

Debemos precisar dos cosas: La primera, muy elemental por demás; las responsabilidades penales son individuales, de tal suerte que, los crímenes de militares macabros no comprometen la dignidad de la institución como tal, ni mucho menos al gobierno de aquella época, dado que el exceso de unos cuantos no configura ni puede configurar la responsabilidad de otros. La segunda, que no es tan elemental como la primera, pero básica como la que más, consistente en que el trabajo bajo presión es una condición sine qua non propia de los militares de vigoroso entrenamiento y alto rendimiento.

Lo antecedente quiere decir que, la presión de los altos mandos del gobierno sobre las fuerzas militares para obtener resultados óptimos es el conducto regular en cualquier política de seguridad de Estado. De hecho, aquel es el deber inherente en un Estado de Derecho.

En otros términos, no es una camisa de fuerza tener que acribillar campesinos y disfrazarlos de terroristas para mostrar los resultados solicitados, porque la función natural del Ejército Nacional es cumplir, cabalmente, con lo requerido por el Presidente de la República en calidad de comandante en jefe de las FFMM. En este orden de ideas, la presión por los resultados es el deber de la autoridad administrativa. Y no hacerlo constituye una grave falta, así como una omisión a sus funciones constitucionales.

Por ello, resulta inaceptable, cuando menos risible, que algunos expertos en restar y dividir vengan a decir que los falsos positivos son responsabilidad directa del Gobierno de turno, dado que aquel era vertical al exigir resultados. Si ese fuese el razonamiento, los altos funcionarios del ejecutivo central no podrían exigir- en ningún evento- un accionar contundente a las FFMM bajo el pretexto de evitar la comisión de falsos positivos. ¡No señores, así no es la cosa!

El panorama es claro: Quien en el ejercicio de su función pública infrinja la ley, debe ser sancionado con absoluto rigor. Tal cual, los militares responsables por los falsos positivos han sido condenados, con plena severidad, por la jurisdicción ordinaria. Actualmente, hay militares purgando condenas de 25 y 30 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. Y muchos de esos casos están en curso en la Fiscalía General de la Nación a fin de lograr reparación a las víctimas y evitar impunidad.

La situación va por su cauce. De allí la impertinencia del parapeto de la JEP; tribunal diseñado por la mísera izquierda para exculpar los crímenes de Farc y condenar a quienes, históricamente, los han combatido sin ambages. A decir verdad, es despreciable que la JEP arroje en sus comunicados improperios cargados de odio, tendientes a mancillar la honra y el buen nombre de las personas.

En vez de semejante majadería, ¿Por qué la JEP no nos cuenta cuál era la finalidad de permitir la fuga del bandido Santrich? Quien, dicho sea de paso, atenta y conspira actualmente contra Colombia bajo el auspicio de los mafiosos de Venezuela.

¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántas caletas tiene actualmente las Farc sin entregar? No han dicho nada sobre el particular.

¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántos casos existen de niños y jóvenes que fueron reclutados y masacrados por las Farc ante la negativa de enfilar la subversión?  No han dicho nada sobre el particular.

¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántos casos existen de niñas que fueron violadas y obligadas a abortar con métodos salvajes? Tampoco han dicho nada sobre el particular. ¿Por qué no le cuentan al país la verdad sobre los interrogantes que he formulado?

Finalmente, es menester recordar que los falsos positivos son un problema de Estado, no de Gobierno, puesto que los mismos datan de 1988, en el mandato de Virgilio Barco. Adicionalmente, en el gobierno de Cesar Gaviria también se presentaron falsos positivos. Verbigracia, los policías que se asociaban con la mafia para asesinar a otros policías honestos. Peor aún, en el Gobierno de Samper donde se presentó la deplorable alianza criminal entre los Rodríguez Orejuela y la administración nacional para hacer de las suyas. De la misma manera, no ha habido mayor falso positivo que el “acuerdo de paz” del Gobierno Santos, pues se desmovilizaron unos pocos, pero siguieron delinquiendo, en mayor medida, muchísimos otros.

¡Ah, pero qué sorpresa!: ¿Aquellos no les parecerán falsos positivos, cierto?

El doble rasero es el ADN de la JEP. Y en tanto sea así, la institucionalidad de Colombia correrá un riesgo descomunal.

Jamás lo olviden: ¡Un tribunal parcializado es peor que una banda criminal!   

*Abogado y Conciliador en Derecho.

Twitter: @JuanDaEscobarC

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Aunque excepcionales y competentes, aún invisibles

El trabajo es un claro indicativo de participación y equidad y para nadie es un secreto que cuando eres mujer, el desafío es mayor, lo cual me resulta bastante contradictorio cuando, hoy por hoy, nos hemos empoderado para superar muchas barreras, educándonos incluso más que los hombres y reforzando nuestras capacidades para empezar a cobrar mayor protagonismo social.

Por: María Isabel Ballesteros/ Se acerca el día que conmemora las luchas de la mujer, por su participación dentro de la sociedad, y si bien es cierto que nos encantan los detalles, el mejor presente que podríamos recibir en el mundo, sería compartir el mismo nivel de oportunidades, con nuestros pares masculinos, y que las estadísticas no evidencien más las diferencias abismales que existen entre nosotros.

El trabajo es un claro indicativo de participación y equidad y para nadie es un secreto que cuando eres mujer, el desafío es mayor, lo cual me resulta bastante contradictorio cuando, hoy por hoy, nos hemos empoderado para superar muchas barreras, educándonos incluso más que los hombres y reforzando nuestras capacidades para empezar a cobrar mayor protagonismo social. No solamente batallamos para conquistar un espacio en mercados con predominio masculino, sino que también necesitamos concertar la vida profesional y personal, pues el salir de casa no nos desliga, a la mayoría, de nuestro rol de madres o esposas.

Por ello, el que se diga que las latinas trabajamos más no es una afirmación injustificada o una simple posición sexista. De hecho y según el DANE, el 56% de las mujeres colombianas son cabeza de familia y en el 2010 se comenzó a reconocer la llamada “economía del cuidado” que corresponde al trabajo no remunerado que desempeñamos las mujeres, relacionado con la atención de la familia, los niños y los adultos mayores. Fue así como surgió la Ley 1413, que ese mismo año llevó al gobierno a medir esas actividades que perfectamente podrían estar en manos de terceros.

Para mí, ese fue un gran paso en el avance de las políticas gubernamentales que reconocen el valor agregado del trabajo femenino al país. Complementariamente, en el año 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga el proyecto de la Fundación Mujer y Futuro, que nos dio una idea más amplia al cuantificar, a través de un modelo sistematizado, el trabajo no remunerado. La actividad contó con 100 participantes y de acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que las mujeres llegaron a destinar semanalmente, en promedio, 42 horas y 32 minutos en el cuidado del hogar, 11 horas y 13 minutos apoyando en sus labores a los integrantes de su familia, y 8 horas y 49 minutos realizando actividades para el beneficio comunitario.

Esta muestra nos permitió vislumbrar que estamos frente a verdaderas “súper mujeres”, que si permanecen en casa invierten allí hasta 110 horas semanales y cuando trabajan afuera, el cálculo promedio es de 25,7 horas adicionales a su jornada laboral de la semana. Tan importante es el aporte del trabajo de la mujer al hogar, que dentro de las variables de la macroeconomía se ha determinado su equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Sorprendente para muchos, ¿verdad?… Pero bueno, mi argumento no termina allí, pues en términos organizacionales también se ha llegado a medir el rol de ama de casa, que en nuestro imaginario pareciera solo requerir de educación básica cuando, según un informe del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, implica como mínimo manejar estas 8 competencias:

  1. Orientación y servicio al cliente, al pensar y actuar en función de las necesidades de la familia.
  2. Liderazgo organizacional, por su trabajo en el hogar al ser un referente a seguir por parte de los miembros de la familia.
  3. Integridad y lealtad, al ganarse la confianza de los hijos y el esposo, gracias a la coherencia entre lo que piensa, dice y hace.
  4. Eficiencia laboral, al atender las necesidades de toda la familia, en especial la alta demanda que exigen los recién nacidos o niños pequeños en cuestión de tiempo, esfuerzo y dedicación.
  5. Trabajo en equipo, al organizar la colaboración de los hijos y el esposo, según las capacidades de cada uno.
  6. Comunicación asertiva, al aprender a escuchar y tener empatía.
  7. Visión de negocio, al potenciar las necesidades de su familia y ver oportunidades en los demás, que quizá nadie más ve.
  8. Mejora personal continua, al ser expertas en autoconocimiento, autocrítica y tener voluntad de aprender.

Definitivamente, las mujeres tenemos tal nivel de compromiso y capacidad que deberíamos convertirnos en el primer grupo de apoyo para las que brillan afuera, las que se mueven en ambos campos o las que se han quedado en casa, solo para iluminar su hogar. El trabajo doméstico no es nada sencillo, pero es una forma de educar con acciones y sin caer en la retórica actual, es evidente la multiplicidad de tareas simultáneas que nos han ocupado, sumadas a la carga física y emocional que trajo el confinamiento.

Si bien es cierto que en la organización de la vida social cada quien aporta de diferente manera a esa construcción, también debemos reconocer que los cambios culturales y las más recientes formas de pensar, a veces se quedan cortas al interpretar las nuevas responsabilidades que tomamos o que dejamos de asumir.

Nuestro mundo moderno se ha decantado por procurar los derechos de las personas, pero en la misma medida ha impuesto, en primeros lugares, conceptos que dan mayor valor al poder económico y a lo superficial, ocasionando de manera injusta una subvaloración de los roles tradicionales y relegando a un papel secundario, por no decir que invisible, a las personas que aparentemente “no monetizan”.

Y aquí es donde surgen vacíos, pues quienes criamos hijos estamos haciendo un trabajo de formación primaria aparentemente intangible, pero irremplazable y tan trascendente que hoy marca, en buena medida, lo que somos como sociedad.

¿Estamos conformes con la realidad?… Yo no, y tampoco creo que se trate de limitarnos por nuestro rol de mujeres, pues hemos demostrado lo adaptables y competentes que podemos ser, pero eso no significa que dejen de incentivarse políticas públicas que favorezcan un balance para el desarrollo de todo nuestro potencial, a la vez que consideren la crianza no solo como parte fundamental de la sostenibilidad de la especie humana, sino un factor clave para el progreso y la utopía social, pues cuando partimos todo se queda, pero los hijos son nuestra huella y los instrumentos que definen la permanencia del bien y del mal.

*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad

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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Apoyo a la JEP, porque exijo la verdad

Ya se comprobó, por ejemplo, que la fiscalía general de la nación le ocultó material probatorio a la JEP en el proceso contra un jefe guerrillero y está claro que al Gobierno no le interesa que se conozca el aporte de sus militares y de sus funcionarios al conflicto interno que ya cumple más de medio siglo.

Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Lo de los mal llamados “Falsos positivos” debería representar la vergüenza más grande para el Estado Colombiano, pues como consecuencia de este episodio de horror en el que se vieron involucrados más de 100 batallones del Ejército Nacional, existen cerca de 6000 familias colombianas que aún claman justicia y lloran sus hijos injustamente acribillados.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entre el 2002 y 2008 se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales (como las denomina el derecho internacional humanitario) a manos del Ejército de Colombia y no 2248 como lo quiso hacer ver la Fiscalía General de la nación, minimizando el hecho.

6402 jóvenes colombianos de escasos recursos, sin empleo e incluso con discapacidades físicas, que fueron reclutados por efectivos del ejército en diferentes partes del país, con la promesa de brindarles un trabajo estable y digno, para después aparecer fusilados con tiros de gracia, en fosas comunes, con botas de caucho nuevas y fusiles oxidados, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Estos asesinatos tenían como objeto, aparentar resultados exitosos en contra de la guerrilla colombiana, para que los miembros del ejército accedieran a ascensos, condecoraciones, premios, viajes e incentivos económicos, dentro de un programa de estímulos del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, que se había reglamentado mediante el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. El que más bajas presentara, más estímulos recibía.

Hoy cerca de 15 años después de tan vergonzantes hechos y luego de que en el proceso de paz con las Farc se instituyera la JEP, se avivan las esperanzas que para estos 6402 jóvenes fusilados exista algo de justicia, el mismo hecho de reconocerlos, ya dignifica su nombre póstumamente. La JEP como parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, busca defender los derechos de las víctimas del conflicto y teniendo como base la verdad de lo ocurrido procura por una justicia restaurativa del daño causado.

Pero el trabajo de esta Jurisdicción especial para la paz, no ha sido ni será fácil, personas muy influyentes en el Gobierno Nacional tienen cuentas pendientes con los colombianos, y harán todo lo posible por no saldarlas y porque las evidencias duerman el sueño de los justos en los anaqueles de las Instituciones que deberían investigarles, colocando palos a la rueda para que la verdad nunca salga a flote.

Ya se comprobó, por ejemplo, que la fiscalía general de la nación le ocultó material probatorio a la JEP en el proceso contra un jefe guerrillero y está claro que al Gobierno no le interesa que se conozca el aporte de sus militares y de sus funcionarios al conflicto interno que ya cumple más de medio siglo.

Prueba de ello, es que cuando la JEP imputó al secretariado de las extintas Farc delitos de lesa humanidad, el Gobierno airoso en cabeza del presidente, dando credibilidad a lo imputado solicitó la cabeza de quienes están en el congreso en representación del grupo guerrillero, pero cuando la misma JEP público el número real de personas asesinadas en los falsos positivos el gobierno insiste en desprestigiar y enlodar el nombre de la Jurisdicción especial.

El comandante del ejército, ante la publicación del número real de jóvenes asesinados, comparó a la JEP con víboras venenosas, el mismo comandante del ejército que ofreció condolencias por la muerte de alias “Popeye”, se conduele por la muerte del gatillero de un narcotraficante, pero se muestra odioso, prepotente e indolente cuando se trata de la muerte de más de 6 mil jóvenes pobres. Le vendría bien algo de nobleza señor comandante, algo de vergüenza.

Queda claro, que no quieren contar la verdad sobre lo ocurrido y en esta guerra de tantos años, duelen igual y reprochamos igual las muertes causadas por la guerrilla, como las muertes ocasionadas por el actuar delictivo del Estado y si queremos realmente cerrar este episodio de guerra es claro conocer de parte y parte la verdad sobre los hechos.

Respaldo a la JEP, pero respaldo más la idea de que se conozca la verdad, las Madres de los jóvenes de los falsos positivos, así como las Madres de tantos soldados y policías asesinados,  merecen que les pidan perdón, que les “reparen” por el daño causado, por ello, como ciudadano exijo al Gobierno nacional garantías para la JEP, pero le exijo también a esta, que con el mismo racero esculque el actuar de todas las partes, para que quien tenga cuentas pendientes con las paz de nuestro país, responda por lo que hizo, repare sus víctimas o de lo contrario pague por ello.

*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Lo que esconden las EPS

No es aceptable crear políticas públicas sin el más mínimo asomo de humanidad, pero si con un afán mercantilista y desencadenar en tal nivel de tragedia, pues con el mayor cinismo unos pocos se lucran a cantaros.

Por: Fredy Chinchilla/ Es necesario que todos los colombianos se hagan una pregunta, ¿cuáles han sido las consecuencias de la privatización de la salud en Colombia? Cosa que no es muy comunque la mayoría de los colombianos lo hagan pues con todo respeto lo digo, parecieran zombis y esto lo expreso que viendo una realidad tan compleja en materia de atención en salud no despiertan, ni tomas conciencia en algo tan fundamental para la vida de todos y paso seguido a esto presentaré algunas cifras que espero los lleve a despertar y reflexionar.

Entre 1998 y 2010 según cifras de oficiales del instituto nacional de salud, INS. En Colombia ha habido 1´400.000 muertes totalmente evitables, si mi apreciado lector, pudieron haberse evitado. Por tanto es sin duda la mortandad más grande en la historia del país, estas muertes se hubieran podido evitar por una gestión decidida y determinada en pro de la vida y la salud de los colombianos, es realmente espeluznantes y de una gravedad gigantesca, esto equivale a 3 veces el número de muertos por el conflicto armado en Colombia durante 60 años, estas cifras son verificables y pueden ser buscadas en las paginas oficiales del instituta nacional de salud en su apéndice de mortalidad evitable.

Sin duda a muchos pueda ser que deja asombrado y por qué no estupefacto o de piedra tan aterrador panorama.

Ahora hay otro dramático apéndice que es el peor de los fantasmas del país y como para variar la corrupción hace su entrada triunfal y no desconocida actuación, se han robado Billones de la salud y un caso emblemático de esto fue el ya muy sonado caso de Saludcoop, donde se robaron 1,5 billones de pesos, dinero que fue destina para todo menos para la atención en salud, incluso para compras de sedes sociales y que no es nada nuevo esta noticia.

Pero más grave aún es la presunta comisión de delitos como lavado de activos a través de EPS aclarando que no todas incurrieron en este delito, en Colombia existieron  hasta hace unos años 72 EPS de las cuales solo  subsisten aproximadamente alrededor de 48, de todas estas se investigó una, si mis apreciados lectores una sola de esas 72 y lo que se encontró fue muy revelador y el caso que ya comentaba de Saludcoop es impresionante, ahora bien a través del tiempo son muchos más los hallazgos de robo descarado de los recursos de la salud y los directos responsables de esto, si muy bien ahí te mandan saludos, es decir impunidad con los peces gordos, La ley 100 de 1994 que mercantilizó la salud, de paso la deshumanizó  y no se requiere documentar en este texto los millones casos pues esa historia se cuenta sola.

Al final quien responde por tan aberrante genocidio y con cifras tan contundentes, como ya se manifestaba, es criminal haber convertido en negocio la salud, bajo el argumento de ampliar cobertura, si bien la cobertura aumentó, pero la deshumanización fue consecuente con el aumento de esa ampliación de cobertura, ya que 1´500.000 muertos no es cualquier cosa, es mediante realmente aberrante, aterrador y hasta el cansancio decirse que desencadenan perversamente en lo criminal. Muchos médicos y profesionales de la salud son presionados y coaccionados mediante las auditorias medicas que finalmente debe someterse so pena de ser despedidos y eso es una realidad que ya no se puede ocultar, esto demuestra que los sacrificados son los profesionales de la salud y los pacientes

No es aceptable crear políticas públicas sin el más mínimo asomo de humanidad, pero si con un afán mercantilista y desencadenar en tal nivel de tragedia, pues con el mayor cinismo unos pocos se lucran a cantaros. Esto no significa que la iniciativa privada no incursione en el campo de la salud, pues las empresas hay que cuidarlas, pero muy distinto que prevalezca lo económico sobre la vida y la dignidad humana a través de la salud.

Finalmente es el congreso de la republica el llamado a cambiar esta horrible realidad de muerte y que están respaldadas por cifras oficiales de las que ya se hizo mención en el presente artículo. Solo espero que estas líneas de opinión sirvan así sea en lo más mínimo a crear conciencia y reflexión, para que el venidero proceso electoral donde se escogerá el próximo congreso de la republica elijan los ciudadanos, congresistas garantes de sus derechos y no sus propios verdugos y hay que estar muy atentos pues se avecina en el actual periodo legislativo una posible reforma a la salud que arrasaría muchos más derechos en materia de salud y la invitación es a hacer sentir nuestra voz de protesta e indignación en paz y sana convivencia.

*Ingeniero de Mercados

Twitter: @fredy_asesor

Celular: 311 274 1960

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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