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La JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

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Como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Álvaro Alfonso García Romero. Tras haber sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes, el exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. Todo, a partir de los aportes voluntarios de verdad que deberá comenzar a entregar García Romero, quien permanecerá recluido en la cárcel La Picota. Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.

De acuerdo con la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas».

En ese sentido, el plan de contribuciones parcial que presentó el exsenador incluye: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana».

García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante resolución de 22 de febrero de 2021, aceptó la solicitud de sometimiento voluntario del exsenador.

Contra García han cursado dos procesos en la justicia penal ordinaria. Uno es el proceso radicado bajo el N° 11001020400020100046500, que fue remitido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la JEP, mediante proveído de 22 de agosto de 2018, al considerar que el asunto es de competencia de esta Jurisdicción.

Otro es el radicado N° 11001102040002170130200, que tiene sentencia condenatoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este se encuentra bajo la competencia del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual viene adelantando el control de la sentencia proferida por la justicia ordinaria. Esta competencia no varía por el momento con la determinación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia consideró en su oportunidad que su competencia se circunscribía a la Acción de Revisión y se abstuvo de pronunciarse sobre aspectos que de mediar manifestación expresa de un sometimiento, que hasta ese momento no se acreditaba, tendría que estudiarse tal posibilidad dentro de la órbita de competencia de la JEP, tal como se hizo por medio de su decisión

¿Por qué fue aceptado?

El exsenador fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000. En esa serie de crímenes, la Corte Suprema de Justicia destaca lo que se conoció como la masacre de Macayepo, en la región de los Montes de María, y por los cuales fe condenado como autor mediato de un concurso de homicidios agravado en octubre de 2000.

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.

Finalmente, para el despacho, el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.

La SDSJ deja en claro que la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra Álvaro Alfonso García Romero en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.

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Me pidieron hablar en contra de Petro y Uribe: Gilberto Rodríguez Orejuela

Las revelaciones del excapo del Cartel de Cali, han generado controversia en algunos sectores de la oposición que consideraron que este sería un caso de la búsqueda de presuntos falsos testigos. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron capturados con diferencia de algunos meses en 1995 y casi 10 años después fueron extraditados a los Estados Unidos, en donde pagan una condena de 30 años de prisión.

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El exjefe del extinto Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, se manifestó en torno a la polémica generada en redes sociales, sobre una supuesta petición del expresidente Álvaro Uribe, para hablar en contra del senador Gustavo Petro.

A través de un correo electrónico, Rodríguez Orejuela aseguró: «Ha habido varias peticiones para que tanto mi hermano Miguel como yo hablemos en contra del doctor Gustavo Petro, pero ninguna ha sido hecha por el doctor Uribe Vélez”.

La controversia se desató por un trino de la periodista María Paula Fonseca, quien dijo que un hijo de Rodríguez Orejuela se habría reunido con el expresidente para pedirle traer a su padre preso en EE.UU.

Inmediatamente, el congresista de la Colombia Humana cuestionó al expresidente Álvaro Uribe si la denuncia hecha era verdad.

“¿Es cierto esto señor Álvaro Uribe Vélez?: ¿Usted se reunió con los hijos de Rodríguez Orejuela? ¿Es cierto que ellos le propusieron que los ayudara a traer a su papá? ¿Es cierto que usted a cambio de esa ayuda, pidió que Rodríguez Orejuela me vinculara a sus dineros?”, trinó Petro.

El hecho ha generado controversia en algunos sectores de la oposición que consideraron que este sería un caso de la búsqueda de presuntos falsos testigos.

Igualmente, en el correo electrónico, Rodríguez Orejuela aseguró que también ha habido peticiones para hablar en contra del expresidente Álvaro Uribe pero ninguna ha sido hecha por el senador Gustavo Petro.

Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron capturados con diferencia de algunos meses en 1995 y casi 10 años después fueron extraditados a los Estados Unidos, en donde pagan una condena de 30 años de prisión.

Desde hace dos años, Gilberto Rodríguez estaría pidiendo ser repatriado por su avanzada edad y los problemas de salud que ha tenido, incluso tuvo Covid-19 del cual ya se recuperó.

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Imputan nuevos cargos por las irregularidades en el contrato Tunjuelo – Canoas

La Fiscalía señaló que Carlos Alberto Acero Arango, exdirector operativo de la Red Troncal de Alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) , quien hacía parte del comité evaluador e interventor del contrato, rechazó en un momento la propuesta presentada por el Consorcio Canoas, conformado por Odebrecht y otras empresas, indicando que no cumplían con el requisito de experiencia técnica.

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La Fiscalía General vinculó formalmente a Carlos Alberto Acero Arango, exdirector operativo de la Red Troncal de Alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) por las irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del contrato bTunjuelo-Canoas.

En la diligencia judicial, el ente investigador señaló que Acero Arango, quien hacía parte del comité evaluador e interventor del contrato, rechazó en un momento la propuesta presentada por el Consorcio Canoas (conformado por Odebrecht y otras empresas) indicando que no cumplían con el requisito de experiencia técnica.

Sin embargo, muy pocos días después, avaló dicha propuesta, permitiendo así la adjudicación del contrato avaluado en 243 mil millones de pesos y que tenía como objeto principal diseñar, construir y poner en marcha el túnel para el manejo de las aguas residuales para descontaminar el Río Bogotá.

Para la Fiscalía, este repentino cambio de opinión tuvo que ver con su amistad con el empresario Orlando Fajardo Castillo (ya condenado por estos hechos, quien hacía parte del Consorcio Canoas.

Pero el papel de Acero Arango en la celebración de este millonario contrato no se quedó ahí. Desde su cargo habría avalado el desembolso de 49 mil millones de pesos como anticipo desde una cuenta bancaria sin justificación alguna.

Pese a que sabía el riesgo de este millonario desembolso avaló las 34 transacciones, incumpliendo así lo señalado en el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría.

El papel de Acero, según la Fiscalía, tuvo una tercera parte en este entramado de irregularidades, puesto que pese a las demoras en la celebración del contrato y el evidente incumplimiento en las obras no adelantó indagaciones ni emitió sanciones pese a que su cargo y funciones así se lo exigían.

Con esta actitud omisiva favoreció a los contratistas y afectó a la ciudadanía que necesitaba la obra para que el tratamiento de las aguas residuales en los interceptores de Fucha-Tunjuelito y Tunjuelo Bajo.

Tras la pregunta del juez de control de garantías, Acero Arango se declaró inocente. Por estos mismos hechos de corrupción enfrentan un proceso penal el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y el contratista Carlos Alberto Solarte.

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Siguen en el limbo los procesos de Alcalde en Simacota y en Girón

Temas puntuales de Simacota y de Girón no se pudieron definir durante la reunión que sostuvo el Secretario del Interior en Santander, porque hay procesos pendientes por fallar y aclarar. Habitantes a la expectativa.

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Este viernes 16 de abril de 2021 por lo menos 214.974 santandereanos estaban pendientes de la reunión que se concentró en la Gobernación de Santander. De esa reunión tendría que salir la definitiva para saber de qué forma y cuándo se define quién sigue de alcalde en propiedad en Girón y en Simacota.

Los 207.085 habitantes en Girón quedaron en el limbo con la salida de Carlos Román, por supuesta doble militancia. Tras conocerse la decisión por parte del Consejo de Estado, en el que se anula la elección de Carlos Alberto Román Ochoa como primer mandatario de los gironeses, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, procedió a nombrar un encargado. Eso sucedió el dos de febrero de 2021.

Mediante la resolución 06631 del 2 de febrero de 2021, fue designada Claudia Milena Jaimes Delgado como Alcaldesa Encargada, quien cumplía funciones como secretaria privada de despacho.

Mientras que los 7.889 habitantes de Simacota esperaban la razón de si su alcalde continuaría en el cargo, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia de fecha 13 de noviembre de 2020, revocó la candidatura del señor Nelson Orlando Ortiz Beltrán como alcalde del municipio de Simacota, dentro de la Acción de Nulidad Electoral de Lucila Franco Castillo contra Nelson Orlando Ortiz Beltrán como Alcalde del Municipio de Simacota.

Las decisiones fueron tomadas y los municipios continuaron con su día a día, pero ese encargado que no por ello es menos, no deja de ser una interinidad y muchos procesos no se firman por aquello de que como “apenas estoy por ahora”, los procesos se pueden retrasar y el municipio sigue en la cuerda floja.

La Gobernación de Santander lo entiende y los municipios de Girón y Simacota quieren una definitiva de inmediato, no obstante los mandatarios retirados no quieren irse sin luchar en el terreno jurídico.

Camilo Arenas Valdivieso, Secretario Departamental del Interior, encabezó la reunión de este viernes 16 de abril de 2021 y con verdadero sentimiento de impotencia tuvo que reconocer que: No se pudo definir nada, estamos a la espera de un fallo de tutela en el tema de Girón, igualmente de una aclaración en el tema de Simacota.

Dijo el alto funcionario que hasta que no me definan la situación ya actual de los dos procesos jurídicos y en cuanto a esos recursos que ellos interpusieron, no podemos nosotros tomar la decisión de fechas.

Dijo además que estamos a la espera, ya hablé con Registraduría, lo que sucedió fue que se socializaron los calendarios de las elecciones 2022, porque ya empiezan también inscripciones este año.

Reveló que la reunión sirvió para adelantar agenda porque se hablaron de muchos temas también que teníamos pendientes, pero temas puntuales de Simacota y de Girón no pudimos hablar porque efectivamente hasta que no se reciban esas tutelas no podemos tomar una decisión formal. Obviamente estamos muy pendientes sobre el asunto.

Los abogados de Román, alcalde de Girón, y de Ortiz Beltrán, alcalde de Simacota, no quieren aflojar ni un centímetro frente al proceso y lo que desean es que sus clientes regresen a sus cargos que lograron por elección popular.

La comunidad, esos 214.974 santandereanos de Simacota y Girón lo único que esperan es que las decisiones se tomen pronto y de nuevo sus municipios puedan volver a tener su Alcalde en propiedad.

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