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JEP prioriza investigaciones por más de 6.400 falsos positivos en seis regiones del país

Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03.

En seis territorios del país se concentra la primera fase de investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’. Así lo dio a conocer, a través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, cuando presentó a los sujetos procesales, intervinientes especiales, víctimas acreditadas ante la JEP y a la sociedad en general, cómo se aplicaron los criterios de priorización en ese proceso judicial.

Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas. Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.

El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.

Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos. Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba» la Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.  Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.

Aplicando los principios de máxima publicidad y transparencia en la priorización, la Sala les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este Auto.

¿Hay diferencias de priorizar entre los 7 macrocasos? 

Como la JEP aborda fenómenos delictivos distintos, hay particularidades. En el Caso 03, conocido como el de los falsos positivos, por ejemplo, la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba». De esta forma, primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.

La aplicación de los criterios se hizo a partir de la información recibida, recaudada y analizada por la Sala. Esto hace que hace que cada subcaso cuente con elementos particulares de análisis. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación que depende de la disponibilidad de información y recursos.

Antioquiaregistró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.

Costa Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa».

Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.

Huilala Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.

Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.

Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas» (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.

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Hurtaban 3.500 millones de pesos mensuales en bultos de sal

La Fiscalía puso en evidencia lo que sería un hurto sistemático y a gran escala en las salinas de Manaure.

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas por presuntamente extraer ilícitamente el producto de los frentes de explotación y las bodegas del operador minero autorizado. Las pérdidas por esta actividad ilegal ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Las labores investigativas articuladas de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional permitieron identificar varias actividades ilícitas que se estarían presentando en las salinas de Manuare, en la alta Guajira.

Los elementos de prueba dan cuenta de que se constituyeron redes que utilizan motobombas y otro tipo de maquinaria para extraer ilícitamente la salmuera de los frentes de trabajo de la multinacional que tiene a su cargo la operación minera. Asimismo, hay indicios de que también roban sacos de sal de las bodegas de la compañía a la media noche y en la madrugada.

En cualquiera de las dos modalidades detectadas, el producto obtenido ilegalmente, al parecer, es trasladado a molinos en Riohacha, Maicao y Uribia donde es procesado y almacenado, mientras se concreta la venta y envío a otros departamentos de la Costa Atlántica, los Santanderes, Bogotá y diferentes puntos del país.

De acuerdo con la empresa afectada, las pérdidas por estas actividades ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Por estos hechos, fueron capturadas cinco personas que, supuestamente, hacían parte del andamiaje criminal. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de hurto agravado, receptación, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Por disposición del juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia.

Los afectados con la decisión son: Marelvis el Carmen Gómez García y Yisneira Lara García, quienes estarían involucradas en la comercialización de la sal.

Robinson Perdomo Trilleros y Didier Rodríguez, dueños de molinos. Manuel de los Reyes García González, transportador.

La defensa de los recursos naturales es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

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Cecilio ‘Gigio’ Vera recobró la libertad aunque sigue vinculado a la investigación

Gracias a su arraigo como empresario santandereano a Cecilio Vera la Juez de Control de Garantías le permitió seguir la investigación desde la casa. Familia emitió comunicado en donde empresario se compromete a presentarse cada vez que la justicia lo convoque.

El empresario santandereano Cecilio Alberto Vera Rojas, conocido por ser el directivo de las canchas ‘Gigiomania’, de donde deriva su apodo cariñoso de ‘Gigio’ recobró la libertad.

‘Gigio’ Vera permanecía detenido desde hacía una semana en Bucaramanga luego de que la Policía hiciera una redada en búsqueda de los integrantes de una bien organizada que habría perpetrado hurtos millonarios.

Doce fueron las personas conducidas en su momento por unidades de la Policía. Las personas fueron halladas en diferentes lugares y ‘Gigio’ Vera estuvo dentro de esa conducción de los sospechosos.

El hurto que obligó la investigación delineada que hicieron los expertos de la Policía se produjo en un local del centro de Bucaramanga en donde la banda habría hurtado 250 millones de pesos.

Desde ese momento la Policía inició la investigación que terminó con la conducción de las doce personas ante la autoridad competente.

Como lo informó Corrillos en su momento, los conducidos fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías en donde con base en el Sistema Penal Oral y Acusatorio fueron presentados en audiencias múltiples.

La primera fue la legalización de captura, la segunda fue la imputación de cargos y la tercera basada en la solicitud del fiscal para que se les cobije a los investigados con la medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Sobre la suerte de ‘Gigio’ Vera nos enteramos por la misma familia que al empresario santandereano, en la tercera audiencia, el Juez de Control de Garantías decidió darle la medida de aseguramiento pero en detención domiciliaria.

Pese a que ‘Gigio’ Vera deberá portar un brazalete electrónico para que las autoridades sepan su paradero, el empresario ya está en su casa al lado de su familia.

La medida que favoreció a ‘Gigio’ Vera está basada en su pasado limpio como empresario, generador de empleo, ubicación de la familia en Santander lo que significa que tiene arraigo y se comprometió a presentarse a la justicia ante citación alguna que se presente.

 

Comunicado de familia

Casi de inmediato que conocieron la medida determinada por la Juez de Control de Garantías la familia emitió un comunicado que a continuación presentamos:

Comunicado de la familia de Cecilio Alberto Vera Rojas: “Con humildad, tranquilidad y alegría la familia Vera Rojas se complace en informarle a todos los familiares, amigos y conocidos de Cecilio ‘Gigio’ Vera que finalmente se hizo justicia y recuperó su libertad, un derecho que hoy se demuestra que nunca le debió ser arrebatado”.

“Gracias a toda la colaboración brindada a las autoridades por parte de ‘Gigio’ en las múltiples audiencias a las que fue citado, la Juez de Control de Garantías a cargo del caso decidió no imponerle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva alguna, tal como lo había propuesto su defensa”.

“Mientras continúe la investigación, Cecilio Alberto Vera Rojas – ‘Gigio’ – continuará demostrando con estricta disciplina que su actuar ha sido íntegro, adherido a la legalidad y normas morales que siempre lo han caracterizado. De igual forma, ‘Gigio’ continuará actuando de forma correcta en sus labores comerciales y profesionales, apoyando no solo a la comunidad empresarial de la región sino a los más vulnerables, con quienes siempre ha demostrado gran empatía”.

“Hoy damos gracias a Dios por haber hecho verdadera justicia y a todos aquellos que siempre creyeron en su inocencia y en su honestidad. Gracias por mantenerse firmes en su convicción a pesar de todas las calumnias, mentiras y atropellos a su buen nombre que se difundieron por medio de las redes sociales”.

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La JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Álvaro Alfonso García Romero. Tras haber sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes, el exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. Todo, a partir de los aportes voluntarios de verdad que deberá comenzar a entregar García Romero, quien permanecerá recluido en la cárcel La Picota. Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.

De acuerdo con la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas».

En ese sentido, el plan de contribuciones parcial que presentó el exsenador incluye: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana».

García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante resolución de 22 de febrero de 2021, aceptó la solicitud de sometimiento voluntario del exsenador.

Contra García han cursado dos procesos en la justicia penal ordinaria. Uno es el proceso radicado bajo el N° 11001020400020100046500, que fue remitido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la JEP, mediante proveído de 22 de agosto de 2018, al considerar que el asunto es de competencia de esta Jurisdicción.

Otro es el radicado N° 11001102040002170130200, que tiene sentencia condenatoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este se encuentra bajo la competencia del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual viene adelantando el control de la sentencia proferida por la justicia ordinaria. Esta competencia no varía por el momento con la determinación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia consideró en su oportunidad que su competencia se circunscribía a la Acción de Revisión y se abstuvo de pronunciarse sobre aspectos que de mediar manifestación expresa de un sometimiento, que hasta ese momento no se acreditaba, tendría que estudiarse tal posibilidad dentro de la órbita de competencia de la JEP, tal como se hizo por medio de su decisión

¿Por qué fue aceptado?

El exsenador fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000. En esa serie de crímenes, la Corte Suprema de Justicia destaca lo que se conoció como la masacre de Macayepo, en la región de los Montes de María, y por los cuales fe condenado como autor mediato de un concurso de homicidios agravado en octubre de 2000.

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.

Finalmente, para el despacho, el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.

La SDSJ deja en claro que la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra Álvaro Alfonso García Romero en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.

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