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Desde seis frentes de trabajo la Fiscalía desarrollará Caso Odebrecht

Fiscalía toma nuevas decisiones en tres frentes distintos de investigación relacionados con el entramado de corrupción que vincula a Odebrecht: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más.

A partir de la unificación de distintas líneas investigativas que estaban dispersas, el Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estructuró seis frentes de trabajo.

La Fiscalía General de la Nación imputará a 12 personas por su presunta participación en hechos irregulares detectados en tres de los frentes definidos: Interconector Tunjuelo – Canoas, la Ruta del Sol III y, otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht.

Las acciones investigativas y judiciales de la Fiscalía General de la Nación por el caso Odebrecht adquirieron una nueva dinámica y se han fortalecido.

 

Tareas Especiales

El 3 de marzo de 2020, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso la creación del Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 grandes líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos y tener una visión integral del entramado de corrupción auspiciado por la multinacional.

En ese sentido, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, como orientador del grupo especial, conformó un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas.

Inicialmente, los procesos fueron trasladados al Grupo de Tareas Especiales. Esta labor tardó cerca de tres meses por tratarse de expedientes voluminosos y de alta complejidad como el relacionado con el interconector Tunjuelo – Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 elementos probatorios y una cantidad variada de testigos.

 

Visión integral

En medio de las restricciones por la pandemia se ha avanzado en tener una visión integral del caso Odebrecht en Colombia. Actualmente, son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja el material de prueba o hubo circunstancias que se dejaron de investigar.

Asimismo, fueron corregidas actuaciones anteriores con el fin de evitar futuros tropiezos en etapas procesales. Por ejemplo, se solicitó la nulidad de la imputación al señor Francesco Stopponi, por el contrato suscrito para la Ruta del Sol III; y se impugnó la competencia del juez penal de Montería que tenía a cargo el caso contra Andrés Salazar Ferro.

Simultáneamente, el Grupo de Tareas Especiales participó en los procesos que estaban en etapa de juicio y en audiencias presididas por el juez de conocimiento. Se ha verificado que se cumpla con la devolución de los dineros apropiados por Federico Gaviria Velásquez, Gustavo Adolfo Torres Forero, Gabriel Alejandro Dumar y Eduardo José Zambrano, tal como quedó consignado en las sentencias condenatorias en su contra.

Las actividades dispuestas por el Grupo de Tareas Especiales permitieron unificar seis frentes investigativos, estos son: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más que se refieren a posibles delitos de la multinacional en Colombia.

 

Audiencias de imputación

Gracias a la valoración de los elementos de prueba, fiscales del Grupo de Tareas Especiales citarán a audiencias de imputación a 12 personas que estarían involucradas en tres de los frentes investigativos definidos, estos son:

 

Interconector Tunjuelo – Canoas: i) Carlos Alberto Acero Arango

El 30 de diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por $243.117’273.906 para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas negras desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.

Por irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores.

En el marco de este proceso, la Fiscalía imputará al ex director operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Este exfuncionario fue integrante del comité evaluador y, posteriormente, asumió como interventor interno designado por la EAAB. En los dos roles que ejerció, al parecer, incurrió en actuaciones contrarias a la ley.

 

Ruta del Sol III – i) Luis Fernando Andrade Moreno

Ante las fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso y en atención a la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad de lo actuado, la Fiscalía General de la Nación subsanó las anomalías advertidas e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La diligencia está programada para el próximo 1 de marzo.

Las investigaciones permitieron conocer que el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.

Por mediar de manera ilegal en estas adiciones, José Roberto Prieto Uribe recibió cerca de 900 millones de pesos. Por esto hechos aceptó su responsabilidad y fue condenado.

 

ii). Contratos ficticios

El Grupo de tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que José Roberto Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.

 

En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a:

José Roberto Prieto.

Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos.

Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland.

Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E.

Natalia Isaza Velásquez.

 

Otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht

En una de las líneas de investigación, la Fiscalía encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a:

Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S.

David Fernando Portilla Colunge.

Esteban Moreno Pérez.

Ricardo Rey Pulido.

 

Cooperación Internacional

Finalmente, en el ámbito de la cooperación judicial de Colombia con la República Federal de Brasil, se han realizado reuniones de alto nivel para buscar fórmulas que permitan avanzar en la consecución de la información por los hechos de corrupción cometidos por directivos y empleados de la firma Odebrecht.

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Hurtaban 3.500 millones de pesos mensuales en bultos de sal

La Fiscalía puso en evidencia lo que sería un hurto sistemático y a gran escala en las salinas de Manaure.

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas por presuntamente extraer ilícitamente el producto de los frentes de explotación y las bodegas del operador minero autorizado. Las pérdidas por esta actividad ilegal ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Las labores investigativas articuladas de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional permitieron identificar varias actividades ilícitas que se estarían presentando en las salinas de Manuare, en la alta Guajira.

Los elementos de prueba dan cuenta de que se constituyeron redes que utilizan motobombas y otro tipo de maquinaria para extraer ilícitamente la salmuera de los frentes de trabajo de la multinacional que tiene a su cargo la operación minera. Asimismo, hay indicios de que también roban sacos de sal de las bodegas de la compañía a la media noche y en la madrugada.

En cualquiera de las dos modalidades detectadas, el producto obtenido ilegalmente, al parecer, es trasladado a molinos en Riohacha, Maicao y Uribia donde es procesado y almacenado, mientras se concreta la venta y envío a otros departamentos de la Costa Atlántica, los Santanderes, Bogotá y diferentes puntos del país.

De acuerdo con la empresa afectada, las pérdidas por estas actividades ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Por estos hechos, fueron capturadas cinco personas que, supuestamente, hacían parte del andamiaje criminal. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de hurto agravado, receptación, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Por disposición del juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia.

Los afectados con la decisión son: Marelvis el Carmen Gómez García y Yisneira Lara García, quienes estarían involucradas en la comercialización de la sal.

Robinson Perdomo Trilleros y Didier Rodríguez, dueños de molinos. Manuel de los Reyes García González, transportador.

La defensa de los recursos naturales es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

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Cecilio ‘Gigio’ Vera recobró la libertad aunque sigue vinculado a la investigación

Gracias a su arraigo como empresario santandereano a Cecilio Vera la Juez de Control de Garantías le permitió seguir la investigación desde la casa. Familia emitió comunicado en donde empresario se compromete a presentarse cada vez que la justicia lo convoque.

El empresario santandereano Cecilio Alberto Vera Rojas, conocido por ser el directivo de las canchas ‘Gigiomania’, de donde deriva su apodo cariñoso de ‘Gigio’ recobró la libertad.

‘Gigio’ Vera permanecía detenido desde hacía una semana en Bucaramanga luego de que la Policía hiciera una redada en búsqueda de los integrantes de una bien organizada que habría perpetrado hurtos millonarios.

Doce fueron las personas conducidas en su momento por unidades de la Policía. Las personas fueron halladas en diferentes lugares y ‘Gigio’ Vera estuvo dentro de esa conducción de los sospechosos.

El hurto que obligó la investigación delineada que hicieron los expertos de la Policía se produjo en un local del centro de Bucaramanga en donde la banda habría hurtado 250 millones de pesos.

Desde ese momento la Policía inició la investigación que terminó con la conducción de las doce personas ante la autoridad competente.

Como lo informó Corrillos en su momento, los conducidos fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías en donde con base en el Sistema Penal Oral y Acusatorio fueron presentados en audiencias múltiples.

La primera fue la legalización de captura, la segunda fue la imputación de cargos y la tercera basada en la solicitud del fiscal para que se les cobije a los investigados con la medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Sobre la suerte de ‘Gigio’ Vera nos enteramos por la misma familia que al empresario santandereano, en la tercera audiencia, el Juez de Control de Garantías decidió darle la medida de aseguramiento pero en detención domiciliaria.

Pese a que ‘Gigio’ Vera deberá portar un brazalete electrónico para que las autoridades sepan su paradero, el empresario ya está en su casa al lado de su familia.

La medida que favoreció a ‘Gigio’ Vera está basada en su pasado limpio como empresario, generador de empleo, ubicación de la familia en Santander lo que significa que tiene arraigo y se comprometió a presentarse a la justicia ante citación alguna que se presente.

 

Comunicado de familia

Casi de inmediato que conocieron la medida determinada por la Juez de Control de Garantías la familia emitió un comunicado que a continuación presentamos:

Comunicado de la familia de Cecilio Alberto Vera Rojas: “Con humildad, tranquilidad y alegría la familia Vera Rojas se complace en informarle a todos los familiares, amigos y conocidos de Cecilio ‘Gigio’ Vera que finalmente se hizo justicia y recuperó su libertad, un derecho que hoy se demuestra que nunca le debió ser arrebatado”.

“Gracias a toda la colaboración brindada a las autoridades por parte de ‘Gigio’ en las múltiples audiencias a las que fue citado, la Juez de Control de Garantías a cargo del caso decidió no imponerle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva alguna, tal como lo había propuesto su defensa”.

“Mientras continúe la investigación, Cecilio Alberto Vera Rojas – ‘Gigio’ – continuará demostrando con estricta disciplina que su actuar ha sido íntegro, adherido a la legalidad y normas morales que siempre lo han caracterizado. De igual forma, ‘Gigio’ continuará actuando de forma correcta en sus labores comerciales y profesionales, apoyando no solo a la comunidad empresarial de la región sino a los más vulnerables, con quienes siempre ha demostrado gran empatía”.

“Hoy damos gracias a Dios por haber hecho verdadera justicia y a todos aquellos que siempre creyeron en su inocencia y en su honestidad. Gracias por mantenerse firmes en su convicción a pesar de todas las calumnias, mentiras y atropellos a su buen nombre que se difundieron por medio de las redes sociales”.

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La JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Álvaro Alfonso García Romero. Tras haber sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes, el exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. Todo, a partir de los aportes voluntarios de verdad que deberá comenzar a entregar García Romero, quien permanecerá recluido en la cárcel La Picota. Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.

De acuerdo con la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas».

En ese sentido, el plan de contribuciones parcial que presentó el exsenador incluye: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana».

García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante resolución de 22 de febrero de 2021, aceptó la solicitud de sometimiento voluntario del exsenador.

Contra García han cursado dos procesos en la justicia penal ordinaria. Uno es el proceso radicado bajo el N° 11001020400020100046500, que fue remitido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la JEP, mediante proveído de 22 de agosto de 2018, al considerar que el asunto es de competencia de esta Jurisdicción.

Otro es el radicado N° 11001102040002170130200, que tiene sentencia condenatoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este se encuentra bajo la competencia del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual viene adelantando el control de la sentencia proferida por la justicia ordinaria. Esta competencia no varía por el momento con la determinación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia consideró en su oportunidad que su competencia se circunscribía a la Acción de Revisión y se abstuvo de pronunciarse sobre aspectos que de mediar manifestación expresa de un sometimiento, que hasta ese momento no se acreditaba, tendría que estudiarse tal posibilidad dentro de la órbita de competencia de la JEP, tal como se hizo por medio de su decisión

¿Por qué fue aceptado?

El exsenador fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000. En esa serie de crímenes, la Corte Suprema de Justicia destaca lo que se conoció como la masacre de Macayepo, en la región de los Montes de María, y por los cuales fe condenado como autor mediato de un concurso de homicidios agravado en octubre de 2000.

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.

Finalmente, para el despacho, el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.

La SDSJ deja en claro que la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra Álvaro Alfonso García Romero en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.

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