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Internacional

Con sobresaltos y polémicas avanza la vacunación contra el Covid-19 en Argentina

Uno de los países de América Latina pioneros en la vacunación contra el Covid-19, ahora encuentra dificultades para alcanzar un número de dosis suficiente en tiempo y forma. ¿Cómo avanza el proceso?, ¿cuál es la orden de prioridad?, ¿de qué dimensión es el escándalo del ‘vacunatorio VIP’?

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El proceso de conseguir, distribuir y aplicar las vacunas contra el Covid-19 no es sencillo y tampoco depende exclusivamente de las decisiones y acciones de los gobiernos nacionales. El de la pandemia es un problema global y, consecuentemente, el de las vacunas también, uno en el que lo que ocurre en un lugar puede influir sobre otro.

Si un país tiene mayor poder de compra, puede acaparar más dosis, dejando a otros más pobres con menos capacidad de acceso; si la producción se concentra en un número restringido de fábricas, cualquier problema en una de ellas retrasa la entrega de vacunas. Ese es el contexto con el que tienen que lidiar todos los países.

Luego vienen las particularidades de cada uno. Los traspiés, los aciertos, los errores, las ansiedades de sus poblaciones, los escándalos. Todo en el marco de lo que en Argentina el Gobierno dio en llamar el ‘más grande plan de vacunación de la historia nacional’.

¿Qué vacunas llegaron, cuántas faltan por llegar?

Al 24 de febrero de 2021, según estadísticas oficiales, 513.594 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V o de la vacuna Covishield; y, de esos individuos, 267.061 también fueron inoculados con la segunda dosis de alguna de esas dos vacunas. El Gobierno había anunciado en enero de 2021 que tenía garantizadas 51 millones de dosis de varios proveedores, aunque aún está lejos de alcanzar esa cifra entre las entregadas y las que efectivamente tienen fecha concreta de arribo al país.

La Sputnik V fue la primera en comenzar a utilizarse en Argentina, en diciembre de 2020, cuando llegaron desde Moscú 300.000 dosis. En total, hasta la fecha, llegaron al país 1.220.000 dosis de esa vacuna, aunque el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, entidad encargada de celebrar los contratos para la distribución de la vacuna), de acuerdo con el gobierno argentino, es por un total de 20 millones, que ya deberían haber llegado.

Desde RDIF no descartaron la posibilidad de que la Sputnik V pueda, eventualmente, comenzar a fabricarse en Argentina.  Durante varios meses hubo una actitud cautelosa a veces, desconfiada y de sospecha otras, sobre la vacuna rusa por la falta de resultados en los estudios de Fase III en una revista especializada con referato. Cuando a principios de febrero fue publicada en ‘The Lancet’, esas dudas fueron ampliamente despejadas.

De la vacuna Covishield (la misma que la de AstraZeneca/Oxford, pero fabricada bajo licencia por el Serum Institute de India), arribaron el 17 de febrero 580.000 dosis y se esperan para principios de marzo otras 580.000.

En Argentina ya se produce la vacuna de AstraZeneca/Oxford en una planta del laboratorio mAbxience, en la provincia de Buenos Aires. El plan inicial es de 150 millones de dosis. La forma en que se estableció el acuerdo de fabricación y distribución es que el principio activo viaja de Argentina a México, donde se envasa y distribuye a América Latina (excepto Brasil, que tiene un acuerdo propio). Por complicaciones propias del mercado de vacunas en el actual contexto global, si bien mAbxience ya envió lotes a México, todavía no han llegado partidas a Argentina. Teóricamente, si se cumple lo anunciado, el total de dosis a recibir en 2021 de esta vacuna rondaría las 22.431.000, por un contrato celebrado directamente con AstraZeneca/ Oxford.

Argentina se sumó además al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, que busca alcanzar una distribución más equitativa de las vacunas disponibles. Esa iniciativa presentó un pronóstico a inicios de febrero, según el cual el país podría recibir antes del fin de ese mes 2.275.200 de dosis de la vacuna de AstraZeneca/ Oxford (por fuera del contrato que el país firmó directamente con el laboratorio). El Gobierno había anunciado que el total de dosis que preveía adquirir de COVAX era de 9 millones.

El domingo 21 de febrero, tras recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para utilizarla en personas hasta 60 años, la ministra de Salud Carla Vizzotti autorizó con carácter de emergencia la vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm en colaboración con el Beijing Institute of Biological Products de China. Se espera que en los próximos días lleguen un millón de dosis al país y que se utilicen para inocular a 500.000 personas con las dos dosis del esquema previsto.

Por otra parte, también se trabaja en una vacuna local, que se encuentra en las primeras etapas del proceso de desarrollo, a través de un acuerdo entre el estatal Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTA) y el Laboratorio Bagó, multinacional de origen argentino. El director médico de Bagó, Eduardo de La Puente, le dijo al canal ‘NetTV’ que en un año y medio o dos se sabrá si es viable para ser utilizada en humanos.

El orden de prioridad en las vacunas

El Ministerio de Salud había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (763.000 personas); adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos y luego adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas); personal de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (estos dos grupos suman unas 500.000 personas) y de servicios penitenciarios; adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3 (IMC mayor a 40), enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas; personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 personas); y finalmente otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, que pertenezcan a pueblos originarios, presas y migrantes.

La vacunación, que es voluntaria, gratuita y estatal y en esta instancia incluye también a quienes hayan padecido la enfermedad, está a cargo de cada provincia, que puede determinar sus propias prioridades. Una modificación importante en las prioridades se dio de cara al inicio de las clases en algunos niveles educativos en la tercera semana de febrero de 2021.

La vacuna de Sinopharm, anunció este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se utilizará para vacunar a personal docente y no docente de instituciones educativas, que según el Gobierno totaliza 1.458.000 personas en todo el país. Se los priorizará en cinco grupos.

El distrito con mayor población de Argentina, un tercio del total aproximadamente, es la provincia de Buenos Aires. Allí, a fines de enero, comenzó la vacunación a mayores de 70 años, residentes de geriátricos, pacientes internados en clínicas de salud mental y en hogares para personas con discapacidad.

Los mayores de 70 años son en la provincia alrededor de 1,47 millones sobre un total de unos 17,7 millones de habitantes, según estimaciones oficiales. Las personas que quieran vacunarse, de cualquier edad, deben registrarse, y luego se les asignan turnos para ser inoculados. Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al 23 de febrero se habían registrado más de 3 millones de personas.

En la Ciudad de Buenos Aires comenzó el lunes 22 de febrero la vacunación a mayores de 80 años y personas que viven en geriátricos. Se otorgaron unos 40.000 turnos en 24 horas, entre el viernes y el sábado anterior al inicio de la inoculación. En esta etapa, que comenzó con los mayores de 80, se incluirá luego a los mayores de 70. En total son casi 460.000 personas, de acuerdo con lo informado por el distrito.

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Internacional

Pandemia en México empuja a cada vez más mujeres a la prostitución

La crisis económica derivada del Covid-19 en México ha hecho que más mujeres ejerzan la prostitución para sobrevivir. Incluso algunas que se habían retirado se han visto obligadas a salir de nuevo a las calles para ganarse la vida, sin ningún tipo de apoyo de parte del Gobierno.

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A Claudia nunca le gustó maquillarse, ni ponerse ropa entallada. Durante diez años pudo dejar de hacerlo, pero la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 la obligó a regresar a las calles con la prostitución como única fuente de ingresos.

“Ha sido muy difícil la situación, ya no es lo mismo que hace 10 años. En primera por la edad que tengo, porque hay más jóvenes. El cliente busca, pues más jovencitas”, lamenta Claudia, de 41 años.

En contraste, Frida lleva 18 años continuos en esta actividad. Ella dice que le gusta “transformarse”, que ha tomado cursos de maquillaje y que cada día elige cuidadosamente el atuendo más atractivo para los que llama clientes.

Enfrentarse al riesgo de contagio en las calles 

Aunque desde diferentes perspectivas, estas mexicanas comparten una misma y amarga realidad. Hoy más que nunca se ha vuelto complicado tener “ratos” con clientes, como ellas les llaman, para llevar el sustento a sus hogares y dar de comer a sus hijos.

La pandemia que dejó el espacio público casi vacío, también redujo sus opciones y aumentó el peligro. Además de los riesgos inherentes al tráfico humano, ahora no tienen otra opción que enfrentar la posibilidad de contagio del coronavirus.

No es fácil. Las mujeres en situación de prostitución son un grupo de la población que no recibe apoyo de ningún tipo por parte del Gobierno. Lo que hacen no es considerado como un trabajo, aunque para algunas de ellas es uno tan digno como cualquier otro.

Elvira Madrid, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, asociación que se dedica a brindar apoyo a quienes se dedican a lo que llaman sexoservicio, ha tenido que redoblar esfuerzos.

“Antes de la pandemia detectamos en el diagnóstico a 7.700 compañeras ejerciendo el trabajo sexual. Ya como en agosto que volvimos a hacer el diagnóstico vimos que eran 15.200. ¿Por qué?, porque a la mayoría las habían expulsado de sus trabajos”, comenta.

“Inclusive de las mismas que a lo mejor se retiraron junto conmigo en aquel entonces han vuelto a regresar por lo mismo, por la misma situación de la pandemia. Que su pareja, o el negocio que pusieron se vino abajo, entonces pues sí la estamos padeciendo muchísimo”, añade Claudia.

“Obviamente por la pandemia todo se ha visto muy afectado, en el cierre de hoteles. Ya no hay trabajo, escaseó. También por la ayuda que dijo el Gobierno que nos iba a dar y nunca llegó, ni en ni en tarjetas ni en despensas. Te lo pongo así, si yo trabajaba de las 8 a las 12 pues me iba a mi casa. Y ahora llego a las 8 y me voy a las 6 de la mañana y eso a ver si trabajo”, secunda Frida.

La Brigada Callejera, un puntal para las mujeres

Para fortuna de estas mujeres, la Brigada Callejera ha sido un pilar que les ha permitido salir a flote. En su pequeño espacio, en pleno Centro Histórico de Ciudad de México, les brindan atención ginecológica, exámenes como el papanicolau, pruebas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también orientación psicológica, cursos de computación, talleres de derechos humanos y de alfabetización.

De no ser por el apoyo que reciben de la Brigada, estarían desamparadas, pues en los programas de bienestar y asistencia social simplemente no figuran.

“Hay apoyos para madres solteras, para comerciantes, para esto y para lo otro, pero para la trabajadora sexual nomás no”, reprocha Claudia.

“Nosotras como trabajadoras sexuales no tenemos ningún apoyo de nadie, ni de un Gobierno ni nada. Ni nos pueden decir ‘es que son las últimas’. No, ni las últimas ayudas ni las primeras. No existimos, somos personas que nos ven, nos discriminan por nuestro trabajo”, se queja Frida con indignación.

Pero a pesar de todo, de la falta de apoyos, del riesgo de contagio de coronavirus y otras enfermedades, Claudia, Frida y otras miles en la capital de México salen a diario a pararse en una esquina de la urbe a ver si logran ganarse la vida.

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Internacional

Congreso de Perú inhabilita al expresidente Vizcarra por el escándalo del ‘vacunagate’

El expresidente peruano Martín Vizcarra no podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos diez años por haberse vacunado en secreto y de manera irregular durante el año pasado. La inhabilitación comporta que Vizcarra no podrá ser parte del Congreso a pesar de haber sido el candidato más votado del país en las elecciones del pasado domingo.

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El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) no podrá ejercer política desde un cargo público durante los próximos diez años. Así lo decidió este viernes 16 de abril el Congreso peruano con 86 votos a favor y ninguno en contra.

El legislativo sometió al exmandatario a un juicio político por el escándalo del ‘vacunagate’, cuando se descubrió que Vizcarra y otras cien personas, entre las cuales se encontraban otros altos cargos públicos, se vacunaron en secreto el año pasado.

A pesar del castigo impuesto por el Congreso, la popularidad de Vizcarra sigue alta: en las elecciones del 11 de abril fue el candidato a congresista más votado de todo el país, con 164.000 papeletas a su nombre.

Sin embargo, la inhabilitación impide, por ahora, que tome su asiento en el legislativo peruano.

Vizcarra asegura que es una «venganza»

El Congreso también inhabilitó a la exministra de Salud Pilar Mazzetti durante ocho años y a la excanciller Elizabeth Astete por un año, también por su vinculación al ‘vacunagate’.

Los políticos recibieron el fármaco del laboratorio chino Sinopharm contra el Covid-19 a pesar de no estar vinculados al estudio que estaba realizando la farmacéutica en Perú.

Vizcarra mantiene que el Congreso abusó de su poder al tomar esta decisión: «el Congreso no está por encima de las leyes y la Constitución», aseguró. Además, asegura que el proceso es un acto de «venganza» y de persecución política en su contra.

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Internacional

Rusia expulsará a 10 diplomáticos en respuesta a las sanciones de Washington

El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó este viernes que su Gobierno pedirá a diez diplomáticos de Estados Unidos que abandonen el país, en represalia por la expulsión de diez funcionarios rusos por parte de Washington. El jueves, la Administración de Joe Biden tomó la decisión en respuesta a la presunta interferencia electoral de Moscú, el ciberataque masivo de Solarwinds y las acciones rusas en Ucrania y Afganistán.

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Rusia y Estados Unidos reviven una vez más los ecos de la Guerra Fría. El Gobierno de Vladimir Putin anunció este 16 de abril medidas de “reciprocidad” contra Estados Unidos.

La primera será la expulsión de diez diplomáticos estadounidenses, según aseguró en las últimas horas el canciller ruso, Sergei Lavrov.

Asimismo, indicó que Moscú evalúa posibles medidas «dolorosas» contra los negocios de EE.UU. en Rusia. Entre ellas, el fin de las actividades de fondos estadounidenses y de oenegés de ese país en suelo ruso, que considera interfieren en los asuntos internos de su país.

Los anuncios de la Administración de Putin se producen un día después de que Washington retirara a diez diplomáticos rusos, incluidos integrantes de los servicios de Inteligencia.

Además, el Gobierno estadounidense sancionó a seis empresas tecnológicas rusas y bloqueó la posibilidad de Moscú de obtener préstamos, al prohibir a las instituciones financieras de EE.UU. comprar bonos del Banco Central, el fondo de riqueza nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia, a partir del próximo 14 de junio.

Se trata de un paquete de medidas que la Administración de Joe Biden preparó durante varias semanas en respuesta a la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, los ataques cibernéticos contra varias agencias federales y grandes compañías de EE.UU., que habrían comenzado desde 2019 y penetraron en sus sistemas a través de un programa de la empresa SolarWinds y los movimientos militares de Rusia en la frontera con Ucrania, así como sus acciones en Afganistán.

Rusia y Estados Unidos, dos enemigos de larga data, mostraron un acercamiento durante el anterior Gobierno a cargo del republicano Donald Trump, pero esa relación fue fuertemente reprochada en el círculo político de Washington por presuntamente aliarse para interferir a su favor en la contienda electoral estadounidense, desde 2016, como señalaron las propias agencias de inteligencia de EE.UU.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las relaciones parecían tomar un buen camino cuando los dos gobiernos anunciaron la prórroga del tratado New START, el último entre los dos países que limita la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Pero Biden parece no dejar pasar por alto las nuevas «agresiones» de Moscú. Recientemente, las relaciones volvieron a elevar la tensión en medio de la movilización de tropas rusas a Ucrania, país al que Estados Unidos ha ofrecido su completo respaldo.

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