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Ballesteros solicita una mano a la Contraloría en el tema de los acueductos

Representante a la Cámara pide a la Contraloría General de la República poner lupa a las obras de Santander. Edwin Ballesteros pide especial atención a los acueductos, obras por las cuales siente que su nombre está enlodado.

El Representante a la Cámara por Santander, Edwin Gilberto Ballesteros Archila, solicitó mediante escrito membreteado del Congreso de la República al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba para que lidere una mesa técnica.

Según la comunicación de Ballesteros Archila se trata de que se les de claridad a los santandereanos sobre la situación de los acueductos de Santander que han presentados demoras en la finalización de las obras ejecutadas por la Empresa de Servicios Públicos de Santander – ESANT –.

Según el representante Ballesteros más de 50 proyectos fueron adjudicados y contratados durante la administración, entre los años 2014 y 2015, sin embargo, hay tres  acueductos que han presentado problemas para cumplir con su totalidad de ejecución, como lo son Los Santos, Lándazuri y Vélez, a este último el Representante expresó petición especial.

La solicitud al Contralor se hizo porque el congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia, por las obras contratadas por la Empresa de Servicios Públicos de Santander – Esant – cuando él fue su gerente entre los años 2014 y 2015, en el que el congresista justifica que lo quieren enlodar y responsabilizar en hechos que fueron ajenos al momento en el que él estuvo en la administración.

“En Santander se viene construyendo una narrativa que busca responsabilizarme de los inconvenientes que presentan acueductos, alcantarillado, y otras obras de saneamiento básico, contratadas por otras personas y otras administraciones diferentes a la que pertenecí o a mi responsabilidad, solo por la animadversión que me tienen por pertenecer y defender ideas, tesis, ideologías y proyectos políticos diferentes a los que ellos pertenecen”, expresó Edwin Ballesteros en su escrito al Contralor General de la República.

El congresista santandereano reiteró que la solución se logra si se suman esfuerzos, propósitos y voluntad de las instituciones y que no estén por encima de cálculos políticos electorales, y que prime y se garantice una solución para que pueda tener suministro de agua potable la comunidad.

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Hurtaban 3.500 millones de pesos mensuales en bultos de sal

La Fiscalía puso en evidencia lo que sería un hurto sistemático y a gran escala en las salinas de Manaure.

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas por presuntamente extraer ilícitamente el producto de los frentes de explotación y las bodegas del operador minero autorizado. Las pérdidas por esta actividad ilegal ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Las labores investigativas articuladas de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional permitieron identificar varias actividades ilícitas que se estarían presentando en las salinas de Manuare, en la alta Guajira.

Los elementos de prueba dan cuenta de que se constituyeron redes que utilizan motobombas y otro tipo de maquinaria para extraer ilícitamente la salmuera de los frentes de trabajo de la multinacional que tiene a su cargo la operación minera. Asimismo, hay indicios de que también roban sacos de sal de las bodegas de la compañía a la media noche y en la madrugada.

En cualquiera de las dos modalidades detectadas, el producto obtenido ilegalmente, al parecer, es trasladado a molinos en Riohacha, Maicao y Uribia donde es procesado y almacenado, mientras se concreta la venta y envío a otros departamentos de la Costa Atlántica, los Santanderes, Bogotá y diferentes puntos del país.

De acuerdo con la empresa afectada, las pérdidas por estas actividades ascenderían a 3.500 millones de pesos mensuales.

Por estos hechos, fueron capturadas cinco personas que, supuestamente, hacían parte del andamiaje criminal. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de hurto agravado, receptación, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Por disposición del juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia.

Los afectados con la decisión son: Marelvis el Carmen Gómez García y Yisneira Lara García, quienes estarían involucradas en la comercialización de la sal.

Robinson Perdomo Trilleros y Didier Rodríguez, dueños de molinos. Manuel de los Reyes García González, transportador.

La defensa de los recursos naturales es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

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Cecilio ‘Gigio’ Vera recobró la libertad aunque sigue vinculado a la investigación

Gracias a su arraigo como empresario santandereano a Cecilio Vera la Juez de Control de Garantías le permitió seguir la investigación desde la casa. Familia emitió comunicado en donde empresario se compromete a presentarse cada vez que la justicia lo convoque.

El empresario santandereano Cecilio Alberto Vera Rojas, conocido por ser el directivo de las canchas ‘Gigiomania’, de donde deriva su apodo cariñoso de ‘Gigio’ recobró la libertad.

‘Gigio’ Vera permanecía detenido desde hacía una semana en Bucaramanga luego de que la Policía hiciera una redada en búsqueda de los integrantes de una bien organizada que habría perpetrado hurtos millonarios.

Doce fueron las personas conducidas en su momento por unidades de la Policía. Las personas fueron halladas en diferentes lugares y ‘Gigio’ Vera estuvo dentro de esa conducción de los sospechosos.

El hurto que obligó la investigación delineada que hicieron los expertos de la Policía se produjo en un local del centro de Bucaramanga en donde la banda habría hurtado 250 millones de pesos.

Desde ese momento la Policía inició la investigación que terminó con la conducción de las doce personas ante la autoridad competente.

Como lo informó Corrillos en su momento, los conducidos fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías en donde con base en el Sistema Penal Oral y Acusatorio fueron presentados en audiencias múltiples.

La primera fue la legalización de captura, la segunda fue la imputación de cargos y la tercera basada en la solicitud del fiscal para que se les cobije a los investigados con la medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Sobre la suerte de ‘Gigio’ Vera nos enteramos por la misma familia que al empresario santandereano, en la tercera audiencia, el Juez de Control de Garantías decidió darle la medida de aseguramiento pero en detención domiciliaria.

Pese a que ‘Gigio’ Vera deberá portar un brazalete electrónico para que las autoridades sepan su paradero, el empresario ya está en su casa al lado de su familia.

La medida que favoreció a ‘Gigio’ Vera está basada en su pasado limpio como empresario, generador de empleo, ubicación de la familia en Santander lo que significa que tiene arraigo y se comprometió a presentarse a la justicia ante citación alguna que se presente.

 

Comunicado de familia

Casi de inmediato que conocieron la medida determinada por la Juez de Control de Garantías la familia emitió un comunicado que a continuación presentamos:

Comunicado de la familia de Cecilio Alberto Vera Rojas: “Con humildad, tranquilidad y alegría la familia Vera Rojas se complace en informarle a todos los familiares, amigos y conocidos de Cecilio ‘Gigio’ Vera que finalmente se hizo justicia y recuperó su libertad, un derecho que hoy se demuestra que nunca le debió ser arrebatado”.

“Gracias a toda la colaboración brindada a las autoridades por parte de ‘Gigio’ en las múltiples audiencias a las que fue citado, la Juez de Control de Garantías a cargo del caso decidió no imponerle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva alguna, tal como lo había propuesto su defensa”.

“Mientras continúe la investigación, Cecilio Alberto Vera Rojas – ‘Gigio’ – continuará demostrando con estricta disciplina que su actuar ha sido íntegro, adherido a la legalidad y normas morales que siempre lo han caracterizado. De igual forma, ‘Gigio’ continuará actuando de forma correcta en sus labores comerciales y profesionales, apoyando no solo a la comunidad empresarial de la región sino a los más vulnerables, con quienes siempre ha demostrado gran empatía”.

“Hoy damos gracias a Dios por haber hecho verdadera justicia y a todos aquellos que siempre creyeron en su inocencia y en su honestidad. Gracias por mantenerse firmes en su convicción a pesar de todas las calumnias, mentiras y atropellos a su buen nombre que se difundieron por medio de las redes sociales”.

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La JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Álvaro Alfonso García Romero. Tras haber sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes, el exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. Todo, a partir de los aportes voluntarios de verdad que deberá comenzar a entregar García Romero, quien permanecerá recluido en la cárcel La Picota. Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.

De acuerdo con la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas».

En ese sentido, el plan de contribuciones parcial que presentó el exsenador incluye: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana».

García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante resolución de 22 de febrero de 2021, aceptó la solicitud de sometimiento voluntario del exsenador.

Contra García han cursado dos procesos en la justicia penal ordinaria. Uno es el proceso radicado bajo el N° 11001020400020100046500, que fue remitido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la JEP, mediante proveído de 22 de agosto de 2018, al considerar que el asunto es de competencia de esta Jurisdicción.

Otro es el radicado N° 11001102040002170130200, que tiene sentencia condenatoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este se encuentra bajo la competencia del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual viene adelantando el control de la sentencia proferida por la justicia ordinaria. Esta competencia no varía por el momento con la determinación adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia consideró en su oportunidad que su competencia se circunscribía a la Acción de Revisión y se abstuvo de pronunciarse sobre aspectos que de mediar manifestación expresa de un sometimiento, que hasta ese momento no se acreditaba, tendría que estudiarse tal posibilidad dentro de la órbita de competencia de la JEP, tal como se hizo por medio de su decisión

¿Por qué fue aceptado?

El exsenador fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000. En esa serie de crímenes, la Corte Suprema de Justicia destaca lo que se conoció como la masacre de Macayepo, en la región de los Montes de María, y por los cuales fe condenado como autor mediato de un concurso de homicidios agravado en octubre de 2000.

Uno de los puntos que tuvo en cuenta la Sala es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.

Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.

Finalmente, para el despacho, el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.

La SDSJ deja en claro que la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra Álvaro Alfonso García Romero en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.

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