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Nacional

“Si no miramos los territorios, vamos a perder las ciudades”: Fiscal Barbosa

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dijo que la lucha contra el terrorismo urbano, considerado como una renovada y peligrosa expresión del crimen organizado hace parte del Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía para este cuatrienio.

 

Durante el seminario online ‘Análisis y prevención del terrorismo urbano y otras formas de violencia política’, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se refirió a la manera cómo en la entidad se han adoptado estrategias que tienen en cuenta las realidades propias de los territorios para lograr mayor efectividad a la hora de brindar garantías de seguridad para la ciudadanía, y mayor solidez en cuanto a los procesos que son llevados a los estrados judiciales con mayor fortaleza en el material probatorio y la evidencia física.

“El terrorismo urbano es un fenómeno complejo y multidimensional y analizar e identificar todos sus componentes y aristas es indispensable para combatirlo de manera efectiva”, dijo el Fiscal en relación al compromiso que asumió con el país y que se enmarca en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 que hoy rige el destino de la Fiscalía General.

La lucha contra el terrorismo urbano y otras acciones de este tipo que se adelantan para enfrentar las diferentes formas de criminalidad hacen parte del fortalecimiento de la estrategia de itinerancia en los corredores criminales.

Para la Fiscalía ha sido primordial conocer los territorios, lo mismo que el corazón sociológico de los lugares, recorrer los ríos y entender las dinámicas de la delincuencia.

Esto ha permitido acudir a una novedosa y audaz estrategia de articulación entre las diferentes direcciones, dependencias y fiscales, para coordinar acciones de manera permanente con el fin de desmantelar las organizaciones que promueven la zozobra y el terror.

La priorización de casos y la persecución de objetivos de alto valor, así como la creación de grupos de tareas especiales para la investigación y judicialización, han sido clave a la hora de enfrentar la delincuencia en distintos lugares del país.

“El terrorismo urbano pone en peligro la seguridad ciudadana, la vida, honra y bienes de los colombianos e inclusive la consolidación de un Estado Social y democrático de derecho”, consideró el Fiscal Barbosa al llamar la atención sobre la importancia de atacar las diferentes formas de criminalidad que se presentan en los territorios y que poco a poco llegan a las ciudades.

“Si no miramos los territorios, así sigamos hablando y trabajando del terrorismo urbano, vamos a perder las ciudades y vamos a perder la institucionalidad del país”, precisó el Fiscal General, y recordó las disposiciones adoptadas para lograr la captura de siete cabecillas del ELN contra quienes existe una circular azul de Interpol, por estar relacionados con el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, ubicada en el sur de Bogotá; un hecho que se fraguó fuera de la capital del país pero cuyas repercusiones se dieron en Bogotá.

“Para nosotros llevar ante la justicia a los máximos responsables es una prioridad, es una necesidad imperiosa. De ahí que el pedido en extradición de varios de los cabecillas del ELN es una obligación jurídica y moral que debe tener Colombia”, dijo el Fiscal General de la Nación.

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En firme ley que castiga a quien suministre drogas a deportistas

“Así se protege al deportista de alto rendimiento o aficionado en el plano personal, considerando las graves consecuencias que tiene para su salud a mediano y largo plazo el uso de sustancias o métodos prohibidos.” Indicó Wilson Ruiz Orejuela Ministro de Justicia y del Derecho.

La ‘Ley Antidopaje’, que castiga el suministro de drogas ilegales en el deporte, ya comenzó a regir en el país. Cuando  las conductas recaigan sobre un menor de edad, se realicen mediante engaño o coacción, se den en un escenario deportivo o cuando quien las cometa ostente algún cargo que le dé particular autoridad o poder sobre la víctima, la sanción será más severa.

Para el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, este es un gran aporte para los deportistas y el deporte en Colombia.

“Así se protege al deportista de alto rendimiento o aficionado en el plano personal, considerando las graves consecuencias que tiene para su salud a mediano y largo plazo el uso de sustancias o métodos prohibidos. Y también en el plano social, dada la notoriedad y popularidad de los deportistas y de las actividades que practican”, señaló.

Esta modificación normativa considera el cambio conceptual que impulsó la introducción del Código Mundial Antidopaje y la suscripción por parte Colombia de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en octubre de 2005 y ratificada por el Congreso de la República mediante la Ley 1207 de 2008.

 “Tras un trabajo coordinado entre los ministerios del Deporte y de Justicia, construimos una norma que protege al deportista frente al suministro, administración o inducción al uso de posibles sustancias dopantes o métodos que puedan afectar su desempeño y perjudicar su carrera”, señaló.

Con esta ley, el país sigue comprometido con la lucha contra el dopaje en el mundo.

“Este flagelo del deporte ha llevado a gobiernos y organizaciones deportivas a nivel mundial a actuar de manera conjunta en aras de crear todos los instrumentos necesarios para combatirlo, y Colombia no ha sido la excepción”, indicó Ruiz Orejuela.

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Por qué el nuevo Código Electoral impide la participación política, según Colombia Humana

El movimiento político de Gustavo Petro dio un concepto a la Corte Constitucional, tribunal que analiza la constitucionalidad de la iniciativa aprobada en el Congreso de la República.

Un concepto del movimiento Colombia Humana, entregado a la Corte Constitucional, señala queel nuevo Código Electoral estaría impidiendo la participación política a los movimientos políticos, sin personería jurídica, como es su caso, el de ‘Patria Nueva’ y el Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC).

El documento, que se entregó en el marco del estudio constitucional que hace la Corte a esa norma, también advierte que se estaría desconociendo la jurisprudencia de las altas cortes y el derecho de elegir y ser elegido.

“Aparece de bulto el menoscabo grave de las garantías para la participación amplia y real de las ciudadanías en las elecciones, toda vez que en el texto final conciliado (…) se cercenó gravemente el derecho de los partidos y movimientos políticos9 sin personería, los cuales sí existen”, se lee en el documento.

El abogado Luis Parra dijo que el Congreso, con la expedición de esa norma, tal cual como está, “violó el derecho de Colombia Humana, al igual trato frente a las demás organizaciones políticas, sino que esta violando los derechos políticos reconocidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos”.

En el escrito, le piden a la Corte Constitucional que condicione la norma para que se aclare el derecho a la participación política que tienen los movimientos políticos sin personería jurídica.

El estudio del caso le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien analizará esos conceptos ciudadanos y las actas y gacetas de discusión y voto del proyecto de ley en el Congreso.

En este caso, la Procuraduría General de la Nación también deberá entregar un concepto a la Corte, avalando o pidiendo modificaciones a la normativa; eso mismo podrán hacer otras entidades como la Defensoría, Presidencia de la República y la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otras.

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Acciones del MinTransporte para respaldar el transporte de carga legal

Ministra de Transporte acompañó presentación del Plan Vial Departamental Cesar 2020 – 2029. Habrá intervenciones e inversiones en 327.22 Km a cargo del departamento, en 27 corredores. Ministra participó en Valledupar en operativos a los vehículos de carga.

La Ministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez en compañía de los directores de las entidades adscritas al sector, acompañó la presentación del Plan Vial Departamental del Cesar 2020 – 2029, con el cual se identifica y contempla realizar intervenciones e inversiones en vías no solo de competencia departamental, sino municipal y nacional de acuerdo con la importancia que representan dichos tramos viales para la región.

La Ministra Orozco Gómez, indicó que “El Plan contempló la evaluación de 327.22 Km a cargo del departamento, correspondientes a 27 corredores, siendo 9 de ellos de rango estratégico, 9 de rango medio y 9 de rango bajo. Asimismo se identificó que para la intervención total de los corredores, se requieren recursos por valor de $606.300 millones aproximadamente”.

Los corredores de rango estratégico identificados son: Gamarra – Aguachica (La Kennedy); La Gloria – Convención (Límite N. S); Aguachica – Aguas Claras, Yé de Raíces –Líbano; Badillo – Límite Guajira, Ramal a Pueblo Bello; Morrison – Cuatro Bocas – Pita Limón; Yé Raíces (Trupillos ) – Atánquez ; El Banco – Pueblo Nuevo (Sector Arjona – Límite con Magdalena).

Además durante la vigencia 2020 y en el marco del trabajo articulado que se desarrolla con los municipios, la ART y el INVIAS, se logró la aprobación de los planes viales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, San Diego y Manaure, que hacen parte de los 8 municipios PDET de la Región Sierra Nevada, los cuales incluyen un total de 104 corredores correspondientes a 819.81 Km de vías terciarias aproximadamente.

Hoy se acompañan los siguientes municipios, en la elaboración de sus planes viales: Becerríl, Pueblo Bello, La Paz, Gamarra, San Alberto y Astrea, mientras que para el año 2022, se estima que con la asesoría del Ministerio de Transporte, los 25 municipios del departamento del Cesar contarán con sus planes viales aprobados.

Ello, junto con el Plan Vial Departamental, impactará de manera significativa la gestión de la infraestructura de transporte al servicio de los cesarenses, añadió la Ministra de Transporte.

Vehículos de carga

Igualmente la titular de la Cartera de Transporte, lideró el programa de operativos de inspección a los vehículos de carga en la ciudad de Valledupar. Esta jornada especial tuvo como resultado un total de 380 vehículos inspeccionados, por los que debieron presentar al día su documentación, manifiestos de carga de acuerdo con la Ley, y el correspondiente registro ante el Ministerio de Transporte. De los inspeccionados se evidenció que el 20% de los vehículos de carga no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma del sector.

Para la Ministra, Ángela María Orozco Gómez, “el compromiso con el sector de transporte de carga es primordial, pues el trabajo mancomunado con los empresarios y conductores de este tipo de vehículos, hace que la legalidad sea la principal política en la prestación de este servicio. Apoyamos a nuestros héroes en la vía, y seguiremos con las fases de operativos especiales para luchar contra la ilegalidad”.

Fases de operativos

La Superintendencia de Transporte, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), continuará realizando operativos al transporte de carga en varias ciudades del país. Esta fase 1 de 2021 tendrá lugar hasta finales del mes de marzo, cuando se definirán los puntos estratégicos y el itinerario de las siguientes fases del resto del presente año.

Los operativos de verificación continuarán de forma intensiva durante todo el año en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

Según el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “en lo que va corrido de la primera jornada, se han inspeccionado 1.251 vehículos de carga, de los cuales el 35% no han cumplido con las normas establecidas para el sector, por parte del Gobierno Nacional. Bajo las premisas de la equidad, la legalidad y la transparencia, tomaremos las medidas necesarias para que el mercado se torne más competitivo y con las condiciones óptimas para todos, y establecer si hay lugares a las sanciones correspondientes”.

El Superintendente resaltó que en Colombia existen alrededor de 5600 vehículos con irregularidades en su matrícula, y que los problemas más recurrentes en el sector de carga son, el pago de fletes por debajo de lo establecido en el Sistema de Costos Eficientes-Sicetac, y las deficiencias en el RNDC Registro Nacional de Despachos de Carga.

Sanciones

Es importante resaltar que no solamente las empresas pueden ser sancionadas cuando no cumplen con las leyes del sector, sino que cualquier persona natural que contrate vehículos mal matriculados, puede ser sancionada con multa de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recalcó el Superintendente Pabón Almanza.

En la Superintendencia de Transporte cursan investigaciones por más de 40.000 operaciones de carga que se han llevado a cabo de manera ilegal.

La información recaudada de los operativos será remitida a la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte de la Superintendencia, con el fin de realizar el debido proceso e imputar cargos si hay lugar a ello.

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