PRASS: Programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Se basa en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de Covid–19, de una manera ágil y oportuna.

Desde el lunes 25 de enero de 2021 la administración municipal de Piedecuesta retomó la estrategia PRASS comenzando en el barrio El Refugio, con el apoyo de las EPS y el acompañamiento de los equipos epidemiológicos de la secretaría de Salud.

Desde las 8:00 de la mañana iniciaron esa búsqueda activa comunitaria de posibles casos de coronavirus.

Durante 3 meses y medio de aplicación de la estrategia en el último trimestre de 2020, se realizaron más de 12 mil investigaciones epidemiológicas de campo a las familias afectadas por el virus, 11 comités para el control y vigilancia frente a la ruta de aplicación de los servicios en salud, 11.805 visitas a viviendas a través de esta estrategia y 10.289 pruebas PCR y antigénicas a igual número de personas en esta búsqueda activa comunitaria para la contención de la pandemia en el municipio.

Cadenas de contagio

El PRASS es una de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para cortar las cadenas de contagio del covid-19 en el país y facilitar una reactivación económica con la mayor seguridad posible.

A diferencia de lo que fue el aislamiento preventivo obligatorio, la aplicación del PRASS no tiene un carácter masivo, sino que pretende el confinamiento de las personas infectadas o con sospecha de estarlo.

«Para su implementación, el Ministerio de Salud y Protección Social definió cuatro roles fundamentales dentro de la estructura del Programa, contando las secretarías de salud, los líderes PRASS, equipos de rastreo y equipos territoriales de vigilancia y control en salud pública», apuntó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio.

Secretarías líderes

Las secretarías de Salud o entidades que hagan sus veces son las encargadas de liderar la implementación del PRASS en su territorio, coordinar acciones con entidades encargadas del aseguramiento en salud y con el Centro de Contacto Nacional de Rastreo para la búsqueda efectiva y oportuno de casos y contactos.

También articulan con las aseguradoras en salud el seguimiento a las medidas de aislamiento selectivo, adecúan las estrategias con enfoque diferencial de acuerdo con las características propias de la población, y designan los líderes del Programa en su jurisdicción, de acuerdo con las capacidades y necesidades operativas.

A su vez, los líderes PRASS están a cargo de la coordinación del programa en su territorio que incluye: formulación, implementación y seguimiento de los planes operativos; definición de modelos funcionales y organizacionales que articulen todos los actores que intervienen; gestión de las redes de centros de contacto de las secretarías de salud, entidades del aseguramiento en salud y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, de acuerdo con los lineamientos nacionales que expida la cartera de Salud.

Equipos de rastreo

En cuanto a los equipos de rastreo, están compuestos por grupos interdisciplinarios con trabajadores de la salud de niveles técnico y profesional, así como personal de apoyo entrenado en rastreo telefónico y presencial, evaluación y seguimiento de casos.

A cargo de las entidades a las que pertenecen y orientados por el Ministerio, los equipos de rastreo se dividen de acuerdo con su naturaleza, obligaciones y necesidades de su población de influencia o afiliada en: equipos de rastreo de las entidades a cargo del aseguramiento en salud, equipos de rastreo de las secretarias de salud departamentales, distritales y municipales, equipos de rastreo vinculados al Centro de Contacto Nacional de Rastreo, explicó Fernández.

Finalmente están los equipos territoriales de vigilancia y control en salud pública, adscritos a la secretaría de salud, que orientan las acciones de monitoreo, análisis de información y asistencia técnica para el cabal desarrollo del programa PRASS en su jurisdicción.

Más de 282 mil personas se benefician de las obras de mejoramiento vial en el departamento de Santander. Fin a obras en el corredor Estratégico y el corredor del Folclor y Bocadillo II. Invertidos recursos que alcanzan los 10 mil millones de pesos.

Con la finalización de las obras de mejoramiento del corredor Estratégico y el corredor del Folclor y Bocadillo II, que benefician a una población de más de 282 mil habitantes en el departamento de Santander, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio, comienza el año presentando resultados de su estrategia ReactiVAMOS Regiones.

Así lo informó la Gerente General de ENTerritorio, María Elia Abuchaibe, quien señaló que los proyectos se desarrollaron en convenio con el Departamento Nacional de Planeación, y contaron con una inversión de recursos que alcanzan los $10.000 millones, mejorando la calidad de vida e impulsando el desarrollo de los municipios de Zapatoca, Girón, San Vicente, Albania, Vélez, Chipatá y San Gil.

Pavimentación y muros

Los trabajos incluyeron la pavimentación de 950 metros y la construcción de los 6 muros para la estabilidad de la vía en el corredor del Folclor y Bocadillo II, entre el municipio de Vélez y Chipatá, como también obras de drenaje y contención.

Así mismo, en el llamado corredor Estratégico, se realizó la pavimentación en asfalto, de 1.6 kilómetros del tramo Girón – Zapatoca, y la construcción de 3.400 metros lineales de cuneta entre San Vicente y Albania.

De acuerdo con la Gerente, con estas obras se contribuye a la recuperación económica y a la generación de empleo en la región.

“Con el mejoramiento de estos dos corredores pudimos generar 70 puestos de trabajo directo, además, sumamos esfuerzos para impulsar la economía regional, especialmente al sector turístico, ya que Santander es uno de los destinos preferidos por visitantes nacionales y extranjeros”, precisó María Elia Abuchaibe.

Movilización de caña

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, indicó que con estos trabajos también se beneficia la población del sector rural, la cual podrá transportar sus productos más fácilmente.

“En el caso del corredor del Folclor y Bocadillo II, se logró dinamizar la movilización de caña de azúcar, café, guayaba y cítricos. Igualmente ha facilitado el transporte de ganado bovino, que genera un doble rendimiento por la producción de carne y leche; además de la comercialización de productos típicos, como el bocadillo, la panela y las jaleas provenientes de los cultivos de frutas”, explicó el Gobernador.

Con las adecuaciones entre Girón y Zapatoca del corredor Estratégico, se ha disminuido el tiempo de desplazamiento en 10 minutos de los 20 que antes le tomaba a la comunidad para movilizarse, facilitando el transporte de los principales productos de la región como el cacao, los cultivos de fique, maracuyá, manzana, fríjol, habichuela y ahuyama.

Finalmente, la Gerente de ENTerritorio reiteró que, con estos proyectos, sumados a los ya realizados en la vía que de San Gil conduce al aeropuerto Los Pozos entregada en agosto de 2020, se le da continuidad al fortalecimiento de la economía en Santander, beneficiando la agricultura, el comercio y por supuesto, ampliando la oferta turística del departamento.

La egresada de la Escuela de Derecho y Ciencia Política UIS, Lily Rueda Guzmán, es la nueva magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta egresada del programa de Derecho venía desempeñándose en la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP, pero tras la renuncia del exmagistrado Iván González en la Sala de Reconocimiento el pasado mes de diciembre, se postuló para ser su reemplazo.

Sala de Reconocimiento

La Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por diferentes salas y secciones que buscan hacerle frente a más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno Colombiano y las FARC-EP se establecieron diferentes tratamientos penales especiales que se administran o aplican dependiendo de la gravedad del delito cometido por personas que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto armado antes de diciembre del 2016.

Para los delitos más graves y representativos, el acuerdo de paz contempló la posibilidad de que, si el perpetrador reconoce su responsabilidad y colabora decididamente con la justicia, este podrá recibir una sanción restaurativa de 5 a 8 años de prisión, pero si estas personas n reconocen su responsabilidad pueden recibir condenas de hasta 20 años bajo el juicio de la justicia tradicional.

La Sala de Reconocimiento se encarga de investigar el conjunto de hechos graves, recopilar la información disponible por parte de las víctimas y las instituciones del Estado, y realiza un contraste. Como producto de este ejercicio se atribuye la responsabilidad penal individual. Adicionalmente, la Sala también se encarga de determinar si los presuntos responsables están siendo leales a la verdad y si su reconocimiento de los hechos es genuino. En el caso de que así sea la Sala realiza recomendaciones al Tribunal sobre proyectos de sanción restaurativa. Si la Sala determina que el acusado no está siendo coherente con la verdad el caso es enviado por la sala de reconocimiento a la unidad de investigación y acusación de la JEP para que esta persona enfrente un juicio adversarial tradicional.

“Para mi sin duda la Sala de Reconocimiento presenta el reto más grande en la JEP, ya que debe evitar la impunidad de estos máximos responsables y hacer un juicio de reproche penal sin utilizar la cárcel. Este reto representa una motivación para aplicar mi conocimiento, mi experiencia y aportar a esta transformación política que necesita el país”, expresa la Rueda Guzmán.

Los retos

La labor investigativa de la Sala de Reconocimiento no se realiza caso por caso dada la magnitud de hechos que se produjeron durante el conflicto, allí se trabajan macro casos que tienen diferentes enfoques pero que todos enfrentan el reto de tener un numero masivo de víctimas y victimarios. Desde aquí se busca encontrar fenómenos de patrones criminales y atribuir responsabilidades por los hechos más graves y representativos.

La Magistrada Lily Rueda tiene el reto de asumir el liderazgo del caso 07, en el cual se investigan las conductas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el marco del conflicto armado. Este casi se abrió el 1 de marzo del 2019 y hasta ahora abarca 8000 casis de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las FARC-EP, pero también tiene un componente que investiga la utilización de los infantes por miembros de la fuerza pública, ya sea por su inclusión directa a las filas armadas o por su utilización en actividades relacionadas con el conflicto.

“El gran reto es continuar el trabajo que se ha hecho desde el 2019 en este caso y avanzar en los pasos que tiene la sala de reconocimiento para hacer esas atribuciones de responsabilidades y poder en esa medida contribuir, apoyar, garantizar los derechos de las victimas que sufrieron esta clase de victimizaciones, sus familias, las comunidades, y develar estos fenómenos tan duros y difíciles pero tan necesarios de entender para que esta violencia no se repita y las victimas encuentren satisfacción en el trabajo de la JEP”, agrega la Magistrada