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Investigarán a funcionarios de Duque por hostigar a senadores de la oposición

La Procuraduría investigará, entre otros, a Claudia Bustamante, cónsul de Colombia en Orlando (EEUU), Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».

Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».

Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».

El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.

En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.

«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.

Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.

También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.

«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento

Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.

En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».

Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».

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Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató al dejar por fuera de vacuna a Ecopetrol

Talento humano de la Policlínica de Ecopetrol no fue incluido en el Plan de Vacunación que Santander estableció para contrarrestar la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave – IRAG – causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) procedente de Wuhan, China.

La propia Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató.

El pecado fue dejar por fuera del Plan de Vacunación a los profesionales de la salud y su entorno laboral de la Policlínica de Ecopetrol, pese a que están en la primera línea de atención a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave – IRAG – causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan, China.

Alertada, demasiado tarde, la Gobernación de Santander rezó e hizo circular un vídeo en donde el hombre de la camisa blanca con logo de la Gobernación de Santander dice: “Luis Felipe Tarazona Velásquez, Director de Desarrollo y Sección Vigilancia y Control, Secretaría de Salud de Santander. En la mañana de hoy nos encontramos en Barrancabermeja. La Secretaría de Salud del departamento de Santander hace presencia, por parte de nuestro señor gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, nos encontramos entregando las primeras vacunas para este talento humano que hace parte del marco de la pandemia Covid-19 en las instalaciones de Ecopetrol”.

La Gobernación de Santander pecó y rezó, pero no empató, porque en la Procuraduría General de la Nación, y en Ecopetrol, el asunto de dejar por fuera del Plan de Vacunación de Santander contra el Covid-19 a la Policlínica de Ecopetrol y su equipo de trabajo no fue tomado como un asunto de “deje así”, que a nosotros se nos olvida.

Como el pecado es de marca mayor, porque Ecopetrol es una empresa que le ha dado alguna importancia a Santander recurrimos a los documentos, en particular al más importante, a la Resolución Número 01824 de 2021 (con fecha en sello 26 de febrero de 2021).

La Resolución de diez páginas y con todos los protocolos está firmada por Javier Alonso Villamizar Suárez, Secretario de Salud del Departamento de Santander. Según la misma Resolución, en su pie al final, el documento fue proyectado y revisado por el staff más importante de la Secretaría de Salud o por lo menos funcionarios de la Gobernación de Santander, en total siete, cuatro hombres y tres mujeres. Además del Secretario de Salud, Villamizar Suárez, que es obvio que leyó, revisó y firmó.

Encabeza la Resolución el texto siguiente: “Resolución Número 01824 de 2021 por medio de la cual se realiza la asignación de las dosis de vacunas del fabricante Sinovac Life Sciences Co. LTD contra el Covid-19 entregadas al Departamento de Santander, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 000195 de 22 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

A continuación se escribe que: “El Secretario de Salud de Santander, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial en la Resolución 000195 de 22 de febrero de 2021, y, considerando…”

Estos dos párrafos anteriores para referirnos a que es un documento redactado en la Gobernación de Santander por parte del equipo de Trabajo de la Secretaría de Salud de Santander, basado en una Resolución emitida por el Ministerio de Salud de y Protección Social. Es decir, todo es oficial.

Es bueno aclarar que la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social señala que por medio de la Ley 2064 de 2020 se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la covid-19. Estableciendo entre otras la gratuidad del proceso de vacunación y la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social de establecer la priorización de acceso a la vacuna.

Señala además que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 2064 de 2020, el Ministerio de Salud expide el Decreto Nacional 109 del 29 de enero de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 y se establece la población objeto, los criterios de priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna.

Varios párrafos más al respecto, que los incluye la Resolución firmada por el Secretario de Salud de Santander, pero en ninguna parte el Ministerio de Salud decreta u ordena a qué instituciones o personas dejar por fuera o incluir en la vacunación, porque las bases están definidas de quiénes son prioridad para: 1) Reducir la mortalidad por covid-19. 2) Reducir la incidencia de casos graves por covid-19. 3)Proteger al talento humano. Y en la segunda fase: Reducir el contagio iniciando con la protección de quienes realizan ocupaciones que incrementen el riesgo de transmisión y prevención de brotes en contexto de hacinamiento con el propósito de reducir la incidencia general de casos.

En la segunda fase están los mayores xde 80 años que están en los centros vida por un tiempo o por larga estancia, también hablan de los internos de las penitenciarías y personal de guardia, lugares en donde el hacinamiento es evidente pero difícil de evacuar en un corto plazo.

Así podríamos seguir por varias hojas más, pero lo que queda en evidencia es que el Ministerio de Salud no ordena en su Resolución a quién vacunar o a quién no. Da unas directrices y son muy claras para entender, por ejemplo, que personal de la Policlínica de Ecopetrol está implícito en la frase “proteger al talento humano” que señalan más arriba como el punto tres.

Resolución de la Secretaría de Salud de Santander en su primer punto del resuelve señala: Asignar a los prestadores de servicios de salud ubicados en los municipios diferentes a la capital del departamento de Santander… el número de 740 dosis de vacuna CoronaVac, para inmunizar al talento humano en salud, perteneciente a la Etapa I del Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 que labora o hace prácticas en estas instituciones y distribuir de la siguiente manera lo asignado:

Barrancabermeja:

Clínica La Magdalena, Profesionales Área Covid 90, Apoyo Área Covid 81, total, 171.

Hospital Regional Magdalena Medio, PAC 38, AAC 0, total 38.

Puesto Fluvial Avanzado N° 31, PAC 7, AAC 0, total 7.

Alcaldía de Barrancabermeja, PAC 1, AAC 0, total 1.

Salud Vital, PAC 53, AAC 16, total 69.

Clínica San José, PAC 18, AAC 0, total 18.

Clínica San Nicolás, PAC 71, AAC 51, total 122.

Dosis a entregar en Barrancabermeja el total fueron 426.

Sigue el listado de los otros municipios de Santander, pero en las vacunas a aplicar contra covid-19 en Barrancabermeja no se incluyó por ninguna parte en la Resolución oficial y firmada por el Secretario de Salud de Santander, y revisada por sus siete asesores, a la Policlínica de Ecopetrol. ¿Perdón y olvido? ¿O Ecopetrol ya no es tan importante para esta administración departamental? ¿Delito? Es posible que no, pero en esta ocasión y pese a que Luis Felipe Tarazona Velásquez, Director de Desarrollo y Sección Vigilancia y Control, Secretaría de Salud de Santander, mostró la cara en el vídeo para empatar, el pecado ya estaba cometido, y en esta ocasión la Gobernación de Santander, desde la Secretaría de Salud de Santander, peca y reza, pero no empata con Ecopetrol.

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Absuelven al representante Edwin Ballesteros por colapso de La Batanera

Aunque el entonces gerente de la Esant S.A. es absuelto por el Ministerio Público, por el escándalo de la represa de Vélez aún no se han definido eventuales responsables de una infructuosa inversión que superó los 10 mil millones de pesos.

La Procuraduría General dela Nación absolvió al actual Representante a la Cámara Edwin Gilberto Ballesteros Archila, por el sonado caso del colapso de la Represa La Batanera, en Vélez (Santander).

En el fallo, el ente de control afirma que el congresista del Centro Democrático “como ordenador del gasto en su calidad de Gerente de la Esant S.A, firmó el acta de liquidación del contrato actuando de buena fe, apegado a los requisitos que interpone el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en cuánto la liquidación de los contratos estatales”.

Toda vez – dice la Procuraduría- “que este no fue advertido de ninguna falla técnica en el proyecto por parte de los contratistas que tenían esta obligación de revisión y de advertencia de posibles fallos y que este tampoco tenía los conocimientos técnicos en temas de construcción y no tenía por qué tenerlos. En consideración, quienes estaban llamados a advertir de irregularidades, no lo hicieron y en ese sentido, no había razón legal para no firmar el acta de liquidación”.

Así, el Ministerio Público absuelve al representante Ballesteros de la investigación que sostenía ante las fallas de la represa la Batanera de Vélez, Santander, en un escándalo que aún no ha definido eventuales responsables de una infructuosa inversión que superó los 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con el Representante Edwin Ballesteros, “desde el primer día en que se abrió la investigación confiamos en que los organismos de control nos dieran la razón. Siempre he tenido respeto por los fallos de las autoridades disciplinarias y judiciales, y hoy se ha comprobado que actuamos de buena fe. Seguiremos trabajando en pro de la comunidad de Santander”.

La Procuraduría indica que además probó que “según concepto emitido por la Dirección Especial de investigaciones que el colapso de la presa, se generó a partir de unas deficiencias técnicas en la construcción de la obra en consideración con aspectos que no fueron tomados en cuenta en la planeación, pero fundamentalmente, en la falta de rigor profesional en el seguimiento y control del proceso constructivo».

Cabe recordar que el Departamento de Santander firmó contrato de interventoría con la firma especializada de Ingenieros Civing Ingenieros Contratistas, cuyo objeto era supervisión, revisión y ajuste de todos los estudios técnicos que debían realizarse con respecto a la obra”.

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Suspenden a 9 concejales y 9 exconcejales de Floridablanca por elección del personero

Entrevistaron a los candidatos dentro del concurso de méritos para elegir al personero, calificando sin imparcialidad a Luis José Escamilla Moreno, quien hasta ese momento ocupaba el primer lugar en el proceso con un (1) punto sobre cien (100) posibles, para favorecer a Robiel Barbosa Otálora quien ostentaba el segundo lugar, y a quien otorgaron un puntaje de 100.

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a 18 concejales del periodo 2016-2019 de Floridablanca, Santander, por irregularidades en la elección del personero de este municipio.
Entre los sancionados están nueve concejales electos para el periodo (2020-2023), Jorge Alberto Pinzón Medina, Marcos Olarte Ramírez, Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Alexander Esparza Martínez, José Nicanor Vera Pedraza, Édgar Enrique Gómez Silva, José Hernando Sánchez Carvajal, Alfredo Tarazona Matamoros y Liliana Mendoza Rodríguez.
El ente de control también suspendió a los entonces concejales (2016-2019), Juan Ángel Triana Hernández, Andrés Norberto Ardila Pérez, Juan Carlos Ayala Suárez, Walter David Durán Prada, Claudia Hernández Villamizar, María Consuelo Galvis Calderón, Alirio Pinzón Díaz, Nelson Darío Espitia Rodríguez y Guillermo González Palomino.
El Ministerio Público demostró que, tras entrevistar a los candidatos en desarrollo del concurso de méritos para elegir al personero, los cabildantes calificaron sin imparcialidad a quien hasta ese momento ocupaba el primer lugar en el proceso con un (1) punto sobre cien (100) posibles, para favorecer al participante que ostentaba el segundo puesto, a quien otorgaron un puntaje de 100.

La investigación

Los cabildantes habrían entrevistado a los candidatos dentro del concurso de méritos para elegir al personero, al parecer, calificando sin imparcialidad a Luis José Escamilla Moreno, quien hasta ese momento ocupaba el primer lugar en el proceso con un (1) punto sobre cien (100) posibles, para favorecer a Robiel Barbosa Otálora participante que ostentaba el segundo lugar, y a quien otorgaron un puntaje de 100.
Mediante esta actuación los corporados habrían permitido que Barbosa Otálora pasara a ocupar el primer lugar en la lista de elegibles y que fuese escogido como personero. Y de esta forma los concejales violaron el principio de imparcialidad que estaban obligados a acatar, previsto en el artículo 209 Constitucional, desarrollado en el literal f artículo 15 de la Ley 136 de 1994 y contenido en el Acuerdo Municipal 03 de 2014, por medio del cual se adoptó el reglamento interno del Concejo de Floridablanca.
Teniendo en cuenta que nueve de los 18 disciplinados no son servidores públicos, las sanciones, para los exconcejales, se convertirán en tres meses de honorarios, según lo percibido al momento de cometerse la falta
Contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.

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