Un juez de conocimiento condenó a 13 años y 2 meses de prisión a Eduardo Rodríguez Rojas, exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre el entonces director de Amay, Rodríguez Rojas, y la señora Liliana Alejandro Acevedo Fernández, por un monto de 8 millones de pesos, era fraudulento.

Se estableció que, el condenado falsificó todos los documentos para suscribir el contrato, logrando suplantar la identidad de Acevedo Fernández, quien es una familiar cercana; sin embargo, la mujer al percatarse de los hechos denunció lo ocurrido, ya que esta nunca participó en ningún proceso contractual.

Dicho contrato tenía como objeto “la prestación de asesoría financiera y apoyo a la gestión administrativa en las líneas de trabajo referidas a la contabilidad de la asociación de Amayutilizando metodologías basadas en la asesoría en el sitio y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes”.

Además, el ente acusador logró demostrar las múltiples irregularidades a las que acudió Rodríguez Rojas para apropiarse del dinero, por lo que el juez de conocimiento no dudó en condenar a este hombre que había tenido un amplio bagaje como servidor público.

Entre los cargos que ha ocupado se destaca: director Administrativo del Instituto de Recreación y Deporte de Santander; asesor de la Empresas Públicas de Alcantarillado de Santander, Empas; secretario de Despacho de la Alcaldía de San Gil; profesional Universitario de la Gobernación de Santander y contratista de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entre otros.

Por disposición del juez, Rodríguez Rojas quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años, y su condena tendrá que cumplirla en un centro carcelario que designe el Inpec.

Contra Rodríguez Rojas cursan otras investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.

Luego que el Consejo de Estado anulara – en fallo en segunda instancia- la elección de Carlos Román como alcalde de Girón, la defensa del mandatario solicitó un recurso de aclaración, sin embargo, fue negado.

Ante esta situación, el proceso deberá regresar al Tribunal Administrativo de Santander, instancia que en las próximas horas notificará al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sobre la decisión final.

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Un proceso rápido y contundente

La decisión de la máxima instancia administrativa se origina por la solicitud que hizo la Procuraduría Séptima Delegada al considerar una posible doble militancia del entonces candidato. Una vez quede en firme la sentencia, la Registraduría deberá convocar a nuevas elecciones en el primer semestre de 2021, debido a que la vacancia se da en menos de un año de mandato.

El proceso fue iniciado por el ciudadano Carlos Leonardo Hernández, quien inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander, expuso que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Carlos Román Ochoa aspiró a la alcaldía a través de una coalición de la que hacía parte el Partido Alianza Verde, situación que lo obligaba a respaldar solo al candidato a la Gobernación de Santander, Pedro Leónidas Gómez Gómez (Coalición Dignidad Santandereana). De hecho, Román, cuando se desempeñó como concejal, fue elegido por esa misma colectividad.

La anulación de la elección como alcalde se dio luego que se comprobara que el candidato Román apoyara públicamente a Ángela Hernández (Coalición Partido de la U – Liberal – Justa Libres – Centro Democrático – Mira) y a Mauricio Aguilar Hurtado (Coalición Siempre Santander – Partido Conservador) y no a Gómez Gómez, quien también tenía en su coalición el respaldo de los ‘verdes’.

En criterio del demandante, con el acto administrativo de elección acusado contenido en el formulario E-26 AL se desconocieron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, por el hecho de que el alcalde del municipio de Girón, elegido para el periodo 2020-2023, incurrió en la prohibición de doble militancia.

Esa misma tesis fue apoyada por la Procuraduría, por lo que también pidió al Consejo de Estado debe revocar la sentencia de primera instancia, emitida el pasado 28 de agosto, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Román como alcalde de Girón.

El senador de Cambio Radical, Richard Alfonso Aguilar Villa, se pronunció luego de que se conociera la captura de un funcionario de la Procuraduría, que le habría pedido dinero a cambio de ayudarlo en un proceso disciplinario.

El congresista, quien tiene una investigación penal en su contra por posible corrupción en la contratación de las obras para el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López de Bucaramanga, entregó detalles de cómo fue extorsionado por esta persona, quien le solicitó alrededor de 300 millones de pesos para favorecerlo.

Aguilar Villa explicó que los hechos ocurrieron hace año y medio y los acercamientos se presentaron a través de terceros.

“Este funcionario a través de terceros, intentó acercarse mandando un mensaje de que iba a salir un fallo en mi contra desde el despacho del señor procurador. Mandó fotografías en relación a que sí tenía el proceso y que prácticamente ofrecía ayudar a que se cambiara el veredicto del fallo, que según él saldría de manera negativa”, contó.

Dijo que las personas que le llevaron ese mensaje, le revelaron el nombre de quien estaba haciendo estas exigencias y gracias a ellos pudo presentar la denuncia ante las autoridades.

“Presenté la denuncia ante el despacho del señor procurador, quien de manera diligente articuló un trabajo con la Fiscalía y la Dijín y su grupo anticorrupción”, añadió el congresista.

“Ellos me buscaron, adelantaron investigaciones, di mis declaraciones ante la Fiscalía y después de unos largos meses de indagación se dio esta captura, al parecer también tienen más pruebas en relación al proceder de este señor”, manifestó.

La Fiscalía informó que la persona que fue capturada se desempeñaba como sustanciador en el despacho del exprocurador general Fernando Carrillo, cargo en el que estuvo hasta el pasado 15 de enero.

Carrillo agradeció la captura de este funcionario ya que según se conoció recientemente, antes de irse del cargo dio la instrucción de investigar presuntos hechos de corrupción dentro de esa entidad.