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Internacional

Inglaterra entra en confinamiento mientras los casos siguen subiendo

El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó el lunes una nueva cuarentena nacional en Inglaterra para tratar de frenar el aumento de casos de Covid-19, que amenaza con desbordar partes del sistema de salud antes de que un programa de vacunación alcance una masa crítica.

Johnson dijo que una nueva variante más contagiosa del coronavirus se estaba propagando a gran velocidad y que era necesario tomar medidas urgentes para frenarla.

“En el momento en que les hablo esta noche, nuestros hospitales están bajo más presión por el Covid que en cualquier otro momento desde el comienzo de la pandemia”, dijo Johnson en un discurso televisado, en el que abandonó su enfoque regional para luchar contra la pandemia.

“Con la mayor parte del país ya bajo medidas extremas, está claro que juntos tenemos que hacer más para controlar esta nueva variante”, afirmó. “Por lo tanto, debemos entrar en un confinamiento nacional, que es lo suficientemente duro para contener esta variante. Eso significa que el gobierno está ordenando una vez más que se queden en casa”.

Johnson dijo que las medidas incluirían el cierre de escuelas a partir del martes y reglas que requieren que la mayoría de la gente se quede en casa salvo para compras esenciales, el ejercicio y otras excepciones limitadas.

El gobernante dijo que si el calendario del programa de vacunación se desarrollaba según lo previsto y el número de casos y muertes respondía a las medidas de cierre, como esperaba, debería de ser posible comenzar a salir del confinamiento a mediados de febrero.

Sin embargo, instó a ser cautos respecto del calendario.

Gran Bretaña es el sexto país con más muertes en el mundo y los casos diarios están llegando a un nuevo récord. Los principales funcionarios médicos del país dijeron que la propagación de Covid-19 amenazaba con desbordar partes del sistema de salud en un plazo de 21 días.

Internacional

Venezuela expulsa a la embajadora de la UE, el bloque pide revertir la medida

El Gobierno venezolano declaró persona ‘non grata’ a Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea (UE) en ese país, y le dio 72 horas para salir de Caracas. El bloque lamentó la decisión y el presidente Nicolás Maduro dijo que la UE no sería bienvenida sino rectificaba su política frente al país suramericano.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, le comunicó este 24 de febrero a la embajadora europea, Isabel Brilhante Pedrosa, que tenía tres días para salir de Venezuela. Además, el Gobierno declaró persona ‘non grata’ a la diplomática, envuelta en la controversia luego de que el Parlamento, de mayoría oficialista, hubiese aprobado una moción el pasado martes para expulsarla.

La UE reaccionó y dijo que la medida «no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente». La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Massrali, pidió que se «revierta» la decisión.

«Venezuela sólo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, al que la UE está completamente comprometida», agregó Massrali, aunque resaltó que la decisión de la Administración de Nicolás Maduro «socava» esa voluntad.

Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro le respondió a la Unión Europea que es bienvenida en Venezuela, «pero si respeta la democracia y las instituciones democráticas en nuestro país».

También les advirtió a los 27 países del bloque que deben cambiar sus políticas frente a la nación sudamericana. «O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato, de ningún tipo, ningún diálogo», dijo el mandatario durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV.

En ese mismo sentido, el canciller Arreaza entregó notas de protesta a los embajadores de Francia, España, Alemania y Países Bajos bajo el argumento de que la Constitución de Venezuela y la Carta de la ONU han sido irrespetadas por los países europeos. Cada embajador recibió una copia de estos documentos durante una reunión en la sede de la Cancillería, minutos después del ultimátum a Brilhante.

Un día antes, la petición del Parlamento fue aprobada en una moción. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió revisar una posible eliminación de toda la misión diplomática de la UE en Caracas.

«Mis dos manos levanto para pedir que se declare persona ‘non grata’ a la representante de la Unión Europea, mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela», dijo Rodríguez durante la votación.

Era previsible que el presidente Nicolás Maduro aprobara la solicitud, dado que él mismo ordenó, en junio de 2020, la salida de la diplomática. Sin embargo, retrocedió en su decisión pocos días después, según aseguró en ese momento, para tratar de facilitar un diálogo entre Caracas y Bruselas.

A pesar de sus posturas anteriores sobre la embajadora de la UE, Maduro matizó la decisión del Gobierno venezolano de expulsarla del país. «Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive, porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie», insistió.

Las sanciones que preceden la expulsión 

Las sanciones a las que se refiere el mandatario son las que, el pasado lunes 22 de febrero, impuso la Unión Europea contra 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre. Según el bloque, los comicios estuvieron amañados a favor de los parlamentarios afines a Maduro.

Entre los sancionados se encuentran los legisladores Bernabé Gutiérrez y José Brito, quienes fueron nombrados por el Gobierno de Venezuela como líderes de dos partidos de oposición.

Los diputados aliados del mandatario venezolano ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue rechazada por Estados Unidos y vista por la Unión Europea y otras naciones como una forma de que el presidente venezolano terminara tomando el control total del poder, ya que el Legislativo era el único órgano que quedaba en manos de la oposición, tras ganar los comicios de 2015.

Con las nuevas medidas del bloque europeo, aumentó a 55 el número de funcionarios venezolanos incluidos en la lista negra de la UE.

«Las personas agregadas a la lista son responsables de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales», señaló la UE en un comunicado.

Tanto Washington como Bruselas han intensificado las sanciones contra Maduro en los dos últimos años al señalar que su reelección en 2018 fue una farsa. Sin embargo, las medidas aún no han logrado el objetivo declarado de llamar a nuevas elecciones presidenciales.

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Internacional

Con sobresaltos y polémicas avanza la vacunación contra el Covid-19 en Argentina

Uno de los países de América Latina pioneros en la vacunación contra el Covid-19, ahora encuentra dificultades para alcanzar un número de dosis suficiente en tiempo y forma. ¿Cómo avanza el proceso?, ¿cuál es la orden de prioridad?, ¿de qué dimensión es el escándalo del ‘vacunatorio VIP’?

El proceso de conseguir, distribuir y aplicar las vacunas contra el Covid-19 no es sencillo y tampoco depende exclusivamente de las decisiones y acciones de los gobiernos nacionales. El de la pandemia es un problema global y, consecuentemente, el de las vacunas también, uno en el que lo que ocurre en un lugar puede influir sobre otro.

Si un país tiene mayor poder de compra, puede acaparar más dosis, dejando a otros más pobres con menos capacidad de acceso; si la producción se concentra en un número restringido de fábricas, cualquier problema en una de ellas retrasa la entrega de vacunas. Ese es el contexto con el que tienen que lidiar todos los países.

Luego vienen las particularidades de cada uno. Los traspiés, los aciertos, los errores, las ansiedades de sus poblaciones, los escándalos. Todo en el marco de lo que en Argentina el Gobierno dio en llamar el ‘más grande plan de vacunación de la historia nacional’.

¿Qué vacunas llegaron, cuántas faltan por llegar?

Al 24 de febrero de 2021, según estadísticas oficiales, 513.594 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V o de la vacuna Covishield; y, de esos individuos, 267.061 también fueron inoculados con la segunda dosis de alguna de esas dos vacunas. El Gobierno había anunciado en enero de 2021 que tenía garantizadas 51 millones de dosis de varios proveedores, aunque aún está lejos de alcanzar esa cifra entre las entregadas y las que efectivamente tienen fecha concreta de arribo al país.

La Sputnik V fue la primera en comenzar a utilizarse en Argentina, en diciembre de 2020, cuando llegaron desde Moscú 300.000 dosis. En total, hasta la fecha, llegaron al país 1.220.000 dosis de esa vacuna, aunque el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, entidad encargada de celebrar los contratos para la distribución de la vacuna), de acuerdo con el gobierno argentino, es por un total de 20 millones, que ya deberían haber llegado.

Desde RDIF no descartaron la posibilidad de que la Sputnik V pueda, eventualmente, comenzar a fabricarse en Argentina.  Durante varios meses hubo una actitud cautelosa a veces, desconfiada y de sospecha otras, sobre la vacuna rusa por la falta de resultados en los estudios de Fase III en una revista especializada con referato. Cuando a principios de febrero fue publicada en ‘The Lancet’, esas dudas fueron ampliamente despejadas.

De la vacuna Covishield (la misma que la de AstraZeneca/Oxford, pero fabricada bajo licencia por el Serum Institute de India), arribaron el 17 de febrero 580.000 dosis y se esperan para principios de marzo otras 580.000.

En Argentina ya se produce la vacuna de AstraZeneca/Oxford en una planta del laboratorio mAbxience, en la provincia de Buenos Aires. El plan inicial es de 150 millones de dosis. La forma en que se estableció el acuerdo de fabricación y distribución es que el principio activo viaja de Argentina a México, donde se envasa y distribuye a América Latina (excepto Brasil, que tiene un acuerdo propio). Por complicaciones propias del mercado de vacunas en el actual contexto global, si bien mAbxience ya envió lotes a México, todavía no han llegado partidas a Argentina. Teóricamente, si se cumple lo anunciado, el total de dosis a recibir en 2021 de esta vacuna rondaría las 22.431.000, por un contrato celebrado directamente con AstraZeneca/ Oxford.

Argentina se sumó además al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, que busca alcanzar una distribución más equitativa de las vacunas disponibles. Esa iniciativa presentó un pronóstico a inicios de febrero, según el cual el país podría recibir antes del fin de ese mes 2.275.200 de dosis de la vacuna de AstraZeneca/ Oxford (por fuera del contrato que el país firmó directamente con el laboratorio). El Gobierno había anunciado que el total de dosis que preveía adquirir de COVAX era de 9 millones.

El domingo 21 de febrero, tras recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para utilizarla en personas hasta 60 años, la ministra de Salud Carla Vizzotti autorizó con carácter de emergencia la vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm en colaboración con el Beijing Institute of Biological Products de China. Se espera que en los próximos días lleguen un millón de dosis al país y que se utilicen para inocular a 500.000 personas con las dos dosis del esquema previsto.

Por otra parte, también se trabaja en una vacuna local, que se encuentra en las primeras etapas del proceso de desarrollo, a través de un acuerdo entre el estatal Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTA) y el Laboratorio Bagó, multinacional de origen argentino. El director médico de Bagó, Eduardo de La Puente, le dijo al canal ‘NetTV’ que en un año y medio o dos se sabrá si es viable para ser utilizada en humanos.

El orden de prioridad en las vacunas

El Ministerio de Salud había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (763.000 personas); adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos y luego adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas); personal de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (estos dos grupos suman unas 500.000 personas) y de servicios penitenciarios; adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3 (IMC mayor a 40), enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas; personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 personas); y finalmente otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, que pertenezcan a pueblos originarios, presas y migrantes.

La vacunación, que es voluntaria, gratuita y estatal y en esta instancia incluye también a quienes hayan padecido la enfermedad, está a cargo de cada provincia, que puede determinar sus propias prioridades. Una modificación importante en las prioridades se dio de cara al inicio de las clases en algunos niveles educativos en la tercera semana de febrero de 2021.

La vacuna de Sinopharm, anunció este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se utilizará para vacunar a personal docente y no docente de instituciones educativas, que según el Gobierno totaliza 1.458.000 personas en todo el país. Se los priorizará en cinco grupos.

El distrito con mayor población de Argentina, un tercio del total aproximadamente, es la provincia de Buenos Aires. Allí, a fines de enero, comenzó la vacunación a mayores de 70 años, residentes de geriátricos, pacientes internados en clínicas de salud mental y en hogares para personas con discapacidad.

Los mayores de 70 años son en la provincia alrededor de 1,47 millones sobre un total de unos 17,7 millones de habitantes, según estimaciones oficiales. Las personas que quieran vacunarse, de cualquier edad, deben registrarse, y luego se les asignan turnos para ser inoculados. Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al 23 de febrero se habían registrado más de 3 millones de personas.

En la Ciudad de Buenos Aires comenzó el lunes 22 de febrero la vacunación a mayores de 80 años y personas que viven en geriátricos. Se otorgaron unos 40.000 turnos en 24 horas, entre el viernes y el sábado anterior al inicio de la inoculación. En esta etapa, que comenzó con los mayores de 80, se incluirá luego a los mayores de 70. En total son casi 460.000 personas, de acuerdo con lo informado por el distrito.

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Internacional

Dimite el fiscal general de Panamá en medio de varios escándalos

Eduardo Ulloa comunicó a través de las redes sociales su dimisión irreversible debido al escándalo de abusos sexuales a menores en albergues del Estado panameño, un caso que ha conmocionado al país. El exfuncionario aseguró que espera que con este gesto se contribuya «a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar en procura de un mejor país».

El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, renunció este 24 de febrero en medio de numerosos escándalos sin resolver en el país, motivado principalmente por la conmoción que ha supuesto para el Estado centroamericano el destape de abusos sexuales a menores en albergues públicos.

Ulloa subió un vídeo en YouTube en el que leyó su carta de «renuncia irrevocable» a partir del 1 de marzo al cargo de fiscal general.

«Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña», afirmó el exfuncionario en su carta de renuncia.

La dimisión se dio poco después de que la Procuraduría anunciase que comenzará a investigar los 54 albergues públicos del país después de que se denunciasen en 14 de ellos maltrato físico y psicológico, abusos sexuales a menores y tratos “infrahumanos”.

El trabajo de Ulloa ha sido puesto en entredicho por este caso y por otra serie de escándalos que no han tenido una resolución o un avance significativo desde su toma de posesión en enero de 2020 por un periodo de cinco años.

El exfiscal no pudo dar solución en este tiempo a las causas de corrupción de las multinacionales Odebrecht y FCC, por los que apenas hay dos personas en prisión condicional y varias decenas de investigados e imputados.

Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de cobrar sobornos de la empresa, y Juan Carlos Varela (2014-2019), acusado de haber recibido de la constructora financiación ilícita para sus campañas electorales.

Caso de abuso a menores en albergues

Una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó hace más de dos semanas un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues a nivel nacional, en los que se acoge a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Los albergues en Panamá están administrados por oenegés y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y en muchos casos se les otorga fondos públicos para su financiación.

La lenta respuesta de algunas instituciones estatales ante la grave denuncia y la falta de control de estas han provocado una serie de protestas en todo el país contra la gestión pública. Los manifestantes han acusado al presidente del país, Laurentino Cortizo, de ser demasiado tibio en su reacción a lo expuesto.

Hasta el momento, el ministerio ha imputado a ocho personas por los abusos a menores y se sabe que alguna de las víctimas sufrió este tipo de violación de forma repetida durante varios años.

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