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Destituyen al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 13 años al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, al ser determinador de una reunión para ejercer presión sobre otro oficial de la institución para que se retractara de lo consignado en un oficio donde hizo algunas imputaciones en contra del general (r).

Por esos mismos hechos, fue destituido e inhabilitado por diez años el entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Policía, mayor John Santos Quintero Landinez, y se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de diez años impuesta a los coroneles (r) Ciro Carvajal Carvajal y Flavio Mesa Castro, quienes se desempeñaban como secretario General y comandante de la Policía de Cundinamarca, respectivamente, para la época de los hechos.

El Ministerio Público estableció que el general (r) Palomino López les ordenó al mayor y los coroneles que se reunieran con el oficial que radicó el documento que ponía de presente actos irregulares del general, el entonces teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, para convencerlo de que se retractara de lo dicho en el documento.

Como contraprestación, le indicaron que sería favorecido en un proceso disciplinario en caso de que el mismo llegara a segunda instancia, pues esa decisión era competencia directa del Director General de la institución.

Para el Ministerio Público, se demostró con certeza que el general (r) Palomino organizó reuniones por fuera de la actuación procesal, y por tanto de forma irregular, con fines contrarios a la ética que le corresponde al servidor público, “pues no son las reuniones ilegítimas donde se debaten las inquietudes de los disciplinados, sino al interior de los respectivos procesos disciplinarios a través de las formas establecidas para ello por el legislador”.

Igualmente, se estableció que una vez Gómez Bernal radicó el oficio de retractación como consecuencia de la presión ejercida por los oficiales, el general (r) Palomino optó por no declararse impedido en el proceso disciplinario y en su condición de juez disciplinario de segunda instancia falló a favor, “sin que esa situación, a todas luces irregular, le produjera ningún recato a tan alto servidor que regentaba los destinos de una institución estatuida para proteger no solo la vida sino la honra de las personas, contrarrestar el delito y la corrupción”.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Por tratarse de un recurso de reposición fallado por el despacho del Procurador General de la Nación, contra la misma no procede recurso alguno y en consecuencia quedó en firme. 

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Desde seis frentes de trabajo la Fiscalía desarrollará Caso Odebrecht

Fiscalía toma nuevas decisiones en tres frentes distintos de investigación relacionados con el entramado de corrupción que vincula a Odebrecht: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más.

A partir de la unificación de distintas líneas investigativas que estaban dispersas, el Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estructuró seis frentes de trabajo.

La Fiscalía General de la Nación imputará a 12 personas por su presunta participación en hechos irregulares detectados en tres de los frentes definidos: Interconector Tunjuelo – Canoas, la Ruta del Sol III y, otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht.

Las acciones investigativas y judiciales de la Fiscalía General de la Nación por el caso Odebrecht adquirieron una nueva dinámica y se han fortalecido.

 

Tareas Especiales

El 3 de marzo de 2020, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso la creación del Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 grandes líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos y tener una visión integral del entramado de corrupción auspiciado por la multinacional.

En ese sentido, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, como orientador del grupo especial, conformó un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas.

Inicialmente, los procesos fueron trasladados al Grupo de Tareas Especiales. Esta labor tardó cerca de tres meses por tratarse de expedientes voluminosos y de alta complejidad como el relacionado con el interconector Tunjuelo – Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 elementos probatorios y una cantidad variada de testigos.

 

Visión integral

En medio de las restricciones por la pandemia se ha avanzado en tener una visión integral del caso Odebrecht en Colombia. Actualmente, son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja el material de prueba o hubo circunstancias que se dejaron de investigar.

Asimismo, fueron corregidas actuaciones anteriores con el fin de evitar futuros tropiezos en etapas procesales. Por ejemplo, se solicitó la nulidad de la imputación al señor Francesco Stopponi, por el contrato suscrito para la Ruta del Sol III; y se impugnó la competencia del juez penal de Montería que tenía a cargo el caso contra Andrés Salazar Ferro.

Simultáneamente, el Grupo de Tareas Especiales participó en los procesos que estaban en etapa de juicio y en audiencias presididas por el juez de conocimiento. Se ha verificado que se cumpla con la devolución de los dineros apropiados por Federico Gaviria Velásquez, Gustavo Adolfo Torres Forero, Gabriel Alejandro Dumar y Eduardo José Zambrano, tal como quedó consignado en las sentencias condenatorias en su contra.

Las actividades dispuestas por el Grupo de Tareas Especiales permitieron unificar seis frentes investigativos, estos son: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más que se refieren a posibles delitos de la multinacional en Colombia.

 

Audiencias de imputación

Gracias a la valoración de los elementos de prueba, fiscales del Grupo de Tareas Especiales citarán a audiencias de imputación a 12 personas que estarían involucradas en tres de los frentes investigativos definidos, estos son:

 

Interconector Tunjuelo – Canoas: i) Carlos Alberto Acero Arango

El 30 de diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por $243.117’273.906 para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas negras desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.

Por irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores.

En el marco de este proceso, la Fiscalía imputará al ex director operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Este exfuncionario fue integrante del comité evaluador y, posteriormente, asumió como interventor interno designado por la EAAB. En los dos roles que ejerció, al parecer, incurrió en actuaciones contrarias a la ley.

 

Ruta del Sol III – i) Luis Fernando Andrade Moreno

Ante las fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso y en atención a la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad de lo actuado, la Fiscalía General de la Nación subsanó las anomalías advertidas e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La diligencia está programada para el próximo 1 de marzo.

Las investigaciones permitieron conocer que el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.

Por mediar de manera ilegal en estas adiciones, José Roberto Prieto Uribe recibió cerca de 900 millones de pesos. Por esto hechos aceptó su responsabilidad y fue condenado.

 

ii). Contratos ficticios

El Grupo de tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que José Roberto Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.

 

En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a:

José Roberto Prieto.

Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos.

Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland.

Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E.

Natalia Isaza Velásquez.

 

Otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht

En una de las líneas de investigación, la Fiscalía encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a:

Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S.

David Fernando Portilla Colunge.

Esteban Moreno Pérez.

Ricardo Rey Pulido.

 

Cooperación Internacional

Finalmente, en el ámbito de la cooperación judicial de Colombia con la República Federal de Brasil, se han realizado reuniones de alto nivel para buscar fórmulas que permitan avanzar en la consecución de la información por los hechos de corrupción cometidos por directivos y empleados de la firma Odebrecht.

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Roberto Prieto será imputado por la Fiscalía por lavado de activos en caso Odebrecht

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10%, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, será imputado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Este es solo un caso de cinco hechos más por los cuales la Fiscalía tiene bajo la mira al polémico empresario.

Fue en 2016 cuando se aprobó un otrosí en el marco de la polémica Ruta del Sol Sector 3 para diseñar y construir un puente que llevara de Plato a Zambrano, en el departamento del Magdalena. El contrato por más de 5,789 millones de pesos se lo ganó el concesionario Yuma Concesionaria S.A., que a su vez subcontrató a la empresa Consultores Unidos S.A. para realizar estudios de diseño y otros análisis tipológicos relacionados con el puente.

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10%, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

Mediante distintos testimonios y, sobre todo, inteligencia financiera, las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, aseguran tener la certeza de que Prieto recibió en efectivo y también en transacciones bancarias ese dinero proveniente de un subcontrato que, según el ente investigador, nunca se ejecutó.

Con Prieto serán imputadas otras cuatro personas por este caso. Cabe recordar que por este caso, el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos había sido condenado a cinco años por otros delitos, pero no por lavado de activos que puede tener una pena entre diez y más de veinte años.

La cadena de noticias RCN reveló que Prieto está solicitando libertad condicional o detención domiciliaria, también que la Fiscalía está dispuesta a concederle «inmunidad total», pero sólo si Prieto hace lo que se llama en derecho penal una «delación jerárquica», es decir, que hable de personas que estuvieran por encima de él o se beneficiaran de estos delitos.

También este medio conoció que por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, el único que va a poder negociar beneficios judiciales con Roberto Prieto es el fiscal del caso, el doctor Gabriel Jaimes, y solo si hay colaboración real y efectiva.

El fiscal Jaimes enviará una comunicación al Ministro de Justicia pidiéndole que revise las condiciones de detención de Prieto en el Centro de Estudios de la Policía, (CESPO), que es donde está recluido. Es más, la Fiscalía pedirá al gobierno que no se envíe a más personas privadas de la libertad a ese lugar por las dudas que genera la forma en que están viviendo los detenidos.

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Lo que hay detrás de la captura del empresario Cecilio ‘Gigio’ Vera

Conmoción en la opinión pública santandereana al conocer sobre la conducción del empresario bumangués Cecilio Vera ante autoridad competente. Lo cierto hasta el momento es que el excandidato a la Alcaldía atiende el llamado a la justicia. Familia y amigos esperan su pronto regreso a casa.

Muy rápido todas las cadenas de solidaridad se extendieron por la ciudad de Bucaramanga al empezar a revelarse que el empresario bumangués Cecilio Vera, conocido como Gigio y sus negocios Gigiomania, fue detenido.

Las versiones que empezaron a circular señalan que el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga habría sido conducido por las autoridades en una investigación que se da por los delitos de concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas.

Al parecer serían doce las personas que habrían sido conducidas por la Unidad de Reacción Inmediata – URI – en una investigación que apenas comienza, en donde lo único cierto es que esas personas comparecerán ante un Juez de Control de Garantías.

En el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, en el mismo Palacio de Justicia, se realizarán las audiencias. Según el procedimiento, todas las personas conducidas podrían estar en la misma audiencia o podrían hacerse audiencias por separado. Ese proceder lo determina la misma justicia.

Las personas conducidas estarán acompañadas de su abogado, o en su defecto, de no tenerlo, la Defensoría del Pueblo les asigna un profesional que los acompañe.

A la audiencia asiste el Fiscal y el representante del Ministerio Público. El Fiscal será el encargado de relatar ante el Juez de Control de Garantías todo el procedimiento que se realizó para estar en ese momento allí presentando a las personas conducidas.

Según esa primera instancia se verificará que el procedimiento fue legal, que el proceder se basó en órdenes emanadas de autoridad competente. De acuerdo con las primeras versiones ninguna de las personas fue conducida en flagrancia, así que tendrá que procederse a verificar que esas órdenes tenían el sustento y lo avanzado está dentro de la ley. De no ser así todos recuperarían la libertad de inmediato.

Cumplida esa primera fase se procedería a la segunda que es la imputación de los delitos y es allí en donde empezará a revelarse quién de esas personas conducidas en realidad tiene que ver con los asuntos que se investigan o al contrario están allí por error.

Si los conducidos son encontrados sospechosos de alguno de los delitos por los cuales son imputados, el fiscal procederá a solicitar la medida de aseguramiento e internamiento en un centro penitenciario.

El abogado puede apelar todas las instancias, desde la primera con la legalización de la captura, con la segunda que es la imputación de cargos o la tercera que es la solicitud de medida de aseguramiento. En la tercera inclusive puede solicitar que su defendido, si se le dicta medida de aseguramiento, cumpla esa instancia en detención domiciliaria mientras dura la etapa de juicio.

Cecilio Vera está allí conducido a la URI y será llevado al centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga para atender estas audiencias. Mientras las audiencias no se cumplan se desconoce su suerte judicial y más que nadie, el mismo Cecilio Vera sabe si podrá regresar a su casa sin ninguna anotación en su hoja de vida o tendrá que continuar allí vinculado.

Su arraigo, su vida profesional, hasta su vida pública hacen de Cecilio Vera un ciudadano ejemplar, quien incluso aspiró a ser Alcalde de Bucaramanga en una oportunidad y en la anterior ocasión fue precandidato a la Alcaldía pero en última instancia adhirió a la candidatura de Claudia López.

Su arraigo, es decir su vida y su trabajo están ligados a Bucaramanga, la gente sabe en dónde están las tiendas Gigiomania e inclusive los almacenes eléctricos de la familia. Su capital económico tendría la forma de justificarse. Sin embargo, está allí, respetuoso de la justicia, por un llamado en un procedimiento. Todo está por decirse.

Mientras tanto la familia expidió un comunicado que dice que “En atención a las notas de prensa que se han divulgado desde algunos medios de comunicación con respecto a la detención del empresario bumangués Cecilio Vera, nos permitimos informar a la opinión pública que se está brindando toda la colaboración posible a las autoridades para esclarecer los hechos cuanto antes y de la mejor manera posible».

«Cecilio Vera se ha dedicado por más de treinta años a crear empresa e impulsar el emprendimiento en Santander. Su trabajo como empresario ha logrado generar más de 2.500 empleos desde quince empresas santandereanas, aportando al desarrollo económico, productivo y social de nuestra región”.

“Su gestión también ha permitido entregar más de cuatro mil incentivos deportivos y apoyar la educación en la primera infancia de más de 2.370 niños de la ciudad”.

“Con el fin de continuar con su labor, Cecilio Vera cuenta con el apoyo de los más de 150 mil bumangueses que confiaron en él durante su candidatura a la Alcaldía, y de todas las familias santandereanas que verdaderamente lo conocen y confían en él”.

“Hoy todos nos unimos para mostrarle nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad”.

Como en todo procedimiento oficial se presume la inocencia y Cecilio Vera está allí presente en atención a esa investigación que adelanta la Fiscalía.

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