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Capturan a exfuncionario de la Procuraduría General por presunta corrupción

El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.

En las últimas horas, en desarrollo de la estrategia investigativa para combatir la corrupción en la administración pública, la Fiscalía en conjunto con la Dijín capturó a Jesús Alejandro Garzón, un exfuncionario de la Procuraduría que se desempeñaba hasta el pasado viernes, 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión.

Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos servidores de esa entidad, que al parecer actuaban de manera ilícita en el despacho del exprocurador general Fernando Carrillo.

La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en diciembre de 2019.

Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.

El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.

Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.

Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora.

Uno de los presuntos perjudicados fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido $300 millones para favorecerlo en una investigación relacionada con un contrato, cuando fue gobernador de Santander. Además del senador, también harían sido víctimas de exigencias la exsenadora Aida Merlano y ‘Jesús Santrich’.

Jesús Alejandro Garzón Rincón ingresó a la Procuraduría en 1993. Es funcionario de carrera administrativa. En 2005 siendo funcionario Grado 17 fue nombrado en la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Disciplinarios.

En 2008 de una lista de elegibles fue nombrado asesor Grado 21. Fue procurador Regional Santander desde el primero octubre de 2010 al ocho de agosto de 2011.

Desde el 1 junio de 2016 al 28 de mayo de 2018, cuando se desempeñaba en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, le fue concedida una comisión especial para desempeñarse como “Procurador Auxiliar Código 017 Grado 05” en la Personería de Bogotá D.C. El 29 de mayo de 2018 la comisión le fue prorrogada hasta por otros dos años (28 de mayo de 2020).

El 20 de diciembre de 2018 renunció a la comisión especial y fue ordenado su reintegro al cargo del que era titular en la Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, a partir del 1 de enero de 2019.

El 17 de diciembre de 2019 luego de que el PGN tuviera conocimiento de la denuncia sobre una presunta exigencia de dinero por parte del funcionario, dio instrucción de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y se pidió apoyo al Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Por recomendación directa de los investigadores de la Dijin Garzón Rincón permaneció en su cargo mientras se avanzaba en la recolección de pruebas que fueron aportadas, desde diciembre de 2019 y ampliadas en el mes de marzo, a la Fiscalía 106 Seccional Bogotá, con miras a la estructuración de un proceso que permitiera solicitar la captura del funcionario e identificar a eventuales cómplices de la red que solicitaría millonarias sumas para el supuesto cambio de fallos.

El 30 de junio de 2020 por Decreto 696 a Garzón Rincón le fueron asignadas funciones en la Procuraduría Segunda Distrital, mientras avanzaba el proceso penal y se hacia efectiva la orden de captura No. 2020-046, de fecha 24 de noviembre.

Internamente, la Veeduría de la PGN abrió proceso disciplinario y suspendió por tres meses a Jesús Alejandro Garzón Rincón.

Según las pruebas que hacen parte del expediente, el investigado coordinaba acercamientos, acuerdos y recibía dinero a cambio de información privilegiada o cambiar el sentido de las decisiones.

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Desde seis frentes de trabajo la Fiscalía desarrollará Caso Odebrecht

Fiscalía toma nuevas decisiones en tres frentes distintos de investigación relacionados con el entramado de corrupción que vincula a Odebrecht: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más.

A partir de la unificación de distintas líneas investigativas que estaban dispersas, el Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estructuró seis frentes de trabajo.

La Fiscalía General de la Nación imputará a 12 personas por su presunta participación en hechos irregulares detectados en tres de los frentes definidos: Interconector Tunjuelo – Canoas, la Ruta del Sol III y, otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht.

Las acciones investigativas y judiciales de la Fiscalía General de la Nación por el caso Odebrecht adquirieron una nueva dinámica y se han fortalecido.

 

Tareas Especiales

El 3 de marzo de 2020, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso la creación del Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 grandes líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos y tener una visión integral del entramado de corrupción auspiciado por la multinacional.

En ese sentido, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, como orientador del grupo especial, conformó un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas.

Inicialmente, los procesos fueron trasladados al Grupo de Tareas Especiales. Esta labor tardó cerca de tres meses por tratarse de expedientes voluminosos y de alta complejidad como el relacionado con el interconector Tunjuelo – Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 elementos probatorios y una cantidad variada de testigos.

 

Visión integral

En medio de las restricciones por la pandemia se ha avanzado en tener una visión integral del caso Odebrecht en Colombia. Actualmente, son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja el material de prueba o hubo circunstancias que se dejaron de investigar.

Asimismo, fueron corregidas actuaciones anteriores con el fin de evitar futuros tropiezos en etapas procesales. Por ejemplo, se solicitó la nulidad de la imputación al señor Francesco Stopponi, por el contrato suscrito para la Ruta del Sol III; y se impugnó la competencia del juez penal de Montería que tenía a cargo el caso contra Andrés Salazar Ferro.

Simultáneamente, el Grupo de Tareas Especiales participó en los procesos que estaban en etapa de juicio y en audiencias presididas por el juez de conocimiento. Se ha verificado que se cumpla con la devolución de los dineros apropiados por Federico Gaviria Velásquez, Gustavo Adolfo Torres Forero, Gabriel Alejandro Dumar y Eduardo José Zambrano, tal como quedó consignado en las sentencias condenatorias en su contra.

Las actividades dispuestas por el Grupo de Tareas Especiales permitieron unificar seis frentes investigativos, estos son: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más que se refieren a posibles delitos de la multinacional en Colombia.

 

Audiencias de imputación

Gracias a la valoración de los elementos de prueba, fiscales del Grupo de Tareas Especiales citarán a audiencias de imputación a 12 personas que estarían involucradas en tres de los frentes investigativos definidos, estos son:

 

Interconector Tunjuelo – Canoas: i) Carlos Alberto Acero Arango

El 30 de diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por $243.117’273.906 para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas negras desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.

Por irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores.

En el marco de este proceso, la Fiscalía imputará al ex director operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Este exfuncionario fue integrante del comité evaluador y, posteriormente, asumió como interventor interno designado por la EAAB. En los dos roles que ejerció, al parecer, incurrió en actuaciones contrarias a la ley.

 

Ruta del Sol III – i) Luis Fernando Andrade Moreno

Ante las fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso y en atención a la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad de lo actuado, la Fiscalía General de la Nación subsanó las anomalías advertidas e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La diligencia está programada para el próximo 1 de marzo.

Las investigaciones permitieron conocer que el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.

Por mediar de manera ilegal en estas adiciones, José Roberto Prieto Uribe recibió cerca de 900 millones de pesos. Por esto hechos aceptó su responsabilidad y fue condenado.

 

ii). Contratos ficticios

El Grupo de tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que José Roberto Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.

 

En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a:

José Roberto Prieto.

Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos.

Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland.

Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E.

Natalia Isaza Velásquez.

 

Otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht

En una de las líneas de investigación, la Fiscalía encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a:

Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S.

David Fernando Portilla Colunge.

Esteban Moreno Pérez.

Ricardo Rey Pulido.

 

Cooperación Internacional

Finalmente, en el ámbito de la cooperación judicial de Colombia con la República Federal de Brasil, se han realizado reuniones de alto nivel para buscar fórmulas que permitan avanzar en la consecución de la información por los hechos de corrupción cometidos por directivos y empleados de la firma Odebrecht.

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Roberto Prieto será imputado por la Fiscalía por lavado de activos en caso Odebrecht

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10%, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, será imputado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Este es solo un caso de cinco hechos más por los cuales la Fiscalía tiene bajo la mira al polémico empresario.

Fue en 2016 cuando se aprobó un otrosí en el marco de la polémica Ruta del Sol Sector 3 para diseñar y construir un puente que llevara de Plato a Zambrano, en el departamento del Magdalena. El contrato por más de 5,789 millones de pesos se lo ganó el concesionario Yuma Concesionaria S.A., que a su vez subcontrató a la empresa Consultores Unidos S.A. para realizar estudios de diseño y otros análisis tipológicos relacionados con el puente.

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10%, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

Mediante distintos testimonios y, sobre todo, inteligencia financiera, las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, aseguran tener la certeza de que Prieto recibió en efectivo y también en transacciones bancarias ese dinero proveniente de un subcontrato que, según el ente investigador, nunca se ejecutó.

Con Prieto serán imputadas otras cuatro personas por este caso. Cabe recordar que por este caso, el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos había sido condenado a cinco años por otros delitos, pero no por lavado de activos que puede tener una pena entre diez y más de veinte años.

La cadena de noticias RCN reveló que Prieto está solicitando libertad condicional o detención domiciliaria, también que la Fiscalía está dispuesta a concederle «inmunidad total», pero sólo si Prieto hace lo que se llama en derecho penal una «delación jerárquica», es decir, que hable de personas que estuvieran por encima de él o se beneficiaran de estos delitos.

También este medio conoció que por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, el único que va a poder negociar beneficios judiciales con Roberto Prieto es el fiscal del caso, el doctor Gabriel Jaimes, y solo si hay colaboración real y efectiva.

El fiscal Jaimes enviará una comunicación al Ministro de Justicia pidiéndole que revise las condiciones de detención de Prieto en el Centro de Estudios de la Policía, (CESPO), que es donde está recluido. Es más, la Fiscalía pedirá al gobierno que no se envíe a más personas privadas de la libertad a ese lugar por las dudas que genera la forma en que están viviendo los detenidos.

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Lo que hay detrás de la captura del empresario Cecilio ‘Gigio’ Vera

Conmoción en la opinión pública santandereana al conocer sobre la conducción del empresario bumangués Cecilio Vera ante autoridad competente. Lo cierto hasta el momento es que el excandidato a la Alcaldía atiende el llamado a la justicia. Familia y amigos esperan su pronto regreso a casa.

Muy rápido todas las cadenas de solidaridad se extendieron por la ciudad de Bucaramanga al empezar a revelarse que el empresario bumangués Cecilio Vera, conocido como Gigio y sus negocios Gigiomania, fue detenido.

Las versiones que empezaron a circular señalan que el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga habría sido conducido por las autoridades en una investigación que se da por los delitos de concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas.

Al parecer serían doce las personas que habrían sido conducidas por la Unidad de Reacción Inmediata – URI – en una investigación que apenas comienza, en donde lo único cierto es que esas personas comparecerán ante un Juez de Control de Garantías.

En el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, en el mismo Palacio de Justicia, se realizarán las audiencias. Según el procedimiento, todas las personas conducidas podrían estar en la misma audiencia o podrían hacerse audiencias por separado. Ese proceder lo determina la misma justicia.

Las personas conducidas estarán acompañadas de su abogado, o en su defecto, de no tenerlo, la Defensoría del Pueblo les asigna un profesional que los acompañe.

A la audiencia asiste el Fiscal y el representante del Ministerio Público. El Fiscal será el encargado de relatar ante el Juez de Control de Garantías todo el procedimiento que se realizó para estar en ese momento allí presentando a las personas conducidas.

Según esa primera instancia se verificará que el procedimiento fue legal, que el proceder se basó en órdenes emanadas de autoridad competente. De acuerdo con las primeras versiones ninguna de las personas fue conducida en flagrancia, así que tendrá que procederse a verificar que esas órdenes tenían el sustento y lo avanzado está dentro de la ley. De no ser así todos recuperarían la libertad de inmediato.

Cumplida esa primera fase se procedería a la segunda que es la imputación de los delitos y es allí en donde empezará a revelarse quién de esas personas conducidas en realidad tiene que ver con los asuntos que se investigan o al contrario están allí por error.

Si los conducidos son encontrados sospechosos de alguno de los delitos por los cuales son imputados, el fiscal procederá a solicitar la medida de aseguramiento e internamiento en un centro penitenciario.

El abogado puede apelar todas las instancias, desde la primera con la legalización de la captura, con la segunda que es la imputación de cargos o la tercera que es la solicitud de medida de aseguramiento. En la tercera inclusive puede solicitar que su defendido, si se le dicta medida de aseguramiento, cumpla esa instancia en detención domiciliaria mientras dura la etapa de juicio.

Cecilio Vera está allí conducido a la URI y será llevado al centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga para atender estas audiencias. Mientras las audiencias no se cumplan se desconoce su suerte judicial y más que nadie, el mismo Cecilio Vera sabe si podrá regresar a su casa sin ninguna anotación en su hoja de vida o tendrá que continuar allí vinculado.

Su arraigo, su vida profesional, hasta su vida pública hacen de Cecilio Vera un ciudadano ejemplar, quien incluso aspiró a ser Alcalde de Bucaramanga en una oportunidad y en la anterior ocasión fue precandidato a la Alcaldía pero en última instancia adhirió a la candidatura de Claudia López.

Su arraigo, es decir su vida y su trabajo están ligados a Bucaramanga, la gente sabe en dónde están las tiendas Gigiomania e inclusive los almacenes eléctricos de la familia. Su capital económico tendría la forma de justificarse. Sin embargo, está allí, respetuoso de la justicia, por un llamado en un procedimiento. Todo está por decirse.

Mientras tanto la familia expidió un comunicado que dice que “En atención a las notas de prensa que se han divulgado desde algunos medios de comunicación con respecto a la detención del empresario bumangués Cecilio Vera, nos permitimos informar a la opinión pública que se está brindando toda la colaboración posible a las autoridades para esclarecer los hechos cuanto antes y de la mejor manera posible».

«Cecilio Vera se ha dedicado por más de treinta años a crear empresa e impulsar el emprendimiento en Santander. Su trabajo como empresario ha logrado generar más de 2.500 empleos desde quince empresas santandereanas, aportando al desarrollo económico, productivo y social de nuestra región”.

“Su gestión también ha permitido entregar más de cuatro mil incentivos deportivos y apoyar la educación en la primera infancia de más de 2.370 niños de la ciudad”.

“Con el fin de continuar con su labor, Cecilio Vera cuenta con el apoyo de los más de 150 mil bumangueses que confiaron en él durante su candidatura a la Alcaldía, y de todas las familias santandereanas que verdaderamente lo conocen y confían en él”.

“Hoy todos nos unimos para mostrarle nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad”.

Como en todo procedimiento oficial se presume la inocencia y Cecilio Vera está allí presente en atención a esa investigación que adelanta la Fiscalía.

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