En la nueva forma de hacer control fiscal en Colombia la Auditoría General de la República va a evaluar de manera periódica a las Contralorías y la norma establece que ente que se raje será intervenido por la Contraloría General de la República.

Quien describe el escenario es Carlos Fernando Pérez Gélvez, economista y administrador de empresas, de 49 años, quien al posesionarse el 28 de enero de 2020 en la Contraloría General de Santander apenas imaginaba el réquiem que le esperaba y lo acompañará hasta el 31 de diciembre de 2021. Dos años.

Corrillos! revela situaciones anómalas en la administración y la ciudadanía espera que los entes de control salten sobre el animal político. Pero para el Contralor General de Santander 2020-2021, nacido en Bucaramanga, los procesos no son tan rápidos como uno quisiera.

Bajan recursos

Carlos Fernando Pérez contó que hay un Proyecto de Ley que debe presentar el Contralor General de la República o el Presidente de la República, ante el Congreso que busque el fortalecimiento financiero de las contralorías territoriales. “Las contralorías territoriales pasamos por un momento duro económicamente”, dijo.

“En Santander, cuando me posicioné –dijo Pérez- encuentro una Contraloría que disminuyó en 1.500 millones de pesos su presupuesto, el 12% en el cambio de la vigencia 2019 a 2020, y para el año 2021 disminuiremos en 500 millones de pesos más, es decir del 2019 al 2021 disminuimos 19% el presupuesto. Y debemos hacer el mismo proceso auditor”. Explicó que la primera disminución 2019-2020 se da a raíz del cambio de categoría del Departamento.

Señaló que dentro de la Ley a presentar en el Congreso de la República, los contralores y el Contralor General buscan cambiar las formas en que las contralorías reciben ingresos ¿Por qué?

“Porque las contralorías –dijo Pérez-, por ejemplo Santander cambió de segunda a primera categoría, las contralorías deberían recibir un mejor ingreso, pero no. En segunda categoría la entidad recibía el 3,2% de los (icld) ingresos corrientes de libre destinación, al mejorarle categoría, establecido en Ley 610 del 2000, disminuyen del 3,2 al 2,7% los icld. Como dependemos del porcentaje de los icld, para el 2021 los icld de Santander y del país van a disminuir por la pandemia, el país duró seis meses estancado por las cuarentenas, por tanto se disminuirán los ingresos, pero igual debemos cumplir nuestro objeto social: hacerle auditoría a más de 280 sujetos de control en Santander”.

El presidente

Pese al panorama, durante el Primer Congreso de Contralores, Carlos Fernando Pérez fue elegido Presidente del Consejo Nacional de Contralores. Y presidente de la Comisión Especial de Carrera, establecida por Decreto 409 del 2020. La elección se hizo entre los 64 Contralores.

Y mientras tanto en Santander, “están suspendidos dos altos funcionarios de Idesan. Hicimos un proceso de auditoría especial en compañía de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, y salió el informe que muestra daños fiscales por 12 mil millones de pesos”. ¿Recuperables? “Esa tarea –dijo Pérez- inicia apenas, no creo que se puedan recuperar los 12 mil millones de pesos, pero la tarea es recuperar lo más posible”.

El trabajo del Contralor de Santander va de la mano con el proceso auditor, “atendemos las denuncias de los santandereanos. En el 2019 tuvimos 200 denuncias en el Departamento, hoy van más de 600. En cuarentena con la gente en casa se facilitó la denuncia virtual”, dijo Pérez.

“En Puerto Parra hicimos la visita con el equipo de Reacción Inmediata de la Contraloría General de Santander y encontramos unos presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos de bioseguridad y mercados. Solicité al Gobernador de Santander la suspensión del Alcalde. El Alcalde reconoció que hubo un presunto sobrecosto de 20 millones de pesos, hizo la devolución y ya regresó a su cargo”.

Mientras que en el municipio del Socorro, reveló el Contralor, “adelantamos la respectiva investigación, pero la Contraloría General de la República mediante la facultad que le da el Decreto 403 de 2020 hizo la intervención funcional y trasladó la investigación a Bogotá”.

El Hospital

Sobre las frenadas obras del Hospital de San Gil dijo el Contralor Pérez que “el Hospital contrata estudios y diseños para la construcción del Hospital. La Gobernación de Santander contrata la construcción del Hospital, y cuando inicia la obra se dan cuenta que los estudios y diseños no se aplican con la realidad del terreno. Suspenden la obra porque los recursos, 25 mil millones de pesos, no son suficientes para la construcción del Hospital. Entiendo técnicamente que los estudios definieron hacer unas excavaciones de ciertas medidas, e in situ se dieron cuenta que debían profundizar más allá de lo previsto y eso genera mayores costos”.

“Hemos hecho mesas de trabajo virtuales con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Gobernación de Santander, se generó un compromiso por parte del Ministerio y espera que la Gobernación presente los nuevos estudios y diseños, para poder financiar la parte que hace falta”, explicó Pérez.

Sobre el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que “han llegado denuncias de procesos que se adelantan pero lo fuerte será el año 2021. Las contralorías territoriales hacemos control posterior y selectivo. La única que tiene la facultad de hacer un control preventivo es la Contraloría General de la República”.

“Durante esta vigencia auditamos la administración anterior, año 2019 y años anteriores por denuncias que lleguen. No hemos encontrado temas graves o los adicionamos al proceso auditor que iniciaremos en febrero del 2021”.

Dijo Pérez que “quiero dejar esta Contraloría posicionada en la sociedad santandereana como un ente de control que lucha contra la corrupción, un ente de control visible, y hemos logrado esa visibilidad inclusive a nivel nacional. Ostentar la Presidencia del Consejo Nacional de Contralores me da la facilidad de que Santander sea tenido en cuenta en varios temas de política nacional”.

El buen funcionario afronta retos y sigue. Muestra resultados en bonanza o en sequía. Un ejemplo de ello es Camilo Arenas Valdivieso, quien estaba preparado para ser Secretario del Interior de Santander. Listo para afrontar los retos. Es un hombre serio, pero no de malgenio. Sonríe lo necesario. Es más joven de lo que parece. Quienes trabajan a su lado no le temen, lo respetan y lo apoyan. Por su adn es pulcro y elegante, pero no recargado.

Hace un poco más de ocho meses redactaba en su acogedora oficina, un ejemplo del buen gusto, su plan de trabajo. Sin embargo varias semanas después, a comienzos de marzo, su agenda se llenó de retos inesperados. Arenas comenzó una titánica labor para enfrentar tres temas colosales: La pandemia por el Covid-19, el hacinamiento en las cárceles y el riesgo de contagio, y la concentración de migrantes en Santander.

Arenas Valdivieso puso manos a la obra, sin descuidar los otros temas que no son pocos. El reto lo cumplió, según lo confirma su relato y lo reafirma lo evidente: Ningún tema se salió de las manos. “Nos ha ido muy bien –dice-. La dificultad nos da la oportunidad para trabajar de una forma distinta. Iniciamos con el Gobernador, la Policía y el Ejército una revisión pormenorizada municipio a municipio y logramos análisis de buena referencia en el departamento. Empezamos a incentivar la articulación institucional, y tuvimos buenos resultados”.

Arenas quería en principio fortalecer Policía, Ejército y Migración, en herramientas, movilidad, comunicaciones, equipamiento. Pero tuvo que pasar página y enfrentar la urgente problemática: El Covid-19. La cárcel de Villavicencio con contagios y celdas llenas era un espejo que no se podía ignorar.

Los penales en Santander sufren de hacinamiento. Según Arenas, “iniciamos un proceso interno en la Secretaria para suplir las cárceles de todo el departamento con elementos de bioseguridad”. “El objetivo – dijo- era contener cualquier tipo de expansión de contagio dentro de los penales. La Fuerza Pública también recibió elementos de bioseguridad”. “La reacción fue muy rápida para salir por todos los municipios del departamento a brindarles la ayuda”.

Hacinamiento

El Secretario de Interior de Santander reconoce que “teníamos un retraso en materia carcelaria de veinte años y ahí vino el Decreto 804, y los decretos del orden nacional que nos pusieron en una posición difícil porque ordenaron el cierre de los penales. No se permitía el ingreso de más personas a las cárceles. Los sindicados quedaron atrapados en las Estaciones de Policía y allí se produjo otro hacinamiento. Además los penales ya estaban al tope”.

El Gobierno Nacional conoció del problema. El Viceministro de Justicia, el santandereano Javier Augusto Sarmiento Olarte, “nos visitó y empezamos a plantear salidas -dijo Arenas-. Hoy tenemos el nuevo bloque de la Cárcel de Palogordo que puede albergar a 760 internos. Eso va a impactar en el hacinamiento para lograr un equilibrio. Por decretos algunos internos salieron y eso ayudó a bajar el número”. En las Estaciones de Policía había 120 personas condenadas responsabilidad del Inpec que fueron trasladadas a los penales previo el protocolo de bioseguridad y pruebas PCR.

Con las mujeres estuvieron muy pendientes del aislamiento, los protocolos de seguridad, y el número de internas es mucho menor.

Los menores de edad ingresados están en los Centros de Atención Especializada CAE en Piedecuesta. Se han hecho mejoras, remodelaciones a la estructura física, los menores están bien, confirmó el Secretario del Interior.

Migrantes

“Cuando se acentuó el tema del Covid-19 afloró la concentración de migrantes en Santander, en la salida hacia Cúcuta, como si se hubiesen puesto de acuerdo en el país a enviar todos los migrantes a Santander y terminamos siendo el embudo de Colombia”, dijo Arenas, quien advirtió que “no se trataba de abrir las puertas y lanzarles el problema a Cúcuta y Norte de Santander, al contrario todo el tiempo se hizo una coordinación con Cúcuta, con Frontera, y con Migración Colombia”.

En Santander existe el grupo Gifin de interacción en la Gobernación conformado por la OIM, la Acnur, ONU, Frontera, Migración Colombia, Gobernación de Santander y todas las entidades que tienen que ver con la migración.

El Secretario de Interior se quejó de que “los otros departamentos se descargaron en Santander. El Gobernador se percató de lo que pasaba y se comunicó con Asocapitales y con la Federación Nacional de Departamentos y requirió la coordinación con el tema de migrantes porque la calamidad se visibilizó en Santander. Una noche dejaron 700 migrantes en el Puente de La Libertad, en Barbosa, en situación social muy complicada. Además ya se venía a diario con el manejo de 200 migrantes en tránsito. Y difícil brindar el transporte porque podían llegar a reunirse más de seis mil migrantes en el Parque del Agua, en el nororiente de Bucaramanga. Se dejaban transitar y que los alcaldes les brindaran ayuda con comida”.

“Unos seis mil migrantes –según informó Arenas- fueron trasladados en buses hacia la frontera en coordinación de la Secretarías del Interior de Bucaramanga y de Santander. Fue un trabajo arduo en las noches con el acompañamiento de Policía Nacional y de Migración”.

Barrancabermeja

Arenas informó que con el Viceministerio de Justicia, Santander empezó a revisar el proyecto de una cárcel en Barrancabermeja. Reveló que “queremos que ese proyecto esté orientado a la capacidad real, no puede ser un proyecto que vaya orientado a dos mil personas sino que debe ser mucho mayor”.

“Queremos una obra funcional –dijo el Secretario del Interior-. El Inpec tiene unos predios a las afueras de Barrancabermeja, noventa hectáreas, aunque no se va a utilizar todo el terreno”.

“El proyecto ya está armado, se está actualizando y lo estamos revisando todos. Esperamos que tenga una capacidad superior a dos mil internos, para tener el resto de los penales en el departamento con tranquilidad y de igual forma suplir con las necesidades”, dijo Arenas.

Enarbolar una bandera y no perder el norte permite la consecución de los objetivos, sin embargo los peldaños avanzados se deben cuidar para no regresar al punto de inicio.

Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”.

En Santander la abogada Especialista en Contratación Estatal, Marggy Carolina Rangel Bueno, diputada destacada en la Asamblea Departamental, enarboló la bandera de la equidad de la mujer como un asunto real y no una utopía.

El mecanismo

“Desde mi llegada al cargo de elección popular como Diputada a la Asamblea de Santander, manifesté ante el gobernador de la época Didier Tavera, mi interés en dar cumplimiento a la Ordenanza Departamental No. 028 de 2010 y que se creara el mecanismo institucional de la Política Publica de Mujer y Equidad de Género del Departamento, lo cual llegó a feliz término en el año 2019, con el acompañamiento técnico de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Departamento Administrativo de la función pública. Creando mediante ordenanza No. 028 del 2019, la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género en el Departamento de Santander”, dijo.

En seguida la diputada presentó “un modelo de Ordenanza al gobernador, sobre una propuesta de las dependencias encargadas de los derechos de las mujeres ‘La Secretaría de la Mujer’ y cómo debía estar conformada con una gerencia de Mujer Rural, para poder atender las problemáticas de Las mujeres Rurales Santandereanas, así mismo con cifras de la situación de las mujeres del Departamento”.

Ordenanzas

Esos logros iniciales tienen su sustento, porque desde que Marggy Rangel llegó a la Asamblea se dirigió “a la Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, para capacitarme en el tema de género, derechos de las mujeres, pero también realizando ejercicios de articulación en favor de las mujeres santandereanas”.

Los resultados no tardaron en llegar, es autora de varias ordenanzas:

– Ordenanza Número 018 del 2017 “Por medio de la cual se crea en el Departamento de Santander la Mesa Departamental Intersectorial  para erradicar la Violencia contra las mujeres en el Departamento de Santander”.

– Ordenanza Número 023 del 2018 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la construcción del Plan Departamental para la Prevención y Eliminación de todo tipo de Violencia contra la Mujer en el departamento de Santander “.

– Ordenanza Número 005 del 2020 “Por medio de la cual se crea la comisión legal para la Equidad de la mujer en la Asamblea Departamental de Santander y se dictan otras disposiciones”.

Los primeros pasos se dieron y ya Santander cuenta con la Secretaría de la Mujer, sin embargo para la diputada Marggy Rangel

Falta estructura

“Santander cuenta hoy con una instancia en alto Nivel, pero le falta contar con un equipo humano y estructura administrativa completa, para poder trabajar tanto en empoderamiento económico, como en el derecho a una vida libre de violencia, en derechos humanos, que la sola Secretaria de la Mujer no puede desarrollar ni atender en el Departamento”.

La diputada sabe que se han fortalecido los derechos humanos de las mujeres en Santander de manera significativa, pero no olvida que “debemos seguir articulando con las entidades que tienen a su cargo la defensa la protección y la prevención de los derechos de las mujeres en el departamento con el fin de ejecutar planes de acción conjuntos que conlleven al goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres”.

Pese a la pandemia la diputada Marggy hizo parte activa en esta vigencia del debate de control político sobre la Política Pública de Equidad y Género para las Mujeres y la Prevención del Feminicidio, sin embargo aseguró que “lo más importante es que por unanimidad de los 16 diputados se aprobó en tercer debate El Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades PIO 2020-2029, documento técnico esencial para el desarrollo de la implementación de la Política Pública de Mujer y equidad de género en el departamento”.

Mujeres rurales

Albricias aparte otro tema urgente es el de las mujeres rurales en Santander, con quienes según Marggy Rangel, “se ha tenido una deuda histórica, debido a su territorialidad, la falta de acceso a las nuevas tecnologías, a la falta de incluir el enfoque de género en los servicios de salud, falta de contar con vías terciarias para poder sacar sus productos, a la atención de las violencias de género, de las cuales han sido víctimas; de tal manera que se requiere de recursos importantes para atender las demandas de las mujeres rurales que se encuentren en territorios distantes donde el Estado no hace presencia”.

“Se requieren de políticas, pero con procesos de implementación que no sean discontinuos –dijo la diputada. En materia de derechos de las mujeres, el país ha avanzado mucho más en normativas que los reconocen que en políticas que permitan su ejercicio real. Los problemas en materia de ejecución de estas políticas en el país se han debido en parte a las dificultades de contar con presupuestos adecuados para los objetivos que se buscan alcanzar, a la falta de una estructura de poder decisorio adecuada y de recursos humanos suficientes, a las dificultades para la transversalización a nivel sectorial y territorial de las políticas”.

Pese a los problemas señalados, la identificación de los mismos permitirá mayor eficacia a la hora de encontrar soluciones, según estableció la diputada Marggy Rangel, una santandereana que combina las tareas de ser mujer madre, esposa, trabajadora, profesional, hija, hermana.

Señala que esa combinación de roles “no es una tarea fácil, pero las mujeres luchamos para hacernos un lugar en el mundo profesional y demostrar constantemente nuestra valentía para replantear y distribuir el tiempo que va a destinar para cada faceta. La vida me ha puesto en el camino ser madre, esposa, profesional y trabajadora de manera responsable sin descuidar ninguna”.