“Más de seis meses después, el Fiscal todavía no resuelve si les otorga ese beneficio procesal”, informó el periodista de Caracol Televisión que el domingo 24 de enero de 2021 desempolvó un proceso en donde los primeros acusados son la exsecretaria de Infraestructura de Santander, durante el Gobierno de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo y su esposo Lenín Darío Pardo.

Informó el periodista Juan David Laverde Palma que desde junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia le envió presuntas evidencias de la trama de presunta corrupción en la contratación en Santander en el gobierno de Aguilar, que denunciaron Toledo y Pardo con el propósito de obtener el beneficio de principio de oportunidad, pero que desde junio de 2020 está en manos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y no se ha resuelto.

Ese principio de oportunidad daría la posibilidad de que Toledo y Pardo, de resultar responsables, tuviesen una pena mínima, como por ejemplo que su condena se pagase en detención domiciliaria. A cambio de ello tendrían que develar el presunto entramado de corrupción que según ellos mismos existiría en Santander durante la Gobernación de Aguilar en el periodo 2012 – 2015.

Además de esas delaciones tendrían que devolver 3.000 millones de pesos que es la suma que habrían recibido Toledo y Pardo por haber direccionado el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, que según señalan está sin concluir.

Zozobra en Santander

El informe en el Noticiero de Caracol Televisión del domingo 24 de enero de 2021 generó zozobra en Santander, porque además de que se menciona a Richard Aguilar, hoy Senador de la República, también se menciona a Edwin Ballesteros, hoy Representante a la Cámara. En el caso de este último se lo sindica de exigir presuntamente una coima por direccionar el contrato de construcción del acueducto del municipio de Landázuri, Santander.

Como lo menciona el mismo periodista Laverde Palma, la solicitud del beneficio de oportunidad solicitado por Toledo y Pardo que está en la Fiscalía lleva desde junio de 2020 sin tener una definición cierta.

Desde hace varios meses el tema está en aparente pausa sin que haya mayores movimientos, por lo que la noticia en un informativo nacional puso de nuevo en titulares a Santander y a dos de sus connotados políticos, figuras jóvenes de unos 40 años, que podrían ser más altos cargos en un futuro, pero que de verse envueltos en estos informes los ponen en una balanza de riesgo.

Aunque en Caracol Televisión el senador Richard Aguilar no salió a responder los cuestionamientos, sí lo hizo su abogado Iván Cancino. No obstante el Director de Noticias TRO en Santander, Oscar Gerardo Hernández, tuvo mayor poder de convencimiento y logró tener a Aguilar en el noticiero local para tener su opinión.

“Corte pidió reserva”

Aguilar dijo, entre muchas cosas, que la Corte Suprema de Justicia les pidió la reserva en la investigación y se abstuviera a dar declaraciones en los medios para que allí no se definieran los procesos, sino en los estrados como debe ser.

Por ello el senador Aguilar señala que esa información a nivel nacional en el noticiero “violenta el pedido de reserva de la Corte Suprema de Justicia”.

Dijo que “así como Aguilar y su abogado no pueden hablar, se levanta un muro de infamia. La Corte permite que se hable de una sola parte. Y así se violenta la ley cuando se acude a una sola parte”.

Dijo Aguilar que así las cosas que entonces se “nos levante la reserva y si muchos quieren llevar el proceso en los medios, que haya un equilibrio y que las partes puedan hablar. Mucho de lo que se ha dicho – dijo Aguilar – es mentira, es un muro de desinformación”.

Dijo que para tratar de mantener la reserva que ordenó la Corte Suprema de Justicia solo se atreve a señalar que la “Conmebol revisó el estadio Alfonso López y lo avaló en el 2020 para un campeonato” y lo avaló porque lo encontró apto y no como señalan que el estadio no tiene baños y está sin terminar, dijo.

Filtraciones muy editadas

Dijo Aguilar que “como la Fiscalía ya negó un principio de oportunidad se hacen filtraciones muy editadas a favor de una sola de las partes. Ya radicamos con mi abogado Cancino en la Corte y la Fiscalía la solicitud de que se respete la reserva de las partes”.

Dijo además que “hay un centenar de contradicciones, se han surtido etapas procesales en la Corte Suprema pero no se puede comentar, porque existe la reserva que nos pidió la Corte Suprema de Justicia, pero otros violan esa reserva de manera violenta”.

Pidió Aguilar “que la Corte nos levante esa reserva para que haya un equilibrio, para que mi abogado pueda replicar todos lo publicado en medios de comunicación. No puedo afectar lo ordenado por la Corte con relación a la reserva por eso no puedo aportar más ingredientes”.

“Tratan de vincularme”

El Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien al parecer no tendría esa reserva pedida por la Corte salió en Caracol en medio del informe en comento y le respondió al periodista Laverde Palma que “No, yo no estoy mintiendo, no he mentido, no lo he hecho, no lo voy a hacer ni lo haré, vuelvo y lo repito, estamos diligentes a cualquier llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia y claramente acá lo que se está buscando es tratar de enlodar o ver cómo me vinculan en un proceso donde todo lo que están diciendo no es cierto”.

La investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia y el objetivo de la misma es determinar si o no los hoy congresistas amañaron la contratación en el periodo del gobierno de Aguilar en Santander. Nada está determinado a la fecha.

La exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo y Pardo, su esposo, insisten en los señalamientos de una supuesta red de corrupción en Santander cuando Aguilar oficiaba como gobernador y Ballesteros como gerente de la Esant en Santander.

El tema volvió a la palestra por un informe en donde se desempolvó un archivo, pero ni en la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía hay pronunciamientos o movimiento del proceso, así que por ahora siguen donde estaban acusados y acusadores. Y como en todo proceso se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.

En la noche del pasado jueves 21 de enero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) confirmó su decisión de archivar el proyecto de evaluación de licencia ambiental para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte.

“Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44.000 terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y, en especial, con el trámite de las audiencias públicas”, dijo la empresa tras ser notificada de la decisión. Pero -dijo- continuará fortaleciendo el diálogo directo con las comunidades sobre el proyecto.

Y, aunque la situación es oscura para la multinacional, la decisión de la Anla no es de fondo, Minesa podría volver a presentar el proyecto y, en ese sentido, esta posibilidad le permite creer que no todo está perdido. Por ahora, la victoria -aunque parcial- es celebrada por las organizaciones ambientales del departamento.

Carlos Andrés Santiago, integrante del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán, “no hay que cantar victoria porque la Anla no negó la licencia, sino archivó el trámite, y al archivarlo permite que Minesa pueda hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para solicitar la explotación del oro del páramo”.

La empresa no ha confirmado que vuelva a iniciar el proceso, pero todo indica que su intención es presentar nuevamente el proyecto, por lo que la expectativa está puesta sobre si lo hace y en qué términos.

Minesa debe determinar -si mantiene su interés en Soto Norte- es, si inicia nuevamente el trámite de aprobación de la licencia con los diseños que ya tiene o si, por el contrario, decide reformularlo, por ejemplo, reduciendo su tamaño.

La ventana sigue abierta

Por ahora la multinacional árabe no tiene opciones claras, por eso su futuro se determina por el próximo paso que de. Y esa decisión será clave en la medida en que la licencia ambiental no es el único potencial obstáculo que enfrenta este proyecto minero.

Por un lado, en cumplimiento de la sentencia 361 de 2017 de la Corte Constitucional, está actualmente en curso un nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, donde el área protegida podría ser mayor a la prevista en la delimitación vigente, que es de 2014.

De ampliarse, podría verse afectado el proyecto como fue concebido originalmente. La nueva franja de delimitación ya fue aportada por el Instituto Humboltd; sin embargo, hace falta todavía el proceso de concertación y adopción, que tuvo retrasos por la pandemia.

Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería, dijo al diario La República hace unos días que, «la Asociación es y ha sido siempre respetuosa de las decisiones y análisis que la autoridad ambiental ha hecho sobre el proyecto Soto Norte. Esperamos que el análisis corporativo por parte de los inversionistas lleve a tomar la decisión de avanzar en un nuevo estudio para presentar nuevamente la solicitud. Mientras eso ocurre, esperamos que el Ministerio de Ambiente defina el futuro de la redelimitación del páramo».

La iniciativa legislativa 

El otro escollo tiene que ver con el trámite de un proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado en primera vuelta, que prohibiría las actividades mineras en los páramos y sus zonas de amortiguamiento.

El proyecto deberá superar cuatro debates de aquí al final de esta legislatura. Su futuro será igualmente determinante para el proyecto, pues buena parte de las discusiones sobre Soto Norte tienen que ver, justamente, con que está ubicado en la zona de amortiguamiento de Santurbán.

El 19 de enero la Presidencia ordenó, mediante el Decreto 052 de 2021, la publicación del texto definitivo del proyecto de acto legislativo 022 de 2020 Senado – 458 de 2020 Cámara. Este adiciona un inciso al artículo 79 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento.

Sobre estas últimas, las partes interesadas han pedido que se defina claramente cuáles son esas zonas, para evitar futuros pleitos por interpretaciones.

SuperTransporte presenta dos productos para informar, de manera fácil e ilustrativa, los derechos y deberes de los usuarios del transporte aéreo a la hora de comprar tiquetes vía internet: la “Guía sobre Comercio Electrónico en la Adquisición de Boletos o Tiquetes para la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo” y el “Decálogo de Derechos y Deberes de los Usuarios en la Compra de Tiquetes Aéreos a través de Comercio Electrónico”.

Con la Guía y el Decálogo se busca promover el consumo electrónico transparente, responsable y seguro; educar al usuario respecto a los derechos y deberes que surgen de la compra de tiquetes por medios electrónicos; incentivar la formulación de políticas transparentes y justas por parte de los prestadores de servicios de transporte aéreo, basadas en el cumplimiento de la normatividad vigente, y fomentar una cultura de legalidad fundada en la adopción de buenas prácticas empresariales acordes a los nuevos desafíos tecnológicos.

Comercio transparente

Desde 2019, la Delegatura para la Protección de Usuarios de la Entidad adelanta el programa de “Comercio Electrónico Transparente”, para garantizar el cumplimiento de las normas de protección a usuarios del comercio electrónico por parte de las aerolíneas que operan en el país.

El aumento del uso de las tecnologías de la información, unido a la pandemia causada por el Covid-19 que ha llevado al aislamiento preventivo y al distanciamiento social, propició un importante incremento del comercio electrónico, reduciendo las compras presenciales. Esto ha impactado en todos los servicios y productos, incluyendo los del Sector Transporte.

Con eso en mente, y pensando en proteger los derechos de los usuarios de transporte aéreo que adquieren servicios a través de métodos de compra electrónico, la SuperTransporte lanzó “Guía sobre Comercio Electrónico en la Adquisición de Boletos o Tiquetes para la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo” y el “Decálogo de Derechos y Deberes de los Usuarios en la Compra de Tiquetes Aéreos a través de Comercio Electrónico”.

Buenas prácticas

«Con la Guía y el Decálogo queremos, entre otras cosas, educar a los usuarios del transporte aéreo sobre los derechos y deberes que surgen con la compra de tiquetes por medios electrónicos. Estos productos están alineados con diferentes recomendaciones internacionales en materia de protección de consumidores, donde la educación y la concientización son la base para nuestra política de protección de usuarios. Así, seguimos fomentando y avanzando en la implementación de buenas prácticas empresariales y la toma de decisiones informadas en el creciente ámbito del comercio electrónico”, dijo el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Tanto la Guía como el Decálogo fueron desarrollados en el marco de la iniciativa “Comercio Electrónico Transparente”, la cual busca fomentar las buenas prácticas empresariales mediante el cumplimiento de la normatividad por parte de las compañías que ofrecen tiquetes y servicios por este medio; construir una cultura de legalidad y respeto de los derechos de los consumidores, y promover la confianza de los usuarios del servicio de transporte aéreo en la compra de tiquetes a través de Internet.

Objetivos perseguidos

Con la publicación de estos documentos se persiguen objetivos como:

1) Promover el consumo electrónico transparente, responsable y seguro;

2) Incentivar la formulación de políticas transparentes y justas por parte de los prestadores de servicios de transporte aéreo, basadas en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección a usuarios de comercio electrónico

3) Alcanzar una cultura de legalidad fundada en la adopción de buenas prácticas empresariales acordes a los nuevos desafíos tecnológicos.

Para lograrlo, los documentos les explican a los usuarios de transporte aéreo, entre otras cosas, que tienen derecho a poder informarse de manera clara, oportuna, veraz y suficiente sobre cada uno de los pasos al hacer una transacción comercial en línea, y a que las aerolíneas les informen sobre sus derechos y todas las condiciones de la prestación del servicio que ofrecen.

La Guía y el Decálogo pueden consultarse y descargarse en el botón de “SuperEducativos” de la página web de la Superintendencia de Transporte en https://www.supertransporte.gov.co/index.php/material-didactico/