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Orden de arresto a Secretario de Planeación de Bucaramanga por desacato a tutela

El Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de control de garantías resolvió ordenar a las autoridades correspondientes el arresto del secretario del Interior del municipio de Bucaramanga, Julián Fernando Silva Cala.

La decisión permite además imponer una multa contra el funcionario equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

La decisión la tomó el Juzgado a cargo debido a que “el funcionario obligado al cumplimiento del fallo, en primera medida, Julián Fernando Silva Cala, persona a quien se dirige la orden emitida en el fallo de tutela en su condición de Secretario de Planeación Municipal de Bucaramanga, quien está al frente de la misma y es su deber legal estar presto a dar cumplimiento a las obligaciones endilgadas frente a garantizar el orden público territorial y el acatamiento de los fallos de tutela en mención”.

Señala en su fallo el Juzgado que Silva Cala, “la persona vinculada al incidente formalmente y sancionada está en la obligación material y jurídica de cumplir la orden, siendo negligentes en su acatamiento al mostrar un palmario desinterés en proteger de manera efectiva el derecho fundamental de petición de Ricardo Flórez Espinosa, con desmedro de la orden de tutela impartida”.

Incumplimiento a tutela

La decisión contra Silva Cala del Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de control de garantías, procede del incidente de desacato propuesto por Ricardo Flórez Espinosa contra el representante legal de la Secretaría de Planeación de Bucaramanga y el Alcalde de Bucaramanga, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 21 de septiembre de 2020 en que se amparó el derecho fundamental de petición del mismo.

Se advierte que al Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, el Juzgado resolvió dejarlo fuera del asunto debido a que Silva Cala como Secretario de Planeación tiene la potestad para responder a una tutela y es el accionado en el desacato de tutela.

Cerca de Cooprofesores

Flórez Espinosa mediante tutela presentó una petición relacionada con ocupación de espacio público en la vía peatonal y plazoleta ubicada entre las calles 35 y 36 y las carreras 31 y 32 aledañas a la oficina de Cooprofesores.

La Secretaria de Planeación de Bucaramanga en varias ocasiones respondió mediante oficio o correo electrónico al accionante.

Dijo el Juzgado que “Efectuado el segundo requerimiento el asesor de la Secretaria de Planeación de Bucaramanga, mediante correo electrónico informal indicó, que se remite oficio GDT -2754 del 22 de octubre de la presente anualidad suscrito por el Subsecretario de Planeación Municipal mediante la cual refiere dar respuesta a la petición…”

Término procesal otorgado

Dijo el Juzgado que “en aras de garantizar el debido proceso, una vez se identifica e individualiza a las personas encargadas de cumplir el fallo de tutela, en auto del 3 de noviembre anuario se dio apertura formal al incidente de desacato en contra del Secretario de Planeación Municipal de Bucaramanga, Julián Fernando Silva Cala, otorgándole el término procesal para que rindiera los respectivos descargos”.

El artículo 52 del Decreto 2591 de 19911 prevé que la persona que incumpla una orden de un juez proferida en el marco de una acción de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta por seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales.

Cuatro elementos

Asimismo, comoquiera que el incidente de desacato tiene por objeto la materialización del fallo de tutela, compete al juez que emitió la decisión de amparo velar por su cumplimiento efectivo, tema frente al cual el Máximo Tribunal Constitucional ha puntualizado: “…el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa…”

Para emitir una sanción por desacato se requieren los siguientes elementos:

(1) la existencia de una decisión judicial que asigne a una persona natural o jurídica una orden consistente en una obligación de actuar o abstenerse de ello,

(2) la desobediencia a esa orden de protección,

(3) el mantenimiento del peligro concreto o la amenaza aún latente o la lesión al derecho fundamental; y,

(4) la culpabilidad, como categoría ineludible en el derecho sancionatorio.

Concedido el amparo

Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2020 el Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de control de garantías concedió el amparo al derecho fundamental de petición del actor Ricardo Flórez Espinosa; en consecuencia, ordenó a la Secretaria de Planeación Municipal de Bucaramanga que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, resuelva de fondo y de manera congruente de la petición incoada por el accionante el 13 de julio de 2020.

La misma Secretaria de Planeación en una de sus respuestas, que el actor consideró inconsistentes y confusas, señaló que “Basado en la especificado en el oficio DADEP-1483-2020 del 22-09-2020, firmado por Tatiana Paulatte Becerra Londoño, Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el cual confirma que el espacio de la referencia está constituido como vía pública,… Por tal motivo no se autoriza la cafetería ni cualquier otro tipo de elementos que usufructúe el espacio público con fines comerciales en provecho de particulares”. La Secretaria al tratar de explicar lo que hizo fue reiterarle la razón al accionante.

Dijo el Juzgado que “Se evidencia de los elementos de prueba aportados por el accionante, que se han brindado sendas respuestas por parte de la entidad accionada las cuales no son claras ni coherentes frente a lo peticionado, ni a lo tutelado por el despacho”.

Sin interés de cumplir

Frente a los elementos para emitir una sanción por desacato, el Juzgado encontró que “es la voluntad de la Secretaría de Planeación Municipal de Bucaramanga a incumplir la sentencia, se estima que también se acredita, ya que el Secretario de Planeación Municipal de Bucaramanga, Julián Fernando Silva Cala, ha contado con la posibilidad de conocer a través de las distintas comunicaciones enviadas por este Juzgado sobre el trámite de incidente en curso sin que demuestren interés alguno en acatar el mandato judicial emitido”.

Silva Cala “ha puesto de presente que se ha generado incumplimiento para lo cual el despacho les ha otorgado el terminó más que prudencial a efectos de que se materializara el cumplimiento, empero superado el terminó otorgado no ha dado cumplimiento a la pretérita decisión, con la finalidad de garantizar la protección del derecho fundamental de Flórez Espinosa”, dijo el Juzgado.

Reitera el Juzgado que “la persona vinculada al incidente formalmente y sancionada está en la obligación material y jurídica de cumplir la orden, siendo negligente en su acatamiento al mostrar un palmario desinterés en proteger de manera efectiva el derecho fundamental de petición de Ricardo Flórez Espinosa, con desmedro de la orden de tutela impartida”.

Corolario de lo expuesto, resuelve el Juzgado “imponer al Secretario de Planeación Municipal de Bucaramanga, Julián Fernando Silva Cala, una sanción de tres (3) días de arresto y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura, por desacatar la sentencia de tutela proferida el 21 de septiembre de 2020, sin que se halle alguna circunstancia razonable que justifique este comportamiento censurable”.

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Investigarán a funcionarios de Duque por hostigar a senadores de la oposición

La Procuraduría investigará, entre otros, a Claudia Bustamante, cónsul de Colombia en Orlando (EEUU), Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».

Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».

Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».

El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.

En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.

«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.

Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.

También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.

«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento

Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.

En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».

Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».

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13 años de prisión a exdirector de la asociación de municipios Amay

Un contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre Eduardo Rodríguez Rojas y Liliana Acevedo, por un monto de $8 millones, era fraudulento.

Un juez de conocimiento condenó a 13 años y 2 meses de prisión a Eduardo Rodríguez Rojas, exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre el entonces director de Amay, Rodríguez Rojas, y la señora Liliana Alejandro Acevedo Fernández, por un monto de 8 millones de pesos, era fraudulento.

Se estableció que, el condenado falsificó todos los documentos para suscribir el contrato, logrando suplantar la identidad de Acevedo Fernández, quien es una familiar cercana; sin embargo, la mujer al percatarse de los hechos denunció lo ocurrido, ya que esta nunca participó en ningún proceso contractual.

Dicho contrato tenía como objeto “la prestación de asesoría financiera y apoyo a la gestión administrativa en las líneas de trabajo referidas a la contabilidad de la asociación de Amayutilizando metodologías basadas en la asesoría en el sitio y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes”.

Además, el ente acusador logró demostrar las múltiples irregularidades a las que acudió Rodríguez Rojas para apropiarse del dinero, por lo que el juez de conocimiento no dudó en condenar a este hombre que había tenido un amplio bagaje como servidor público.

Entre los cargos que ha ocupado se destaca: director Administrativo del Instituto de Recreación y Deporte de Santander; asesor de la Empresas Públicas de Alcantarillado de Santander, Empas; secretario de Despacho de la Alcaldía de San Gil; profesional Universitario de la Gobernación de Santander y contratista de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entre otros.

Por disposición del juez, Rodríguez Rojas quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años, y su condena tendrá que cumplirla en un centro carcelario que designe el Inpec.

Contra Rodríguez Rojas cursan otras investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.

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Quedó en firme el fallo que anula la elección de Román como alcalde de Girón

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Luego que el Consejo de Estado anulara – en fallo en segunda instancia- la elección de Carlos Román como alcalde de Girón, la defensa del mandatario solicitó un recurso de aclaración, sin embargo, fue negado.

Ante esta situación, el proceso deberá regresar al Tribunal Administrativo de Santander, instancia que en las próximas horas notificará al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sobre la decisión final.

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Un proceso rápido y contundente

La decisión de la máxima instancia administrativa se origina por la solicitud que hizo la Procuraduría Séptima Delegada al considerar una posible doble militancia del entonces candidato. Una vez quede en firme la sentencia, la Registraduría deberá convocar a nuevas elecciones en el primer semestre de 2021, debido a que la vacancia se da en menos de un año de mandato.

El proceso fue iniciado por el ciudadano Carlos Leonardo Hernández, quien inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander, expuso que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Carlos Román Ochoa aspiró a la alcaldía a través de una coalición de la que hacía parte el Partido Alianza Verde, situación que lo obligaba a respaldar solo al candidato a la Gobernación de Santander, Pedro Leónidas Gómez Gómez (Coalición Dignidad Santandereana). De hecho, Román, cuando se desempeñó como concejal, fue elegido por esa misma colectividad.

La anulación de la elección como alcalde se dio luego que se comprobara que el candidato Román apoyara públicamente a Ángela Hernández (Coalición Partido de la U – Liberal – Justa Libres – Centro Democrático – Mira) y a Mauricio Aguilar Hurtado (Coalición Siempre Santander – Partido Conservador) y no a Gómez Gómez, quien también tenía en su coalición el respaldo de los ‘verdes’.

En criterio del demandante, con el acto administrativo de elección acusado contenido en el formulario E-26 AL se desconocieron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, por el hecho de que el alcalde del municipio de Girón, elegido para el periodo 2020-2023, incurrió en la prohibición de doble militancia.

Esa misma tesis fue apoyada por la Procuraduría, por lo que también pidió al Consejo de Estado debe revocar la sentencia de primera instancia, emitida el pasado 28 de agosto, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Román como alcalde de Girón.

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