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Hallazgo fiscal de $113 millones por irregular contrato de arrendamiento de sede del ICA

La Contraloría General de la República determinó un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y penal, así como fiscal, en cuantía de más de $113 millones de pesos, por las presuntas irregularidades que se dieron en la celebración del contrato de arrendamiento de la nueva sede del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

En una actuación que realizó al atender una denuncia sobre el tema, específicamente sobre la celebración del contrato 087 de 2020 suscrito por el ICA con la empresa FAMOC, el organismo de control detectó un posible favorecimiento a terceros, gestión antieconómica y desconocimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por falta de un estudio de mercado que garantizará estos aspectos. 

Según la Contraloría, el ICA sustentó la celebración de este contrato con un documento denominado estudios y documentos previos, donde no se encuentran los elementos técnicos y jurídicos, que soporten la decisión de cambio de la sede de la entidad, 

Tal situación evidencia el incumplimiento de lo preceptuado en varias normas legales (Literal i, numeral 4° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; artículos 82 y 83 del Decreto 1510 de 2013; y el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015). 

No hubo un estudio del sector 

La CGR verificó que el ICA no elaboró los documentos previos bajo un estudio del sector, que le permitiera identificar las condiciones en que debían ofrecer las propuestas para el contrato de arrendamiento, tales como análisis de riesgos, de necesidades institucionales y de costo- beneficio, para garantizar que el principio de selección objetiva se cumpliera. 

La entidad desconoció los principios de economía, transparencia y selección objetiva, dado que no adelantó el estudio de mercado que permitiera identificar y definir el valor del contrato con base en factores prexistentes y objetivos, haciendo sólo alusión a aspectos generales de la economía colombiana, sin identificar las necesidades específicas que requería para el funcionamiento de sus instalaciones. 

Hubo una gestión antieconómica 

En concepto de la CGR, se observa una gestión antieconómica en la suscripción del contrato de arrendamiento suscrito por el ICA con FAMOC, dado que el valor del arriendo mensual por metro cuadro es superior al anterior contrato de arrendamiento. 

Esto si se tiene en cuenta que anteriormente cancelaba $110.000 incluido IVA por m2, y las instalaciones constaban de 5 pisos donde se ubicaban 831 puestos de trabajo, un local, 153 parqueaderos y 4 depósitos, con su respectivo mobiliario y demás equipamientos referidos en el contrato número GGC 065-2020. 

Lo anterior, comparado con el nuevo contrato (GGC 087 2020), donde se paga $113.926,70 incluido IVA por m2, y sus especificaciones de instalación constan de 3 pisos donde se ubican 750 puestos de trabajo, 126 parqueaderos, con su respectivo mobiliario y demás equipamientos referidos en el contrato; es decir 81 puestos, 27 parqueaderos menos, no incluye depósito, ni local y es un área total menor en 1.246,29 m2. 

“No hubo un estudio del mercado que le hubiera permitido encontrar más de una propuesta que se ajustara a los requerimientos previos, para garantizar el principio de selección objetiva”, recalca la Contraloría. 

Posible favorecimiento a terceros 

En la documentación remitida por parte de la entidad a la CGR, no se observa explicación jurídica ni técnica, en el sentido que la propuesta realizada por la empresa FAMOC, sea la mejor oferta costo-beneficio. 

“Por lo expuesto se denota un posible favorecimiento a terceros, en el sentido que la justificación de la contratación directa y su estudio previo, corresponde a las características, físicas, técnicas y demás, presentadas por FAMOC DE PANEL – PLAZA CLARO el 22 de mayo, fecha en la cual ya estaban aceptadas dos ofertas diferentes para el proceso de selección, hechos que soportan la posible connotación penal”, indica la evaluación realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. 

Los resultados de este Actuación serán traslados a las instancias competentes (Fiscalía, Procuraduría, en los casos de los hallazgos con posible connotación penal y disciplinaria). 

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Investigarán a funcionarios de Duque por hostigar a senadores de la oposición

La Procuraduría investigará, entre otros, a Claudia Bustamante, cónsul de Colombia en Orlando (EEUU), Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».

Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».

Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».

El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.

En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.

«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.

Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.

También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.

«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento

Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.

En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».

Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».

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13 años de prisión a exdirector de la asociación de municipios Amay

Un contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre Eduardo Rodríguez Rojas y Liliana Acevedo, por un monto de $8 millones, era fraudulento.

Un juez de conocimiento condenó a 13 años y 2 meses de prisión a Eduardo Rodríguez Rojas, exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre el entonces director de Amay, Rodríguez Rojas, y la señora Liliana Alejandro Acevedo Fernández, por un monto de 8 millones de pesos, era fraudulento.

Se estableció que, el condenado falsificó todos los documentos para suscribir el contrato, logrando suplantar la identidad de Acevedo Fernández, quien es una familiar cercana; sin embargo, la mujer al percatarse de los hechos denunció lo ocurrido, ya que esta nunca participó en ningún proceso contractual.

Dicho contrato tenía como objeto “la prestación de asesoría financiera y apoyo a la gestión administrativa en las líneas de trabajo referidas a la contabilidad de la asociación de Amayutilizando metodologías basadas en la asesoría en el sitio y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes”.

Además, el ente acusador logró demostrar las múltiples irregularidades a las que acudió Rodríguez Rojas para apropiarse del dinero, por lo que el juez de conocimiento no dudó en condenar a este hombre que había tenido un amplio bagaje como servidor público.

Entre los cargos que ha ocupado se destaca: director Administrativo del Instituto de Recreación y Deporte de Santander; asesor de la Empresas Públicas de Alcantarillado de Santander, Empas; secretario de Despacho de la Alcaldía de San Gil; profesional Universitario de la Gobernación de Santander y contratista de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entre otros.

Por disposición del juez, Rodríguez Rojas quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años, y su condena tendrá que cumplirla en un centro carcelario que designe el Inpec.

Contra Rodríguez Rojas cursan otras investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.

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Quedó en firme el fallo que anula la elección de Román como alcalde de Girón

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Luego que el Consejo de Estado anulara – en fallo en segunda instancia- la elección de Carlos Román como alcalde de Girón, la defensa del mandatario solicitó un recurso de aclaración, sin embargo, fue negado.

Ante esta situación, el proceso deberá regresar al Tribunal Administrativo de Santander, instancia que en las próximas horas notificará al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sobre la decisión final.

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Un proceso rápido y contundente

La decisión de la máxima instancia administrativa se origina por la solicitud que hizo la Procuraduría Séptima Delegada al considerar una posible doble militancia del entonces candidato. Una vez quede en firme la sentencia, la Registraduría deberá convocar a nuevas elecciones en el primer semestre de 2021, debido a que la vacancia se da en menos de un año de mandato.

El proceso fue iniciado por el ciudadano Carlos Leonardo Hernández, quien inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander, expuso que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Carlos Román Ochoa aspiró a la alcaldía a través de una coalición de la que hacía parte el Partido Alianza Verde, situación que lo obligaba a respaldar solo al candidato a la Gobernación de Santander, Pedro Leónidas Gómez Gómez (Coalición Dignidad Santandereana). De hecho, Román, cuando se desempeñó como concejal, fue elegido por esa misma colectividad.

La anulación de la elección como alcalde se dio luego que se comprobara que el candidato Román apoyara públicamente a Ángela Hernández (Coalición Partido de la U – Liberal – Justa Libres – Centro Democrático – Mira) y a Mauricio Aguilar Hurtado (Coalición Siempre Santander – Partido Conservador) y no a Gómez Gómez, quien también tenía en su coalición el respaldo de los ‘verdes’.

En criterio del demandante, con el acto administrativo de elección acusado contenido en el formulario E-26 AL se desconocieron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, por el hecho de que el alcalde del municipio de Girón, elegido para el periodo 2020-2023, incurrió en la prohibición de doble militancia.

Esa misma tesis fue apoyada por la Procuraduría, por lo que también pidió al Consejo de Estado debe revocar la sentencia de primera instancia, emitida el pasado 28 de agosto, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Román como alcalde de Girón.

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