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Formulan cargos contra exsecretario de Gobierno de Puerto Wilches por irregularidades contractuales

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Puerto Wilches, Santander, Sergio Augusto Cadena Roa (2015), por presuntas irregularidades en la supervisión del Contrato 121 de 2015, para la prestación del servicio de transporte a la comunidad estudiantil, por $1.007’230.531.

Al parecer, el investigado habría omitido exigir al contratista, Transportes Especializados Los Andes, el cumplimiento de las normas técnicas del transporte escolar, al supuestamente permitir la utilización de vehículos particulares con una vida útil superior a 15 años.

A Cadena Roa se le cuestionó que en algunos casos, los carros no contaban con cinturones de seguridad, no llevaban el acompañante mayor de edad, ni tenían pintada la parte exterior de la carrocería con los emblemas que lo identificaran como vehículo de transporte escolar.

Con esta conducta el exfuncionario posiblemente podría haber vulnerado, entre otras normas, el artículo 9 del Decreto 348 de 2015, según el cual los vehículos que presten el servicio público de transporte terrestre automotor “no podrán tener más de quince (15) años de uso, contados a partir de la fecha del registro inicial del vehículo (…)”.

Recordó el Ministerio Público que el transporte de niños en escolaridad, como sujetos de especial protección constitucional, debe tener como criterio primordial, “(…) la preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor, como lo ha señalado la jurisprudencia (…)”.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja calificó provisionalmente la conducta del exfuncionario como grave a título de culpa gravísima, por falta del cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus actuaciones.

El implicado podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.

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Tribunal revive proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín

Un fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordena que en máximo 15 días se deben entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento de revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio un plazo de 48 horas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que reanude el proceso  de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con el fallo de tutela de segunda instancia en máximo 15 días deberán entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento.

El vocero del Comité Revocatorio, Andrés Rodríguez, dijo que ya no hay excusas para continuar con el proceso y recordó que en el menor tiempo posible, la Registraduría deberá definir los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud.

«Se le ordena a la Registraduría en no menos de 48 horas aplicar los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud, es decir, básicamente este proceso ya surtió efecto», indicó.

Este martes 11 de mayo, los voceros de la revocatoria harán un plantón en la sede de la Registraduría en las torres de Bomboná en Medellín para exigirles que cumplan con esa orden judicial y les entreguen en el menor tiempo posible los documentos para continuar con el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero.

Comité de revocatoria

En febrero pasado, como una “calumnia” calificó el Comité de Revocatoria el trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desencadenó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitara investigar su financiación.

El mandatario publicó una carta de uno de los integrantes de esta iniciativa y escribió: “promotor de revocatoria denuncia a sus propios compañeros por irregularidades  en cuentas, contratos y financiación de mil 500 millones de pesos”.

El abogado Julio González, uno de los promotores, aseguró que en la misiva se dijo que la campaña costaba este dinero, pero nunca se habló de irregularidades ni tampoco de tener los recursos. Acusó al alcalde de tergiversar el texto y afirmó que responderán ante el órgano de control.

La carta fue escrita por Alejandro Posada, uno de los promotores, e iba dirigida a Alejandro Rodríguez, uno de sus compañeros.

Textualmente dice: “la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil 500 millones de pesos, según cuentas que usted  había definido”. Y le cuestionó por la contratación de una reconocida firma de abogados: “Usted decidió sin que la ley ni mucho menos el Comité lo autorizara a contratar, dirigir y decidir cuestiones jurídicas”.

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Organizaciones de DD.HH. reportan la desaparición de 471 personas durante las protestas

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones. De estas, 92 ya han aparecido, pero 379 aún siguen en paradero desconocido. Del lado institucional las cifras son más bajas, con un total de 89 desaparecidos.

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De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.

Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.

Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.

«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1390424185692897287

¿Infiltrados en las protestas en Colombia?

A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.

En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.

El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.

Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».

Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.

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Imputan cargos a exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga por irregularidades en contratación

La investigación penal, que también incluye a otra funcionaria de la entidad, tiene que ver con el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, suscrito con Rayco ltda,, por un monto $3.724.774.000, el cual presentaba múltiples irregularidades.

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Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana y a la exfuncionaria de la oficina de contratación de la misma entidad, Silvia Juliana Villareal Meza.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB y el representante legal Rayco ltda, ya investigado por estos hechos, el cual tenía un monto $3.724.774.000, presentaba múltiples irregularidades.

Dicho contrato tenía como objeto «la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes».

Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.

Por lo anterior, «durante las audiencias concentradas la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no aceptó», informó el ente acusador.

Entretanto, Villareal Meza deberá responder por los delitos de coautora dolosa en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales no se allanó.

Es de aclarar que por esta misma investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado de la AMB.

Mientras que el exrepresentante legal de Rayco ltda, Fernando Aristizábal fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la prohibición del salir del país.

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