Formulan cargos contra exsecretario de Gobierno de Puerto Wilches por irregularidades contractuales

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Por presuntas irregularidades en la supervisión del Contrato 121 de 2015, para la prestación del servicio de transporte a la comunidad estudiantil, por $1.007’230.531.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Puerto Wilches, Santander, Sergio Augusto Cadena Roa (2015), por presuntas irregularidades en la supervisión del Contrato 121 de 2015, para la prestación del servicio de transporte a la comunidad estudiantil, por $1.007’230.531.

Al parecer, el investigado habría omitido exigir al contratista, Transportes Especializados Los Andes, el cumplimiento de las normas técnicas del transporte escolar, al supuestamente permitir la utilización de vehículos particulares con una vida útil superior a 15 años.

A Cadena Roa se le cuestionó que en algunos casos, los carros no contaban con cinturones de seguridad, no llevaban el acompañante mayor de edad, ni tenían pintada la parte exterior de la carrocería con los emblemas que lo identificaran como vehículo de transporte escolar.

Con esta conducta el exfuncionario posiblemente podría haber vulnerado, entre otras normas, el artículo 9 del Decreto 348 de 2015, según el cual los vehículos que presten el servicio público de transporte terrestre automotor “no podrán tener más de quince (15) años de uso, contados a partir de la fecha del registro inicial del vehículo (…)”.

Recordó el Ministerio Público que el transporte de niños en escolaridad, como sujetos de especial protección constitucional, debe tener como criterio primordial, “(…) la preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor, como lo ha señalado la jurisprudencia (…)”.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja calificó provisionalmente la conducta del exfuncionario como grave a título de culpa gravísima, por falta del cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus actuaciones.

El implicado podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.