Citan a juicio disciplinario a Diego Mancilla, exdirector del lndersantander

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por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte, hospedaje y alimentación contemplados en el programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2019.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al entonces director general de Indersantander (Instituto Departamental de Recreación y Deporte), Diego Fernando Mancilla León (2018-2019), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte, hospedaje y alimentación contemplados en el programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2019.

La decisión también cobija a la coordinadora Administrativa y Financiera, María Amparo Castellanos Amado; y al asesor Jurídico, José Fernando Fuentes Carreño.

A los investigados se les reprochó la presunta omisión de hacer efectiva la garantía de cumplimiento de la oferta presentada por la Corporación de Desarrollo Compartir, empresa que desistió del proceso de contratación SAMC-001-2019, luego de habérsele adjudicado.

La Procuraduría Regional de Santander también les cuestionó el posible incumplimiento de su deber de informar a la Cámara de Comercio, sobre el desistimiento del contratista y la sanción que, al parecer, debió imponerse frente a tal retractación.

Para el ente de control los implicados podrían haber transgredido el artículo 123 de la Constitución que establece que “(…) los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

Asimismo la Ley 80 de 1993 que en su artículo 31 determina que “la parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados (…) se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación”.

Las presuntas faltas de los implicados fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

La Procuraduría señaló que el exdirector, la coordinadora Administrativa y Financiera, y el asesor Jurídico podrán rendir versión libre, y solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes para su defensa.