Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dijo que la lucha contra el terrorismo urbano, considerado como una renovada y peligrosa expresión del crimen organizado hace parte del Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía para este cuatrienio.

Durante el seminario online ‘Análisis y prevención del terrorismo urbano y otras formas de violencia política’, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se refirió a la manera cómo en la entidad se han adoptado estrategias que tienen en cuenta las realidades propias de los territorios para lograr mayor efectividad a la hora de brindar garantías de seguridad para la ciudadanía, y mayor solidez en cuanto a los procesos que son llevados a los estrados judiciales con mayor fortaleza en el material probatorio y la evidencia física.

“El terrorismo urbano es un fenómeno complejo y multidimensional y analizar e identificar todos sus componentes y aristas es indispensable para combatirlo de manera efectiva”, dijo el Fiscal en relación al compromiso que asumió con el país y que se enmarca en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 que hoy rige el destino de la Fiscalía General.

La lucha contra el terrorismo urbano y otras acciones de este tipo que se adelantan para enfrentar las diferentes formas de criminalidad hacen parte del fortalecimiento de la estrategia de itinerancia en los corredores criminales.

Para la Fiscalía ha sido primordial conocer los territorios, lo mismo que el corazón sociológico de los lugares, recorrer los ríos y entender las dinámicas de la delincuencia.

Esto ha permitido acudir a una novedosa y audaz estrategia de articulación entre las diferentes direcciones, dependencias y fiscales, para coordinar acciones de manera permanente con el fin de desmantelar las organizaciones que promueven la zozobra y el terror.

La priorización de casos y la persecución de objetivos de alto valor, así como la creación de grupos de tareas especiales para la investigación y judicialización, han sido clave a la hora de enfrentar la delincuencia en distintos lugares del país.

“El terrorismo urbano pone en peligro la seguridad ciudadana, la vida, honra y bienes de los colombianos e inclusive la consolidación de un Estado Social y democrático de derecho”, consideró el Fiscal Barbosa al llamar la atención sobre la importancia de atacar las diferentes formas de criminalidad que se presentan en los territorios y que poco a poco llegan a las ciudades.

“Si no miramos los territorios, así sigamos hablando y trabajando del terrorismo urbano, vamos a perder las ciudades y vamos a perder la institucionalidad del país”, precisó el Fiscal General, y recordó las disposiciones adoptadas para lograr la captura de siete cabecillas del ELN contra quienes existe una circular azul de Interpol, por estar relacionados con el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, ubicada en el sur de Bogotá; un hecho que se fraguó fuera de la capital del país pero cuyas repercusiones se dieron en Bogotá.

“Para nosotros llevar ante la justicia a los máximos responsables es una prioridad, es una necesidad imperiosa. De ahí que el pedido en extradición de varios de los cabecillas del ELN es una obligación jurídica y moral que debe tener Colombia”, dijo el Fiscal General de la Nación.

En algunas regiones, sobretodo en las más apartadas, hay preocupación frente a la manera como se adelantará el traslado de las vacunas que se aplicarán a los habitantes de esas zonas del país.

Es por esto que durante una audiencia pública que se desarrolló en el Congreso,  se le pidió al Gobierno claridad y celeridad frente al proceso de distribución de las dosis para inmunizar a la población.

La Federación Colombiana de Municipios hizo un llamado para que se definan mucho mejor cuales serán los protocolos para enviar el medicamento a todas las regiones.

Gilberto Toro, presidente de Fedemunicipios, dijo que “es urgente dar claridad sobre cuales son las áreas rurales dispersas en donde por costos, se debe vacunar a toda la población en una sola jornada, en lugar de seguir la priorización definida por el plan, debido al tema de los manejos logísticos, el traslado de las vacunas”.

“La logística para estos territorios tiene requerimientos muy especiales y es indispensable una pronta y fluida comunicación por los municipios de estas regiones para aclarar los protocolos de llegada a esos territorios”, añadió.

Dijo además que las autoridades del sector de la salud deben adelantar campañas efectivas de comunicación para llegar a toda las personas que necesitan la vacuna de forma prioritaria.

“Es indispensable diseñar estrategias para la búsqueda activa de las personas vulnerables, por ejemplo, a través de brigadas de vacunación, a través del voz a voz, figuras que las Secretarías de Salud pueden manejar eficientemente”, manifestó Toro.

Finalmente hizo un llamado para que haya unión entre los sectores políticos, sociales y territoriales, para que el plan de vacunación sea exitoso en el país.

“Lo importante es hacer frente común para que este plan nacional de vacunación logre sus objetivos, logre llegar a toda la población de acuerdo con las prioridades que se han establecido y todos logremos salvar a muchos colombianos de esta pandemia”, sostuvo.

En la misma audiencia pública, varios congresistas también coincidieron en que en preciso conocer la fecha exacta del inicio de la aplicación de las vacunas, los precios de las mismas y los pormenores de la distribución.

El consejero económico del presidente Iván Duque, Víctor Muñoz, reveló la postura del jefe de Estado, frente a los procesos de revocatoria que se están impulsando en el país.

Citando al presidente Duque, escribió en un cuenta de Twitter, que “atender la pandemia requiere la coordinación de gobernadores, alcaldes y toda la sociedad”.

Dijo además que “no es momento de revocatorias. No es momento de polarización. No es momento de pugnas políticas. Necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad”.

Cabe recordar que, actualmente cursan procesos de revocatoria a los alcaldes de Bogotá, Claudia López y de Medellín, Daniel Quintero Calle, e incluso ya cumplieron las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para escuchar a los mandatarios.

Allí, los alcaldes de Bogotá y Medellín coincidieron en decir que el país se encuentra pasando una difícil situación en materia de salud y en materia económica por cuenta de la pandemia, por lo que señalaron que sería inconveniente que se destine un presupuesto en un proceso de revocatoria de mandato.

Según el presidente del Consejo Electoral, Hernán Penagos, en los próximos días, la Registraduría Nacional anunciará si aprueba o no el inicio de la recolección de firmas para las revocatorias del mandato de los alcaldes de Bucaramanga, Medellín y Bogotá.

«Lo que procede es que la Registraduría, en los próximos días, autorizará los formularios para el proceso de recolección de firmas o apoyos tendientes a llevar a cabo la revocatoria», sostuvo.

Dijo que «el comité impulsor tendrá un plazo de seis meses para radicar, ante la Registraduría, las firmas que deben corresponder al 30% de los votos obtenidos por el alcalde municipal y, al tiempo, radicar ante el CNE las cuentas o gastos derivados de este proceso de recolección firmas. La Registraduría avalará si procede o no continuar con la revocatoria”.