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Informe

Especial/ El virus destroza los sueños de la clase media en América Latina

Cuando el coronavirus llegó a Chile y acabó abruptamente con el trabajo de Lorena Rodríguez, la niñera de 47 años tomó la dolorosa decisión de empeñar sus joyas -regalos de décadas anteriores- para tener dinero en efectivo.

Al igual que más de la mitad de los latinoamericanos, trabajaba en el sector informal cuidando a dos niños en una zona de lujo de la ciudad costera de Valparaíso, pero viviendo sin apuros con unos ingresos que con los de su marido llegaban a unos 700.000 pesos (905 dólares) al mes.

De repente, preocupados por el riesgo de que Rodríguez se contagiara en el viaje en autobús, la familia dejó de darle trabajo en marzo.

Sin contrato, no podía recibir beneficios como el subsidio de desempleo o el apoyo social, pese a que vive en uno de las países más ricos de la región. Un pago de emergencia de 100.000 pesos (126 dólares) del gobierno pronto se agotó, obligándola a acudir a la casa de empeños.

“Era como algo ya de último, como acudir a esto”, dijo Rodríguez, quien cambió sus anillos y pulseras por un préstamo de 340.000 pesos para mantenerse ella y su marido, un miembro retirado de las Fuerzas Armadas.

“Tenía un trabajo estable, podía vivir bastante bien, sin preocupaciones por los menos (…) Creo que esto nunca termina”.

Millones de personas de las clases medias de América Latina están siendo arrastradas de nuevo a la pobreza, porque el Covid-19 ha dejado expuesta la fragilidad de las redes de bienestar y la falta de recursos financieros de los gobiernos. El mercado laboral de la región se ha visto más afectado que en cualquier parte del mundo.

Tras el estancamiento económico y las crisis de la década de 1980, América Latina había visto prosperar su clase media gracias al auge de las materias primas que impulsó el crecimiento en la década de 2000 y ayudó a sacar a 60 millones de personas de la miseria.

Ahora, la región de 650 millones de personas verá su economía contraerse más del 9% este año, según estimaciones de la ONU, el peor desplome de la actividad en el mundo en desarrollo.

La pobreza volverá a los niveles de 2005.

Muchos economistas afirman que la crisis ha puesto de manifiesto la indiferencia de América Latina frente a debilidades que son históricas: la dependencia de sectores de baja productividad como la minería y la agricultura, la incapacidad para incorporar más trabajadores a los empleos formales y la falta de sistemas fiscales eficaces para redistribuir la riqueza concentrada en una pequeña élite.

“Esta crisis debe servir como un llamado de atención para que nos movilicemos contra las disparidades y brechas que han redundado en un mundo cada vez más frágil”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Sola, en una reciente reunión del G20.

Según Asier Hernando, director regional de la organización benéfica Oxfam, la pandemia podría empujar a 52 millones de personas más a la pobreza y dejar a otros 40 millones de desempleados. Las mujeres y los grupos indígenas se verán especialmente afectados.

“Lo que pasa con América Latina es que no tienes colchón. Si caes, caes mucho”, dijo. “Eso puede romper el contrato social de la región y pudiera suponer unos años de enorme conflictividad social”.

Después de las protestas en varios países sudamericanos el año pasado, la pandemia ha puesto de nuevo de relieve el hambre, la desigualdad y la falta de apoyo estatal.

En Chile, donde las protestas de 2019 se volvieron violentas, la recesión está resucitando la ira. En Perú, el Congreso intentó destituir al presidente y a la ministra de Economía por la falta de apoyo a las pequeñas empresas. En Venezuela, que ya estaba en una espiral de pobreza antes del Covid-19, las protestas por la escasez han aumentado.

Auge y caída

El virus se demoró en llegar a América Latina, pero golpeó fuertemente.

Cinco de los 10 países más infectados del mundo son de la región, en la que ha habido un 34% de las muertes del mundo, a pesar de que sólo tiene cerca de un 8% de la población.

Los epidemiólogos citan la pobreza como una causa.

Con hasta un 58% de trabajadores en el sector informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos no pueden ponerse en cuarentena o morirían de hambre.

Cerca de 2,7 millones de empresas, o casi el 20% de las empresas, van a cerrar, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). La OIT dice que 34 millones de personas ya han perdido sus empleos.

Sólo el 12% de los trabajadores latinoamericanos tienen derecho a recibir pagos por desempleo, frente al 44% en América del Norte y Europa.

La situación ha dejado expuesto a un ejército de trabajadores autónomos y empresarios en ciernes, lo que podría perjudicar el crecimiento durante años.

“Van dos meses que no he podido pagar el colegio de mi hija”, dijo Goodny Aiquipa, una comerciante de ropa de 36 años en la capital peruana, Lima.

Sus padres se habían mudado del campo para trabajar como vendedores ambulantes. Pero ella pudo construir una casa, pagar una educación privada, vacaciones y planear la compra de un coche.

Ahora el brote en Perú -el más mortal del mundo por cantidad de habitantes- la obligó a cerrar su tienda de camisetas. “Luz y agua estoy atrasada un mes. Lo que tenía para pagar el alquiler de mi local lo gasté en comida”, dijo.

Los más pobres han sido los más afectados en términos de pérdida de empleos, mientras que casi ocho de cada diez personas ya vivían con un ingreso inferior al triple del umbral de pobreza, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

“Es muy difícil hablar de una clase media cuando estas personas son muy vulnerables”, dijo Bárcena.

Una escuela cierra

Los gobiernos regionales también carecen de los medios financieros para emular los paquetes de estímulo de Estados Unidos o Europa. La mayoría de ellos tienen bajos ingresos fiscales y una elevada deuda.

En Guatemala, donde el gasto social es uno de los más bajos de la región, los empresarios Aura Cartagena y Erwin Pozuelos esperaron en vano un apoyo financiero.

Para financiar su escuela en la Ciudad de Guatemala, la pareja se endeudó y vendió sus coches y propiedades para pagar a los 25 empleados, antes de cerrar sus puertas.

“Ahorita no tenemos ni una sola propiedad que esté solvente, todo está endeudado”, dijo Cartagena, de 51 años, en la sala de la pequeña casa a la que se mudó la familia, conteniendo las lágrimas.

Una serie de grandes compañías -desde las principales aerolíneas hasta las empresas de energía- tuvieron que despedir a personal o cerrar.

Los economistas advierten que la crisis hará que millones de personas dejen de trabajar por cuenta ajena para pasar a empleos informales con salarios más bajos, menos prestaciones y menos protección.

Incluso en México, la segunda economía más grande de la región, el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador ha evitado un generoso rescate, debido a la preocupación por sus finanzas. Se espera que hasta 10 millones de personas, muchas de ellas de la clase media mexicana, caigan en la pobreza, según los analistas.

Fuera de una cocina en la Ciudad de México, Carlos Alfaro, un chofer de 51 años de edad de Uber que también tenía un negocio de limpieza, espera por un guiso, arroz y pan para su madre de 77 años y sus dos hijos.

El trabajo desapareció obligándolo a buscar ayudas. “Nunca imaginé que iba a tener que venir a hacer esto”, dijo.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas predice que 16 millones de personas en la región podrían enfrentarse a una grave escasez de alimentos este año.

En Brasil, la mayor economía de la región, el gobierno de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro abandonó las políticas de austeridad por las ayudas sociales que a corto plazo redujeron la pobreza.

A pesar de los gastos sociales de Brasil, que incluso el gobierno admite que no puede sostener, los trabajadores que buscan subir en la escala social están pasando por momentos difíciles.

Douglas Felipe Alves Nascimento, de 21 años, se mudó a Sao Paulo a principios de año para trabajar en una empresa textil después de años de trabajo a tiempo parcial en la construcción.

El sueldo era suficiente para alquilar una habitación, comprar artículos básicos para el hogar y comenzar a terminar el bachillerato, pero cuando el Covid-19 golpeó, fue uno de los primeros en perder su trabajo.

En julio, había vendido sus cosas para cubrir el alquiler no pagado y se dirigió a una misión católica para conseguir comida y ropa de abrigo.

“Todo lo que había logrado en esos tres meses de trabajo se perdió en un mes de pandemia”, dijo.

Informe

“Informe en noticiero nacional violentó la reserva ordenada por la Corte”, dijo Aguilar

Congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros fueron mencionados en un informe de 13 minutos y 29 segundos de Noticias Caracol Televisión. Su mención estuvo relacionada por una presunta trama de direccionamiento en la contratación durante el gobierno de Aguilar en Santander. Investigación en la Corte continúa.

“Más de seis meses después, el Fiscal todavía no resuelve si les otorga ese beneficio procesal”, informó el periodista de Caracol Televisión que el domingo 24 de enero de 2021 desempolvó un proceso en donde los primeros acusados son la exsecretaria de Infraestructura de Santander, durante el Gobierno de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo y su esposo Lenín Darío Pardo.

Informó el periodista Juan David Laverde Palma que desde junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia le envió presuntas evidencias de la trama de presunta corrupción en la contratación en Santander en el gobierno de Aguilar, que denunciaron Toledo y Pardo con el propósito de obtener el beneficio de principio de oportunidad, pero que desde junio de 2020 está en manos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y no se ha resuelto.

Ese principio de oportunidad daría la posibilidad de que Toledo y Pardo, de resultar responsables, tuviesen una pena mínima, como por ejemplo que su condena se pagase en detención domiciliaria. A cambio de ello tendrían que develar el presunto entramado de corrupción que según ellos mismos existiría en Santander durante la Gobernación de Aguilar en el periodo 2012 – 2015.

Además de esas delaciones tendrían que devolver 3.000 millones de pesos que es la suma que habrían recibido Toledo y Pardo por haber direccionado el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, que según señalan está sin concluir.

Zozobra en Santander

El informe en el Noticiero de Caracol Televisión del domingo 24 de enero de 2021 generó zozobra en Santander, porque además de que se menciona a Richard Aguilar, hoy Senador de la República, también se menciona a Edwin Ballesteros, hoy Representante a la Cámara. En el caso de este último se lo sindica de exigir presuntamente una coima por direccionar el contrato de construcción del acueducto del municipio de Landázuri, Santander.

Como lo menciona el mismo periodista Laverde Palma, la solicitud del beneficio de oportunidad solicitado por Toledo y Pardo que está en la Fiscalía lleva desde junio de 2020 sin tener una definición cierta.

Desde hace varios meses el tema está en aparente pausa sin que haya mayores movimientos, por lo que la noticia en un informativo nacional puso de nuevo en titulares a Santander y a dos de sus connotados políticos, figuras jóvenes de unos 40 años, que podrían ser más altos cargos en un futuro, pero que de verse envueltos en estos informes los ponen en una balanza de riesgo.

Aunque en Caracol Televisión el senador Richard Aguilar no salió a responder los cuestionamientos, sí lo hizo su abogado Iván Cancino. No obstante el Director de Noticias TRO en Santander, Oscar Gerardo Hernández, tuvo mayor poder de convencimiento y logró tener a Aguilar en el noticiero local para tener su opinión.

“Corte pidió reserva”

Aguilar dijo, entre muchas cosas, que la Corte Suprema de Justicia les pidió la reserva en la investigación y se abstuviera a dar declaraciones en los medios para que allí no se definieran los procesos, sino en los estrados como debe ser.

Por ello el senador Aguilar señala que esa información a nivel nacional en el noticiero “violenta el pedido de reserva de la Corte Suprema de Justicia”.

Dijo que “así como Aguilar y su abogado no pueden hablar, se levanta un muro de infamia. La Corte permite que se hable de una sola parte. Y así se violenta la ley cuando se acude a una sola parte”.

Dijo Aguilar que así las cosas que entonces se “nos levante la reserva y si muchos quieren llevar el proceso en los medios, que haya un equilibrio y que las partes puedan hablar. Mucho de lo que se ha dicho – dijo Aguilar – es mentira, es un muro de desinformación”.

Dijo que para tratar de mantener la reserva que ordenó la Corte Suprema de Justicia solo se atreve a señalar que la “Conmebol revisó el estadio Alfonso López y lo avaló en el 2020 para un campeonato” y lo avaló porque lo encontró apto y no como señalan que el estadio no tiene baños y está sin terminar, dijo.

Filtraciones muy editadas

Dijo Aguilar que “como la Fiscalía ya negó un principio de oportunidad se hacen filtraciones muy editadas a favor de una sola de las partes. Ya radicamos con mi abogado Cancino en la Corte y la Fiscalía la solicitud de que se respete la reserva de las partes”.

Dijo además que “hay un centenar de contradicciones, se han surtido etapas procesales en la Corte Suprema pero no se puede comentar, porque existe la reserva que nos pidió la Corte Suprema de Justicia, pero otros violan esa reserva de manera violenta”.

Pidió Aguilar “que la Corte nos levante esa reserva para que haya un equilibrio, para que mi abogado pueda replicar todos lo publicado en medios de comunicación. No puedo afectar lo ordenado por la Corte con relación a la reserva por eso no puedo aportar más ingredientes”.

“Tratan de vincularme”

El Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, quien al parecer no tendría esa reserva pedida por la Corte salió en Caracol en medio del informe en comento y le respondió al periodista Laverde Palma que “No, yo no estoy mintiendo, no he mentido, no lo he hecho, no lo voy a hacer ni lo haré, vuelvo y lo repito, estamos diligentes a cualquier llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia y claramente acá lo que se está buscando es tratar de enlodar o ver cómo me vinculan en un proceso donde todo lo que están diciendo no es cierto”.

La investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia y el objetivo de la misma es determinar si o no los hoy congresistas amañaron la contratación en el periodo del gobierno de Aguilar en Santander. Nada está determinado a la fecha.

La exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo y Pardo, su esposo, insisten en los señalamientos de una supuesta red de corrupción en Santander cuando Aguilar oficiaba como gobernador y Ballesteros como gerente de la Esant en Santander.

El tema volvió a la palestra por un informe en donde se desempolvó un archivo, pero ni en la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía hay pronunciamientos o movimiento del proceso, así que por ahora siguen donde estaban acusados y acusadores. Y como en todo proceso se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.

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¿Minesa apostará sus ‘restos’ en el esquivo proyecto Soto Norte?

Aunque la situación es oscura para la multinacional, la decisión de la Anla no es de fondo, Minesa podría volver a presentar el proyecto y, en ese sentido, esta posibilidad le permite creer que no todo está perdido.

En la noche del pasado jueves 21 de enero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) confirmó su decisión de archivar el proyecto de evaluación de licencia ambiental para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte.

“Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44.000 terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y, en especial, con el trámite de las audiencias públicas”, dijo la empresa tras ser notificada de la decisión. Pero -dijo- continuará fortaleciendo el diálogo directo con las comunidades sobre el proyecto.

Y, aunque la situación es oscura para la multinacional, la decisión de la Anla no es de fondo, Minesa podría volver a presentar el proyecto y, en ese sentido, esta posibilidad le permite creer que no todo está perdido. Por ahora, la victoria -aunque parcial- es celebrada por las organizaciones ambientales del departamento.

Carlos Andrés Santiago, integrante del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán, “no hay que cantar victoria porque la Anla no negó la licencia, sino archivó el trámite, y al archivarlo permite que Minesa pueda hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para solicitar la explotación del oro del páramo”.

La empresa no ha confirmado que vuelva a iniciar el proceso, pero todo indica que su intención es presentar nuevamente el proyecto, por lo que la expectativa está puesta sobre si lo hace y en qué términos.

Minesa debe determinar -si mantiene su interés en Soto Norte- es, si inicia nuevamente el trámite de aprobación de la licencia con los diseños que ya tiene o si, por el contrario, decide reformularlo, por ejemplo, reduciendo su tamaño.

La ventana sigue abierta

Por ahora la multinacional árabe no tiene opciones claras, por eso su futuro se determina por el próximo paso que de. Y esa decisión será clave en la medida en que la licencia ambiental no es el único potencial obstáculo que enfrenta este proyecto minero.

Por un lado, en cumplimiento de la sentencia 361 de 2017 de la Corte Constitucional, está actualmente en curso un nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, donde el área protegida podría ser mayor a la prevista en la delimitación vigente, que es de 2014.

De ampliarse, podría verse afectado el proyecto como fue concebido originalmente. La nueva franja de delimitación ya fue aportada por el Instituto Humboltd; sin embargo, hace falta todavía el proceso de concertación y adopción, que tuvo retrasos por la pandemia.

Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería, dijo al diario La República hace unos días que, «la Asociación es y ha sido siempre respetuosa de las decisiones y análisis que la autoridad ambiental ha hecho sobre el proyecto Soto Norte. Esperamos que el análisis corporativo por parte de los inversionistas lleve a tomar la decisión de avanzar en un nuevo estudio para presentar nuevamente la solicitud. Mientras eso ocurre, esperamos que el Ministerio de Ambiente defina el futuro de la redelimitación del páramo».

La iniciativa legislativa 

El otro escollo tiene que ver con el trámite de un proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado en primera vuelta, que prohibiría las actividades mineras en los páramos y sus zonas de amortiguamiento.

El proyecto deberá superar cuatro debates de aquí al final de esta legislatura. Su futuro será igualmente determinante para el proyecto, pues buena parte de las discusiones sobre Soto Norte tienen que ver, justamente, con que está ubicado en la zona de amortiguamiento de Santurbán.

El 19 de enero la Presidencia ordenó, mediante el Decreto 052 de 2021, la publicación del texto definitivo del proyecto de acto legislativo 022 de 2020 Senado – 458 de 2020 Cámara. Este adiciona un inciso al artículo 79 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento.

Sobre estas últimas, las partes interesadas han pedido que se defina claramente cuáles son esas zonas, para evitar futuros pleitos por interpretaciones.

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Conozca sus derechos y deberes cuando de volar en avión se trata

Superintendencia de Transporte lanzó guía y decálogo para dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios a la hora de comprar tiquetes aéreos por vías electrónicas.

SuperTransporte presenta dos productos para informar, de manera fácil e ilustrativa, los derechos y deberes de los usuarios del transporte aéreo a la hora de comprar tiquetes vía internet: la “Guía sobre Comercio Electrónico en la Adquisición de Boletos o Tiquetes para la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo” y el “Decálogo de Derechos y Deberes de los Usuarios en la Compra de Tiquetes Aéreos a través de Comercio Electrónico”.

Con la Guía y el Decálogo se busca promover el consumo electrónico transparente, responsable y seguro; educar al usuario respecto a los derechos y deberes que surgen de la compra de tiquetes por medios electrónicos; incentivar la formulación de políticas transparentes y justas por parte de los prestadores de servicios de transporte aéreo, basadas en el cumplimiento de la normatividad vigente, y fomentar una cultura de legalidad fundada en la adopción de buenas prácticas empresariales acordes a los nuevos desafíos tecnológicos.

Comercio transparente

Desde 2019, la Delegatura para la Protección de Usuarios de la Entidad adelanta el programa de “Comercio Electrónico Transparente”, para garantizar el cumplimiento de las normas de protección a usuarios del comercio electrónico por parte de las aerolíneas que operan en el país.

El aumento del uso de las tecnologías de la información, unido a la pandemia causada por el Covid-19 que ha llevado al aislamiento preventivo y al distanciamiento social, propició un importante incremento del comercio electrónico, reduciendo las compras presenciales. Esto ha impactado en todos los servicios y productos, incluyendo los del Sector Transporte.

Con eso en mente, y pensando en proteger los derechos de los usuarios de transporte aéreo que adquieren servicios a través de métodos de compra electrónico, la SuperTransporte lanzó “Guía sobre Comercio Electrónico en la Adquisición de Boletos o Tiquetes para la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo” y el “Decálogo de Derechos y Deberes de los Usuarios en la Compra de Tiquetes Aéreos a través de Comercio Electrónico”.

Buenas prácticas

«Con la Guía y el Decálogo queremos, entre otras cosas, educar a los usuarios del transporte aéreo sobre los derechos y deberes que surgen con la compra de tiquetes por medios electrónicos. Estos productos están alineados con diferentes recomendaciones internacionales en materia de protección de consumidores, donde la educación y la concientización son la base para nuestra política de protección de usuarios. Así, seguimos fomentando y avanzando en la implementación de buenas prácticas empresariales y la toma de decisiones informadas en el creciente ámbito del comercio electrónico”, dijo el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Tanto la Guía como el Decálogo fueron desarrollados en el marco de la iniciativa “Comercio Electrónico Transparente”, la cual busca fomentar las buenas prácticas empresariales mediante el cumplimiento de la normatividad por parte de las compañías que ofrecen tiquetes y servicios por este medio; construir una cultura de legalidad y respeto de los derechos de los consumidores, y promover la confianza de los usuarios del servicio de transporte aéreo en la compra de tiquetes a través de Internet.

Objetivos perseguidos

Con la publicación de estos documentos se persiguen objetivos como:

1) Promover el consumo electrónico transparente, responsable y seguro;

2) Incentivar la formulación de políticas transparentes y justas por parte de los prestadores de servicios de transporte aéreo, basadas en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección a usuarios de comercio electrónico

3) Alcanzar una cultura de legalidad fundada en la adopción de buenas prácticas empresariales acordes a los nuevos desafíos tecnológicos.

Para lograrlo, los documentos les explican a los usuarios de transporte aéreo, entre otras cosas, que tienen derecho a poder informarse de manera clara, oportuna, veraz y suficiente sobre cada uno de los pasos al hacer una transacción comercial en línea, y a que las aerolíneas les informen sobre sus derechos y todas las condiciones de la prestación del servicio que ofrecen.

La Guía y el Decálogo pueden consultarse y descargarse en el botón de “SuperEducativos” de la página web de la Superintendencia de Transporte en https://www.supertransporte.gov.co/index.php/material-didactico/

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