Reducir Gases de Efecto Invernadero, asunto que a Colombia no le preocupa

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Continúa la encrucijada presupuestal del sector ambiental en el país: Reducción en el presupuesto nacional y altos recursos en las CAR no ejecutados.

Después de cuatro años de la creación del Impuesto Nacional al Carbono, se observa que no se ha ejecutado ningún proyecto que contribuya a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero –GEI.

Así lo revela el informe anual que entregó la Contraloría General de la República sobre el estado actual del sector ambiental del país, donde además de evaluar la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, señala una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018.

¿Un ambiente sano?

Lo dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba en la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020): “Las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.

Según este Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente:

  • Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica.
  • Deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio.
  • Escasa planificación de las áreas protegidas.
  • Incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas. 

Carga de pasivos

Lo anterior ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con:

  • La contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos.
  • El precario estado de los ecosistemas marinos y manglares.
  • El aumento de la deforestación.
  • El bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
  • El incumplimiento sobre la participación justa y equitativa de algunos proyectos que aprovechan los recursos genéticos. 

Para la Contraloría, “La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.

Fuerte reducción presupuestal

Al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presenta reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país.

El rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional. 

Otras conclusiones de la evaluación que realizó la CGR sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, son las siguientes:

  • Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos. 
  • Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%). 
  • Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones. 
  • Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%.
  • Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia. 

Reforma a las Corporaciones

La CGR considera relevante la iniciativa del ejecutivo de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, para lo cual ya cursa en el Congreso de la República el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medio ambiente.

Como lo ha indicado en informes anteriores, la Contraloría le solicita al Congreso de República dar impulso a dicha iniciativa, para que redunde en el uso racional y eficaz de estos recursos.

Los GEI

Se han detectado deficiencias en la aplicación de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio ambiente con cargo al impuesto al carbono. 

Después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

El recaudo de impuesto por parte de la DIAN para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones de los cuales el 45% corresponde al Medio Ambiente, es decir, $549.891 millones.

Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación no obstante que tienen destinación específica, para la protección del Medio Ambiente. 

La forma como ha sido implementado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda.