Detrimento patrimonial del ejecutivo

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Por: Paola Guarín/ Hablar de arcas públicas es el blanco en la mira de los órganos de control, a la hora de echar calculadora, precios de mercado y la ejecución de su contratación en tiempos de pandemia.

Esto se traduce nada más y nada menos en un escenario bizarro o ideal para crear una esfera de sinergias, donde el populismo y la corrupción, hacen de las suyas. Si, así como lo leen, no es difícil de entender y que, a futuro, nos expondrá un panorama real de detrimento patrimonial y daños fiscales que en ultimas los ejecutores de gastos públicos tendrán que explicar al fin de cuentas.

Por ello y actuando en principio de inocencia, prefiero como lo invoca nuestro ordenamiento jurídico, dar el beneficio de la duda y dejar actuar a la justicia en su natural protagonismo, como un voto de confianza a la institucionalidad en sus decisiones.

Lo moralmente correcto en estos tiempos tan agrestes y devastadores para el comercio y el desempleo, son acciones que busquen precisamente atajar estos flagelos y secuelas que deja la pandemia.

Desearía con todo mi corazón, un debate y acciones con altura que busquen ese bien general y representen esa unidad nacional que tanto predica nuestra carta magna, pero que lamentablemente la gobernabilidad colombiana, nos enseña cada vez más, no estar a la altura de las circunstancias y que simplemente podemos deducir,  la siguiente dicotomía: mientras muchas micro y medianas empresas quiebran o se someten a la Ley de insolvencia, reorganización o quiebra comercial, nuestro poder ejecutivo brinda con inusual desespero, prestamos jugosos a multinacionales, donde a punta de ‘avionadas’, se disfrazan  como empresas colombianas para pedir  ayudas y que al final de té ni residen en Colombia a la hora de pagar impuestos. ¿Esto no les suena familiar?

Me excusarán todos aquellos que no sintonizan con mi espacio de intima expresión personal que comparto aquí en Corrillos a quienes debo agradecer su confianza, en mi evolución o involución de ideas basadas en mi experiencia y objetividad, pero que, sin lugar a dudas, hacen de este ejercicio, la voz de muchos sea sintetizada por este importante e independiente medio de comunicación.

A modo de conclusión, no quiero lapidar con rasero la gestión pública de nuestras instituciones, pero si imploro o hago un llamado respetuoso de la congruencia, en las decisiones que toman nuestros gobernantes y demás cuerpos colegiados, pues en calidad de representantes del voto popular, deben representar la unidad nacional y por qué no, defender a toda costa, un Estado Social de Derecho donde en palabras sanas, prime ese interés general sobre el interés particular. 

*Abogada.

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