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Corte remite a la Fiscalía indagación previa contra Álvaro Uribe por masacres

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Debido a la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su posición como congresista, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estableció que perdió la competencia para investigarlo por las masacres de La Granja y El Aro (Antioquia), por lo que remitió el proceso a la Fiscalía General.

La investigación contra Uribe es adelantada por presunta conformación, promoción o financiación de una estructura armada organizada al margen de la ley, a mediados de los 90 y en el nordeste antioqueño. Al parecer, dicha estructura utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época.

La Corte Suprema le entregó a la Fiscalía información sobre la presunta intervención de Uribe, en su condición de gobernador de Antioquia, en la masacre de la Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 y en la Masacre de El Aro, que se desarrolló entre los días 22 y 31 de octubre de 1997.

El tribunal también remitió información sobre el homicidio del abogado, concejal de Ituango para la época de las masacres y defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

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Por posibles actos de corrupción, Corte ordenó la captura del senador Aguilar

Al exgobernador de Santander se le investiga como presunto determinador de  contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

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La Sala especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Alfonso Aguilar Villa por hechos cuando se desempeñó como Gobernador de Santander.

A Aguilar Villa se le investiga como presunto determinador de  contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

La Providencia del alto tribunal fue adoptada en desarrollo de la investigación por presuntas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, por parte del mandatario seccional de la época.

Estos hechos también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales, al parecer, abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para si y para otros- de dineros públicos.

Según el proceso, «en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional había ordenado, algunos funcionarios de la gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él», señala un comunicado oficial de la Corte Suprema de Justicia.

Esas presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras de interventoría para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil – Charalá (2014) y en el Corredor Vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga – Floridablanca (2014).

«Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes de los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala y Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinente», concluyó el alto tribunal.

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Contrato por ocho millones de pesos enredó la vida de exdirector de Amay

CTI capturó a exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies para cumplir una pena a más de 13 años de prisión.

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron al exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay) Eduardo Rodríguez Rojas, quien deberá cumplir una codena a 13 años y 2 meses de prisión.

La pena fue impuesta el pasado 21 de enero luego de que el implicado fuera encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

El material de prueba aportado por la Fiscalía evidenció que Rodríguez Rojas habría suscrito, el 2 de enero de 2012, un contrato por 8 millones de pesos con Liliana Alejandra Acevedo Fernández, para el cual habría suplantado la identidad de la contratista.

Por estos hechos Rodríguez fue inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos, informó la Fiscalía General de la Nación.

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Corte Constitucional extendió el derecho a morir dignamente

Además, el alto tribunal concluyó que en el país existe un vacío jurídico para aquellos casos en los que una persona que desee acceder a la eutanasia por algún tipo de lesión o enfermedad, pero no se lo permiten porque no tiene un pronóstico de muerte próxima o enfermedad en fase terminal.

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La Corte Constitucional extendió el derecho que tienen las personas a morir dignamente a quienes no parezcan de una enfermedad terminal.

La decisión se tomó con una votación de seis votos a tres. Los magistrados de la Sala Plena de la Corte despenalizaron y le dieron mayor certeza jurídica al tipo penal de homicidio por piedad.

La Corte estudió una demanda contra la norma (artículo 106 de la ley 599 de 2000) denominada ‘homicidio por piedad’ que imponía entre 16 a 54 meses de prisión a aquellas personas que causen la muerte de otras por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos por alguna enfermedad grave o terminal.

“Si hoy en día una persona que no se encuentra en estado terminal, pero en circunstancias extremas fruto de una enfardad grave, decide solicitar que le ayuden a morir dignamente, se encontrara con una negativa por parte del personal médico colombiano”, dice la demanda al señalar que esa traba se da por la posible configuración de un delito que conlleva a una pena de prisión.

Con la decisión de la Corte se busca  evitar casos como el de Yolanda Chaparro, una mujer de 71 años que luchó durante 13 meses para que su EPS Compensar y al IPS Instituto Roosevelt le autorizaran la eutanasia para dejar de sufrir a causa de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Eutanasia en menores de edad

Además, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio Lizarazo, aseguró que ese tribunal exhortó al Congreso de la República para que regule todos los detalles de la decisión de ampliar el derecho a morir dignamente en Colombia.

El magistrado Lizarazo dejó en claro que la eutanasia solo podrá ser ejecutada por médicos, tras la exigencia del consentimiento libre e informado por parte del paciente.

«La Corte Constitucional, dado que se trata de un asunto tan complejo y con tantos elementos, exhorta al Congreso para que regule la materia mediante una ley estatutaria, porque surgen muchas otras preguntas, si esta intervención puede realizarse en un centro hospitalario, sólo para los mayores o pueden los niños también beneficiados, entonces, debe ser el legislador quien regule la materia», dijo el magistrado Lizarazo.

Según el magistrado, la Corte Constitucional concluyó que en el país existe un vacío jurídico para aquellos casos en los que una persona que desee acceder a la eutanasia por algún tipo de lesión o enfermedad, pero no se lo permiten porque no tiene un pronóstico de muerte próxima o enfermedad en fase terminal.

«En la decisión de ayer la Corte lo que hace es entender que no solamente en los casos de enfermedades terminales es posible la eutanasia, sino en todos aquellos casos en que los pacientes padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable», dijo Lizarazo.

El presidente de la Corte Constitucional señaló que sin duda esta determinación implica una ampliación significativa  que se produjo, porque a lo largo de los ultimo 24 años cuando se fallo sobre la eutanasia se han venido presentando toda una serie de tutelas y otras acciones judiciales exigiendo que este derecho no sólo cobije a pacientes con enfermedades terminales.

Agregó que en desarrollo del debate que se dio al interior de la Corte Constitucional algunos  magistrados solo votaron los exhortos al Congreso de la República para que haga toda la regulación respectiva.

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