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Agorafobia colombiana

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Por: Ruby Stella Morales/ «La ciudad no está construida por edificios sino por personas»: Edward Glaeser (2011)

Con el clima de incertidumbre y violencia en las vías públicas de los pasados días en diversas regiones del país, podemos deducir que Colombia expresa los peligrosos síntomas de la epidemia «agorafobia», conocida como el disturbio mental de individuos que sienten miedo irracional a los espacios abiertos o miedo a perder el control en presencia de aglomeraciones.

En el presente, el padecimiento se sufre, pero al revés, o sea obsesión institucional y oficial por mantener despejados de ciudadanos todos los espacios públicos, calles, avenidas, parques y plazas.  

Al parecer, esta es otra desafortunada consecuencia de la prolongada cuarentena y los desenlaces fatales que agudizaron las problemáticas de salud física y mental, crisis económica y hambre que sufre la gran mayoría de población vulnerable, sumadas al aislamiento obligados por la pandemia Covid-19 y la pérdida o restricción al derecho del uso de los espacios públicos. Para respirar, hacer ejercicio, caminar, movilizarse o simplemente habitarlos. 

Ahora no solo es el riesgo inminente de ser contagiados por el virus en transporte masivo, supermercados, parques o cualquier calle, sino el peligro latente de ser multados, perseguidos, atropellados, asaltados, o inclusive asesinados por vándalos delincuenciales y ahora, muy lamentablemente, con el temor creciente de las accione violentas y criminales de algunos uniformados sociópatas, que han abusado de la fuerza hasta la muerte, impulsados por el hecho de encontrar a alguien incumpliendo los toques de queda, a la hora y en el sitio que tradicionalmente se realizaban muchas actividades de la vida diaria.

El dramático y reproblable desenlace fatal del abogado Javier Ordóñez en Bogotá es un claro ejemplo de la obsesión -y quizás de las órdenes- de la policía por despejar de transeúntes a toda costa de los espacios públicos de las ciudades y que provocó el reclamo y la indignación ciudadana vividos en la capital y otras ciudades durante los 15 días anteriores, con la pérdida de otras 10 vidas de manifestantes e importantes daños vandálicos.

Urge una sanación colectiva para armonizar la convivencia. Y que las personas encargadas de la seguridad estatal reciban terapias masivas e individuales de meditación trascendental, yoga y todo tipo de tratamiento psicológico para enfocar a la ciudadanía como el sujeto de protección y frenar los terribles desmanes y el espiral de violencia que esta situación origina. Como sociedad, estamos en la encrucijada de la defensa de la vida como valor primordial y de las instituciones del Estado que sirvan.

En Colombia, Latinoamérica y gran parte del mundo, desde finales de 2019 las multitudinarias marchas ciudadanas en los espacios público de las ciudades por todo tipo de reclamos sociales, al igual que cientos de países del mundo, marcó una gran tensión social que quedó frenada con la presencia de la pandemia.

Delegada Secretaría del Interior

Por el derecho al espacio público, en el sector Hormigueros y Palomitas de Floridablanca, se cumplen cinco años el próximo mes de octubre de la radicación de la demanda de Acción Popular para recuperar el uso de la comunidad de las áreas de cesión destinadas para zonas verdes y equipamiento comunal ocupadas por particulares y por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Un plantón de reclamo que la comunidad proponía realizar en febrero pasado, frente a la alcaldía municipal, quedó en veremos de cara a las medidas restrictivas de la pandemia.

La causa comunal radica en que hace 15 años unos 8 barrios abiertos del sector carecen de zonas públicas para equipamiento comunal. Una veintena de edificios y conjuntos residenciales vecinos también están afectados. De hecho, la zona verde comunal está invadida por un parqueadero público y una vivienda de dos pisos de uso familiar y comercial, restaurantes y talleres de mecánica y motos. 

También está invadida la zona de reserva forestal de uso público, según lo estipula la Escritura madre No. 4877 de la Notaría Primera de Bucaramanga, donde se detallan los predios de áreas de cesión para la comunidad otorgados por la empresa Mundial de Construcciones al Fondo de Inmuebles Urbanos, adscritos al Área Metropolitana de Bucaramanga, en al año 1991. 

Los predios fueron entregados por el Fondo de Inmuebles y recibidos por el entonces alcalde Eulises Balcázar, al municipio de Floridablanca en 2008, mediante escritura pública a favor del municipio de Floridablanca No. 1658 de la Notaría Segunda de Floridablanca y legalizan el globo No. 1 con un área de 14.090 metros cuadrados, ubicado sobre la carrera 23 y 24 circunvalar con las calles 147 y 153 y límites de la subestación eléctrica de la Transversal El Bosque, frente a la Clínica Ardila Lulle; también se busca la recuperación del globo No. 2 de 14.686 m2, ubicado en la carrera 22 entre calles 150 y 145, en límites con la zona de protección ambiental de la quebrada La Cuéllar. Desde entonces los predios están invadidos.

En febrero de este año la comunidad solicitó a la nueva Personería de Floridablanca el seguimiento administrativo de la problemática de invasión de estos predios. Según su informe se han realizado 4 reuniones de coordinación en junio y julio pasado con la CDMB, Oficina Asesora de Planeación Municipal, Policía Nacional, Secretaría del Interior Municipal, Inspecciones de Policía, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría de Infraestructura Municipal, Secretaría de Hacienda y al Banco Inmobiliario de Floridablanca. 

Queda entonces en responsabilidad de la Secretaría del Interior, la delegación de las actuaciones administrativas para la recuperación de los predios y restituir las áreas de cesión y reserva forestal, según dato oficial. Todo mientras el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga resuelva la Acción Popular en la que se decidirá finalmente el restablecimiento de los derechos colectivos de los espacios públicos y el equipamiento comunal del sector.

Es claro que sin espacio público suficiente ninguna ciudad puede ofrecer calidad de vida a sus habitantes. En Colombia el área mínima sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aprobado por un decreto del Ministerio de Vivienda (1077 de 2015), es de 15 metros cuadrados por persona.  En los países más desarrollados de Europa disfrutan de 500 metros por habitante de espacio público, mientras en Bucaramanga es de 2,5 m2 y en Floridablanca de 3,78 m2 por habitante.

Lo evidente es esperar que se amplíen los espacios públicos de nuestras ciudades para el beneficio común y calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, la presión del valor de la tierra ha ido eliminando los diseños sanos y necesarios para airear la apretada vida citadina, mientras se han enriquecido las constructoras sin escrúpulos y la laxitud de las administraciones y funcionarios corruptos han asfixiado deliberadamente a las comunidades. 

Los buenos funcionarios y la justicia son la única solución. La comunidad apoya lo legal y justo; ni más, ni menos.

*Periodista

Correo: rubymoralessierra@gmail.com

Facebook.com/rubby.morales/

Twitter: @RubySMoraleS

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Código Electoral, ley nueva con mañas viejas

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos.

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Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Cada vez que se acercan los comicios electorales, las fuerzas políticas y los factores reales de poder, comienzan a planificar cuales deben ser las ventajas electorales que ellos deben seguir teniendo frente al constituyente primario, solo para que los barones electorales puedan seguir perpetuando su voluntad en los cargos de elección popular; para ellos ser elegidos debe seguir siendo privilegio de pocos, solo es que esos factores reales de poder se pongan de acuerdo, y las empresas electorales que todos conocen, activan las ventajas burocráticas del voto mecánico, ventajas como las del código electoral que no había sido modificado desde el año 1986.

Desde el año 91, a los colombianos nos rige una constitución política basada en principios, en especial el de la dignidad humana, el código electoral es una ley creada en una época y con una constitución política obsoleta para las necesidades sociales del territorio, la de 1886, donde el único principio que se imponía era el de los auxilios parlamentarios que mantenían los privilegios a los varones electorales del país. En el nuevo código electoral que debe entrar en vigor para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene cosas extraordinarias como la paridad electoral en las listas de elegibles, pero no afronta los problemas reales del sistema electoral creando cargos innecesarios y burocratizando aún más la planta de la Registraduría.

Según el (Cepal), la Comisión Económica de América Latina se necesitaría un plan Marshall Postcovic para Latinoamérica «Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad» si esta es la realidad que viven los países de Latinoamérica en esta época de pandemia que aún no termina, el seguir fortaleciendo la burocratización de la planta de la Registraduría, con el mensaje de urgencia que le dio el presidente de la república,  es un despilfarro de recursos públicos; la planta de la Registraduría y las demás instituciones electorales lo que necesitan es más principios y menos corrupción.

El sistema electoral ya cuenta con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, ¿entonces quieren más? Las elecciones de Juntas de Acción Comunal no cuentan con el respaldo económico en las jornadas electorales, necesario para que tengan una verdadera independencia frente a los tradicionales varones electorales, ellos compran todo, estos caciques se apoderan de la voluntad de sus candidatos por una sencilla razón, su elección no cuenta con la misma financiación y respaldo de las instituciones electorales, como si lo tienen las elecciones a presidente, congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales; las bases sociales de las juntas de acción comunal son el eslabón más débil de toda la dinámica electoral.

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos, pero como ya lo dijimos con anterioridad, son pocos los que tienen derecho a ser elegidos, la provisionalidad termina siendo un sistema de clientalización de un comisión electoral, el nuevo código no le da prelación a los cargos de carrera, este código es una ruta para seguir empoderando el clientelismo en una de las instituciones más importante para el funcionamiento del Estado y el equilibrio de poderes del mismo.

Desde su creación se dice que estas instituciones son el cuarto poder del Estado, los cargos de libre nombramiento y remoción con la clientalización, son las rutas con la que los barones electorales se reparten este cuarto poder, esperemos que la revisión de la Corte Constitucional tenga en cuenta estos aspectos ya mencionados, desafortunadamente se ha conocido que en un primer borrador se aprueba todo su articulado.

*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo. 

Correo: reyinaldpf77@gmail.com

Twitter: @reyinaldf77

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sin invitación

Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

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Por: Andrea Guerrero/ Hace dos semanas una situación un tanto vergonzosa sucedió: muchos de los escritores más reconocidos de Colombia no fueron invitados a la Feria del Libro en Madrid. Aquello no es ni siquiera lo verdaderamente sorprendente del asunto, falta leer lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, sobre el porqué de no invitar a autores tales como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pablo Montoya, Fernando Vallejo…

El periódico La Tercera señaló que Plata “aseguró que no conocía las razones de por qué los mencionados nombres no habían sido considerados”, acto seguido dijo «Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Algunos escritores se alegraron de que no les llegara la invitación, “no fui invitado gracias al cielo y a los burócratas del régimen” dijo el escritor Faciolince. Otros declinaron la invitación luego de escuchar las declaraciones del embajador, tal fue el caso de Melba Escobar, quien además escribió una columna refiriéndose con gran claridad al asunto de cosas neutrales que menciona el embajador, llegando a concluir que “Las declaraciones del Embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la Feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno o, al menos, que se rechazó a quienes explícitamente han sido sus críticos”. (Cosas Neutrales)

Ahora bien, considero que se ha discutido ampliamente en otros escritos la parcialidad de esta selección, puesto que hubo una censura de los escritores que, según el gobierno, son parte de “una feria política”. Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

Finalmente, el pensamiento del embajador refleja cierta hipocresía que en otras columnas he mencionado, puesto que al optar por una supuesta neutralidad terminaron fue excluyendo perspectivas enriquecedoras para cualquiera que las lea. Lastimosamente, los escritores brillaron por su ausencia en la Feria del Libro, pero podemos estar orgullosos de saber que el talento mismo de aquellos los catapulta y hace que sus historias sean leídas en los rincones más recónditos del planeta… no les hace ni falta la invitación del gobierno.

*Estudiante

Instagram: @andreagguer

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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La impunidad, camino a la ruina de la sociedad colombiana…

La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables.

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Por: Irving Herney Pinzón/ Siempre se ha dicho que el hombre es curioso por naturaleza, motivo por el cual, siente admiración por todo lo que sucede a su alrededor. Situación que lo lleva a plantearse una serie de preguntas que buscan dar una respuesta o explicación a los acontecimientos que suceden a su alrededor; dentro de estos temas aparece la justicia, el delito, las consecuencias y la responsabilidad que se convierten en un gran interrogante como lo es: ¿por qué un delito puede quedar impune? Teniendo en cuenta este cuestionamiento el gran filósofo Platón, inventa y lo plasma en su libro la Republica, un mito denominado “el anillo de Giges” muy útil para entender, por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta, que pueden llevarnos a entender, más no a justificar, el proceder del hombre.

Cuenta la leyenda, que un pastor llamado Giges, tras una tormenta y un terremoto, encontró en el fondo de un abismo, en lo más profundo, un caballo de bronce con un cuerpo sin vida, el cual, tenía un anillo de oro, y por su belleza decidió tomarlo, sin imaginar lo mágico que podría resultarle. Al darle la vuelta, el anillo le daba el poder a Giges de ser invisible. No tardó mucho en descubrir la magia del anillo y lo utilizó para seducir a las más bellas mujeres, entre ellas, la reina, y en su intento por apoderarse del reino la convenció de matar al Rey. Esta leyenda, nos ejemplifica el hecho, de que, el ser humano no es injusto desde su nacimiento, como se piensa, pero que, basta que nadie lo observe, es decir, se haga “invisible” para supuestamente corromperse, en virtud de que no lo hace, si se encuentra ante la mirada expectante de la sociedad, por el miedo al reproche de la misma.

La sensación de impunidad, es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto en complicados entramados, de los que, los ciudadanos no entienden nada. La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables. Un corrupto, no debería solo ser juzgado por corrupción, sino por homicidio agravado, con sentencias que no tuvieran ninguna rebaja de penas, con medidas intramurales y que perdieran cualquier beneficio. El ser humano, que convive en una sociedad que se rige por normas y valores sabe que es antiético e ilegal y, aun así, lo hace sin importar cuanto afecta negativamente a esa sociedad.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si se les descubren, o el paupérrimo tiempo de cárcel que podrían pagar con penas irrisorias, y piensan que todavía salen ganando, al poder utilizar el dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Los culpables deberían pagar con sus bienes o los de sus familiares más cercanos sus delitos cuando utilizan los recursos que no les pertenecen para su beneficio personal, aun sabiendo que están cometiendo actos de corrupción.

La impunidad, es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. Pero, para ello hay que modificar el sistema, no solo con la aceptación de nuevos delitos y sus respectivas penas, sino solucionar los diferentes obstáculos, tales como: que las instituciones judiciales no cuentan con los recursos suficientes para hacer las investigaciones pertinentes; la escasez de cárceles en el país; que los delincuentes obtienen el beneficio de casa por cárcel porque el tráfico de influencias y favores políticos que por debajo se tejen.

Esta situación se debe a la ineficiencia y negligencia del aparato judicial, como se evidencia con las libertades por vencimiento de términos; también en ocasiones la falta de recursos dificulta la gestión para obtener evidencias; en otras, porque los operadores judiciales se dejan intimidar y, a causa de la corrupción de las autoridades judiciales, que aceptan sobornos de los sindicados o incluso los presionan para que compren sus decisiones, lo que se demuestra, con las graves acusaciones de corrupción, en que, se han visto comprometidos magistrados de las altas cortes.

Por esta razón, se presenta impunidad y la justicia envía un deplorable mensaje a la sociedad: que el crimen paga. Y así, la ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones por falta de pena, brinda oportunidades y alicientes para violar la ley. De esta forma, se hace atractivo delinquir, puesto que, el riesgo de ser castigado es mínimo, lo que aumenta el beneficio que obtiene el delincuente por cometer un delito. Así, el no castigo de los crímenes cometidos, se constituye en uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, fortalece la corrupción y brinda mecanismos para reproducirla. Abre cauce a la justicia privada, motiva a que la ley no se cumpla, contribuye al menoscabo de la justicia y de sus valores éticos, aporta al deterioro y descrédito de las instituciones y corroe la reputación y la confianza de los colombianos en la justicia.

Se podría, a manera de conclusión, que, a ejemplo del mito del anillo de Giges, que todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. He ahí, el meollo del asunto y la gran importancia de seguir creyendo e invirtiendo en la educación integral desde la familia, como un factor preponderante en el cambio de mentalidad y que la justicia nos asegure realmente que el que la hace, de verdad la va a pagar y con creces.

*Magister en Educación, Docente Investigador Filosofía y Ciencias Sociales y Candidato a Doctor en Educación.

Facebook: Irving Herney Pinzón T

Twitter: @Irvingherney

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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