El polémico crédito por $370 millones de dólares que Duque le hará a Avianca

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El Procurador General pidió transparencia en el rescate de Avianca y que el gobierno explique cómo superará riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando.

El Gobierno colombiano anunció que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo, autorizó en su sesión del 29 de agosto, la participación de la nación en la reestructuración de Avianca, mediante el financiamiento de hasta 370 millones de dólares dentro del proceso que sigue la empresa por el capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos.  

Según explicó el Gobierno, esta operación deberá ser evaluada y autorizada por el juez que se encuentra a cargo del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. 

«Los beneficios para Colombia y su economía al permitir que Avianca avance en su reestructuración y mantenga su operación en el país, son significativos. La afectación a la operación de Avianca tendría repercusiones negativas en la calidad del servicio aéreo, en la economía y en la competitividad del país», señaló el Gobierno. 

La decisión del Comité consiste en «autorizar la participación del Gobierno nacional en el financiamiento a través de un crédito hasta por $370 millones de dólares con vencimiento en noviembre de 2021. La transacción se daría bajo la figura de ‘deudor en posesión’ (debtor in possession) prevista en el capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos». 

Sin embargo, advierten que, «la transacción contará con nuevos aportes de los inversionistas existentes, así como aportes de nuevos participantes en condiciones de mercado». Y explican que se determinó su particiáción tras un proceso de análisis y estudio de alternativas frente a la participación del Gobierno que inició en marzo de este año, «cuando la compañía tuvo un primer acercamiento para buscar financiamiento».  

El Gobierno también señaló que en el proceso se pusieron en consideración «los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios provistos por Avianca en términos de actividad económica, la capacidad de transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos, tanto de la Nación como de las Entidades Territoriales». 

Avianca es, actualmente, la aerolínea más grande de Colombia, con una participación del 45,5% del total de los pasajeros transportados en 2019, sirviendo a más de 75 destinos. En el transporte de carga, Avianca cuenta con el 31,6% de la participación del mercado.

Cuestionamientos de la Procuraduría

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, en carta al Presidente Iván Duque pidió que el financiamiento de hasta US$370 millones por 18 meses que anunció del gobierno para poner en marcha un plan de salvamento de la aerolínea panameña Avianca se adelante con toda la transparencia y de cara al país, y que el ejecutivo explique a los ciudadanos las acciones que piensan desplegar para evitar los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.

En la misiva planteó 18 interrogantes dirigidos a explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con operaciones a lo largo del continente americano y deudas del orden de los US$5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el gobierno.

Precisó además que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público nacional en el país.

“Surgen de allí varios interrogantes: ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.

Insistió, además, “¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado? ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extrajera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán? ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser? ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?”.

Carrillo Flórez lamentó que junto con el anuncio que se hizo a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda no se revelara la información sobre las evaluaciones previas, condicionamientos y mecanismos previstos para que el financiamiento no ponga en riesgo los recursos del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias), que se nutre de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, “teniendo en cuenta el contexto de una insolvencia transfronteriza en curso que aparentemente cobija varias empresas del conglomerado Avianca”.

Precisó que si bien es cierto que el Decreto 444, expedido al amparo de la emergencia sanitaria y que faculta al Gobierno para apoyar financieramente a empresas que desarrollen actividades de interés nacional, no definió qué se debe entender por tales actividades, ni fijó criterios para priorizar, es necesario que todas las acciones desplegadas de desarrollen de cara a la opinión pública.

Insistió que aunque el Decreto 444 permite inversión de dinero del FOME en instrumentos de capital y/o deuda aun cuando al momento de su realización se esperen resultados financieros adversos, o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos, “también manda que estas decisiones de inversión se evalúen en forma conjunta y en contexto con las necesidades sociales y económicas ocasionadas por la emergencia. Dicha evaluación igualmente debería divulgarse, pues estas decisiones deben adoptarse sin sombra alguna por la magnitud de los dineros públicos que se están utilizando”.

Carrillo Flórez advirtió sobre la necesidad de que el país conozca cómo se protege la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca, actualmente en proceso de reorganización en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, teniendo en cuenta que no existe sustento para imponerles a los accionistas el deber de comprar la participación del Estado en un plazo corto, ni la de ceder el control de la empresa a un accionista mayoritario capaz de gestionarla adecuadamente, como manda el Decreto 811 de 2020.

Manifestó que Avianca no es una aerolínea que presta servicios exclusivamente en Colombia, por lo que emprender un plan de salvamento sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de su continuidad puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado, si se tiene en cuenta, adicionalmente, que esos gobierno cuentan con programas de apoyo al sector aeronáutico durante la pandemia.

“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente y se convertirá posiblemente en la primera de varias operaciones similares, consumiendo recursos escasos que el tejido empresarial del país podría haber aprovechado con mayor probabilidad para salvar puestos de trabajo y crear capacidad de generación de ingresos, en ese o en otro sector de interés general», precisó.

Reiteró que el país ya ha conocido historias similares en las que se comprometieron recursos públicos y cuando los costos aumentaron y los dineros resultaron insuficientes, la Nación se vio obligada a comprometerse nuevamente para no perder lo ya invertido, por lo que es perentorio que el gobierno defina con certeza si asumirá o no compromisos adicionales y se comprometa a revelar al país los resultados de la Reunión de Acreedores de Avianca, prevista para el 21 de septiembre, donde de definirá el futuro de la empresa y la destinación de la financiación que hará Colombia.