Suspendidos por recibir Teatro del Socorro sin terminar que no funciona

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Procuraduría sancionó a supervisores e interventor del contrato de remodelación del Teatro Municipal de El Socorro, en Santander.

La Procuraduría General de la Nación sancionó al profesional universitario de la Gobernación de Santander, Francisco Rangel Castro, con suspensión por el término de tres meses, por irregularidades en la supervisión del contrato 5606 de 2013 por valor de $2.466’657.156, para restaurar el Teatro Municipal Manuela Beltrán, de El Socorro (Santander).

En la decisión de primera instancia la Procuraduría también sancionó con multa de 10 salarios mínimos mensuales vigentes al representante del Consorcio Cultura, José Luis Larrota Maldonado, designado como interventor, y a la contratista de la Gobernación de Santander, Johana Paola Santos Rey, con labores de supervisión.

Ningún evento

El ente de control evidenció que, sin haberse culminado la remodelación ni el mantenimiento contratados, los disciplinados certificaron como recibidas a satisfacción las obras adelantadas en el teatro municipal, considerado patrimonio cultural, recinto donde no se ha podido llevar a cabo ningún evento por la falta de funcionalidad, entre otros, del ascensor, la planta de micrófonos, el sistema inalámbrico y el aire acondicionado.

A juicio del Ministerio Público, Rangel Castro incumplió los deberes de supervisión asignados, de proteger los intereses de la entidad territorial y vigilar la correcta ejecución contractual, para garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos del municipio de El Socorro.

Daño a la comunidad

En cuanto a la conducta de Larrota Maldonado y Santos Rey, la Procuraduría Regional Santander consideró que omitieron sus deberes de interventoría y supervisión por no informar el incumplimiento del contratista y firmar de conformidad el acta de recibo final.

Las faltas del representante del consorcio y la contratista fueron calificadas como gravísimas culposas, por ser particulares, y la del profesional universitario como grave con culpa grave, por el daño social causado a la comunidad.

Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto).