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Los delitos de Rediba: Pasivos de Veolia y la CAS

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Por: Leonardo Granados/ Los barranqueños fuimos sorprendidos por el mayor acto de corrupción de la CAS que otorgó licencia ambiental a la Empresa de Aseo Rediba S.A. mediante la Resolución del 28 -11- 2014 con Radicado DGL. No. 00001121, en la Vereda Patio Bonito área protegida DRMI San Silvestre de Barrancabermeja.

Esta empresa, una vez inicia su operación el 2 de enero del año 2015, comienza con vertimientos de lixiviados a cuerpos hídricos. En el mes de enero tenemos la primera mortandad de peces en los caños de Patio Bonito y los campesinos empiezan a denunciar como le están dañando sus humedales de donde captaban el agua para consumo humano por cuanto no tiene acueducto y sus niños empiezan a tener problemas gastrointestinales, manchas y sarpullido en la piel, diagnósticos que en su momento el pediatra Dr. Yesid Blanco determinó al valorar a los niños.

Fruto de las denuncias que interpusimos los ambientalistas por la contaminación con lixiviados donde Rediba vertía a los cuerpos de agua, estos desechos tóxicos generaron contaminación e impacto ambiental, una clara violación a la licencia ambiental y al código penal, por tal motivo la CAS mediante Auto SAA N°0807 de noviembre de 2015, impone medida preventiva a Rediba de la suspensión inmediata de la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario denominado Ecoparque-Rediba. Así mismo, se ordena apertura de la investigación ambiental a Rediba. Por el presunto quebrantamiento de la normatividad ambiental, de esta forma la CAS requirió a Rediba por única vez para que corrigiera los incumplimientos de las obligaciones y exigencias de la licencia ambiental.

Ante el incumplimiento de Rediba a la medida preventiva, la CAS mediante Auto SAA N°0116 del 8 de abril de 2016, formuló cargos contra Rediba por incumplimiento a la resolución 001121 de 2014, a la etapa pre-operativa y operativa del relleno, vertimientos de lixiviados con aguas lluvias que por escorrentía terminaban en los cuerpos de agua, por no contar con canales perimetrales y dejo en firme la suspensión provisional de la disposición final de residuos sólidos en el relleno, por continuar los incumplimientos de la licencia ambiental.

Sin embargo, la Alcaldía expidió ilegalmente un decreto de emergencia sanitaria para autorizar de forma ilegal a la empresa a seguir disponiendo los residuos en el relleno sanitario, incurriendo en desacató a la autoridad ambiental, o como se conoce en penal fraude a resolución administrativa, ante lo cual Darío Echeverri responderá ante la justicia.

El 8 de junio de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente realizó visita de seguimiento al relleno sanitario y descubrió que Rediba construyó una piscina de lixiviados por fuera del área de sustracción y de la licencia ambiental la cual se encontraba sin geomembrana y se filtraba el lixiviado discurriendo dicho toxico al caño moncholo contaminando esta fuente de agua que era de captación para consumo humano de la población de patio bonito, así quedó consignado en el informe de la Secretaría de Medio Ambiente del cual se puso en conocimiento de la autoridad ambiental. Dichas evidencias de un delito ambiental constituyen nuevas conductas agravadas que fundamentan la imperiosa necesidad de revocar la licencia ambiental al ser reincidente.

El pasado 13 de octubre de 2016 estando suspendido el relleno sanitario, desde la Corporación  San Silvestre Green realizamos una denuncia en la FM de RCN mediante un video donde se evidencia como Rediba vertía lixiviados sin autorización de la CAS, con sus funcionarios a través de un carrotanque con capacidad para 3.500 galones, a las fuentes hídricas aledañas al relleno sanitario producto de los lixiviados producidos en el relleno, este hecho esta denunciado en la fiscalía mediante el radicado noticia criminal N°680816000136201605246 en la Fiscalía de Barrancabermeja, como lo demuestran los videos, laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente que determinaron mercurio en el agua y metales pesados y el informe de la policía ambiental.

La CAS mediante resolución N°00323 de abril de 2017, impuso una sanción a Rediba por valor de 2.400 millones de pesos por los incumplimientos de la licencia ambiental del año 2015 de la suspensión del auto 0708 de 2015.

No siendo poco con los vertimientos ilegales de lixiviados, Rediba incurrió en mayores daños ambientales en 2016 y 2017, estando en suspensión de actividades de disposición final ordenadas por la CAS, mediante Auto 0807 de 2015 y como ladrón en la noche se salió del área de sustracción invadiendo el área de especial importancia ecológica y realizó tala indiscriminada de árboles, intervención de cause ilegal, putrefacción del bosque húmedo tropical al represar las aguas por el taponamiento de caño moncholo y otros caños innominados.

Lo cierto es que la empresa ha incurrido en graves conductas punibles como se evidencian en las pruebas aportadas a la Fiscalía y con fundamento en la denuncia penal, la fiscalía especializada en delitos ambientales, imputó cinco delitos a la gerente de la empresa Rediba, Liliana Forero Cala. Lo grave es que la CAS desconoció la comisión de los siguientes delitos probados por la Fiscalía: Contaminación ambiental, daño a recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, fraude procesal, ocultamiento y destrucción de material probatorio.

(La línea roja determina los linderos de la licencia, la línea morada es el área donde realizaron tala indiscriminada e intervención de cause ilegal, taponaron con tierra a caño moncholo, lo que genero el represamiento del agua y se pudrió el bosque húmedo tropical, en el predio la herradura de propiedad del señor Luis Ernesto Ruiz, columnista de Vanguardia)

Uno no puede entender como la autoridad ambiental se hace el de la vista gorda, ante esta grave debacle ecológico en un área protegida creada por la misma entidad para la preservación de la Ciénaga San Silvestre. La verdad oculta es que la sanción a esta empresa gira alrededor de los 5 mil millones de pesos por estos hechos y a la fecha no se ha pronunciado la CAS en estos 4 años. Por dichas omisiones el exdirector de la CAS, Juan Gabriel Álvarez fue imputado por la Fiscalía el 28 de febrero de 2020, en el Juzgado Primero Penal Municipal de Barrancabermeja, noticia criminal con radicado Nº110016099034201500001.

Conforme a los hechos graves de violación a derechos colectivos y fundamentales interpuse ante La Corte Constitucional una acción de tutela en 2015 y en proceso de revisión el día 20 de abril de 2017, mediante fallo de tutela Sentencia T-227 de 2017, se ampararon los derechos a un ambiente sano, derecho humano al agua, a la salud, la vida y la moralidad administrativa, y sentenció:

“Ordenar a la empresa de servicios públicos Rediba S.A. que de manera inmediata:

1. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la licencia contenida en la Resolución DGL No. 1121 de 2014, en especial, de las obligaciones relacionadas con el plan de manejo ambiental y con las medidas sociales de compensación decretadas en favor de la comunidad de Patio Bonito”.

A la fecha la empresa Rediba no ha dado cumplimiento y en el 2019 la empresa multinacional Veolia compró a Rediba, por tal motivo asume los pasivos de la anterior, sin embargo, tampoco ha dado cumplimiento a la construcción del acueducto veredal y el sistema de aguas residuales para Patio Bonito como compensación en la licencia y por haber contaminado los humedales, como al igual no ha cumplido con el funcionamiento de la planta de lixiviados. Lo que constituye el presunto punible de fraude a resolución judicial, llevan 3 años de incumplimiento.

A su vez la Corte ordenó:

“Quinto. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Santander que, en ejercicio de sus funciones:

2. De manera inmediata, inicie una investigación con el propósito de determinar: (i) el posible uso inadecuado de pólvora en el relleno sanitario para ahuyentar aves, (ii) la presunta intervención ambiental irregular de los predios aledaños al relleno, y (iii) el supuesto desconocimiento de los linderos estipulados en la licencia ambiental contenida en la Resolución DGL No. 1121 de 2014.

3.1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta Sentencia, realice una valoración de los impactos ambientales y sociales que ha tenido la construcción y operación del relleno sanitario de Patio Bonito y, con base en ella, ejecute una revisión de los términos en los cuales se concedió la licencia ambiental, determinando si resulta necesario modificar o revocar, total o parcialmente, dicho acto administrativo.

Estos tres numerales los violó Rediba como se probó arriba, pero la CAS no ha dado aplicación a la Ley 1333 de 2009, ni a la sentencia de la Corte, aunque la orden fue inmediata, lleva tres años incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial, pues la ley dice claramente que ante conductas graves y reincidentes debe revocarse la licencia ambiental.

Conforme lo anterior, realicé las peticiones a la CAS, solicitud de revocatoria de la licencia ambiental, por la violación grave de la Ley 99 de 1993 y el Decreto No 1076 de 2015, por parte de Rediba hoy Veolia, bajo los siguientes fundamentos:

Conforme el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, establece las causales de la revocatoria de las licencias ambientales que al tenor refiere:

“Artículo 62º.- De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias Ambientales…

La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente”.

El Decreto No 1076 de 2015:

Artículo2.2.10.1.2.3. Revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro, o demás autorizaciones ambientales. La revocatoria o caducidad de la licencia, concesión, permiso, registro o demás autorizaciones ambientales definidos en la ley o en los reglamentos, se impondrá como sanción por parte de las autoridades, de acuerdo con el siguiente criterio:

a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave”.

La conducta de Rediba ha sido reincidente y agravada, pues todos los delitos fueron cometidos en el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado humedal San Silvestre, así lo contempla el Código Penal Colombiano en el artículo 331 y ss.., por eso le hacemos un llamado al Tribunal de Bogotá, para que imponga las sanciones por desacato a la sentencia de la Corte y la Procuraduría Ambiental y Agraria para que inicie el proceso Disciplinario contra estos funcionarios, y así Barrancabermeja no se siga impactando más.

Por eso insisto, se hace más que preciso diferenciar la ‘verdad del poder’ del ‘poder de la verdad’, es momento de hacer reflexionar al alcalde local, que debemos acabar con este relleno sanitario y dar cumplimiento al PGIRS, para proteger nuestra Ciénaga San Silvestre. Y no pretender fortalecer el relleno como absurdamente lo estipuló en el plan de desarrollo, pues se labra un destino para ser judicializado.

*Abogado.

Correo: ralegc@yahoo.com

Facebook: Leonardo Granados Cardenas

Twitter: @Leonard74621446 

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Código Electoral, ley nueva con mañas viejas

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos.

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Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Cada vez que se acercan los comicios electorales, las fuerzas políticas y los factores reales de poder, comienzan a planificar cuales deben ser las ventajas electorales que ellos deben seguir teniendo frente al constituyente primario, solo para que los barones electorales puedan seguir perpetuando su voluntad en los cargos de elección popular; para ellos ser elegidos debe seguir siendo privilegio de pocos, solo es que esos factores reales de poder se pongan de acuerdo, y las empresas electorales que todos conocen, activan las ventajas burocráticas del voto mecánico, ventajas como las del código electoral que no había sido modificado desde el año 1986.

Desde el año 91, a los colombianos nos rige una constitución política basada en principios, en especial el de la dignidad humana, el código electoral es una ley creada en una época y con una constitución política obsoleta para las necesidades sociales del territorio, la de 1886, donde el único principio que se imponía era el de los auxilios parlamentarios que mantenían los privilegios a los varones electorales del país. En el nuevo código electoral que debe entrar en vigor para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene cosas extraordinarias como la paridad electoral en las listas de elegibles, pero no afronta los problemas reales del sistema electoral creando cargos innecesarios y burocratizando aún más la planta de la Registraduría.

Según el (Cepal), la Comisión Económica de América Latina se necesitaría un plan Marshall Postcovic para Latinoamérica «Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad» si esta es la realidad que viven los países de Latinoamérica en esta época de pandemia que aún no termina, el seguir fortaleciendo la burocratización de la planta de la Registraduría, con el mensaje de urgencia que le dio el presidente de la república,  es un despilfarro de recursos públicos; la planta de la Registraduría y las demás instituciones electorales lo que necesitan es más principios y menos corrupción.

El sistema electoral ya cuenta con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, ¿entonces quieren más? Las elecciones de Juntas de Acción Comunal no cuentan con el respaldo económico en las jornadas electorales, necesario para que tengan una verdadera independencia frente a los tradicionales varones electorales, ellos compran todo, estos caciques se apoderan de la voluntad de sus candidatos por una sencilla razón, su elección no cuenta con la misma financiación y respaldo de las instituciones electorales, como si lo tienen las elecciones a presidente, congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales; las bases sociales de las juntas de acción comunal son el eslabón más débil de toda la dinámica electoral.

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos, pero como ya lo dijimos con anterioridad, son pocos los que tienen derecho a ser elegidos, la provisionalidad termina siendo un sistema de clientalización de un comisión electoral, el nuevo código no le da prelación a los cargos de carrera, este código es una ruta para seguir empoderando el clientelismo en una de las instituciones más importante para el funcionamiento del Estado y el equilibrio de poderes del mismo.

Desde su creación se dice que estas instituciones son el cuarto poder del Estado, los cargos de libre nombramiento y remoción con la clientalización, son las rutas con la que los barones electorales se reparten este cuarto poder, esperemos que la revisión de la Corte Constitucional tenga en cuenta estos aspectos ya mencionados, desafortunadamente se ha conocido que en un primer borrador se aprueba todo su articulado.

*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo. 

Correo: reyinaldpf77@gmail.com

Twitter: @reyinaldf77

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sin invitación

Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

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Por: Andrea Guerrero/ Hace dos semanas una situación un tanto vergonzosa sucedió: muchos de los escritores más reconocidos de Colombia no fueron invitados a la Feria del Libro en Madrid. Aquello no es ni siquiera lo verdaderamente sorprendente del asunto, falta leer lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, sobre el porqué de no invitar a autores tales como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pablo Montoya, Fernando Vallejo…

El periódico La Tercera señaló que Plata “aseguró que no conocía las razones de por qué los mencionados nombres no habían sido considerados”, acto seguido dijo «Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Algunos escritores se alegraron de que no les llegara la invitación, “no fui invitado gracias al cielo y a los burócratas del régimen” dijo el escritor Faciolince. Otros declinaron la invitación luego de escuchar las declaraciones del embajador, tal fue el caso de Melba Escobar, quien además escribió una columna refiriéndose con gran claridad al asunto de cosas neutrales que menciona el embajador, llegando a concluir que “Las declaraciones del Embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la Feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno o, al menos, que se rechazó a quienes explícitamente han sido sus críticos”. (Cosas Neutrales)

Ahora bien, considero que se ha discutido ampliamente en otros escritos la parcialidad de esta selección, puesto que hubo una censura de los escritores que, según el gobierno, son parte de “una feria política”. Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

Finalmente, el pensamiento del embajador refleja cierta hipocresía que en otras columnas he mencionado, puesto que al optar por una supuesta neutralidad terminaron fue excluyendo perspectivas enriquecedoras para cualquiera que las lea. Lastimosamente, los escritores brillaron por su ausencia en la Feria del Libro, pero podemos estar orgullosos de saber que el talento mismo de aquellos los catapulta y hace que sus historias sean leídas en los rincones más recónditos del planeta… no les hace ni falta la invitación del gobierno.

*Estudiante

Instagram: @andreagguer

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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La impunidad, camino a la ruina de la sociedad colombiana…

La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables.

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Por: Irving Herney Pinzón/ Siempre se ha dicho que el hombre es curioso por naturaleza, motivo por el cual, siente admiración por todo lo que sucede a su alrededor. Situación que lo lleva a plantearse una serie de preguntas que buscan dar una respuesta o explicación a los acontecimientos que suceden a su alrededor; dentro de estos temas aparece la justicia, el delito, las consecuencias y la responsabilidad que se convierten en un gran interrogante como lo es: ¿por qué un delito puede quedar impune? Teniendo en cuenta este cuestionamiento el gran filósofo Platón, inventa y lo plasma en su libro la Republica, un mito denominado “el anillo de Giges” muy útil para entender, por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta, que pueden llevarnos a entender, más no a justificar, el proceder del hombre.

Cuenta la leyenda, que un pastor llamado Giges, tras una tormenta y un terremoto, encontró en el fondo de un abismo, en lo más profundo, un caballo de bronce con un cuerpo sin vida, el cual, tenía un anillo de oro, y por su belleza decidió tomarlo, sin imaginar lo mágico que podría resultarle. Al darle la vuelta, el anillo le daba el poder a Giges de ser invisible. No tardó mucho en descubrir la magia del anillo y lo utilizó para seducir a las más bellas mujeres, entre ellas, la reina, y en su intento por apoderarse del reino la convenció de matar al Rey. Esta leyenda, nos ejemplifica el hecho, de que, el ser humano no es injusto desde su nacimiento, como se piensa, pero que, basta que nadie lo observe, es decir, se haga “invisible” para supuestamente corromperse, en virtud de que no lo hace, si se encuentra ante la mirada expectante de la sociedad, por el miedo al reproche de la misma.

La sensación de impunidad, es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto en complicados entramados, de los que, los ciudadanos no entienden nada. La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables. Un corrupto, no debería solo ser juzgado por corrupción, sino por homicidio agravado, con sentencias que no tuvieran ninguna rebaja de penas, con medidas intramurales y que perdieran cualquier beneficio. El ser humano, que convive en una sociedad que se rige por normas y valores sabe que es antiético e ilegal y, aun así, lo hace sin importar cuanto afecta negativamente a esa sociedad.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si se les descubren, o el paupérrimo tiempo de cárcel que podrían pagar con penas irrisorias, y piensan que todavía salen ganando, al poder utilizar el dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Los culpables deberían pagar con sus bienes o los de sus familiares más cercanos sus delitos cuando utilizan los recursos que no les pertenecen para su beneficio personal, aun sabiendo que están cometiendo actos de corrupción.

La impunidad, es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. Pero, para ello hay que modificar el sistema, no solo con la aceptación de nuevos delitos y sus respectivas penas, sino solucionar los diferentes obstáculos, tales como: que las instituciones judiciales no cuentan con los recursos suficientes para hacer las investigaciones pertinentes; la escasez de cárceles en el país; que los delincuentes obtienen el beneficio de casa por cárcel porque el tráfico de influencias y favores políticos que por debajo se tejen.

Esta situación se debe a la ineficiencia y negligencia del aparato judicial, como se evidencia con las libertades por vencimiento de términos; también en ocasiones la falta de recursos dificulta la gestión para obtener evidencias; en otras, porque los operadores judiciales se dejan intimidar y, a causa de la corrupción de las autoridades judiciales, que aceptan sobornos de los sindicados o incluso los presionan para que compren sus decisiones, lo que se demuestra, con las graves acusaciones de corrupción, en que, se han visto comprometidos magistrados de las altas cortes.

Por esta razón, se presenta impunidad y la justicia envía un deplorable mensaje a la sociedad: que el crimen paga. Y así, la ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones por falta de pena, brinda oportunidades y alicientes para violar la ley. De esta forma, se hace atractivo delinquir, puesto que, el riesgo de ser castigado es mínimo, lo que aumenta el beneficio que obtiene el delincuente por cometer un delito. Así, el no castigo de los crímenes cometidos, se constituye en uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, fortalece la corrupción y brinda mecanismos para reproducirla. Abre cauce a la justicia privada, motiva a que la ley no se cumpla, contribuye al menoscabo de la justicia y de sus valores éticos, aporta al deterioro y descrédito de las instituciones y corroe la reputación y la confianza de los colombianos en la justicia.

Se podría, a manera de conclusión, que, a ejemplo del mito del anillo de Giges, que todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. He ahí, el meollo del asunto y la gran importancia de seguir creyendo e invirtiendo en la educación integral desde la familia, como un factor preponderante en el cambio de mentalidad y que la justicia nos asegure realmente que el que la hace, de verdad la va a pagar y con creces.

*Magister en Educación, Docente Investigador Filosofía y Ciencias Sociales y Candidato a Doctor en Educación.

Facebook: Irving Herney Pinzón T

Twitter: @Irvingherney

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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