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Justicia perfecta

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Por: Ruby Morales Sierra/ Nos adelantamos al mes de octubre del año 2020, para visibilizar lo que sería un acercamiento a la justicia-ficción perfecta, luego de más de 20 años de lucha contra el egoísmo y la incivilidad, en un caso de gran importancia para un sector históricamente abandonado del municipio de Floridablanca.

Este sería el resultado de no rendirse frente a las triquiñuelas legales, el dejar pasar de los funcionarios públicos; la ceguera y pesadez de los organismos de control; de los más de tres mil folios de respuestas incompletas, incongruentes y esquivas; la inoperancia administrativa y la presunta corruptela política y de particulares.

Pese a que la Administración está enterada, desde febrero de este año, al igual que la Personería, los invasores particulares están haciendo fiestas en las áreas públicas y zonas de reserva forestal de las áreas de cesión. Siguen construyendo viviendas rígidas, retando y maltratando a los vecinos, mientras las alertas comunales son archivadas, soslayadas y presas del marasmo de obstrucciones y desidia de las autoridades competentes. 

El alcalde Moreno, ni fu ni fa. Y mucho tememos, pues es vox populi, que los sancochos que habrían sido degustados en la campaña política pasada y la publicidad descarada en las zonas invadidas, estaría cumpliendo su pacto de silencio, ignorando los reclamos comunales. 

Por eso acudimos a la ficción esperada. En este inmediato futuro promisorio se estarían recogiendo los frutos de las múltiples denuncias, de la rabia contenida por la comunidad ante los desplantes y ofensas de los sucesivos gobiernos que engañaron y enredaron más el conflicto; se estaría reconociendo la razón y justicia frente a  las solicitudes comunitarias para ser beneficiarios del derecho y disfrute de zonas verdes públicas y áreas de cesión que suman alrededor de tres hectáreas con zona de reserva forerestal pública, del sector conocido como Villa Campestre y conformada por los barrios Villa España, Villa Tarragona I y Villa Tarragona I, Villa Mallorca y circunvecinos de Floridablanca.

El esperado fallo podría ser del siguiente tenor, y que, ojalá impartiendo justicia, lo sea:

«El juzgado administrativo de Bucaramanga… en octubre de 2020, ante requerimiento de la comunidad por la Acción Popular 0335 de 2015, contra el Municipio de Floridablanca, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y particulares invasores, luego de cumplirse cinco años en curso de la presente demanda de Acción Popular y tras analizarse, probarse y estudiarse a fondo el conflicto gestado en la desidia administrativa, de los alcaldes, secretarios de despacho pertinentes, inspectores de policía involucrados y evidenciado el daño y perjuicio probado y ejercido contra la comunidad, durante más de 20 años, y en particular en el presente 2020, durante los meses de cuarentena por el Coronavirus, Covid-19, desde marzo pasado, los habitantes del sector no contaron ni han contado, ni tan siquiera con un metro cuadrado de zonas públicas para hacer ejercicio, tomar el sol, respirar oxígeno, descansar y ejercer el distanciamiento social con garantías de espacios públicos cercanos a su residencia, en un área no mayor a un kilómetro. Las afectaciones impidieron a la comunidad cumplir a satisfacción las normas de obligatorio cumplimiento impartidas por el Gobierno Nacional referentes al disfrute y disposición de espacios públicos comunales cerca al sitio de residencia.

Es de precisar que se han violado y vulnerado derechos humanos colectivos a la recreación y el deporte, al acceso a la cultura y convivencia comunitaria y el buen compartir, se les negó el espacio público para realizar  reuniones comunitarias, cuando antes del coronavirus se podían hacer,  y que toda una generación por más de 20 años tuvo que viajar a los sectores vecinos para conocer el prado y zonas verdes y tener el disfrute y poder acceder a un árbol de sombra; que los padres de familia han tenido que pagar más de $70.000 pesos por la hora de alquiler de una cancha de fútbol para sus hijos en el privatizado parque de la Salud, cerca de la Clínica Ardila Lulle; que se ha causado un daño ambiental importante en la zona de reserva forestal ubicada en la carrera 23 entre calles 147, 153 y Transversal El Bosque, que las viviendas allí construidas no cumplieron con los requisitos legales y se efectuaron en predio público y  zona de reserva ambiental.

Teniendo en cuenta que la comunidad ha sido burlada, maltratada, las generaciones presentes no pudieron ser criadas en el ejemplo del cumplimiento de la ley y la importancia de las instituciones, que hay razones suficientes para que ya pocos se dejen engañar por sus gobernantes locales; que teniendo en cuenta que los líderes comunales han sido menospreciados por las instituciones gubernamentales. 

 En virtud de que el trato fraternal, la civilidad y el respeto de los derechos adquiridos debe prevalecer para la convivencia armónica, se actúa para restablecer los derechos comunitarios por lo cual se procede y 

Resuelve: 

Artículo 1: Declarar probada todas las pretensiones de la demanda de Acción Popular y por lo tanto ordenar al municipio de Floridablanca y los demandados,  proceder a la restitución de los predios y recuperación para uso comunitario y público de las Áreas de Cesión descritas, con el fin de emprender a la mayor brevedad posible y en un término no mayor a seis meses calendario, a la entrega de las construcciones de los equipamientos comunales a que tienen derecho los contribuyentes del sector, así como la implementación del Parque Ecológico Hormigueros, en la zona de reserva forestal, sin que se produzca daño ambiental adicional por contratos turbios, ni exceso de cemento, construcción y/o adecuación por parte de la autoridad ambiental demandada en esta Acción Popular y como parte de la compensación ambiental por la construcción de la Transversal El Bosque la cual origina en el sector contaminación por el flujo automotor y ruidos indeseados.

Artículo 2. Ordenar al Municipio de Floridablanca asignar el 40% del impuesto predial recibido cada año y en el sucesivo futuro, hasta el año 2040, obtenidos de los impuestos pagados por los residentes del sector y definidos como usuarios directos de las Áreas de Cesión Tipo A en comento, de forma obligatoria; dichos montos serán  destinados al mantenimiento, mejoramiento, expansión y cuidado de las áreas de cesión Tipo A ubicadas en la carrera 22 entre calles 150B y según delimitación aclarada y probada en el presente fallo y a la aplicación de políticas públicas de recreación, deporte, cultura y convivencia.

Parágrafo: Se aclara que las áreas de cesión de este sector fueron entregadas para uso legítimo de los residentes de los barrios Villa Tarragona, Villa España, Villa Mallorca y circunvecinos, como parte del equipamiento comunal estipulado en sus escrituras públicas de compra de sus predios, 30 años atrás (1990), a la empresa Mundial de Construcciones. 

Artículo 3: Se ordena a la empresa  privada Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A., la construcción de los equipamientos comunales solicitamos en la acción popular presente, luego de acordarse previamente con la comunidad y la Administración, más veedurías ciudadanas, los espacios necesarios para el disfrute y refuerzo de salubridad tras las medidas asumidas por nuevo orden mundial para el control del Coronavirus, y también en justicia y como parte de los daños y perjuicios ocasionados por la invasión del colegio oficial, que a efecto se deben ejecutar e invertir como compensación por la invasión del área de cesión de unos 900 metros cuadrados de espacio público, en predio del colegio oficial Madre del Buen Consejo sede D, donde se encuentra el tanque Santa Bárbara construido en la cancha del  pública comunitaria mediante un acuerdo interinstitucional cuestionado e irregular, al filo de la media noche del día de inocentes, un 28 de diciembre del año 2011. Se habría comprobado que el uso de la superficie del tanque por parte de los alumnos y comunidad ha sido escaso y esquivado por la empresa invasora.

Parágrafo: Para estipular el monto económico que debe invertir la empresa ocupante se ha tenido en cuenta el valor comercial del predio invadido, según avalúo oficial ya ordenado por este despacho, el cual en ningún caso podrá ser inferior al valor comercial del metro cuadrado del sector; al anterior monto se le ordena agregar un valor del 50% del mismo, correspondiente al pago de los daños colectivos sociales ejercidos sobre los vecinos del sector, el cual no tiene precio, pero se le intenta resarcir. Con estos valores se construirá el equipamiento comunal del sector… Se ordena a partir de la fecha el pago de un arriendo del predio, a costos comerciales para los terrenos del sector, el cual se destinará para el servicio de mantenimiento de las áreas públicas ya estipuladas…» 

Los siguientes artículos pueden ser redactados por cualquiera de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga que han seguido este relato. Si conoce una situación similar y se comprenda cuáles han sido y siguen siendo los retos de esta comunidad de Floridablanca para buscar justicia. Justicia rogada de ficción. 

Justicia ahora no solo ciega, también embozada por el coronavirus, y aunque también coja, esperamos que pronto llegue. 

*Periodista.

Facebook: Ruby Stella Morales Sierra

Correo: rubymoralessierra@gmail.com

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Código Electoral, ley nueva con mañas viejas

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos.

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Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Cada vez que se acercan los comicios electorales, las fuerzas políticas y los factores reales de poder, comienzan a planificar cuales deben ser las ventajas electorales que ellos deben seguir teniendo frente al constituyente primario, solo para que los barones electorales puedan seguir perpetuando su voluntad en los cargos de elección popular; para ellos ser elegidos debe seguir siendo privilegio de pocos, solo es que esos factores reales de poder se pongan de acuerdo, y las empresas electorales que todos conocen, activan las ventajas burocráticas del voto mecánico, ventajas como las del código electoral que no había sido modificado desde el año 1986.

Desde el año 91, a los colombianos nos rige una constitución política basada en principios, en especial el de la dignidad humana, el código electoral es una ley creada en una época y con una constitución política obsoleta para las necesidades sociales del territorio, la de 1886, donde el único principio que se imponía era el de los auxilios parlamentarios que mantenían los privilegios a los varones electorales del país. En el nuevo código electoral que debe entrar en vigor para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene cosas extraordinarias como la paridad electoral en las listas de elegibles, pero no afronta los problemas reales del sistema electoral creando cargos innecesarios y burocratizando aún más la planta de la Registraduría.

Según el (Cepal), la Comisión Económica de América Latina se necesitaría un plan Marshall Postcovic para Latinoamérica «Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad» si esta es la realidad que viven los países de Latinoamérica en esta época de pandemia que aún no termina, el seguir fortaleciendo la burocratización de la planta de la Registraduría, con el mensaje de urgencia que le dio el presidente de la república,  es un despilfarro de recursos públicos; la planta de la Registraduría y las demás instituciones electorales lo que necesitan es más principios y menos corrupción.

El sistema electoral ya cuenta con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, ¿entonces quieren más? Las elecciones de Juntas de Acción Comunal no cuentan con el respaldo económico en las jornadas electorales, necesario para que tengan una verdadera independencia frente a los tradicionales varones electorales, ellos compran todo, estos caciques se apoderan de la voluntad de sus candidatos por una sencilla razón, su elección no cuenta con la misma financiación y respaldo de las instituciones electorales, como si lo tienen las elecciones a presidente, congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales; las bases sociales de las juntas de acción comunal son el eslabón más débil de toda la dinámica electoral.

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos, pero como ya lo dijimos con anterioridad, son pocos los que tienen derecho a ser elegidos, la provisionalidad termina siendo un sistema de clientalización de un comisión electoral, el nuevo código no le da prelación a los cargos de carrera, este código es una ruta para seguir empoderando el clientelismo en una de las instituciones más importante para el funcionamiento del Estado y el equilibrio de poderes del mismo.

Desde su creación se dice que estas instituciones son el cuarto poder del Estado, los cargos de libre nombramiento y remoción con la clientalización, son las rutas con la que los barones electorales se reparten este cuarto poder, esperemos que la revisión de la Corte Constitucional tenga en cuenta estos aspectos ya mencionados, desafortunadamente se ha conocido que en un primer borrador se aprueba todo su articulado.

*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo. 

Correo: reyinaldpf77@gmail.com

Twitter: @reyinaldf77

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sin invitación

Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

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Por: Andrea Guerrero/ Hace dos semanas una situación un tanto vergonzosa sucedió: muchos de los escritores más reconocidos de Colombia no fueron invitados a la Feria del Libro en Madrid. Aquello no es ni siquiera lo verdaderamente sorprendente del asunto, falta leer lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, sobre el porqué de no invitar a autores tales como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pablo Montoya, Fernando Vallejo…

El periódico La Tercera señaló que Plata “aseguró que no conocía las razones de por qué los mencionados nombres no habían sido considerados”, acto seguido dijo «Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Algunos escritores se alegraron de que no les llegara la invitación, “no fui invitado gracias al cielo y a los burócratas del régimen” dijo el escritor Faciolince. Otros declinaron la invitación luego de escuchar las declaraciones del embajador, tal fue el caso de Melba Escobar, quien además escribió una columna refiriéndose con gran claridad al asunto de cosas neutrales que menciona el embajador, llegando a concluir que “Las declaraciones del Embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la Feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno o, al menos, que se rechazó a quienes explícitamente han sido sus críticos”. (Cosas Neutrales)

Ahora bien, considero que se ha discutido ampliamente en otros escritos la parcialidad de esta selección, puesto que hubo una censura de los escritores que, según el gobierno, son parte de “una feria política”. Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

Finalmente, el pensamiento del embajador refleja cierta hipocresía que en otras columnas he mencionado, puesto que al optar por una supuesta neutralidad terminaron fue excluyendo perspectivas enriquecedoras para cualquiera que las lea. Lastimosamente, los escritores brillaron por su ausencia en la Feria del Libro, pero podemos estar orgullosos de saber que el talento mismo de aquellos los catapulta y hace que sus historias sean leídas en los rincones más recónditos del planeta… no les hace ni falta la invitación del gobierno.

*Estudiante

Instagram: @andreagguer

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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La impunidad, camino a la ruina de la sociedad colombiana…

La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables.

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Por: Irving Herney Pinzón/ Siempre se ha dicho que el hombre es curioso por naturaleza, motivo por el cual, siente admiración por todo lo que sucede a su alrededor. Situación que lo lleva a plantearse una serie de preguntas que buscan dar una respuesta o explicación a los acontecimientos que suceden a su alrededor; dentro de estos temas aparece la justicia, el delito, las consecuencias y la responsabilidad que se convierten en un gran interrogante como lo es: ¿por qué un delito puede quedar impune? Teniendo en cuenta este cuestionamiento el gran filósofo Platón, inventa y lo plasma en su libro la Republica, un mito denominado “el anillo de Giges” muy útil para entender, por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta, que pueden llevarnos a entender, más no a justificar, el proceder del hombre.

Cuenta la leyenda, que un pastor llamado Giges, tras una tormenta y un terremoto, encontró en el fondo de un abismo, en lo más profundo, un caballo de bronce con un cuerpo sin vida, el cual, tenía un anillo de oro, y por su belleza decidió tomarlo, sin imaginar lo mágico que podría resultarle. Al darle la vuelta, el anillo le daba el poder a Giges de ser invisible. No tardó mucho en descubrir la magia del anillo y lo utilizó para seducir a las más bellas mujeres, entre ellas, la reina, y en su intento por apoderarse del reino la convenció de matar al Rey. Esta leyenda, nos ejemplifica el hecho, de que, el ser humano no es injusto desde su nacimiento, como se piensa, pero que, basta que nadie lo observe, es decir, se haga “invisible” para supuestamente corromperse, en virtud de que no lo hace, si se encuentra ante la mirada expectante de la sociedad, por el miedo al reproche de la misma.

La sensación de impunidad, es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto en complicados entramados, de los que, los ciudadanos no entienden nada. La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables. Un corrupto, no debería solo ser juzgado por corrupción, sino por homicidio agravado, con sentencias que no tuvieran ninguna rebaja de penas, con medidas intramurales y que perdieran cualquier beneficio. El ser humano, que convive en una sociedad que se rige por normas y valores sabe que es antiético e ilegal y, aun así, lo hace sin importar cuanto afecta negativamente a esa sociedad.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si se les descubren, o el paupérrimo tiempo de cárcel que podrían pagar con penas irrisorias, y piensan que todavía salen ganando, al poder utilizar el dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Los culpables deberían pagar con sus bienes o los de sus familiares más cercanos sus delitos cuando utilizan los recursos que no les pertenecen para su beneficio personal, aun sabiendo que están cometiendo actos de corrupción.

La impunidad, es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. Pero, para ello hay que modificar el sistema, no solo con la aceptación de nuevos delitos y sus respectivas penas, sino solucionar los diferentes obstáculos, tales como: que las instituciones judiciales no cuentan con los recursos suficientes para hacer las investigaciones pertinentes; la escasez de cárceles en el país; que los delincuentes obtienen el beneficio de casa por cárcel porque el tráfico de influencias y favores políticos que por debajo se tejen.

Esta situación se debe a la ineficiencia y negligencia del aparato judicial, como se evidencia con las libertades por vencimiento de términos; también en ocasiones la falta de recursos dificulta la gestión para obtener evidencias; en otras, porque los operadores judiciales se dejan intimidar y, a causa de la corrupción de las autoridades judiciales, que aceptan sobornos de los sindicados o incluso los presionan para que compren sus decisiones, lo que se demuestra, con las graves acusaciones de corrupción, en que, se han visto comprometidos magistrados de las altas cortes.

Por esta razón, se presenta impunidad y la justicia envía un deplorable mensaje a la sociedad: que el crimen paga. Y así, la ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones por falta de pena, brinda oportunidades y alicientes para violar la ley. De esta forma, se hace atractivo delinquir, puesto que, el riesgo de ser castigado es mínimo, lo que aumenta el beneficio que obtiene el delincuente por cometer un delito. Así, el no castigo de los crímenes cometidos, se constituye en uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, fortalece la corrupción y brinda mecanismos para reproducirla. Abre cauce a la justicia privada, motiva a que la ley no se cumpla, contribuye al menoscabo de la justicia y de sus valores éticos, aporta al deterioro y descrédito de las instituciones y corroe la reputación y la confianza de los colombianos en la justicia.

Se podría, a manera de conclusión, que, a ejemplo del mito del anillo de Giges, que todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. He ahí, el meollo del asunto y la gran importancia de seguir creyendo e invirtiendo en la educación integral desde la familia, como un factor preponderante en el cambio de mentalidad y que la justicia nos asegure realmente que el que la hace, de verdad la va a pagar y con creces.

*Magister en Educación, Docente Investigador Filosofía y Ciencias Sociales y Candidato a Doctor en Educación.

Facebook: Irving Herney Pinzón T

Twitter: @Irvingherney

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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