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JEP acepta al general Arias Cabrales en el caso del Palacio de Justicia

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Resolución 1571 del 15 de mayo de 2020, aceptó la solicitud de sometimiento y concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada al general de la reserva activa (RA) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en calidad de coautor por el delito de desaparición forzada de varias víctimas en la “toma y retoma del Palacio de Justicia», cuando se desempeñaba como Comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional y bajo su mando se desarrolló la operación militar.

El oficial ha permanecido privado de la libertad desde el 10 de octubre de 2008.

Se cumplen factores

De conformidad con la decisión proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los hechos por los que fue condenado el general retirado cumplen con los factores de competencia personal, temporal y material de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esto quiere decir que se trata de un miembro de la Fuerza Pública, que los hechos ocurrieron antes del primero de diciembre de 2016 y que tienen relación directa con el conflicto armado interno, presente para el año de 1985.

Asimismo, la Sala consideró que se cumplen los supuestos legales para la adjudicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada en favor del general ( RA ) Arias Cabrales.

Agente del Estado

En su decisión, la Sala advirtió que el beneficio concedido se encuentra comprendido dentro del tratamiento penal diferenciado para agentes del Estado miembros de la fuerza pública y su adjudicación no resuelve de manera definitiva la situación jurídica del general ( RA ) Arias Cabrales, dado el carácter provisional que tiene dicho beneficio en la justicia transicional.

Asimismo, subrayó la Sala que, en virtud del principio de centralidad de las víctimas, el compareciente deberá presentar un compromiso claro, concreto y programado de contribuciones para satisfacer los derechos a la verdad, reparación inmaterial y no repetición que desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Destino de las víctimas

El general (RA) Arias Cabrales, con el fin de conservar el beneficio transicional adjudicado y honrar el mandato de confianza, entre otros asuntos, deberá indicar cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición, suministrar información concreta y específica que lleve a establecer la localización o el paradero de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado y de las demás personas desaparecidas de manera forzada.

Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió acumular los casos de agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública procesados y condenados por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia que solicitaron su sometimiento a la JEP, con el fin de adelantarlos bajo una misma cuerda procesal y propender por la búsqueda de verdad, develar posibles patrones criminales y evitar decisiones contradictorias.

Finalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP advirtió que en caso de que el compareciente incumpliese las obligaciones adquiridas con la Jurisdicción o de no presentar la propuesta de régimen de condicionalidad, el beneficio concedido debe ser revocado, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 52 de la Ley 1957 de 2019.

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Investigarán a funcionarios de Duque por hostigar a senadores de la oposición

La Procuraduría investigará, entre otros, a Claudia Bustamante, cónsul de Colombia en Orlando (EEUU), Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».

Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».

Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».

El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.

En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.

«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.

Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.

También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.

«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento

Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.

En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».

Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».

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13 años de prisión a exdirector de la asociación de municipios Amay

Un contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre Eduardo Rodríguez Rojas y Liliana Acevedo, por un monto de $8 millones, era fraudulento.

Un juez de conocimiento condenó a 13 años y 2 meses de prisión a Eduardo Rodríguez Rojas, exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre el entonces director de Amay, Rodríguez Rojas, y la señora Liliana Alejandro Acevedo Fernández, por un monto de 8 millones de pesos, era fraudulento.

Se estableció que, el condenado falsificó todos los documentos para suscribir el contrato, logrando suplantar la identidad de Acevedo Fernández, quien es una familiar cercana; sin embargo, la mujer al percatarse de los hechos denunció lo ocurrido, ya que esta nunca participó en ningún proceso contractual.

Dicho contrato tenía como objeto “la prestación de asesoría financiera y apoyo a la gestión administrativa en las líneas de trabajo referidas a la contabilidad de la asociación de Amayutilizando metodologías basadas en la asesoría en el sitio y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes”.

Además, el ente acusador logró demostrar las múltiples irregularidades a las que acudió Rodríguez Rojas para apropiarse del dinero, por lo que el juez de conocimiento no dudó en condenar a este hombre que había tenido un amplio bagaje como servidor público.

Entre los cargos que ha ocupado se destaca: director Administrativo del Instituto de Recreación y Deporte de Santander; asesor de la Empresas Públicas de Alcantarillado de Santander, Empas; secretario de Despacho de la Alcaldía de San Gil; profesional Universitario de la Gobernación de Santander y contratista de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entre otros.

Por disposición del juez, Rodríguez Rojas quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años, y su condena tendrá que cumplirla en un centro carcelario que designe el Inpec.

Contra Rodríguez Rojas cursan otras investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.

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Quedó en firme el fallo que anula la elección de Román como alcalde de Girón

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Luego que el Consejo de Estado anulara – en fallo en segunda instancia- la elección de Carlos Román como alcalde de Girón, la defensa del mandatario solicitó un recurso de aclaración, sin embargo, fue negado.

Ante esta situación, el proceso deberá regresar al Tribunal Administrativo de Santander, instancia que en las próximas horas notificará al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sobre la decisión final.

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Un proceso rápido y contundente

La decisión de la máxima instancia administrativa se origina por la solicitud que hizo la Procuraduría Séptima Delegada al considerar una posible doble militancia del entonces candidato. Una vez quede en firme la sentencia, la Registraduría deberá convocar a nuevas elecciones en el primer semestre de 2021, debido a que la vacancia se da en menos de un año de mandato.

El proceso fue iniciado por el ciudadano Carlos Leonardo Hernández, quien inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander, expuso que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Carlos Román Ochoa aspiró a la alcaldía a través de una coalición de la que hacía parte el Partido Alianza Verde, situación que lo obligaba a respaldar solo al candidato a la Gobernación de Santander, Pedro Leónidas Gómez Gómez (Coalición Dignidad Santandereana). De hecho, Román, cuando se desempeñó como concejal, fue elegido por esa misma colectividad.

La anulación de la elección como alcalde se dio luego que se comprobara que el candidato Román apoyara públicamente a Ángela Hernández (Coalición Partido de la U – Liberal – Justa Libres – Centro Democrático – Mira) y a Mauricio Aguilar Hurtado (Coalición Siempre Santander – Partido Conservador) y no a Gómez Gómez, quien también tenía en su coalición el respaldo de los ‘verdes’.

En criterio del demandante, con el acto administrativo de elección acusado contenido en el formulario E-26 AL se desconocieron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, por el hecho de que el alcalde del municipio de Girón, elegido para el periodo 2020-2023, incurrió en la prohibición de doble militancia.

Esa misma tesis fue apoyada por la Procuraduría, por lo que también pidió al Consejo de Estado debe revocar la sentencia de primera instancia, emitida el pasado 28 de agosto, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Román como alcalde de Girón.

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