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IPS sin recibir de las ARL los elementos de bioseguridad

La Procuraduría General de la Nación evidenció que de 10.679 IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) que hay en el país, solamente 1.454 han recibo elementos de protección personal de sus ARL (Administradora de Riesgos Laborales), para ser suministrados a sus colaboradores.

Teniendo en cuenta que los trabajadores de la salud enfrentan un alto riesgo de contagio, como primera línea de atención de pacientes con covid-19, la Procuraduría ha venido exigiendo a las ARL la entrega inmediata, completa y con calidad de los elementos de protección personal para los trabajadores que laboran en las clínicas y hospitales públicos y privados del país.

Acción preventiva

Como parte de una acción preventiva en la que el Ministerio Público inició una vigilancia al cumplimiento por parte de las ARL de la obligación de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores de este sector, encontró que a la fecha solo han suministrado 540 caretas de protección, 29.815 respiradores N95, 1.042 monogafas, 12.280 batas antifluidos, 517.092 mascarillas quirúrgicas y guantes de látex, elementos desechables de único uso, indispensables para el desarrollo de las actividades de los cerca de 680.000 trabajadores del área de la salud que se estiman laboran en este sector.

Para la Procuraduría llama la atención que a un mes de haber sido expedidos los decretos 488 y 500, que impusieron la obligación a las ARL, solamente 1.454 empleadores hayan recibido algunos de los elementos de bioseguridad, situación que se torna aún más delicada si se tienen en cuenta las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, que reportan 417 casos de contagio en trabajadores relacionados con la atención a pacientes con covid-19, seis de ellos médicos fallecidos.

Hospitales públicos

Cuestionó que un número importante de IPS del país, como, por ejemplo, los 5 hospitales públicos del departamento de Huila (Hospital María Auxiliadora, ESE Hospital Tulia Duran de Borrero, ESE Hospital del Perpetuo Socorro, ESE Hospital Municipal de Algeciras y ESE Hospital San Francisco de Asís) y 3 del Tolima (Hospital San Rafael Dolores de Chaparral, Hospital Reina Sofía de Lérida y Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá) no hayan recibido por parte de las ARL elementos de bioseguridad.

En el caso del Hospital San Antonio de Taraza (Antioquia) únicamente recibió 12 mascarillas quirúrgicas, 2 respiradores N95, 9 guantes estériles y 147 guantes no estériles, y la ESE Miguel Barreto López (Huila), 600 guantes no estériles y 300 mascarillas quirúrgicas, para los trabajadores de la salud por parte de sus ARL.

Solicitó a las ARL un informe en el que se relacionen los montos invertidos en la compra de elementos de bioseguridad, tipos, cantidades y características de los EPP (Elementos de Protección Personal) adquiridos, fechas, lugares y empleadores a los que se les ha entregado, con el fin de establecer a nivel nacional el cubrimiento que se está dando a los trabajadores de la salud.

Finalmente, la Procuraduría recordó que el deber que tienen las ARL de entregar elementos de protección personal, no exime de esta obligación a los empleadores, quienes  deben garantizar que sus trabajadores laboren con las medidas de protección correspondiente.

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Investigarán a funcionarios de Duque por hostigar a senadores de la oposición

La Procuraduría investigará, entre otros, a Claudia Bustamante, cónsul de Colombia en Orlando (EEUU), Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital y Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».

Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».

Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».

El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.

En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.

«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.

Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.

También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.

«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento

Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.

En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».

Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».

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13 años de prisión a exdirector de la asociación de municipios Amay

Un contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre Eduardo Rodríguez Rojas y Liliana Acevedo, por un monto de $8 millones, era fraudulento.

Un juez de conocimiento condenó a 13 años y 2 meses de prisión a Eduardo Rodríguez Rojas, exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subregión de los Yariguies (Amay), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el contrato suscrito el 2 de enero de 2012, por un período de dos meses, entre el entonces director de Amay, Rodríguez Rojas, y la señora Liliana Alejandro Acevedo Fernández, por un monto de 8 millones de pesos, era fraudulento.

Se estableció que, el condenado falsificó todos los documentos para suscribir el contrato, logrando suplantar la identidad de Acevedo Fernández, quien es una familiar cercana; sin embargo, la mujer al percatarse de los hechos denunció lo ocurrido, ya que esta nunca participó en ningún proceso contractual.

Dicho contrato tenía como objeto “la prestación de asesoría financiera y apoyo a la gestión administrativa en las líneas de trabajo referidas a la contabilidad de la asociación de Amayutilizando metodologías basadas en la asesoría en el sitio y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes”.

Además, el ente acusador logró demostrar las múltiples irregularidades a las que acudió Rodríguez Rojas para apropiarse del dinero, por lo que el juez de conocimiento no dudó en condenar a este hombre que había tenido un amplio bagaje como servidor público.

Entre los cargos que ha ocupado se destaca: director Administrativo del Instituto de Recreación y Deporte de Santander; asesor de la Empresas Públicas de Alcantarillado de Santander, Empas; secretario de Despacho de la Alcaldía de San Gil; profesional Universitario de la Gobernación de Santander y contratista de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entre otros.

Por disposición del juez, Rodríguez Rojas quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años, y su condena tendrá que cumplirla en un centro carcelario que designe el Inpec.

Contra Rodríguez Rojas cursan otras investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.

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Quedó en firme el fallo que anula la elección de Román como alcalde de Girón

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Luego que el Consejo de Estado anulara – en fallo en segunda instancia- la elección de Carlos Román como alcalde de Girón, la defensa del mandatario solicitó un recurso de aclaración, sin embargo, fue negado.

Ante esta situación, el proceso deberá regresar al Tribunal Administrativo de Santander, instancia que en las próximas horas notificará al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sobre la decisión final.

Se calcula que, en menos de 90 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determine la fecha para convocar a elecciones, a fin de subsanar la vacancia generado por el fallo por el alto tribunal.

Un proceso rápido y contundente

La decisión de la máxima instancia administrativa se origina por la solicitud que hizo la Procuraduría Séptima Delegada al considerar una posible doble militancia del entonces candidato. Una vez quede en firme la sentencia, la Registraduría deberá convocar a nuevas elecciones en el primer semestre de 2021, debido a que la vacancia se da en menos de un año de mandato.

El proceso fue iniciado por el ciudadano Carlos Leonardo Hernández, quien inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander, expuso que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Carlos Román Ochoa aspiró a la alcaldía a través de una coalición de la que hacía parte el Partido Alianza Verde, situación que lo obligaba a respaldar solo al candidato a la Gobernación de Santander, Pedro Leónidas Gómez Gómez (Coalición Dignidad Santandereana). De hecho, Román, cuando se desempeñó como concejal, fue elegido por esa misma colectividad.

La anulación de la elección como alcalde se dio luego que se comprobara que el candidato Román apoyara públicamente a Ángela Hernández (Coalición Partido de la U – Liberal – Justa Libres – Centro Democrático – Mira) y a Mauricio Aguilar Hurtado (Coalición Siempre Santander – Partido Conservador) y no a Gómez Gómez, quien también tenía en su coalición el respaldo de los ‘verdes’.

En criterio del demandante, con el acto administrativo de elección acusado contenido en el formulario E-26 AL se desconocieron los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, por el hecho de que el alcalde del municipio de Girón, elegido para el periodo 2020-2023, incurrió en la prohibición de doble militancia.

Esa misma tesis fue apoyada por la Procuraduría, por lo que también pidió al Consejo de Estado debe revocar la sentencia de primera instancia, emitida el pasado 28 de agosto, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Román como alcalde de Girón.

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