Procuraduría formuló pliego cargos contra concejales y exconcejales de Barrancabermeja

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Se les cuestiona por presuntamente elegir a la contralora sin tener en cuenta el término legal de 10 días establecido en el Acuerdo 059 de 2006 y en el artículo 158 de la Ley 136 de 1994, que determina que “en aquellos distritos y municipios donde exista contraloría, los respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero respectivo por el Concejo”.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los 17 miembros del concejo de Barrancabermeja, Santander (2016-2019), por presuntas irregularidades en la elección de la contralora municipal de ese periodo.

Los investigados son Holman José Jiménez Martínez (entonces vicepresidente); Jaser Cruz Gambindo, Henry Jair Correa Caraballo, Leonardo González Campero, Luis Alberto Arismendi Solano y Jorge Armando Carrero Pimentel, quienes integran el Concejo Municipal de Barrancabermeja para el periodo 2020-2024.

La decisión disciplinaria también involucra a los concejales (2016-2019), Emel Darío Harnache Bustamante (expresidente de la Corporación), Franklin Angarita Becerra (exsegundo vicepresidente), Luis Fernando Calderón Mejía, Kellyn Ludid Baeza Urbina, Iris Yecenie Villamizar Ruíz, Hober Torres Arrieta, Wilmar Támara Cabarique, Elayne Leonor Jiménez Becerra, Paul Enrique Solorzano García, Alexander Arquez Acevedo y Yamile Vega Gutiérrez.

A los miembros del concejo se les cuestiona por presuntamente elegir a la contralora sin tener en cuenta el término legal de 10 días establecido en el Acuerdo 059 de 2006 y en el artículo 158 de la Ley 136 de 1994, que determina que “en aquellos distritos y municipios donde exista contraloría, los respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez días del mes de enero respectivo por el Concejo”.

Con esta posible actuación los investigados habrían desconocido el término legal para la elección de la contralora de Barrancabermeja, hecho que se habría llevado a cabo en la sesión del 20 de enero de 2016, con la votación de 8 de los 17 concejales que integraban el concejo municipal.


En esta etapa procesal las posibles faltas de los concejales fueron calificadas como graves a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.