Las razones por las que la Procuraduría sancionó a 7 exconcejales de Charalá

0
La medida cobijó al expresidente de la corporación, Carlos Alberto Monsalve Mantilla y a los exconcejales: Fabio Sánchez Albarracín, Gustavo Bueno Bueno, Raúl Fernando Gómez Manrique, Rafael Arturo Martínez Mejía, Édgar Augusto Martínez Reyes y Carlos Millán Araque.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por cuatro meses a siete concejales de Charalá, Santander, del periodo constitucional (2012-2015), por irregularidades en el trámite de aprobación y expedición del acuerdo que buscaba facultar al alcalde municipal para celebrar contratos.

La decisión cobijó al expresidente de la corporación, Carlos Alberto Monsalve Mantilla y a los exconcejales: Fabio Sánchez Albarracín, Gustavo Bueno Bueno, Raúl Fernando Gómez Manrique, Rafael Arturo Martínez Mejía, Édgar Augusto Martínez Reyes y Carlos Millán Araque.

Se demostró que los disciplinados limitaron las facultades del alcalde para contratar y posteriormente incumplieron su deber de otorgárselas plenamente, al archivar en junio de 2014, el proyecto de acuerdo que les presentó nuevamente la administración municipal para suscribir los contratos que garantizaran la continuidad del funcionamiento y de la prestación del servicio de inmuebles de propiedad del municipio.

Con estas decisiones del concejo frente a los contratos de arrendamiento de la Casa de Mercado, la Plaza de Ferias y Toros José Antonio Galán, la Planta de sacrificio animal, el Centro Recreacional Chalalaes y el Puesto de Monta, se generaron traumatismos en el desarrollo y cumplimiento de la gestión de la administración de Charalá.

Recordó el Ministerio Público que los concejales tienen el deber “de velar por el bienestar y progreso de la comunidad que los legitima”, y por esta razón deben ejercer el control político sobre la gestión del gobierno municipal y cumplir sus funciones, estrictamente de acuerdo con la Constitución y la ley.

Contra la decisión de primera instancia, los investigados interpusieron recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.

Las faltas fueron calificadas como graves cometidas a título de dolo.