Los delitos del director de la CAS – Parte 2

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Por: Leonardo Granados/ Conforme recopilamos en el artículo anterior la relación de esta importante denuncia en contra del director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, frente a las graves irregularidades ilícitas con la empresa Terpel S.A., hoy revelaremos los secretos ocultos frente a uno de los actos más graves que ha cometido la entidad en el área protegida de Barrancabermeja DRMI San Silvestre con la empresa de Aseo Rediba S.A.

Caso Rediba S.A.

El caso Rediba, tiene antecedentes desde el año 2013, cuando era directora Flor María Rangel, quien es procesada por corrupción, por los delitos de peculado y prevaricato. En el ejercicio de sus funciones  expidió la resolución 000792 de 2013 que le negó en primera oportunidad la licencia ambiental a Rediba S.A., con fundamento en lo siguiente: “en esta instancia procesal se debe proceder a negar la licencia ambiental en comento, en consideración a que el polígono a licenciar se traslapa en un 100% con el DRMI San Silvestre, área protegida registrada en el Sistema Nacional de Áreas protegidas el 14 de diciembre de 2012, según lo estableció el concepto técnico Nº680 expedido por Parques Nacionales de Colombia…y por tanto no es posible ejecutar el proyecto en mención dentro de ella ya que de conformidad con el artículo 88 del numeral 3 del decreto 1713 de 2002 y el articulo 6 numeral 1 del decreto 838 de 2005, el sitio de disposición final no deberá ubicarse en zonas de pantanos, humedales, rondas de los ríos y/o áreas protegidas ambientalmente, ni en áreas del sistema de parques nacionales…”

Aquí la CAS actuó en derecho, sin embargo lo que hoy entendemos es que realmente esa resolución fue una factura para poder otorgar la licencia pues de forma muy curiosa lo digo, por cuanto estando las mismas normas y el sistema de área protegida, al año siguiente 2014 la directora de la CAS le presenta al Consejo Directivo de la Corporación, sustraer dos áreas del DRMI San Silvestre, esto se hizo bajo la presidencia del Gobernador Richard Aguilar, quienes decidieron sustraer del DRMI del humedal San Silvestre, dos áreas para la construcción y operación de dos rellenos sanitarios en Barrancabermeja mediante los Acuerdos 226 para el Relleno de Anchicayá y el Acuerdo 261 para Rediba, es decir, dentro del área protegida, en papel, dijeron “esto ya no es área de protección y se autoriza disponer residuos sólidos”, de esta forma cometieron entre otros delitos, prevaricato por acción y daño a recursos naturales; que la Fiscalía viene investigando.

Una vez la directora Flor María Rangel es capturada por la Fiscalía General de la Nación, asume como director Juan Gabriel Álvarez, para el año 2017, época en la cual la empresa de aseo Rediba S.A. había incurrido en los delitos de daño a recursos naturales por tala indiscriminada de árboles en más de 11 hectáreas, contaminación ambiental de fuentes con lixiviados a la Ciénega San Silvestre, invasión de área de especial importancia ecológica; delitos por los cuales fue privada de la libertad Liliana Forero Cala, Gerente de Rediba, por el Juzgado Penal de Descongestión de Barrancabermeja y la Fiscalía Delegada para Delitos Ambientales.

Al nuevo director de la CAS, la ley le impone varias obligaciones que omitió de cabo a rabo y las relaciono detalladamente para comprensión de los lectores:

1- La Ley 1333 de 2009 establece que la autoridad ambiental debe imponer sanciones por cada infracción ambiental realizada por el beneficiario de la licencia, sin embargo bajo la dirección de Álvarez parece que esta empresa tiene licencia para destruir el ambiente, es así que a Rediba debió imponer 5 sanciones que superarían más de $6.000 mil millones, por las siguientes conductas: 1-Tala indiscriminada de árboles por fuera de la licencia ambiental. 2- Disponer residuos sólidos, construir piscinas de lixiviados por fuera de la licencia ambiental. 3- Verter lixiviados sin permiso de vertimientos y contaminar las fuentes de agua que llegan al acueducto Municipal. 4- Intervención de cauce sin autorización y putrefacción del bosque húmedo tropical. 5- Haber violado los límites de la licencia ambiental y afectar el área protegida de preservación ambiental zonas del corredor del Jaguar americano, mico cariblanco, ratón gris, especies en vía de extinción y endémicas. Esta conductas tienen un agravante porque son reincidentes y en áreas protegidas por tal motivo las sanciones incluían multa millonaria y la revocatoria de la licencia.

Todos estos hechos fueron denunciados por la Corporación San Silvestre Green, relacionados además en seis informes presentados por la Secretaria de Medio Ambiente de Barrancabermeja y por los técnicos de la CAS, inclusive el director de la CAS dio declaraciones a la prensa donde se comprometía a actuar.

Sin embargo, no se sabe que desvió la mirada del director, pues a la fecha solo ha impuesto una irrisoria sanción de $400 millones, cuando debía haber impuesto una multa por más de $6.000 mil millones y revocado la licencia por haber cometidos delitos ambientales, que fueron ratificados por la Fiscalía y por lo cual Juan Gabriel Álvarez incurre presuntamente en ilícitos como prevaricato por acción, daño a recursos naturales por omisión, entre otros.

2- En demanda que gané ante la Corte Constitucional mediante Sentencia T-227 de 2017, resolvió “ordenar a la Corporación Autónoma de Santander: Dentro de los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia, realice una valoración de los impactos ambientales y sociales que ha tenido la construcción y operación del relleno sanitario de Patio Bonito y, con base en ella, ejecute un revisión de los términos en los cuales se concedió la licencia ambiental, determinando si resulta necesario modificar o revocar, total o parcialmente, dicho acto administrativo.”

Conforme lo ordenado por la Corte Constitucional, el señor Álvarez debía evaluar la comisión de los delitos ambientales que referencia anteriormente, donde Rediba cometió más de seis infracciones ambientales, pero el director actuó como el disco de Shakira, ciego, sordo y mudo; y no cumplió con lo ordenado, así lo ratificó el informe del Ministerio de Ambiente, ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá que lidera el incidente de desacato que interpuse por este grave incumplimiento a la sentencia T-227 de 2017. Y no lo hizo, porque sabe el director que el Decreto 1076 de 2015 establece que cuando el beneficiario de una licencia ambiental incurre en infracciones graves debe revocarse la licencia ambiental, esta conducta ilícita de Álvarez se denomina fraude a resolución judicial y grave, porque lo ordenó el máximo tribunal constitucional del país, pero insisto, estos incumplimientos no son gratuitos, recientemente denunciaban en San Gil que el director había adquirido caballos de paso fino, fincas, ganado, propiedades ¿será cierto? No sé. Lo que si se, es que la directora anterior actuaba de la misma forma y serias pruebas de corrupción le generaron orden de captura por peculado y cohecho, estos temas deben investigarlos la Fiscalía para determinar su veracidad.

Agrava el hecho anterior, que la CAS, mediante resolución 0807 de 2015 y resolución 116 de 2016 confirmaron los cargos de suspensión de la licencia ambiental para disponer residuos sólidos, y Rediba estando en suspensión ordenada por la autoridad ambiental, cometieron los delitos ambientales relacionados arriba, motivo por el cual no tiene otra salida el director de la CAS que revocar la licencia ambiental a Rediba, resolución 0001121 de 2014, pero como lo habíamos dicho, el prevaricar para esta entidad se convirtió en deporte, y es así que Juan Gabriel Álvarez expide la resolución 740 de 2018, levantando la medida de suspensión y autoriza seguir disponiendo residuos sólidos en el relleno sanitario de Rediba. Le hizo a Rediba apología a sus delitos ambientales, justificó acciones ilegales en contra del derecho humano al agua de los 250 mil barranqueños. Pero glorificar los delitos de Rediba como director labra un camino seguro para la cárcel, por eso hemos solicitado a la Fiscalía que cite a imputación al director de la CAS por los actos ilícitos que viene cometiendo como autoridad ambiental, que se instituyó para defender el medio ambiente, ser el perro guardián de aquellos que quieran destruirlo, máxime cuando el DRMI San Silvestre fue creado por la CAS para garantizar el suministro de agua a Barrancabermeja.

Insisto en algo apreciados lectores, la corrupción no se disculpa, no se perdona, la corrupción se combate, se castiga porque si no se convierte en impunidad.

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