¿Cuáles fueron las razones que llevaron a revocar la libertad condicional a Aguilar?

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El coronel (r) le había dicho a la justicia que no tenía dinero para pagar la multa de más de $6.000 millones que le impusieron cuando fue sentenciado por parapolítica a nueve años de prisión, en agosto de 2013. Sin embargo, su imagen manejado el Porsche prendió las alarmas

Aunque ya todo parecía aclarado con la justicia, la Corte Suprema de Justicia reversó su decisión de dejar en libertad al exgobernador Hugo Aguilar. El alto tribunal decidió tomar en consideración la solicitud de la Procuraduría General de revocar esa libertad, porque a su criterio, el investigado habría mentido cuando dijo que no tenía dinero para pagar reparar a las víctimas, tras un fallo por parapolítica del que fue objeto.

Como se recordará, el 4 de mayo del 2015 un juez de ejecución de penas de San Gil, ordenó dejar en libertad al coronel en retiro después de pagar las tres cuartas partes de la pena por vínculos con grupos de autodefensas, con cuyo respaldo -a criterio de la justicia- logró ganar la gobernación de Santander.

Pero la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó su recaptura –que se hizo efectiva en las últimas horas en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, por parte de agentes del CTI, considerando que Aguilar habría violado ese compromiso.

La Corte le dio la razón a la Procuraduría que, en el 2017, pidió que se le revocara la libertad a Aguilar afirmando que el exgobernador había mentido cuando dijo que no tenía dinero para pagar la multa a la que fue condenado para reparar a las víctimas.

Esta es la tercera vez que el exlíder del bloque de búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar, es privado de la libertad. En esta ocasión -según la Corte- por haberse burlado de las víctimas, por lo que tendrá que terminar su sentencia en centro carcelario.

Un Porsche lo puso en evidencia

Alegando insolvencia, Hugo Aguilar había logrado un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para darle 500.000 pesos mensuales de la multa de más de 6.337 millones de pesos que debía. Entre otras cosas, dijo que solo tenía ingresos de su pensión de vejez.

La Procuraduría dijo que Aguilar mintió porque en el 2017 fue sorprendido usando un lujoso vehículo Porsche. Ese carro, según el proceso, había sido importado por él en el 2015 y pagado con recursos propios, suma que ascendió a los 412 millones de pesos.

Corrillos conoció que la investigación puso en evidencia que al ser importado, el Porsche fue inscrito en el registro vehicular a su nombre, pero después fue traspasado a Yeison Albeiro Sáenz Plazas, quien no tendría músculo financiero para comprarlo.

La investigación también aduce que en el 2016, cuando se conoció una fotografía en la que Aguilar conducía el lujoso vehículo, extrañamente comenzó a aumentar sus pagos y a cancelar cuotas de $2 a 5,7 millones. Ante esas irregularidades, el carro le fue incautado en el 2018, cuando la Fiscalía inició un proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

¿Se le complica la situación?

Además de esos casos por los que Hugo Aguilar sigue en la mira de la justicia, la Corte Suprema ordenó investigarlo por fraude procesal por las supuestas irregularidades en venta del Porsche.

La defensa del coronel solicitó que no le quitaran su libertad afirmando que su comportamiento “ha sido intachable” y que no ha cometido ningún delito “que amerite la revocatoria del subrogado penal”.

Pero la Corte no le dio la razón, pues consideró que Aguilar violó su deber de mantener un buen comportamiento social al “engañar” a la Unidad de Víctimas, lo que viola “el principio de buena fe”.

Al contrario de esa obligación, a dos meses de quedar libre, Aguilar compró el Porsche, lo que, para la Corte, “reveló el engaño con el cual logró un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas”, dice el fallo. Así, la Corte ordenó que Aguilar termine de cumplir la pena que se le había descontado: 3 años, 7 meses y 6 días.

“No se trata solo de un efecto intimidatorio, sino de contribuir al fortalecimiento de la conciencia colectiva en relación con la vigencia del ordenamiento jurídico, pues no se debe permitir la burla al compromiso adquirido para gozar de un subrogado penal”, aseguró la Corte.