Piden medida de aseguramiento contra dos magistrados de Villavicencio por corrupción

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De acuerdo con la Fiscalía, se abrió la investigación para poder judicializar al responsable de las amenazas que se hicieron virales en redes sociales.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló una nueva imputación de cargos contra los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño y pidió cobijarlos con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Los nuevos delitos formulados están relacionados -de acuerdo con la Fiscalía- con presuntos hechos de corrupción en la administración de justicia.

Gracias a nuevos elementos de prueba recolectados, los fiscales lograron documentar al menos 14 decisiones judiciales contrarias a la ley y que habrían sido emitidas por los citados magistrados.

De acuerdo con los investigadores, las actuaciones de los funcionarios judiciales habrían favorecido a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de armas y de estupefacientes, además de otras personas condenadas por homicidio, extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

La diligencia judicial de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía General de la Nación se cumplió en la sede del Tribunal Superior de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación también está a la espera de que la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia reinicie el juicio que se sigue contra estos magistrados por los posibles delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir, dentro de una investigación que inició en julio de 2017.

Por estos hechos, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia también formuló una nueva imputación de cargos contra el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

La defensa del exmagistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez, aseguró que tienen confianza en el sentido de que lograrán demostrar a lo largo del proceso, que no existen fundamentos en las pruebas y señalamientos formulados por parte de la Fiscalía contra el exservidor judicial.