Del ministro y la moción de censura

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Por: Carlos Alfaro Fonseca/ En Colombia, la moción de censura fue establecida en la Constitución de 1991 que luego fue reformada en 2007 por el Acto Legislativo 01. En ambos casos, el propósito fue limitar el poder presidencial y establecer un control político y rendición de cuentas efectivos del Legislativo sobre el Ejecutivo.

El Congreso puede proponer moción de censura con el respaldo de al menos el 10% de sus integrantes. La votación se debe hacer entre los días tercero y décimo siguientes a la terminación del debate en Congreso pleno, y su aprobación requiere la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras. Si se aprueba, el ministro quedará separado de su cargo.

Mediante el Acto Legislativo 01 de 2007 se modificó el artículo 135 de la Constitución y, por consiguiente, también el artículo 141, y se establecieron cinco aspectos centrales para su aplicación:

i) Es atribución del Congreso citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos; en el caso en que no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, este podrá proponer moción de censura.

ii) Solo se pueden proponer mociones de censura por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por no atender las citaciones del Congreso.

iii) Deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara.

iv) Para la aprobación, se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que propuso la moción.

v) Si se aprueba, el funcionario quedará separado de su cargo, y si se rechaza, no podrá presentarse de nuevo con los mismos motivos y causales.

La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo.

El renunciado ministro de la defensa, Guillermo Botero, puede salvarse de la moción de censura del próximo 13 de noviembre, así haya renunciado al cargo antes de la moción, porque el reglamento así lo precisa. Pero se hace necesario precisar que los derechos humanos protegen a civiles y prohíbe que sean blancos de la fuerza de quienes combaten, pero cuando un civil empuña las armas deja esa calidad y se torna combatiente.

Un guerrillero es, por definición, un combatiente y un blanco legítimo. Los menores de edad, que empuñan las armas, son combatientes y por tanto no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan. Los civiles que se encuentran en un objetivo militar, como, por ejemplo, en un campamento guerrillero, sufren la suerte de ese objetivo. Si mueren, la responsabilidad es de ellos mismos, por estar ahí, no de quienes atacan ese blanco legítimo.

Si en el campamento que se bombardeó había civiles, la responsabilidad por su muerte es de las Farc, no de las fuerzas militares que atacaron ese blanco. Los civiles siguen la suerte del blanco donde se encuentran. No hay responsabilidad ninguna de las FFMM.

Se concluye que los únicos responsables de las muertes de estos menores son los jefes de los grupos armados al margen de la ley que los utilizan como escudos o como anillos de seguridad para proteger la vida de estos asesinos.

Según la oposición, para que proceda de ahora en adelante un bombardeo contra los grupos de narcotraficantes la inteligencia militar debió haber ido previamente al campamento guerrillero y verificar las cédulas de todos los que allí estaban, estado civil y personas a cargo. Claro está, acompañados de bienestar familiar para que verificara quieres allí eran menores, madres cabeza de familia, si había enfermos, el tipo de armas que tenían y la munición.

Inteligencia también debió verificar los nombres completos y alias de todos, si en verdad eran guerrilleros o estaban allí de paso y las funciones específicas de cada uno dentro del grupo. También llevar un abogado para brindar asesoría jurídica a ver si alguien quería desmovilizarse. Un trabajador social que verificara las condiciones de vida del campamento, si tenían agua, luz y demás servicios públicos. Un psicólogo que estableciera la capacidad mental de cada uno.

Ahora sí, verificado todo esto, dejar un cartel de aviso de notificación de que el campamento será bombardeado dentro de los próximos tres días hábiles.

Correo: carlosalfaroabg@hotmail.com