¿Qué llevó a la CIDH a estudiar la demanda por el crimen de Carlos Pizarro?

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su estudio una demanda presentada por el crimen del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, en hechos registrados el 26 de abril de 1990. 

El organismo internacional avaló la acción jurídica presentada por los familiares del exjefe del M-19 que consideran que el Estado tuvo responsabilidad en el crimen y una omisión en la investigación formal. 

En este punto indicaron que pese a que el crimen fue declarado como de lesa humanidad en 2010 al ser parte de un ataque sistemático en contra de dirigentes políticos y personas vinculadas con el proceso de paz del M-19. 

Para los familiares el único proceso que se adelanta (Jaime Gómez Muñoz, exescolta de Pizarro) por estos hechos avanza a paso de tortuga, hecho por el cual consideran que todo sigue en la más absoluta impunidad. 

“Llevamos esperando mucho tiempo para tener un mínimo de justicia en el caso de mi padre», señaló la congresista María José Pizarro en un comunicado de prensa tras conocer la decisión del organismo internacional.

La hija de Carlos Pizarro aseguró que no ha existido una «voluntad del Estado» para aclarar estos hechos y llevar ante la justicia a todos aquellos que participaron en la planeación del crimen y la desviación de la investigación. 

«Se han negado las garantías de justicia, verdad y reparación. Los familiares de Pizarro Leongómez esperan que la CIDH, como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, pueda establecer la responsabilidad del Estado colombiano frente a este caso», manifestó la representante a la Cámara. 

Carlos Pizarro fue asesinado en pleno vuelo de Avianca cuando se dirigía a la ciudad de Barranquilla. Un hombre identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, que estaba sentado en los puestos de atrás del avión de Avianca HK1400, se paró en mitad del vuelo y le disparó en repetidas oportunidades al candidato presidencial.

Los escoltas de Pizarro inmediatamente lo abatieron. Después de tres décadas, los familiares del dirigente político aseguran que existió una mancomunión entre agentes del Estado y grupos paramilitares para planear el atentado, y un claro interés desde las autoridades judiciales para que nunca se conociera la verdad sobre las personas que estuvieron detrás de este asesinato.

El caso, según han señalado los familiares de Pizarro, parece que nunca conocerá un veredicto final puesto que el único procesado ha solicitado que el expediente pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hecho por el cual el caso se encuentra suspendido mientras se tome una decisión de fondo.