SIC investiga posible ‘cartelización’ en tarifas de exámenes para conductores

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Se encontró evidencia suficiente que daría cuenta de un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica.

Por fijar la tarifa de exámenes de aptitud para conductores, a través de una presunta práctica para limitar la libre competencia en los mercados de prestación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) a los organismos de apoyo al tránsito, la  Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos en contra de 11 empresas y ocho altos directivos.

La Superindustria encontró que seis de las diez sociedades investigadas hacen parte de un grupo empresarial al cual se le denominó “Organización Simetric”.

«En el marco de la implementación obligatoria de este software, a partir de 2013, se encontró evidencia suficiente que daría cuenta de un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica», explicó el organismo.

La entidad indicó que «los mecanismos estratégicos utilizados por estos agentes consolidaron a Olimpia Management S.A. como el único proveedor del servicio SICOV de los CRC de 2013 a 2018. Esto permitió que Olimpia Management S.A. pudiera establecer la tarifa a los CRC y trasladársela a los usuarios», explicó el comunicado del organismo.

Según la Superindustria, también se evidenció que “por medio de esta sociedad se implementaron políticas tendientes a concentrar la prestación del servicio de exámenes de aptitudes psicométricas para conductores, permitir el control sobre las actividades de cada CRC vinculado y fijar la tarifa de los exámenes en ciento diez mil pesos ($110.000) a nivel nacional”.

Dentro de la investigación, el organismo de vigilancia evidenció que las empresas que se presentaron ante la Superintendencia de Transporte, para acreditarse como proveedores homologados del servicio SICOV en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), no eran realmente competidores sino que, por el contrario, eran sociedades que actuaban de manera coordinada sin la intención de competir.

La Superindustria advirtió que en caso de que la investigación final confirme que existió una violación de las normas de la libre competencia económica, la sanción podría superar los 100 mil salarios mínimos para las empresas y para las personas naturales vinculadas las multas serían de hasta 2 mil salarios mínimos legales mensuales.