El despelote por los avales

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Por: Carlos Alfaro Fonseca/ Con ocasión de la entrega de los avales a los diferentes candidatos que aspiran a ejercer como funcionarios o servidores públicos para ser escogidos por el elector primario en las elección territoriales que se efectuaran el próximo 27 de octubre, me permito hacer un análisis jurídico de como el Estado a través del legislador ha reglamentado esta materia; pero desafortunadamente los directivos de los diferentes partidos y movimientos políticos han visto en ello la ocasión para montar sus negocios particulares en contra del bienestar de la comunidad. Y a partir de ahí mirar las herramientas jurídicas que tenemos para acabar, como lo dice el título de esta columna.

De la cultura occidental, de la cual no podemos abstraernos, la entrega de los avales se basa en la expresión latina originaria del derecho romano “dura lex sed lex”, que en nuestro castellano significa “dura es la ley, pero es la ley”, expresión que produce un mensaje conminativo a respetar la ley, aún si nos perjudicamos particularmente con ello, pues el interés particular debe ceder ante el interés general, por lo tanto el respeto a la ley beneficia el futuro y a la comunidad, se insiste, aún por encima del interés particular.

De estos fundamentos o axiomas de derecho se estableció el régimen jurídico para el otorgar el visto a los aspirantes a cargos de elección popular, creándose así como principio gobernativo el concepto jurídico-político: “nadie, ni ninguna persona u organización, puede estar por encima de la ley” esto significa la sujeción a la norma de normas y a las leyes que regulas a las organizaciones políticas, contentivo de la descripción de un futuro deseable y anhelado por una nación.

De acuerdo la ley 1475 de 2011 los directores de los partidos o movimientos políticos o a quienes ellos deleguen se los únicos facultados para otorgar los correspondientes avales a los diferentes aspirantes a cargo de elección popular.

Pero de acuerdo a la Ley 136 de 1994 de 1994, la ley 1475 de 2011, la ley 1551 de 2012 y los estatutos los directivos o las personas encargadas de otorgar el aval obrarán según el principio estatutario de verdad sabida y buena fe guardada.

Es decir que los encargados de dar los avales dentro de su autonomía y después de haber hecho un estudio juicioso de todas las solicitudes de aval, otorgarán el mismo a los aspirantes que ellos consideren que se lo merecen.

El artículo 2º de la ley 1475 de 2011 obliga a los integrantes de los partidos y movimientos políticos a mantenerse en el mismo y apoyar a los demás candidatos avalados por él, so pena de incurrir en falta de carácter disciplinario y ético, sancionable de acuerdo a los estatutos.

En armonía con lo dispuesto por el artículo 29 de la carta política, según el cual el debido proceso es una garantía que ha de observarse en todos los procesos judiciales o administrativos, ha de garantizarse el derecho a la defensa unitaria, continua y permanente, esto es, en todas sus etapa.

Ni en la Ley 136 de 1994 de 1994, mediante la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios y que tiene relación con la elección de alcaldes y concejales ni en la ley 1475 de 2011 por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, ni en la ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, ni en los estatutos de cual quiera organización política ninguno de los integrantes de cualquier partido político así hayan ostentado credenciales de cargo de elección popular, sus directivos no tienen la obligación de complacer a estos el derecho o las ganas de aspira a repetir los mencionados cargos de elección popular y al contrario sensu en donde quedaría el principio de autonomía y la facultad discrecional de los partidos a determinar o escoger a los candidatos o aspirantes a los cargos de elección popular y jamás habría un cambio generacional en dichos cargos que tanto reclama la comunidad.

Luego con esto desvirtuamos el principio fundamental del artículo 40 superior en el sentido de que se le está violando derecho alguno y por el contrario las nuevas generaciones que son escogidas o a quienes se les otorga el aval si le estaría cumpliendo con el citado resguardo constitucional.

Los responsables o delegados para otorgar los avales del correspondiente partido entregan un listado para la mera postulación y para solicitarle al veedor del partido para que lo pase por la ventanilla única y de ahí al comité departamental que escogerá a las personas más idóneas y que hayan respetado los estatutos del partido y otorgarles el respectivo aval; es decir este listado contenido en el mencionado acto administrativo es una mera postulación que no obliga o conduce necesariamente al otorgamiento del aval.

Como dijo el papa Francisco: “Dios no lo envía a uno al infierno, uno va allá porque lo escoge”. 

Correo: carlosalfaroabg@hotmail.com