Tras hacer aclaraciones, Corte Constitucional mantiene restricción al uso de glifosato

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La Corte Constitucional decidió mantener la restricción al uso del glifosato en el país, dando algunas claridades sobre las condiciones que ya había impuesto y que debe tener en cuenta el Consejo Nacional de Estupefacientes antes de decidir asperjar con el químico.

La Corte, en la parte resolutiva, señala que requirió a las autoridades designadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para que continúen y concluyan a la mayor brevedad posible el procedimiento de consulta con las comunidades étnicas y el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Chocó).

De igual manera, dice la Corte, “requerir a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que supervisen, de manera conjunta, el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017”.

Así mismo, el documento señala que la verificación del cumplimiento de lo dispuesto continuará a cargo del juez de primera instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

La Corte reitera que “para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), suspendido mediante las Resoluciones 006 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y 1214 de 2015 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), deberán cumplirse los requisitos previstos en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017, con las precisiones de este auto”.

Además debe cumplir con la evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. “En consecuencia, al momento de decidir acerca de la reanudación del PECIG, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública”.

Finalmente, la Corte señala que la decisión deberá tomarse dentro del marco de la política pública que se deriva del Punto Cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consecución de una Paz Estable y Duradera, en los términos del Acto Legislativo 2 de 2017, del Decreto Ley 896 de 2017, y demás instrumentos de implementación y desarrollo.

Como se recordará, en abril de 2017, la Corte Constitucional expidió la sentencia de revisión de tutela T-236, en el que prohíbe que “se retome el uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, en forma de aspersión aérea”.

En la tutela, las comunidades del municipio de Nóvita, Chocó, reclamaban su derecho a ser consultadas sobre los programas de aspersión de cultivos a realizarse en su territorio y argumentaban que, debido a las condiciones geográficas y climáticas, el herbicida asperjado en avionetas termina cayendo sobre las plantaciones de hortalizas de los campesinos y no sobre las matas de coca, lo que desencadenaba una serie de perjuicios.

En esa decisión, la Corte ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes “no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato”, salvo que haya diseñado y puesto en marcha un plan de regulación que, entre otras características, se derive de una evaluación del riesgo para la salud y el medio ambiente, en el marco de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía.

Además, a criterio de la Corte, la ley deberá delegar en varias entidades la capacidad de expedir alertas sobre nuevos riesgos por el uso de glifosato, entre ellas, entidades nacionales y territoriales del sector salud, autoridades ambientales y entidades adscritas al Ministerio Público.