La receta del fracaso

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Por: Édgar A. Henao/ En reciente informe rendido por la Alta Comisionada de la ONU   sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela se pone de relieve datos escalofriantes que merecen leerse con cuidado, muchos de ellos asociados a prácticas populistas que agudizaron la crisis humanitaria y que denotan el peligro que encierra desconocer el principio básico  de la división de poderes. Aquí una muestra:

-En abril de 2019, el salario mínimo venezolano, que ascendía a unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 porciento de la canasta básica de alimentos.

-La Federación Farmacéutica Venezolana registró la carencia del 60 al 100 por ciento de medicamentos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas.

-En el Boletín del “Monitoreo de Acceso a la Salud en Venezuela”  se informó la falta de acceso a todos los métodos anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando la escasez del 100 por ciento.

-La organización civil venezolana “Médicos por la Salud” publicó  la “Encuesta Nacional de Hospitales 2019”, en la que constata que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos hospitalarios. Llama la atención que en el informe de la ONU se advierta que el gobierno venezolano no publique datos sobre la salud pública de la población.

-Si bien es cierto, las sanciones económicas impuestas por la administración Trump agravan la situación social de Venezuela, no menos cierto es que la debacle económica se produjo con anterioridad a dicho bloqueo. (Agosto de 2017)

La estructura política que propició ese estado de cosas se caracteriza, precisamente, por una alta concentración de poder en cabeza del ejecutivo con desmedro de las otras ramas del poder público o, como una modalidad  sutil de ejercer dicha influencia, cooptando instituciones como el  congreso y la  rama judicial para ponerlas al servicio de sus intereses.

Se observa, por ejemplo, el uso de población civil para tareas de seguridad e inteligencia como los llamados Consejos Comunales, las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBChs), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS). La idea es simple: se dota de facultades a militantes en condición de civil para que ejerzan funciones que son del resorte exclusivo de funcionarios del Estado. Una manera de ampliar el número de adeptos al régimen sin ampliar su base burocrática.

La imposición de una hegemonía comunicacional. El informe alarma por la continua censura de portales de noticias independientes o ajenos a los intereses del gobierno. Cada vez es más frecuente el control sobre las redes sociales y el acceso a  internet se torna más costoso a medida en que la infraestructura se desgasta y el gobierno deja de invertir en su ampliación y mantenimiento. Canales de televisión, medios de prensa y emisoras de radio han sido clausuradas y muchos periodistas han tenido que exiliarse por la monopolización estatal de los medios.

Visto desde este punto, es más fácil entender por qué un venezolano (a) asume el reto de aventurarse a migrar de su país, sin importar el hambre y las inclemencias del tiempo, la  incomodidad de no estar en su  hogar o los riesgos de no recibir atención médica por el hecho de no tener la calidad de “ciudadano” colombiano, ecuatoriano, peruano o chileno.  Para muchos es preferible buscar nuevos rumbos, teniendo presente que sus vidas pueden mejorar, a tener que aguantarse a vivir en un Estado que, por lo que se ha visto, tardará muchísimos años en recomponerse.

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