El dilema Arias

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Por: Édgar A. Henao/ El coste económico y la crisis institucional son los dos graves riesgos que auguran los opositores al  proyecto de Ley de doble instancia para aforados. Según el congresista Antonio Sanguino, mal contados, 700 procesos que hoy están en firme y cuyo grueso de condenados son parapolíticos, tendrían las posibilidades de reabrir sus casos y obtener  la absolución.

Y, como efecto cascada, el Estado afrontaría demandas millonarias por los perjuicios causados por  la privación injusta de la libertad. Habría un colapso institucional, opina el congresista, porque aumentaría abruptamente la carga laboral de la Corte Suprema de Justicia y con ello el número de cargos de magistrados y empleados auxiliares para garantizar la resolución pronta y eficaz de los recursos de apelación de los aforados.

El último clavo  del  ataud  de la segunda instancia tiene que ver con un argumento de autoridad. Señala que el constituyente del 91 quiso darle un tratamiento especial a ciertos funcionarios del Estado y que, acorde a sus dignidades, el juez  natural asignado a   ellos no fueron  ni los  jueces ni tribunales de instancia  del país, como cualquier parroquiano, sino la máxima Corporación de la justicia ordinaria. Claro, al estar ubicada en el  vértice    de la pirámide institucional, es apenas lógico no haya una autoridad de superior jerarquía que revise sus decisiones.

Pues bien, los costes económicos no deben ser impedimento para regular un derecho fundamental. Como todo, cualquier cambio normativo con incidencia fiscal debe considera su proyección en el presupuesto público. La respuesta al de dónde se sacará la plata es igual de importante al por qué hay que regular determinado derecho fundamental, y legislar sin pensar en el bolsillo no es más que un esfuerzo inocuo, el amague de un Estado fallido.

El Estado Colombiano no  puede oponerse  a las recomendaciones de la ONU de legislar la doble instancia solo porque ése es su esquema institucional y porque lo hace en uso de su soberanía nacional.  Tan sencillo es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP art. 14) contempla el derecho humano  de apelación y doble instancia a todas las personas, sin distinción a su rango. Colombia está llamado a observarlo siguiendo el principio de buena fe, pues antes de la Constitución de 1991 el Estado incorpó el Pacto a su ordenamiento jurídico  (Ley 74/68).

El Sistema Interamericano, del cual Colombia hace parte, también es robusto en recomendaciones y fallos que destacan que los  Estado tienen la obligación de reexaminar en profundidad el fallo condenatorio y la pena impuesta.

El Comité de Derechos Humano  en el caso Lumley vs. Jamaica  estableció que tal derecho se concreta en una revisión completa de la condena y de la sentencia, es decir, tanto por lo que respecta a las pruebas como por lo que se reriere a los fundamentos de derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, en el caso Castillo Petruzzi, subrayó que la doble instancia es instrínseca al principio y derecho del debido proceso, el cual se irradia desde las primeras etapas del juicio hasta cuando se profiere las sentencias de primera y segunda instancia.

Ese marco normativo es vinculante al Estado Colombiano, de ahí que la Corte Constitucional haya instado (SU-217/19) al Congreso de la República a que regule dicha figura a través de una reforma constitucional. Los críticos, con justa razón, hablan ya de una Ley sastre o Ley Arias, dada las mayorías gobiernistas en el Congreso, pero la coyuntura política tampoco es impedimento para que se reglamente el ejercicio de un derecho fundamental.

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