Régimen venezolano contrata un bufete español para blindar sus bienes en el exterior

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El Gobierno de Nicolás Maduro contrata a Lupicinio Abogados para que le asesore ante sanciones y embargos por el cambio político que se fragua en Venezuela.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha contratado a un despacho de abogados español para que le asesore ante sanciones y embargos en el contexto del cambio político que se está fraguando en Venezuela, a fin de proteger sus bienes en el exterior. El encargo, a Lupicinio Abogados, es un acuerdo marco en el que se cubre la Administración del Estado de Maduro, pero también las personas físicas que la conforman: el propio Maduro, sus ministros y altos cargos, según ha podido saber Expansión y ha confirmado con el bufete.

El contrato, que se firmó a finales de enero, se ha rubricado con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España. Se ha elegido esta fórmula jurídica porque la Procuraduría pende de la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, lo que, a juicio de la firma de abogados, proporciona cobertura por ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la UE y España. La Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República.

“Es un organismo que tiene facultades de contratar por el interés de la República cuyo máximo representante lo designa la Asamblea Nacional, de mayoría no oficialista y cuyo presidente no es oficialista”, destaca la firma de abogados.

El bufete asesora a la Administración del Estado de Maduro en un área en la que está especializado, embargos y sanciones de la UE, EE.UU. y la ONU. El contrato con la Procuraduría General de Venezuela también incluye a las personas físicas en el caso de sanciones y embargos. Desde el despacho explican que se ha acordado que cada encargo que plantee la Procuraduría será analizado por un comité deontológico interno que decidirá si aceptarlo o no. Es decir, se trata de un marco en el que el bufete tiene libertad para aceptar los trabajos o no hacerlo, insisten, y destacan que todavía no han recibido ningún encargo. El contrato tiene de límite temporal el 31 de diciembre, fecha en la que se analizará su renovación.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó la semana pasada que el Gobierno de EE.UU. pidió a España estudiar la posibilidad de acoger a destacados líderes chavistas para resolver el conflicto en Venezuela. En la Ser, Borrell dijo: “El secretario de Estado, el señor Pompeo, tenía la preocupación de saber si, en el caso de que algunas personas y sus familiares quisieran abandonar Venezuela, podrían ser acogidos en algunos países que han reconocido al presidente Guaidó”. El Gobierno, explicó, respondió que estudiaría la propuesta que, de momento, no se ha concretado.

Preguntado por estas declaraciones , el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, las consideró “una buena noticia porque delata el desmoronamiento del régimen y la búsqueda de salidas. Es el comienzo del principio del fin; el principio del fin, sin duda”.

Sin embargo, sobre el futuro de Maduro, Ecarri considera que “los implicados en delitos de lesa humanidad, actos de corrupción y narcotráfico no pueden ser exonerados, nunca. Confiamos en la justicia penal internacional, tenemos abogados acreditados en la Corte Penal en La Haya para comenzar acciones”.

Respecto a los activos financieros del régimen, el embajador de Guaidó asegura que están haciendo “seguimiento a esos capitales. La Asamblea Nacional ha promulgado la ley para perseguir sus capitales en el sistema financiero mundial”. Para ello, cuentan con “los países que luchan contra la corrupción del sistema financiero y bufetes españoles a ver si es posible congelar activos del Estado venezolano que sabemos que se encuentran en el sistema financiero español”. Los expertos calculan que la fuga de capitales de Venezuela asciende a cerca de 400.000 millones de dólares desde 2003.

El pasado 27 de febrero, Reuters informó de que al menos ocho toneladas de oro fueron sacadas del Banco Central de Venezuela (BCV) para, presuntamente, venderlas fuera del país. La policía de Uganda denunció que el oro llegó al país de manera ilegal la semana pasada. El plan de Venezuela era vender 29 toneladas de oro a los Emiratos Árabes Unidos en febrero para proporcionar liquidez a las importaciones de productos básicos, de acuerdo con Reuters. La firma de inversión de Abu Dabi Noor Capital dijo que compró tres toneladas de oro del BCV el 21 de enero. Washington advirtió el 30 de enero a bancos e inversores contra las transacciones con oro venezolano.

EE.UU., se ha propuesto estrangular económicamente con sanciones a Maduro como un embargo petrolero que se hará efectivo el próximo 28 de abril. Las compañías no estadounidenses que adquieren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de EE.UU. o agentes de este país tienen hasta el 28 de abril para poner fin a sus compras. Por su parte, los ciudadanos de Estados Unidos que trabajan para empresas no estadounidenses fuera del país y Venezuela tienen hasta el 29 de marzo para llevar “a cabo ciertas transacciones de mantenimiento o repliegue”. Esto se suma a las sanciones impuestas a la petrolera estatal Pdvsa.

Desde Lupinicio Abogados constatan que “ahora mismo la batalla de las sanciones no está en Europa sino en EE.UU”. Pero el campo de las sanciones es “muy dinámico” y puede haber novedades, advierten. El despacho ha asesorado hasta este momento a empresas y personas físicas afectados por sanciones y embargos relativos a Irán, Cuba, Ucrania y Rusia. En el caso de gobiernos, asesoraron al de Zimbabue y al de Corea del Norte. Desde Pionyang querían saber cómo funcionaban las sanciones de la UE, qué legitimidad tenían y si eran ajustadas al Derecho europeo y qué recursos cabía plantear, explican.

Cuando la UE impuso sanciones a Venezuela en noviembre de 2017 (que luego prorrogó), Lupicinio intentó asesorar a la República bolivariana, pero no lo logró.

Fuentes del bufete se enorgullecen de la práctica de sanciones de la firma, que ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) los únicos procedimientos en castellano hasta la fecha. Han asesorado, por ejemplo, a un banco ruso sancionado por la UE ante el TJUE.

Las mismas fuentes defienden que un “despacho profesional” puede “hacer su trabajo de forma independiente” y a la vez “defender los intereses del Gobierno venezolano”. “Como bufete no nos metemos, somos técnicos”, insisten. Han desarrollado un “nicho en el que se mezclan el Derecho Internacional Público, Europeo, el Tribunal de la UE, etc., un área de negocio pionera, una práctica reconocida desde el punto de vista técnico”, remachan.