Los argumentos de la Procuraduría para que no objete la ley estatutaria de la JEP

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El procurador general de la Nación, Fernando Carillo, envió una carta al presidente Iván Duque en la que expone una serie de argumentos, a nombre de la entidad, con el fin de que el primer mandatario los tenga presentes para la determinación que tome frente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Como representante del Ministerio Público, y en ejercicio de las funciones que a este competen (…), he considerado pertinente trasladar al señor Presidente de la República, las consideraciones de orden institucional de la Procuraduría General de la Nación en esta materia, con el propósito de que sean evaluadas, al momento de tomar la decisión que determine el rumbo del referido proyecto de ley”, expresó Carrillo en la misiva.

El procurador expuso que uno de los “elementos esenciales” para el propósito de cumplir lo acordado en el Acuerdo de Paz consiste en que exista una regulación idónea de los procedimientos y límites bajo los cuales habrá de funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Según la Procuraduría, sería constitucionalmente inadmisible la formulación de objeciones presidenciales en este momento del trámite legislativo, y que a futuro podrían generarse debates de política pública en torno a ello.

Dentro de los puntos expuestos en la carta está que el proyecto de ley, el cual fue tramitado en su momento vía ‘fast track’, fue aprobado en el Congreso, y que “por su naturaleza como ley estatutaria”, fue estudiado integralmente por parte de la Corte Constitucional, órgano que profirió una sentencia al respecto.

Carrillo destaca en su comunicación que el planteamiento de objeciones presidenciales por inconveniencia podría llevar a que el trámite de la norma sobrepasara el periodo de seis meses, término que se definió para la aprobación de estos actos legislativos, “en perjuicio de la seguridad jurídica en las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz”, lo cual asegura podría afectar su legitimidad, e incluso, el mismo cumplimiento del acuerdo.

La carta también expone que, según el Acto Legislativo 02 de 2017, se dispuso que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo”, algo que soportó también la Corte Constitucional.

Adicionalmente, la Procuraduría alertó que “contemplar la opción de objetar una ley estatutaria luego de un pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica”, y aseguró que en el orden jurídico colombiano no es admisible que se le plantee al Presidente de la República atribuciones para “reabrir materias resueltas en su fallo por la Corte Constitucional”.