La inseguridad jurídica

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Por: Carlos Alfaro Fonseca/ La mejor forma para acabar la injusticia y hacer más eficiente a la rama judicial, es despolitizarla, dejar que las altas corporaciones sean manejadas por los más sabios en derecho y no por las cuotas burocráticas de los políticos de turno.

Lo que el colombiano del común no entiende es que haya algunos jueces o magistrados que se sientan impedidos para actuar en determinados casos y en otros no, sin que exista un control o exigencia en la misma rama judicial que sea aplicable a todos.

Pobre Colombia con estos jueces permeables y sin control alguno. Los operadores judiciales no pueden dar margen a ninguna duda sobre sus decisiones. Tienen que ser absolutamente imparciales, transparentes, probos, y por eso es fundamental que cuando tengan intereses en conflicto sometidos bajo su estudio utilicen los mecanismos que la ley les brinda, como, por ejemplo, el de declarase impedidos.

Pienso que alguna razón tuvo los constituyentes para asignarle a la Procuraduría las funciones que tiene. Si no existiera tendríamos que asignar sus funciones a otro organismo, porque todos los empleados o funcionarios, sean de elección popular o no, deben tener un control disciplinario.

La demanda de justicia ante lo contencioso-administrativo es creciente. Yo creo que la raíz del asunto tiene que ver con que la administración no les responde a los ciudadanos y en muchos casos es lenta y no da respuestas. Eso hace que el ciudadano tenga que venir a la justicia rogada buscando respuestas.

Es necesario que la jurisprudencia de las altas cortes sea obligatoria para casos similares porque bajo la malsana independencia de jueces y magistrados lo que se logró es que estemos ante cantidades de funcionarios judiciales que por corrupción le tuercen el pescuezo a la ley y simplemente desconocen la jurisprudencia sin molestarse en siquiera referirse a ella.

Lo que el Ministerio de Educación debería hacer es implantar desde ya que los estudiantes de derecho en vez de prestar el servicio militar, dicten clases en los colegios sobe los códigos civil y penal, con el fin de que los escolares conozcan nuestras leyes y nuestro sistema jurídico y las consecuencias de su violación.

Pero no nos emocionemos que las castas políticas no van a desaparecer; seguirán gobernando en una gran mayoría. Además, estos independientes siempre tendrán que depender de ellas, al tener un consejo o asamblea con mayorías de estos políticos. Que cada alta corporación de la Justicia, actué obedeciendo lo propio de sus competencias y acaten las decisiones de sus homólogos.

Para qué la justicia sea eficaz, hay que empezar por unificar los criterios con que se juzga, no se puede a estas alturas del desarrollo del país aceptar que cada juez y cada fiscal en Colombia, interpreten las normas como las crean convenientes, porque su formación en la universidad les instruyó a tener una posición definida frente a las normas.

No necesitamos tantas interpretaciones, requerimos que haya una línea media de interpretación y de aplicación de las leyes. De igual manera debe haber una responsabilidad civil, que no puede esconderse en la autonomía e independencia que la ley le otorga, sino deben responder por sus acciones frente a la opinión pública, pero en especial ante el colombiano de a pie y que sus sanciones sean ejemplificantes, cuando se salgan del curso de la ley.

Necesitamos jueces que velen por los intereses del estado y que no contribuyan al enriquecimiento de algunos «pulles» de abogados que han hecho carrera en ganar demandas en contra del estado; la justicia liberal de hoy se le ha olvidado conservar los intereses generales de la nación.

Otro aspecto interesante es que cada alta corporación de la justicia, actué obedeciendo lo propio de sus competencias y acaten las decisiones de sus homólogos.

Si se evitan los choques de trenes y se obedecen los fallos de otras corporaciones, entonces habrá justicia, porque los jueces podrían fallar en estricto derecho y convicción y no bajo corrientes jurisprudenciales de sus superiores, muchos de ellos amañados a los intereses políticos de los magistrados ponentes y sus partidos políticos.

Correo: carlosalfaroabg@hotmail.com