Libertad de Guido Nule ¿Ajustada al derecho?

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Por: Danilo González León/ Guido Nule, después de ser condenado a 21 años de prisión por el conocido escándalo de corrupción “carrusel de contratación”, fue puesto en libertad por un juez de ejecución de penas y medidas, al considerar que se han cumplido los requisitos y exigencias legales.

Por delitos como peculado, falsedad en documento privado, fraude procesal, cohecho, concierto para delinquir; fue condenado el reconocido empresario Guido Nule, quien hacia parte de una red de corrupción, dejando obras públicas inconclusas, entre esas la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público Transmilenio, en donde se comprobó por parte de la Fiscalía General de la Nación, que esta red se apropió de 60.000 millones de pesos aproximadamente.

Es importante analizar si la decisión del Juez Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla fue ajustada a derecho, y es indispensable determinar si por parte de la judicatura se realizó un análisis de los requisitos que permiten otorgar subrogados penales, como en el caso en concreto, la libertad condicional.

Ahora bien, el señor Nule fue condenado a 21 años de prisión, y si nos direccionamos a la normatividad vigente, el artículo 64 nos indica claramente que un ciudadano tendrá derecho a la libertad condicional siempre y cuando haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena, y efectivamente Nule estuvo en prisión 7 años y 8 meses, y adicionalmente, trabajando y estudiando dentro del establecimiento carcelario, logró descontar los otros 3 años que le hacían falta para cumplir los 10 años 5 meses que se requiere para el beneficio, aspecto que permite evidenciar que el comportamiento y desempeño dentro del Inpec fue adecuado.

Es de señalar que la decisión tomada por el juez de ejecución de penas y medidas, fue apelada por parte de Ministerio Publico, toda vez que considera que entre varios aspectos, no es procedente el beneficio por estricta prohibición del artículo 68ª de nuestro Código Penal, posición que no comparto, debido a que el parágrafo 1 del mismo artículo indica: “Lo dispuesto en el siguiente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código”.

En primer momento se puede pensar que se cumplió con el requisito legal, pero al parecer, el juez omitió cierta parte de la norma, en especial lo concerniente a que dicha concesión o beneficio, está “supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago”, que nunca se hizo.

La indignación por parte de los colombianos es absoluta, más aún, cuando Nule no realizó indemnización hacia las víctimas del carrusel de la contratación y la gravedad que ocasionó este delito, es así que la ciudadanía en general se siente burlada y desconfiada de la administración justicia, por lo que es importante esperar la decisión que tome el superior jerárquico frente a la apelación interpuesta por la Agencia de Ministerio Público, siendo conscientes de que no se pueden desconocer los derechos que otorga la norma a quien es condenado, como tampoco se debe desconocer la justicia que suplica la comunidad por este gran desfalco.

Así las cosas, surgen las siguientes preguntas: ¿Se estarían desconociendo los derechos del condenado al no otorgar el subrogado penal? Si se mantiene el beneficio, ¿se le estaría haciendo venía a los comportamientos de corrupción?

Que dilema para el juez que debe resolver la apelación interpuesta.

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